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El Plan Nacional de Formación y Capacitación Integral de Riesgo de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) amenaza con ser un dolor de cabeza para el director de la institución, el general retirado de Ejército, Ricardo Toro Tassara.

El programa -financiado históricamente por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Ministerio de Desarrollo Social- está destinado a formar y preparar a agrupaciones y grupos de interés de la sociedad civil en el trabajo y coordinación de reacción en caso de emergencias. En concreto, el público objetivo del programa son establecimientos educacionales, juntas de vecinos, agrupaciones sindicales, y otras de similar naturaleza.

Una iniciativa que nació como un servicio gratuito entregado por la Onemi a la ciudadanía, el que incluye además la entrega de implementos para enfrentar catástrofes naturales o provocadas por el hombre, y así apoyar a las autoridades en caso de que no puedan cubrir todos los requerimientos organizativos de una población. 

Sin embargo, a partir de 2016, las cosas cambiaron; los servicios asociados fueron externalizados y, al día de hoy, se cobra por ellos $200.000 pesos por participante a las agrupaciones de la sociedad civil que los requieran.

Esto partió en 2016, cuando Toro Tassara llevaba cuatro años en el cargo, y designó como subdirector de gestión de riesgo a Rodrigo Ortiz, un ex ingeniero militar del Ejército, quien asumió como una de sus principales misiones externalizar las labores de capacitación de la Onemi. 

Un año después, en 2017, bajo el argumento de no dar abasto para cumplir el mandato de ejercer esta capacitación en todas las instituciones que lo requieren, comenzó un proceso de externalización de los programas de la Academia Nacional de Protección Civil y otros, lo que implicó la inclusión de privados.

Fue así como en 2017 la empresa KSL Chile-Pacífico se ganó el patrocinio de la Onemi para desarrollar el Plan Nacional de Formación y Capacitación Integral de Riesgo. Creada solo dos años antes (2015), bajo un giro distinto al de prevención de riesgos y emergencias, KSL había logrado el cupo sin tener mayor experticia en el mercado, señalan funcionarios de la institución que están en desacuerdo con este patrocinio.

Al día de hoy, esta empresa cobra un mínimo $ 200.000 pesos por persona capacitada, en cursos que antes eran gratuitamente impartidos por la Onemi.

Además, desde que KSL ganó este patrocinio, la empresa ha ganado diversos proyectos del Estado asociados al Plan Nacional de Emergencia. Ejemplo de ello es al menos una licitación de la Gobernación de Concepción por $ 63 millones de pesos, la cual fue llevada a cabo por parte del funcionario Alex Tardón, quien, a poco de terminarse el proceso, comenzó a trabajar en las filas de la empresa. Según su LinkedIn, Tardón no ha abandonado su trabajo en KSL.

Para ganar esta licitación, dicen funcionarios de la Onemi, fue trascendente una carta firmada por el ex general Toro Tassara en la cual se le reconoce competencias a la empresa en materia de prevención de desastres. Según dicen estas fuentes, a última hora, se solicitó dicha carta de referencia de la Onemi. Esto habría dejado sin oportunidades a otras empresas del rubro que tenían muchos más años de servicio.

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“KSL funciona así coimeando a los empleados estatales para adjudicarse las licitaciones y posteriormente, a cambio, entrega favores a los empleados que los benefician”, señala una fuente de la Onemi que ha generado varios reclamos internos por el actuar de Toro Tassara en esta materia, los cuales no han sido atendidos hasta ahora.

La misma fuente agrega que “la Municipalidad de Santiago realizó un Seminario en Gestión de Riesgos en incendios en 2017, el que fue coordinado por la directora de emergencias, Ana Luisa Yáñez, quien es hoy, además, instructora de KSL". 

KSL y la familia militar

Buena parte de las suspicacias al interior de la Onemi se debe a la ligazón de KSL con personal retirado del Ejército, condición que también tiene el director Ricardo Toro Tassara.

KSL pertenece a Jaime Andrés Poblete Coddeau, un ex oficial de Ejército que fue parte del grupo Chilenos por la paz que decidió ir a limpiar la plaza Dignidad para “restablecer la normalidad” a pocos días del estallido social. Al ser expuesto por esta participación, Poblete fue defendido dada su labor "gratuita" en la Onemi, pese a que en ese entonces KSL ya estaba cobrando a los organismos de la sociedad civil por sus capacitaciones patrocinadas por la institución estatal.

Poblete fue además profesor en la Academia de Guerra del Ejército y profesor de Táctica y Metodología en la Escuela de Caballería Blindada. Fue oficial del Estado Mayor del Ejército y fue profesor invitado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino. Posee un magister en ciencias militares y en administración logística y estratégica; y suele escribir en LinkedIn opiniones acerca de actualidad, las cuales se asemejan en contenido a todos aquellos análisis de uniformados con teorías de la conspiración detrás del movimiento social o el estallido de octubre de 2019.

"A estos últimos, los denominados “lumpen”, su objetivo no es otro que cumplir con el compromiso del pago, quienes, siguiendo las directrices de ciertos agitadores, atacan a Carabineros, bancos, tiendas. Cortan calles, servicios públicos. Con ello generan la especulación de la violencia, los medios de comunicación solo transmitirán el accionar represivo de la policía. Invalidarán el actuar del gobierno, harán ruido internacionalmente, amenazarán la inestabilidad democrática, todo bajo un mecanismo estratégico impecable", dice uno de sus posts.

Más directo con Toro Tassara es el vínculo del ingeniero militar Rodrigo Ortiz, quien fue asesor en el comando de Personal del Ejército en los años en que Toro Tassara estuvo a cargo de esa unidad; 2015 y 2016. Es por su actuar en ese período por la cual el actual director de la Onemi se encuentra imputado en el caso del fraude FAM; el que ya cuenta con $3.000 millones de pesos en pagos ilícitos del Ejército a militares que previamente fueron estafados por un fondo ligado a esta rama de las Fuerzas Armadas de la Región de Aysén.

Ortiz hasta hoy no ha sido formalizado por el caso, pero una fuente de tribunales señala que su nombre estaba dentro de los 800 funcionarios que debían ser formalizados antes de que el caso pasara a manos de la Justicia Militar el pasado mes de enero.

Luego de su paso por Contraloría del Ejército, Ortiz emigró al rubro privado de la mano de Toro Tassara. Dicen fuentes del Ejército que esto no es novedad pues “la Onemi es al Ejército lo que la ANI es a la Armada; el lugar donde van a parar funcionarios ligados a escándalos institucionales derivados de mal manejo financiero”.

Nota de la Redacción: En el artículo original se afirmó erróneamente que KSL se había adjudicado dos licitaciones de la Onemi para el Plan Nacional de Capacitación y Formación. En realidad, se trató de un patrocinio para impartir los servicios asociados, los que antes eran gratuitamente impartidos por la Onemi. Asimismo, la carta de Toro Tassara corresponde a una licitación posterior y no al proceso de adjudicación de dicho patrocinio. También había fechas y montos equivocados, las cuales fueron corregidas en esta versión.