Desde mediados de 1975, en plena embestida represiva contra el Partido Comunista, la dirección de la Dina trataba de identificar y capturar a los encargados de finanzas de ese partido para apoderarse de los dineros que llegaban desde el exterior. Parte de esos fondos eran administrados en Santiago por operadores financieros vinculados a la comunidad judía. El PC trataba afanosamente, además, de ocultar sus inversiones en algunos negocios.

Muchos de los cerca de 150 comunistas detenidos, asesinados y hechos desaparecer en 1975 y 1976 fueron salvajemente torturados para sacarles algún dato que a los jefes de la Dina les sirviera para aproximarse a las platas del partido que le servían para mantener sus estructuras e iniciar una balbuceante resistencia a la dictadura.

A fines de mayo de 1976 los agentes de la Dina sabían ya que el PC no tenía armas, pero insistían en identificar y atrapar a los integrantes del equipo de finanzas del Partido. En una de las operaciones, el día 22 de julio, capturaron a los hermanos Julio y Eduardo Budnik, uno de los cuales colaboraba en esas materias con los comunistas. Uno de ellos entregó información suficiente como para desatar aún más los apetitos de los escuadrones represivos, convencidos de que Víctor Canteros Prado era el encargado de las finanzas. No obstante no pudieron capturar a su presa, pero sí lo hicieron con dos de sus familiares más cercanos.

Clara Elena Canteros Torres tenía 21 años a la fecha de su detención. Casada, dos hijas, ex alumna de Ingeniería Química en la Universidad de Chile, empleada laboratorista. Era militante de las Juventudes Comunistas, trabajaba en un lavaseco que pertenecía al PC y colaboraba con su padre, Víctor Canteros Prado, con Crifé Cid y con Julio Irazzoky en el equipo de finanzas del Partido.

Fue detenida por agentes de la DINA el 23 de julio de 1976, alrededor de las 20:00 horas, en la vía pública, cerca de su domicilio, al bajarse de un bus de la locomoción colectiva en la intersección de las calles Panamá con Rojas Magallanes, en La Florida. Ese mismo día, en el mismo sector, poco después, fue detenido su tío Eduardo Canteros Prado.

Antecedentes de que Clara Canteros estuvo recluida en Villa Grimaldi los entregó la ex detenida Rosa Elsa Leiva Muñoz, en declaración jurada del 18 de julio de 1991, donde relató que fue detenida por la Dina el 20 de agosto de 1976 y conducida a Villa Grimaldi. Al día siguiente de estar allí, vio a Marta Ugarte Román, quien días después le contó que el día que ella había llegado a ese recinto, iban sacando a tres detenidos: Clara Canteros, Oscar Ramos y Mario Juica. Rosa Leiva conocía a la familia Canteros, ya que había sido secretaria del ex parlamentario Manuel Canteros, tío de Clara Elena.

Eduardo Canteros Prado tenía 48 años a la fecha de su desaparición. Casado con María Enolfa Gormaz Vera, cinco hijos y otros cinco de un matrimonio anterior, constructor civil,era  ex ejecutivo de Corhabit, domiciliado en La Florida. Fue detenido el día 23 de julio de 1976, alrededor de las 21:40 horas, en la vía pública, frente a su casa en los momentos en que regresaba a su hogar después de su jornada laboral. Fue llamado por los ocupantes de un automóvil de color azul que se encontraba estacionado en la calzada, quienes resultaron ser agentes de la DINA que procedieron a su aprehensión, introduciéndolo en uno de los tres vehículos en que se movilizaban.

Testigos presenciales de la detención fueron Jorge Antonio Muñoz Muñoz, sobrino político; José Desiderio Muñoz Muñoz, hermano del anterior y María Enolfa Gormaz Vera. Todos ellos pudieron apreciar las circunstancias de la detención. Incluso los hermanos Muñoz establecieron un breve diálogo con Eduardo, previo a su aprehensión. Entre tanto, María Gormaz, minutos antes a la detención de su esposo, recibió en su hogar la visita de uno de los agentes, quien solicitó hablar con él bajo el pretexto de un supuesto accidente que habría sufrido su sobrina Clara Elena Canteros Torres, la que también fue detenida ese mismo día, y quien, al igual que su tío Eduardo figura como detenida desaparecida.

Desde ese lugar, los aprehensores trasladaron al detenido a Villa Grimaldi, donde fue recluido y torturado. Allí, Eduardo Canteros Prado fue visto por Isaac Godoy Castillo, quien declaró que el día 26 de agosto de 1976, encontrándose recluido en Villa Grimaldi, pudo ver a Eduardo  Canteros; éste formaba parte de un grupo de detenidos, entre los que recuerda a Pedro Silva Bustos, Lenin Díaz Silva, Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo, cuando los devolvían a sus respectivas celdas, después de haber aseado el lugar. Todos ellos permanecen hasta la fecha en calidad de detenidos desaparecidos.

El 21 de marzo de 1990, mientras se realizan trabajos de excavación en terrenos del Fundo Las Tórtolas de Colina, que hasta el año 1980 había pertenecido al Ejército, fueron encontrados en dos fosas clandestinas los restos de tres personas, correspondiendo uno a Eduardo Canteros Prado. Otro de los restos pertenecía al ex parlamentario y miembro del Comité Central del Partido Comunista, Vicente Atencio Cortés, detenido el 11 de agosto de 1976 y quien fue visto por testigos en el recinto de la Dina de Villa Grimaldi.

Entre enero y septiembre de ese año 1976, más de 70 comunistas fueron detenidos y desaparecieron en los cuarteles de la DINA. Diecisiete de ellos fueron asesinados por los agentes de esa policía secreta de la Dina. Condenados por la justicia recientemente, sus penas fueron rebajadas por una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago el recién pasado 9 de abril. La Octava Sala del tribunal, estuvo presidida por el ministro Juan Cristóbal Mera e integrada por la ministro Mireya López y el abogado Cristián Lepín

Varios de aquellos comunistas asesinados eran importantes cuadros de las principales estructuras del Partido, vinculados familiarmente y con acceso a los máximos dirigentes que aún permanecían libres. Iván Insunza Bascuñán, Carlos Godoy Lagarrigue, Alejandro Rodríguez Urzúa, Miguel Nazal Quiroz, Daniel Palma Robledo y otros, pertenecían a familias tradicionales entre los herederos ideológicos  de Recabarren.

Una arista casi olvidada de la investigación de sus muertes condujo a la Colonia Dignidad, en las inmediaciones de Parral, donde aparecieron algunos automóviles de los comunistas desaparecidos, vehículos  que fueron ocultados en Villa Baviera por los colonos alemanes que seguían a Paul Schaefer.   

Una pista clave

Los interrogadores de la Brigada Lautaro de la Dina, instalados en el cuartel de la calle Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, en Santiago, consiguieron mediante prolongadas y brutales torturas algunos datos claves que permitieron a los analistas de ese aparato represivo identificar a uno de los principales operadores de fondos del PC en Santiago: el cambista de monedas Jacobo Stoulman Bortnik.

Así, en los últimos meses de 1976, la Dina logró infiltrar en Francia y Suiza a una de las redes internacionales que el PC tenía para transportar fondos a Chile. Jacobo Stoulman viajó a Francia el 18 de noviembre.

En el mismo avión iba el mayor Raúl Iturriaga Neumann, uno de los oficiales más cercanos al coronel Manuel Contreras, jefe de la DINA. Iturriaga, vestido de civil, viajaba a escasos asientos de Stoulman bajo la falsa identidad de Eduardo José Rodríguez Pérez.

A comienzos de 1977, los hombres del “Mamo” Contreras se enteraron que un correo de Europa viajaría a Buenos Aires. En Argentina lo esperaba una nueva estructura que se preparaba para asumir la conducción del PC en Chile, en reemplazo de la segunda dirección que había caído en manos de la DINA en diciembre de 1976. En ella figuraban Horacio Cepeda Marinkovich, Lincoyán Berríos, Fernando Navarro Allendes, Fernando Ortiz Letelier, Héctor Véliz Ramírez, Reinalda Pereira Plaza y Waldo Pizarro Molin.

El 16 de mayo de 1977 aterrizó en Buenos Aires un chileno con pasaporte suizo llamado Alexis Jaccard Siegler, el correo del PC que transportaba un maletín con una cuantiosa cantidad de dólares. Se hospedó en el hotel Bristol y en las horas siguientes fue secuestrado por un comando de la red Cóndor, integrada por agentes chilenos y argentinos. El mismo día detuvieron al chileno Ricardo Ramírez Herrera, a un comerciante argentino que lo alojaba, Marcos Leder, de 70 años, y a su hijo Mauricio. Los tres desaparecieron.

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Jaccard se había casado hacía un año, en 1976, con Paulina Veloso Valenzuela, quien mucho después, ya en democracia y durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se convertiría en ministra secretaria general de la Presidencia y luego en integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Ramírez Herrera, en tanto, jefe del muy hermético aparato de inteligencia del PC, había logrado escapar del Comando Conjunto, el aparato represivo secreto de la Fuerza Aérea de Chile, en 1975 asilándose en la embajada de Hungría, cuyos intereses estaban a cargo de Austria, y logró salir a Europa en marzo de 1976.

En mayo de 1977, Ramírez esperaba a Jaccard en Buenos Aires para recibir la remesa de dólares y viajar luego a Santiago, donde asumiría un cargo en la nueva dirección clandestina del PC.

La cacería de la red Cóndor siguió el 17 de mayo con la detención del comunista chileno Mario Clar y su hijo Sergio. De los dos nunca más se supo. Poco después cayó el chileno Héctor Velázquez Mardones y su empleador, el argentino Rodolfo Sánchez Cabot.

El 20 de mayo por la tarde, un comando operativo que vigilaba el local central del PC argentino en Buenos Aires, en la esquina de las calles Callao y Sarmiento, secuestró a siete militantes porteños que abandonaban el recinto. Tres fueron liberados. Los otros cuatro -Luis J. Cervera Novo, Ricardo Isidro Gómez, Carmen Candelaria Román y Juan Cesáreo Arano-, siguen desaparecidos.

En Santiago, mientras, los agentes de la Dina atraparon a uno de los responsables de finanzas del PC, Enrique Ruiter Correa Arce, ex secretario del director del diario El Siglo , y propietario de un kiosco de diarios situado en la intersección de las calles Manuel Rodríguez con Alameda, pantalla que servía para distribuir dineros entre los cuadros partidarios. El 28 de mayo, el cadáver de Correa apareció flotando en el río Mapocho.

Al día siguiente, domingo 29 de mayo, Jacobo Stoulman y su esposa, Matilde Pessa, aterrizaron en el aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires a bordo de un avión Braniff. Tras bajar la escalerilla, varios hombres de civil les rodearon y condujeron a un Ford Falcon de color verde. Se perdieron para siempre.

A los 43 años de edad, Jacobo Stoulman Bortnik era el menos anónimo de los secuestrados. Sin militancia política conocida, inteligente y seductor, en sólo ocho meses, en 1976, su empresa Cambios Andes, de Agustinas al llegar a Ahumada, había captado a los más codiciados inversores, en particular de la comunidad judía.

La DINA sabía que Stoulman manejaba dinero de grandes inversores, los suyos propios y los que el financista chileno-húngaro José Klein -tío del ahora famoso empresario minero Leonardo Farkas Klein- pudiese haber enviado a través de Cambios Andes para apoyar a partidos que empezaban a organizar una oposición a la dictadura.

En los días siguientes, los agentes de la Dina, en conjunto con funcionarios de la Cancillería, falsificaron la salida de Alexis Jaccard y de los Stoulman Pessa desde Argentina, usando falsos registros de hotel y documentos de inmigración. Los papeles adulterados mostraban a Jaccard viajando a Chile pocos días después de su arresto, y enseguida partiendo de Santiago a Uruguay.

La última operación importante de la Dina terminó el 7 de junio en Santiago, con la captura de Hernán Soto Gálvez, encargado local de las finanzas del PC, quien hasta hoy está desaparecido. Soto, quien recién había llegado de Buenos Aires, fue capturado en la Gran Avenida poco antes de hacer contacto con un compañero que lo esperaba a escasos metros del lugar de detención.

Cuantiosos pagos en vano 

En vano esfuerzo por rescatar al matrimonio Stoulman-Pessa, miembros de su familia pagaron miles de dólares a diversas personas. Entre ellas al abogado Ambrosio Rodríguez, cercano a la dictadura, quien hizo supuestas estériles gestiones a ambos lados de la cordillera.

Uno de esos contactos fue con el agente de la Dina en Buenos Aires, Enrique Arancibia Clavel, quien el 17 de julio reportó ese encuentro en un mensaje a Santiago:

“Con fecha 8/7/77 se contactó conmigo Ambrosio Rodríguez, quien me planteó que su permanencia en Buenos Aires peligraba debido a que estaba haciendo averiguaciones sobre un matrimonio de origen judío de apellidos Stoulman Pessa. Aparentemente Rodríguez tomó contacto con altos jefes del ejército argentino en el área Seguridad, los que le indicaron en forma indirecta que este matrimonio ‘ya no existía’… El informe oficial del Primer Cuerpo del Ejército argentino es que fueron entregados (los Stoulman-Pessa) a funcionarios DINA”.

En las semanas y meses siguientes, los familiares más cercanos de los Stoulman-Pessa comprobaron que las numerosas cuentas que el cambista mantenía en diversos bancos del mundo, habían sido vaciadas. Hasta hoy se ignora el monto de aquellos depósitos, pero conocedores del tema los calculan en decenas de millones de dólares.

Según ha reconocido el Partido Comunista de Chile, hacia fines de 1976 y con el objetivo de trasladar a Chile fondos provenientes del exterior había organizado un complejo mecanismo clandestino cuyo nexo sería, precisamente, Jacobo Stoulman.

“Él nunca supo el origen ni destino que tendrían esos dineros”, declaró el dirigente comunista Carlos Toro, ya fallecido.

Por otra parte, un funcionario internacional enviado desde Suiza a investigar la desaparición de Alexis Jaccard, fue seguido y amenazado en Buenos Aires y debió ser escoltado por una diplomática helvética hasta el avión que lo llevó de regreso a su país.

Con parte de los fondos saqueados a Stoulman, la Dina financió su red fuera de Chile a través de la empresa pantalla Pedro Diet Lobos y Cía., que operaba en Santiago y Buenos Aires y cuya constitución, en noviembre de 1977, reveló la periodista Mónica González en 1989 en la revista Análisis .

Juan Pablo Moreno, ex funcionario de Cepal, quien investigó la desaparición de Stoulman junto con el periodista Iván Cabezas, concluyó que los papeles notariales de la empresa Pedro Diet estaban entre la documentación incautada al agente Enrique Arancibia Clavel, en 1978, en Buenos Aires En esa sociedad ejercía la presidencia el mayor Raúl Iturriaga Neumann, a cargo de inteligencia económica de la DINA. Entre los directores de la sociedad figuraba uno de los hijos de Pinochet, el capitán (r) Augusto Pinochet Hiriart, que protagonizó tiempo después bullados escándalos y turbios negocios.

Moreno también aportó otro indicio: “Augusto Pinochet hijo, un año y medio después de los secuestros, compró cuantiosos bienes e invirtió en una empresa constructora (a través de su mujer, Verónica Molina) cerca de 1,5 millones de dólares”.

Se repite el final

Durante 38 años los familiares del matrimonio Stoulman Pessa, los de Ricardo Ramírez y los de otros chilenos desaparecidos en mayo de 1977 en Buenos Aires, los buscaron infructuosamente. Creyeron más de alguna vez que los cuerpos de sus deudos habían sido lanzados al Atlántico o a algún río de las inmediaciones de la capital argentina, o quizás sepultados en un páramo lejano y desierto.

En el mes de mayo de 2015, sin embargo, las tres hijas de los esposos Stoulman-Pessa y los hijos de Ramírez Herrera fueron citados por el juez Mario Carroza, quien lleva varios casos de violaciones de los derechos humanos. El magistrado les comunicó que en la cuesta Barriga, en una mina abandonada, se encontraron restos óseos y que algunos correspondían al matrimonio Stoulman Pessa y a Ricardo Ramírez. No había dudas, el Servicio Médico Legal había hecho los peritajes correspondientes. Ahora, finalmente, podían sepultarlos en suelo chileno.

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(Los 17 asesinados del PC. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha: Manuel Recabarren G., Iván Insunza Bascuñán, Luis Recabarren G., Manuel Recabarren Rojas, Clara Canteros Torres, Eduardo canteros Prado, Alejandro Rodríguez, Carlos Godoy Lagarrigue, Daniel Palma Robledo, José Santander Miranda, Juan Villarroel Zárate, Nalvia Rosa Mena, Mario Juica Vega, Víctor Morales Mazuela, Miguel Nazal Quiroz, Carlos Vizcarra Cofré y Julio Vega Vega).

La terrible verdad era que la red Cóndor que operaba en Argentina los había entregado a la Dina en la frontera, presumiblemente en lo que hoy es el paso Los Libertadores. De allí fueron trasladados al cuartel Simón Bolívar donde continuaron las feroces torturas. Luego fueron asesinados y sus cuerpos escondidos en un oscuro boquerón de la cuesta Barriga, en el valle de Curacaví, a pocos kilómetros de Santiago