Polémica por la implementación de los medidores inteligentes, constantes alzas de precios en las tarifas de electricidad que podrían llegar a un 30%, cambio en el precio estabilizado que regía a los Pequeños y Medios de Generación Distribuida (PMGDs) que acusaron regresión en sus inversiones, una creciente tensión con el gremio distribuidor de energía, escepticismo en el Senado ante la propuesta de ley corta de distribución eléctrica y una piscina que junta agua para una interpelación por parte de la bancada de oposición en la Cámara, quienes se muestran preocupados ante la pasividad del ministro frente al alza en las cuentas de luz. 

Es parte del escenario que vive la cartera de Energía, que nunca ha sido un tema fácil para Sebastián Piñera.

Entre sus dos períodos gubernamentales suma ocho ministros y episodios memorables, como cuando en mayo de 2011 el presidente sentenció que sin HidroAysén "estamos condenando a nuestro país a un apagón", justo cuando se vivía un fuerte rechazo ciudadano a dicho proyecto energético. 

Una de las últimas polémicas se vivió este año, con la remoción en junio de la ex secretaria de Estado Susana Jiménez, tras la fuerte polémica que se vivió a comienzos de año por la implementación de los medidores inteligentes.

Su sucesor, Juan Carlos Jobet, tampoco la ha tenido fácil, granjeándose el rechazo de un amplio número de PMGDs (pequeños y medianos empresarios de energías limpias), al modificar el precio estabilizado que regía a esta industria, todo en el contexto de la próxima COP 25. 

A ello se le suma el rechazo que ha causado en los gremios distribuidores de energía el impulso de una ley corta que atenta contra la rentabilidad de este sector, a la que se añaden las suspicacias de dicho proyecto en el Senado, donde se ha criticado el poco impacto que tendrá la medida en la reducción de las cuentas domiciliarias de electricidad. Esto se complementa con el escepticismo de varios parlamentarios por lo que observan como una actitud pasiva del ministro ante el alza sostenida en las tarifas de la luz. 

Lo anterior derivó en que en la última reunión de bancada de la oposición, en la Cámara haya tomado fuerza la idea de una interpelación al titular de Energía, con el fin de que éste explique qué se está haciendo para mitigar los efectos que está teniendo el alza en las cuentas de electricidad de la población. 

Ley corta en entredicho y respaldo del FA

El 17 de abril de este año, el ejecutivo ingresó un proyecto de ley que busca rebajar la rentabilidad de las empresas de distribución y perfeccionar el proceso tarifario de distribución eléctrica. 

Los impulsores de la iniciativa han señalado que “en la cuenta de la luz, un 70% del costo corresponde a generación, un 10% a transmisión y un 20% a distribución. En este último paso se centra el cambio que queremos hacer y que viene a solventar el uso de las redes de distribución que se le llama valor agregado de distribución. El costo se fija cada cuatro años pensando en una empresa modelo que opera de manera costo eficiente”.

Este proyecto de ley tuvo un antecedente en marzo de 2019, cuando tras el escándalo de los medidores inteligentes develado por CIPER, los diputados de Revolución Democrática Pablo Vidal y Giorgio Jackson elaboraron un proyecto para modificar la ley General de Servicios Eléctricos, en materia de cálculo del valor agregado por concepto de costos de distribución de la energía. 

"Lo que vimos es que una de las cosas que está más anquilosada en la Ley General de Servicios Eléctricos, es que desde los años 80 se estableció una tasa de descuento fija de un 10% para las empresas distribuidoras, que en otras palabras significaría asegurarles la rentabilidad por ley. Así, propusimos que esta rentabilidad estuviese fijada a través de un estudio de la Comisión Nacional de Energía, y se establezca cuáles son los costos reales de las empresas, para que se les pague lo justo de acuerdo a las inversiones que realizan", expresó a INTERFERENCIA el diputado Vidal. 

"Si bien el gobierno no quería abordar esto bajo ningún punto de vista, nosotros insistimos en que esta era un tema urgente y era una manera de poder beneficiar a las personas con una rebaja, que no será muy notoria, pero que le hará justicia al sistema eléctrico, que ya había sido modificado en otros sectores como el agua o el gas", dijo Vidal. 

El congresista relató que en distintas reuniones en la Comisión Nacional de Energía (CNE), el gobierno terminó allanándose a esta idea e ingresando un proyecto de ley "no tan parecido en el detalle, pero similar en el espíritu al nuestro. Tuvimos que ceder en algo que no nos gusta, que es que este proyecto de ley lleva un piso mínimo de rentabilidad garantizado de un 6% y nosotros queríamos que eso fuese determinado por el estudio", afirmó. 

Con esto se abrió la posibilidad de que estos proyectos se refundieran y se tramitaran en conjunto, con un acuerdo transversal en la Comisión de Energía de avanzar en la ley corta que hoy está en segundo trámite en el Senado. 

Es precisamente ahí donde ha surgido el escepticismo por esta medida, en particular tras reconocer Jobet que sólo significará una rebaja de un 3% en las cuentas de luz domiciliaria, entendiendo que la tarifa promedio es de 23 mil pesos, por lo que las cuentas verán una disminución de los costos en 700 pesos, también en promedio.

Así, los senadores han cuestionado la premura con la que el gobierno pretende que se legisle, manifestando la intención de ampliar los aspectos que ésta considera hasta lograr una ley intermedia que abarque más elementos que los que considera hasta ahora, ante el temor de que una vez aprobada la ley corta, no se vuelva a legislar sobre este tema, aunque a medio camino de una ley larga, que contempla una reforma completa al sistema. 

El senador Alejandro Guillier ha sido particularmente crítico de la iniciativa, señalando que la motivación tras la ley corta sería dar una respuesta simbólica desde el gobierno a la crisis de los medidores inteligentes y generar "un efecto político coyuntural", sin otorgar un beneficio sustantivo a los usuarios y disminuyendo la certeza de las empresas distribuidoras, al restarle utilidades.

Tensión con distribuidoras

Las tarifas que pueden cobrar las empresas por distribuir la energía son fijadas por la Comisión Nacional de Energía cada cuatro años. A eso se le denomina VAD: Valor Agregado de Distribución. 

Para definir cuál es el precio a cobrar por el VAD, la CNE utiliza como parámetro una empresa modelo que opera de manera eficiente en un escenario de competencia ficticio.

La definición de esas tarifas queda a cargo de un consultor externo, estudio que es licitado por la CNE. Luego, las cifras son contrastadas con las que llevan las distribuidoras, que realizan sus propios estudios de costos. El resultado es un informe técnico que establece un precio construido en base a coeficientes: dos tercios para las cifras de la CNE y un tercio para las de las empresas.

Aquí nacen las quejas de las compañías distribuidoras. Altos ejecutivos del sector mencionaron a INTERFERENCIA que la ley corta lo único que hace es modificar la tasa de costo/capital con el que se calculan las tarifas para una empresa eficiente, teórica.  Para este sector, resulta casi imposible lograr el efecto deseado por la agenda de largo plazo, la cual establece que de las once horas de interrupción que tenemos al año en promedio, deben llegar a cuatro el año 2035 y a una el 2050. "Con el actual modelo es imposible, porque está hecho para remunerar a empresas teóricas que no enfrentan problemas reales”, dijeron.

A su vez, fuentes de la industria indicaron que el tema tiene que ver con una discusión más de fondo y de largo plazo sobre el régimen regulatorio de la distribución eléctrica. "A estas alturas, todos los expertos coinciden en que hay que hacer una reforma profunda, pero no vemos disponibilidad desde el ministro. Él sólo espera que se aprueben una ley corta, sin considerar las revisiones técnicas pertinentes". 

Para varios ejecutivos del sector entrevistados, el diálogo con los gobiernos de Piñera han sido muy difíciles en Energía.

Interpelación en el horizonte

"Llevamos emplazando al gobierno desde hace más de un año por este tema y todavía vemos mucha pasividad. Se trata de alzas que pueden llegar a un 30%, lo que sumado al tema de los medidores inteligentes es un escándalo nacional. Lo vamos a analizar esta semana”, mencionó a INTERFERENCIA un parlamentario de la oposición respecto de la posibilidad de interpelación. 

Otro congresista dentro del bloque ex Nueva Mayoría dijo que "no está resuelto nada, las primeras reuniones se dieron durante la semana pasada" sobre una eventual interpelación a Jobet. 

La misma fuente, además de criticar el permanente alza en el costo de la energía domiciliaria durante este gobierno, también apuntó al rol del ministro en el manejo del precio estabilizado para los PMGDs que el Gobierno resolvió durante la semana pasada (ver artículo Ministro Jobet da portazo a industria descentralizada de energía solar de INTERFERENCIA). 

"Me parece que  no hubo un estudio serio que fundamente esta modificación. Si uno le pregunta a los actores involucrados, queda la sensación de que claramente ha habido falta de diálogo y consenso. Sentimos que hubo falta de evidencia técnica y se terminaron tomando decisiones arbitrarias", expresó. 

Una afirmación que recuerda lo dicho durante la semana pasada por el ex ministro Andrés Rebolledo, quien mencionó a INTERFERENCIA respecto de la modificación al precio estabilizado que "se pudo haber dado 20 o 30 argumentos técnicos, pero ya estaba la convicción de cambiar. Se han hecho estudios desde ambas veredas, tanto a favor como en contra, pero lo cierto es que esto demuestra en concreto una política de este gobierno porque hay intereses asociados a esta modificación".