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Jueves, 18 de Abril de 2024
Lo reveló INTERFERENCIA

Jefe de gabinete del IPS renuncia tras saberse que ganó $ 161 millones de fondos del Ministerio del Trabajo

Lissette Fossa

El viernes pasado se confirmó la renuncia del jefe de gabinete de Instituto de Previsión Social, Jorge Mardones, militante RN quien a través de la OTEC que tiene junto a su esposa ganó millones por capacitaciones relacionadas a fondos Pro Empleo, del Ministerio del Trabajo, tal como lo reveló INTERFERENCIA. Tres diputados solicitaron oficios a Contraloría y al Ministerio del Trabajo, para aclarar la relación de Mardones con estos fondos.

Admision UDEC

La publicación de INTERFERENCIA del pasado lunes 28 de septiembre, titulada Empresa vinculada al jefe de gabinete del IPS ha obtenido al menos 161 millones del Ministerio del Trabajo, generó consecuencias al interior del Instituto de Previsión Social (IPS).

Este viernes, se confirmó a través de un comunicado interno del IPS que Jorge Mardones Navarro, hasta entonces jefe de gabinete del director Patricio Coronado, había renunciado a su cargo, “por razones personales”.

“Respecto de los hechos que han circulado, el Instituto de Previsión Social informa que tuvo previamente conocimientos de éstos, llevándose a cabo los procedimientos administrativos internos correspondientes, determinándose que no existió, a la vista, mérito para determinar irresponsabilidad administrativa”, consigna el comunicado.

Lo cierto es que el reportaje de INTERFERENCIA generó fuertes crítica para Mardones, ya que éste ganó por parte de los fondos Pro Empleo a través de su empresa SIMCAP Capacitaciones, firma de la que salió legalmente, pero que administra su esposa, Fabiola Fuentes Valdés, quien continúa como socia de la firma.

SIMCAP Capacitaciones funciona como una OTEC, una empresa de capacitaciones laborales, y entre 2019 y 2020 recibió 161 millones de pesos por realizar cursos, mandatado por las fundaciones UNIEM, ligada a pastores evangélicos, y Forjadores del Futuro. Ambas fundaciones, a su vez, recibieron estos fondos como parte del programa Pro Empleo del Ministerio del Trabajo. Su centro de operaciones está en la región del Bio Bío, donde realizan sus capacitaciones, ejecutadas por SIMCAP.

Mardones es un militante de RN cercano al mundo evangélico. Trabajó con el obispo Eduardo Durán y en la campaña de su hijo, el actual diputado Eduardo Durán Salinas (RN). Con su llegada al IPS, a fines de 2018, fue clave en designar a militantes de RN en cargos claves para la institución. En variadas ocasiones, Mardones comentó en el IPS que era cercano al actual ministro de Defensa, Mario Desbordes.

 “Es un operador político, tiene gente de su confianza en el IPS en Santiago y regiones”, comenta una fuente a INTERFERENCIA, que trabajó con Mardones en el IPS.

La Asociación de Funcionarios del IPS (Anatrinp), también interpuso una presentación a la Contraloría el martes 29 de septiembre, solicitando que se investiguen los hechos publicados en INTERFERENCIA.

El diputado Gabriel Silber (DC) también ofició al Ministerio del Trabajo por este tema. “Es un tema que nos preocupa, es de interés por un tema tan sensible como son los subsidios”, comentó a INTERFERENCIA el diputado.

A esta ola de investigaciones sobre los negocios de Mardones, se suma el oficio enviado por el diputado de su colectividad, Leonidas Romero (RN), el 1 de octubre, al Ministerio del Trabajo. En el documento se solicita a la mInistra María José Zaldívar “informar los detalles sobre la adjudicación de fondos destinados a capacitación laboral en favor del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Simcap Capacitaciones, aconsejando instruir un sumario administrativo para esclarecer eventuales faltas a la transparencia y a la probidad en torno a dichos procesos de contratación público”.

Ante la publicación de INTERFERENCIA, la diputada Maya Fernández (PS)  ofició a Contraloría el 2 de octubre, para que investigara los hechos relatados por este medio.

“Lo señalado precedentemente requiere ser investigado por la institución que Ud. encabeza, pues se trata de una cantidad importante de recursos públicos comprometidos que estarían siendo destinados, en último término, a beneficiar a empresas relacionadas con funcionarios públicos actualmente en ejercicio. Los hechos descritos, además, constituyen una afectación al principio de probidad administrativa, por lo que deben ser aclarados por la Contraloría General de la República”.

Con éste último, suman dos oficios al Ministerio del Trabajo y dos presentaciones a Contraloría, que solicitan investigar el caso de Mardones.



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