Los Kirchner y muchos de sus colaboradores habrían recibido decenas de millones de dólares para su enriquecimiento ilícito en una investigación judicial que ha conmovido al país trasandino y ha puesto en riesgo la eventual posible reelección de Cristina Kirchner, actual senadora y líder de un sector importante del peronismo, en las próximas elecciones presidenciales del 27 de octubre próximo cuando haya que reemplazar al actual mandatario, el derechista Mauricio Macri, si es que no se reelige.
Aquella investigación judicial tuvo como principal protagonista al periódico conservador La Nación, uno de cuyos periodistas recibió anónimamente, a comienzos del año pasado, una caja con diversos documentos que involucraban a los Kirchner en numerosos ilícitos. El reportero y un equipo especial de colegas revisaron los papeles, los entregaron a los tribunales, y a partir de agosto publicaron diversos artículos sacudiendo hasta los cimientos al país entero y, en particular, al peronismo.
No obstante, hace pocos días, el juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decidió procesar al fiscal que llevaba el caso de los Kirchner, Carlos Stornelli, por haberse coludido con otras personas para extorsionar al empresario agropecuario Pedro Etchebest para evitar que su nombre fuera involucrado en el proceso por los “Cuadernos de las Coimas”.
Ramos Padilla encarceló también a un oscuro personaje, el aparentemente falso abogado Marcelo D’Alessio, quien aparece relacionado con servicios de inteligencia locales y extranjeros, además de numerosos destacados periodistas de los principales medios de comunicación trasandinos y casi todos simpatizantes del actual presidente Mauricio Macri.
La decisión del magistrado obligó al procurador general del Ministerio Público, Eduardo Casals, a abrir un expediente disciplinario en contra del fiscal Carlos Stornelli, quien fue citado a indagatoria. Lo decidió el procurador general Eduardo Casal tras la indagatoria que comunicó por la presunta extorsión contra el empresario Pedro Etchebest, a través del supuesto abogado Marcelo D'Alessio.
Esta nueva arista del caso de los “Cuadernos de las Coimas” ha conmovido a los argentinos y desatado una pugna abierta y creciente entre la prensa oficialista y opositora, además del mundo política, pero en Chile ha sido prácticamente ignorada por los principales medios de difusión.
El oscuro D’Alessio
El juez de Alejo Ramos Padilla no tiene dudas de que Marcelo D’Alessio realizó maniobras de espionaje para extorsionar al productor agropecuario Pedro Etchebest y convencerlo de pagar un soborno para no ser mencionado en la causa de los "Cuadernos de las Coimas". En su fallo del lunes 25 de febrero, el juez dictó la prisión preventiva y lo acusó de asociación ilícita por extorsión.
Entre algunos de los puntos destacados de la extensa resolución, el magistrado sostuvo que el imputado hizo "gala y alarde de sus múltiples vínculos" con medios de comunicación y periodistas con Etchebest para presionarlo a que le pagara una coima. Según el magistrado, zona lo menos cuatro los periodistas que quedaron involucrados en esas maniobras: el conductor de GPS, Rolando Graña; el periodista de Clarín, Daniel Santoro; el conductor de A24, Eduardo Feinmann; y el periodista de Canal 13, Rodrigo Alegre.
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“Múltiples planes”
En esa misma resolución, de más de 200 páginas, el magistrado remarcó la necesidad de indagar acerca de las actividades del acusado para comprender las implicancias de su delito y además “continuar y profundizar la investigación”.
D’Alessio participó en los últimos tiempos en numerosos programas televisivos en donde se mostró como un abogado experto en materia de narcotráfico y seguridad, pero hay muchas dudas en torno a su carrera profesional e incluso si realmente e4s abogado.
“Como se verá, ha quedado prima facie (“a primera vista”) establecida no sólo la comisión o puesta en marcha de múltiples planes delictivos indeterminados en los que D´Alessio habría tomado parte y la necesaria participación en los mismos de otros actores pertenecientes o vinculados a los ‘servicios de inteligencia’” nacionales y/o internacionales, y la vinculación en estos planes con integrantes de distintos medios de prensa, funcionarios y el fiscal Stornelli –con o sin conocimiento lo que se deberá establecer en cada caso-”, precisó Ramos Padilla.
"La Embajada de los Estados Unidos no ha dado respuesta formal al requerimiento de este tribunal para saber si el nombrado pertenecía o no a algún organismo de inteligencia". “Debe aclararse que la Agencia Federal de Inteligencia, AFI, y el Ministerio de Seguridad de la Nación han desconocido por escrito y públicamente tener vínculos formales con el nombrado D´Alessio”, expuso el juez.
“Asimismo, existen dudas acerca de si D´Alessio efectivamente ha recibido el título habilitante como abogado, ya que a pesar de la información periodística que asegura que no es abogado, el Ministerio de Educación de la Nación aún no ha informado al respecto”, señaló el magistrado de Dolores.
Los “recursos”
El juez Ramos Padilla expuso que el propio D´Alessio le relataba a Etchebest numerosas anécdotas vinculadas con su intervención como abogado en distintas causas. También le hablaba de su 'curriculum laboral' mientras le exhibía fotografías y le aseguraba ser agente de la DEA.
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“Además de sus múltiples alocuciones con Etchebest, las presentaciones en los programas de televisión que lo mostraban como un ‘agente de campo’ que se enfrentaba al narcotráfico, se han recabado otros elementos objetivos – a partir de otras fuentes probatorias- que dan cuenta de los importantes vínculos y recursos con los que contaba (armas inaccesibles para la gran mayoría, vehículos de alta gama, equipos sofisticados de grabación, motos, embarcaciones, drones, chalecos, insignias de las fuerzas de seguridad, etc.) y de las operaciones de espionaje que realizaba con información sobre sus víctimas, operaciones psicológicas y de campo, apelando a todo tipo de metodologías investigativas, coactivas, intimidatorias y/o extorsivas para lograr sus fines”, resaltó el magistrado en su resolución.
“Según el propio D´Alessio, él poseía “un afán investigativo que lo desbordaba”. Se ufanaba de muchos logros. Trabajó para conseguir prestigio y dinero y se vinculaba con periodistas, políticos, abogados, miembros de las fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia, jueces y fiscales”, agregó el juez.
La justicia allanó a mediados de febrero la casa de Marcelo D’Alessio en el barrio privado de Saint Thomas. Encontraron un vehículo Range Rover que cuesta más de cien mil dólares y otros dos modelos antiguos de la misma marca. D’Alessio también posee una camioneta RAM 2500, Scania, un BMW X6, dos camionetas Hilux, un Peugeot 308 y dos Chevy de colección; dos motos de alta cilindrada; y un lujoso yate inscrito a nombre de su padre. Los policías también hallaron una colección de 50 relojes de alto valor, incluyendo un Double Tourbillon que vale unos 200 mil dólares.
Hasta ahora el supuesto abogado no ha sabido explicar de dónde salió el dinero para comprar dichos bienes.
Guerra entre periodistas
Desde que el periodista Horacio Verbitsky publicó en su blog El Cohete a la Luna una investigación en la que un empresario agropecuario denuncia al abogado Marcelo D'Alessio por extorsionarlo en nombre del fiscal a cargo de la causa de los “Cuadernos de las Coimas”, Carlos Stornelli, la pugnas entre medios de prensa han crecido día a día. Verbitsky menciono a Daniel Santoro, uno de los periodistas más famosos de Clarín, como un operador mediático de D'Alessio, del fiscal Carlos Stornelli y del juez Claudio Bonadio.
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Los periodistas Nicolás Wiñazki y Luciana Geuna, en tanto, entrevistaron a Stornelli en vivo para una señal de televisión, presentándolo como una víctima de una operación sin pruebas del kirchnerismo, y defendieron a su colega Santoro frente a las cámaras.
Joaquín Morales Solá, el principal columnista de La Nación, escribió un artículo donde afirmó que "Hay jueces y fiscales que no ingresaron a la matriz corrupta del kirchnerismo. Entre varios más, están Bonadio y los fiscales Stornelli y Rívolo, que son los que investigan la causa más demoledora sobre la corrupción kirchnerista, la de los cuadernos. A Bonadio el kirchnerismo quiso echarlo cuando estaba en el poder. No pudo. Ahora hay una operación mediática para ultrajar el nombre del fiscal Stornelli. La Justicia determinó que la operación contra Stornelli salió de la cárcel donde están los exfuncionarios. Algunos presos kirchneristas son los autores intelectuales de la campaña mediática contra Stornelli”.
Daniel Santoro, por su parte, atacó a "los voceros del kirchnerismo" de querer desviar la atención luego de que se conocieran nuevos arrepentidos de ese sector político en la mega causa de los “Cuadernos de las Coimas”.
"Los voceros del kirchnerismo ahora me acusan de haber participado de un supuesto intento de extorsión -como en el 2012 me acusaron falsa y ridículamente de haber sido espía ruso- y lo más grave, con un especial morbo se meten con mi familia, mi casa y mi vida privada, mediante amenazas en las redes sociales (...)”, agregó Santoro.
Verbitsky replicó sus acusaciones contra Santoro y dedicó dos líneas a las reacciones de Clarín e Infobae: "…como de costumbre en el diario Clarín, un anónimo vocero de la embajada de Estados Unidos negó toda relación de D’Alessio con cualquier organismo de ese país y con la propia representación diplomática”.
Las causas de Cristina
La ex presidenta Cristina Kirchner está involucrada en ochos causas vinculadas al caso "Cuaderno de las Coimas". Uno de los hechos por los que debe responder la ante la justicia es el supuesto mal uso de aviones presidenciales durante su gestión. Ex pilotos declararon que durante la presidencia de Cristina y su fallecido esposo, Néstor Kirchner, los aviones oficiales fueron utilizados para transportar diarios y muebles privados desde Buenos Aires hacia Santa Cruz.
Otras seis causas por las que Cristina Kirchner fue llamada a indagatoria son: subsidios a colectivos, corredores viales, cohecho en ferrocarriles, la Causa de los Cuadernos de Roberto Baratta, obras viales y una vinculada con el hallazgo de documentos históricos durante un allanamiento de la vivienda que tiene en El Calafate, entre ellos una carta del prócer independentista José de San Martín a Bernardo O'Higgins y un prontuario del dos veces presidente Hipólito Yrigoyen.
La trayectoria del fiscal
Stornelli está a cargo de la Fiscalía Federal N° 4 porteña desde hace más de un cuarto de siglo. Lo nombró Carlos Menem en 1993 y años más tarde fue el fiscal que pidió su detención en la causa por contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Stornelli nació en 1960 y se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. No escribió libros ni tiene antecedentes en la docencia universitaria. Antes de llegar a los tribunales de Comodoro Py fue fiscal ante los Juzgados de Menores de la Capital Federal. En su fiscalía tramitó, entre otras causas, el caso Skanska, en el que se investigaba el pago de coimas para la construcción de dos gasoductos. Pero en 2007, mientras se desarrollaba la investigación, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, nombró a Stornelli como ministro de Seguridad.
Stornelli también estuvo ligado al mundo del fútbol. Integró hasta diciembre de 2015 la Comisión directiva de Boca Juniors y también, junto con otros magistrados de Comodoro Py, fue integrante de una Comisión de Seguridad dentro del club que creó en 2007 su entonces presidente Mauricio Macri.
El juez Bonadio
La causa de los cuadernos está caratulada "Fernández, Cristina Elisabet y otros s/ asociación ilícita", y es conducida por el juez Claudio Bonadío. Fue iniciada en el fuero penal federal en los primeros meses de 2018 a partir de las fotocopias de unas supuestas anotaciones vinculadas a presuntos sobornos que se supone realizó Oscar Centeno, el ex chofer de un funcionario público, en ocho cuadernos que fueron fotocopiados por periodistas del diario La Nación. Esas fotocopias fueron entregadas al juzgado.
A mediados de agosto, sin haber procesados aún en la causa, el juez dictó una resolución en la que dijo que se obtuvieron indicios que “prima facie” permiten sostener "la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos" y asegura que fueron "comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional -Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández- y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, encabezado por el entonces ministro Julio Miguel De Vido".
El 17 de septiembre de 2018 el juez Bonadío dictó el auto de mérito resolviendo diversos procesamientos, embargos y declaraciones de falta de mérito respecto de las personas que habían sido citadas a prestar declaraciones indagatorias. La resolución fue apelada y el 20 de diciembre del mismo año la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal resolvió los recursos confirmando algunos aspectos de lo decidido y modificando otros.
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