Una fábrica nueva se empezará a levantar en la Bahía de Quintero durante el primer trimestre de 2019. El sector, donde existen cerca de 15 operaciones y donde se han vivido reiterados episodios de intoxicación durante las últimas semanas, se apronta para recibir al Proyecto Aconcagua. Se trata de una desaladora que tragará mar salado y producirá 1.000 litros de agua dulce por segundo.

La iniciativa de Aguas Pacífico–controlada por Patria Investments, uno de los fondos de inversión privados más grandes de Latinoamérica– ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el 4 de abril de 2017, y desde entonces, ha cultivado en general un perfil bajo en los medios de comunicación. Salvo apariciones como la del 31 de julio pasado, cuando la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, encabezada por el intendente de la región, Jorge Martínez, aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que había emitido el SEA.

Ninguna autoridad de esa instancia estuvo en contra de este proyecto. Fue un sí unánime. El intendente declaró a El Mercurio de Valparaíso que la fábrica estaba dentro de “los grandes proyectos sustentables”, y que iba a “asegurar el abastecimiento y consumo de agua potable para proveer agua de uso industrial al cordón Quintero-Puchuncaví, llegando hasta las termoeléctricas de Quillota”.

Unos días más tarde, el domingo 5 de agosto, Enrique Cruzat, director ejecutivo de Aguas Pacífico, dio una entrevista al mismo medio y fue más cauto en cuanto al uso general del agua

Agua para las empresas

Aconcagua invertirá más de US$ 162 millones para construir el proyecto que convertirá el agua de mar en agua dulce que permita ser usado en los procesos industriales de las compañías que ya saturan sectores de la Quinta Región.

Se supone que de aquí a julio de 2020 las instalaciones estarán listas. A grosso modo, a través de dos torres se captarán millones de litros de agua de mar –cada una con una capacidad nominal de 1,18 metros cúbicos por segundo– que serán conducidos hasta una planta, en la que se producirá agua sin sal, la que, a su vez, será conducida hasta un estanque de acumulación en Quillota por medio de un acueducto.

Un ex consultor de Aguas Pacífico, quien pidió reserva de su identidad, indica que el proyecto significará un incentivo para la instalación de más plantas industriales en esa provincia, puesto que el agua de mar procesada está enfocado en abastecer al sector industrial. “No habían documentos firmados ni nada, pero cuando la venta de agua ya estaba conversada con algunas empresas, como la termoeléctrica Los Rulos u otras, que no tienen gran disponibilidad de napas subterráneas, se sabía que todo esto era una  instalación para proveer a la industria, no a las personas”, dice.

Según la Resolución de Calificación Ambiental, el suministro a terceros se realizará en el “límite del proyecto”, en Quillota, a través de un flange (anillo que une cañerías), lo que se traducirá, en palabras del ex consultor que habló para INTERFERENCIA, que la gente que quiera agua deberá comprarla y luego ir a buscarla “en camiones que tendrán que costear ellos mismos”. En pocas palabras, la nueva desaladora será de poca utilidad para las personas que viven en la zona.

Se trata de un escenario que preocupa a gente como Andrés Cortés Torrejón, habitante de Puchuncaví, que le solicitó a la compañía un compromiso para que, como medida de mitigación, se les abasteciera “cuando sea necesario un caudal de 10,1 litros por segundo (para una población de 5.760 personas) durante toda la duración del proyecto”, una cifra muy menor a los 1.000 litros por segundo que se producirán.

Pero la respuesta fue negativa. El SEA encontró “no pertinente” la solicitud porque el destino del agua procesada no era parte del Estudio de Impacto Ambiental, por lo que no había sido evaluado “en este proceso”.

La tónica de información imprecisa tuvo otro episodio el 17 de mayo de 2017, esta vez por parte de la unidad de Medio Ambiente de Puchuncaví, que presentó un PowerPoint al concejo municipal que decía, entre otras cosas, que la desaladora abastecería recursos de “uso industrial y/o potable para venta a terceros”, algo que resulta difícil, ya que la única agua que el Proyecto Aconcagua potabilizará será para su utilización interna; en el caso que sea comprada por personas comunes y corrientes, estas deberán pagar por su potabilización en una empresa sanitaria.

Pescadores en contra

Toda faena desaladora tiene residuos. El de Aconcagua, en particular, contará con un emisario que se internará casi 700 metros en el mar, desde el cual arrojará un caudal de 1,36 metros cúbicos por segundo compuesto por salmuera, agua de limpieza de algunos equipos, fangos de preparación de la cal, reboses y vaciados de distintos equipos. Según la Resolución de Calificación Ambiental, este procedimiento “cumple (con las normas) para descarga fuera de la zona de protección litoral”.

Sin embargo, esta certeza no fue suficiente para algunos grupos, como la Cooperativa de Pescadores Alcatraz. “No nos gustó el hecho que la salmuera la devuelvan al mar”, dice Roberto Monardes, su secretario. “El PH va a cambiar inmediatamente, los cloruros se van a descomponer, nos van a poner otra fuente de contaminación. Por eso nos estamos oponiendo y nos estamos movilizando”.

En otras palabras, los pescadores de la zona temen que esta nueva operación contamina aún más las aguas.

Según el dirigente, el tema se tocó tanto con Mauricio Carrasco, el alcalde de Quintero, como con Eliana Olmos, alcaldesa de Puchuncaví. “En una reunión a fines de agosto en el Consejo Regional de Valparaíso, ambos manifestaron la voluntad de que se congele este tema, que no entre ningún proyecto más”.

INTERFERENCIA intentó comunicarse con ambas autoridades para confirmar esta información. Hasta el cierre de esta edición no se manifestaron al respecto. Tampoco sobre el proyecto mismo. La empresa Aguas Pacífico declinó dar su versión para este artículo. El Grupo Etcheberry, agencia a cargo de sus comunicaciones, respondió lo siguiente ante la solicitud realizada la semana pasada: “Como el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Valparaíso y la construcción comienza el primer trimestre de 2019, no hay novedades que contar por ahora”.