El lunes 17 de octubre, miembros de la comunidad autónoma de Temucuicui detenidos e imputados sobre la base de pruebas falsas e inventadas, en la denominada “Operación Huracán”, demandaron al Estado de Chile por 2.000 millones de pesos. El escrito fue ingresado a la Corte de Apelaciones de Temuco por la abogada Karina Riquelme, quien representa a los hermanos Jorge, Jaime y Rodrigo Huenchullán, a quienes se suma Armando Henriquez.

“Esto fue la concreción de algo que la comunidad hace mucho tiempo estaba trabajando y planteando, es decir, que el Estado de alguna manera se hiciera cargo de la actividad ilegal y extremadamente arbitraria de sus instituciones encargadas de resguardar el orden público y de la persecución criminal como fue generar pruebas falsas para imputarles delitos graves y acusarlos de terroristas”, dice Riquelme a INTERFERENCIA.

La abogada Karina Riquelme nació en Temuco y estudió en la misma ciudad, actualmente es presidenta del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur) un equipo que se define como autónomo en pos de la “defensa de derechos humanos en el contexto de criminalización de las reivindicaciones del pueblo mapuche”.

Su labor como defensora le ha provocado consecuencias, en septiembre de 2018 la organización Amnistía Internacional realizó una campaña de recolección de firmas en apoyo a la abogada que acusó estar siendo perseguida y vigilada por funcionarios de Carabineros. Además el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una denuncia ante la segunda comisaría de Temuco tras estos hechos.

“La policía siempre persigue de manera pública. Aparecieron actas de solicitud de intervención de mi número y de muchos dirigentes a través de la ley de inteligencia, intervenciones que fueron autorizadas”, explica.

Esa no fue la única vez que Riquelme vivió la persecución. Entre 2010 y 2011 fue una de las abogadas de los presos políticos mapuche quienes protestaron realizando huelgas de hambre en cárceles chilenas contra la aplicación de la Ley Antiterrorista, y por los dobles enjuiciamientos a los que se veían sometidos. 

“Nosotros habíamos presentado recursos en contra de la PDI y Carabineros por hostigar niños mapuche y familiares de los acusados por terrorismo y privados de libertad. Ahí me notificaron de una investigación de oficio realizada por Alberto Chiffelle, se me investigó, se me llevó a juicio y se me condenó, ratificado por la Corte en Pucón. Luego hubo más investigaciones en conjunto con otros colegas de cidsur, y otros conocidos, Sebastian Saavedra, Manuela Royo, luego seguimientos, fotografias y laser”.

Sobre las otras víctimas de la Operación Huracán, Karina Riquelme afirma que también tomarán acciones legales, las cuales probablemente vean la luz en marzo de este año. Ante ello, INTERFERENCIA intentó contactarse con Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) pero su celular estaba sin señal.

-A pesar de este hostigamiento, hoy lidera la demanda de miembros de la comunidad autónoma de Temucuicui “Operación Huracán”, ¿cuál es el principal propósito?

La búsqueda de esta demanda es decirle al Estado que está generando un daño, el cual es más bien histórico. Operación Huracán es un hito respecto a la cantidad de daño que el Estado chileno le ha generado al pueblo mapuche.

-¿Quiénes son los principales responsables?

En particular apuntamos a que se reparen los daños por lo actos del Ministerio Público y Carabineros.

Carabineros porque sus miembros manipularon pruebas y generaron mensajes de texto que luego entregaron a través de procedimiento al Ministerio Público. Esta generación de pruebas, evidentemente es un delito. 

Al Ministerio Público por haber sido tan arbitrario y discriminatorio en su decisión, debido a que las pruebas eran dos informes que entrega dirección de inteligencia que son bastantes burdos en sí a la primera lectura. Nadie podría decir que una prueba como esa podría constituir algo serio para formalizar a ciertas personas. También había menores de edad, otras personas adultas que no saben por qué razón fueron formalizadas, otros que fueron formalizados sin que aparecieran como personas identificadas. Entonces esa arbitrariedad del Ministerio Público, que hoy está siendo investigada penalmente también- pero no existen formalizados aún-creemos que deben ser penalizadas obligatoriamente.

-Calificó como histórica la demanda, ¿qué fue lo que más le marcó de la jornada?

Lo que se demostró fue el diálogo permanente del pueblo mapuche con respecto de las instituciones como es el Poder Judicial y recurrir a esa institución de manera pacífica a exigir que se repongan los derechos que han infringido.

Esto demuestra lo que es una comunidad, porque fueron las familias, el lonko (autoridad ancestral mapuche), los werkenes (voceros), niños. Había una sensación importante de estar ahí, pidiendo de manera dialogante al Poder Judicial del Estado chileno que repare ese daño y no en los tribunales con sus papás encarcelados acusados de terroristas, que es la forma que se dialoga con el pueblo mapuche en estas instituciones, encarcelándolos. 

Ahora queda un proceso largo. El consejo de defensa del Estado siempre tiene la posibilidad de llegar a un tipo de acuerdo. El Estado reconoció públicamente que este es uno de los hechos más graves

-En 2018 afirmó en una entrevista que la La Corte de Apelaciones de Temuco es racista, ¿aún sostiene aquello? 

Para dejar de afirmar esto, tendría que haber un cambio social completo. Las instituciones recién están siendo un poco más evidenciadas respecto de este trato discriminatorio y de las castas que se producen dentro de estas instituciones, como el poder judicial que cuida su propio privilegio. Lo que uno espera es que se acoten a resolver los conflictos, a buscar la justicia. Espero que haya un cambio, pero evidentemente ese recambio tendrá que ser generacional y del pensamiento de las personas que integran las instituciones.

Los intereses que existen dentro de los poderes son los mismos intereses por los cuales existe el conflicto, que son las tierras en el Wallmapu.

-¿Cómo afecta este interés de las tierras desde el punto de vista judicial?

Creo que evidentemente se necesita un cambio estructural, pero también hay cosas que hay relevar, como gestos. Por ejemplo, hubo un gesto de la Corte de Apelaciones donde un funcionario de atención al público-a quien le solicitaron que dirigentes de la comunidad pudiesen pasar-tuvo la voluntad de hacerlo. Es un diálogo que da esperanza, aunque hay que relevar que existían más gendarmes de lo común, algo normal cuando se presentan comunidades mapuche. Como en el caso de José Queipul donde existía una sobre seguridad en el tribunal y fue cuestionado por los lagmienes (hermanos), llegando incluso a renunciar a la defensa para exigir sus derechos.