Ayer jueves la Corte de Apelaciones de Santiago tenía que decidir el desafuero del senador Jorge Pizarro por presuntamente facilitar, a través de una consultora administrada por sus hijos, facturas falsas a la minera SQM por un monto de 45 millones de pesos.

Sin embargo, el tribunal nunca se pronunció. Y es que la presidenta de esa corte, Dobra Lusic, pidió la carpeta del caso, una maniobra legal que le permite aplazar en al menos cinco a diez días cualquier pronunciamiento al respecto.

¿La razón? Lusic y dos integrantes más de ese tribunal -Mauricio Silva y Javier Moya- son los magistrados con mayores chances de llegar a la Corte Suprema tras la jubilación del ministro Carlos Cerda en junio de este año. Cualquiera sea su voto en el caso del desafuero de Pizarro, será analizado con lupa por la bancada DC del Senado, y podrá inclinar la balanza a favor de uno u otro.

Guido Girardi y Felipe Harboe, como tantas otras veces, están en el polo opuesto. Mientras el primero le ha dado su apoyo a Javier Moya, el segundo está haciendo lobby a favor de Mauricio Silva.

Además de esos tres nombres, la quina que el Poder Judicial presentó al gobierno a inicios de septiembre incluye también a los jueces Roberto Contreras y Julio Miranda.

El PS fuera de la cancha

El ministro de Justicia Hernán Larraín ha dado señales de que respetará que este nuevo cupo en la Suprema corresponda a la oposición, siguiendo la tradicional lógica del antiguo sistema binominal. Es más, les habría dicho a miembros de la ex Nueva Mayoría de la cámara alta que se pongan de acuerdo en un nombre y que el gobierno lo aceptará y alineara los votos del oficialismo para dar luz verde a ese nominado.

El problema es que la oposición no está para nada de acuerdo hasta ahora. Los que están tratando de aglutinar las fuerzas opositoras son los dos senadores más poderosos del PPD: Guido Girardi y Felipe Harboe. Como tantas otras veces, cada uno está en un polo opuesto. Mientras el primero le ha dado su apoyo a Javier Moya, el segundo está haciendo lobby a favor de Mauricio Silva.

El PS mira desde la vereda esta pugna de fuerzas. Ese partido quedó en fuera de juego después de su errático actuar en la nominación de Ángela Vivanco. 

El PS, en tanto, parece mirar desde la vereda esta pugna de fuerzas. Y es que ese partido quedó en fuera de juego después de su errático actuar en la nominación a la Suprema de Ángela Vivanco en julio. Aunque había señalado su voto favorable a esta abogada de perfil conservador, propuesta por La Moneda, finalmente decidió no votar a favor de ella.

“Hoy, el PS no tiene ninguna relevancia en la nueva nominación”, afirma una persona que conoce de cerca los procedimientos y cabildeos que se suelen dar en estas instancias. “El gobierno los tiene en el congelador, y sólo presta oídos a (José Miguel) Insulza y (Rabindranath) Quinteros”. Para más remate, los votos del Partido Socialista ni siquiera son clave, ya que alineando al PPD y la DC, el nominado de la oposición tendría asegurado su nombramiento.

Cabe recordar que es el gobierno quien tiene que escoger uno de los cinco nombres propuestos por el Poder Judicial, el que después tiene que ser ratificado o rechazado por el Senado. Al ejecutivo le conviene zanjar el cupo opositor lo antes posible, de manera de pasar al siguiente nombramiento que, esta vez, le corresponde al oficialismo.

Quién es quién

Según más de diez fuentes consultadas por INTERFERENCIA, las que no quisieron que sus nombres aparecieran en este artículo, los jueces Mauricio Silva y Javier Moya parecen llevar la delantera en una disputa que aún está muy cerrada dentro del Senado.

La oposición de ván Moreira al nombre de Javier Moya se debe a motivos personales. Y es que este juez votó a favor de su desafuero en el marco del financiamiento irregular de SQM, mientras que Silva votó en contra.

Aunque Harboe se encuentra en estos momentos fuera de Chile, se sabe que ha empujado con fuerza el nombre del juez Silva. Y no está solo en ello. El presidente del Senado, Carlos Montes, y el senador de la UDI, Iván Moreira, también promocionan su nombre. La razón de este último de adelantarse a cualquier decisión de la UDI, partido que según el ministro de Justicia se cuadrará con cualquier nominado por la oposición, se debe a motivos personales. Javier Moya fue uno de los jueces que votó a favor de su desafuero en el marco del financiamiento irregular que recibió de SQM, mientras que Silva votó en contra.

Una razón parecida es la que llevaría al senador Carlos Bianchi, miembro de la llamada “bancada regionalista”, a apoyar a Silva.

Pero el magistrado Silva cuenta, además, con el apoyo de varios miembros de la Corte Suprema, que en cada ocasión pública en la que se topan con senadores no dejan escapar la oportunidad para hablar a favor de este. La excepción es Sergio Muñoz, el ex presidente de la Corte Suprema, quien favorece la candidatura del juez Roberto Contreras, considerado “un regalón” suyo.

Hay un elemento poderoso que juega a favor de Moya. Y este es su supuesta condición de masón.

El candidato que empuja Girardi, en tanto, es visto con buenos ojos en varios sectores de la oposición e incluso del gobierno. Según fuentes al tanto de su currículum, pero que INTERFERENCIA no pudo corroborar plenamente, Javier Moya estuvo detenido junto a su padre en el campo de prisioneros de Pisagua después del golpe de Estado. En concreto, habría estado en ese recinto entre el 14 de septiembre de 1973 hasta el 4 de mayo de 1974, para después vivir relegado por un tiempo en Putre y Huara, y posteriormente irse a Canadá.

Para La Moneda el perfil de Moya como víctima de la dictadura sería una señal potente, sobre todo después de vivir un septiembre negro en que el gobierno debió lidiar con la renuncia del ministro de Cultura, Mauricio Rojas, que había criticado al Museo de la Memoria por ser supuestamente parcial en su visión histórica. Pero, por otro lado, el magistrado Moya también podría cumplir un rol agradable para el gobierno de derecha. Y es que, precisamente debido a su historia, a veces se inhabilita para fallar en casos de derechos humanos.

Pero habría otro elemento que juega a favor de Moya. Y este es su supuesta condición de masón. Esto le valdría el apoyo de Mario Desbordes, actual presidente de Renovación Nacional, quien alinearía a ese partido para promocionar a ese magistrado. Y también del ex candidato presidencial de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier.

“Esta pelea entre los candidatos de Girardi y Harboe lo va a desequilibrar la Democracia Cristiana”, sostiene una fuente bien informada.

Dobra Lusic, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, también cuenta con la simpatía de muchos senadores de la oposición, en especial de Juan Pablo Letelier del PS, que ha tratado avanzar su candidatura. Sin embargo, estaría vetada en La Moneda. La razón es más bien mundana. Cuando en junio de este año el mandatario anunció “rondas masivas preventivas” de Carabineros en las calles para combatir el delito, la jueza se quejó que ello podría saturar los tribunales del país. El presidente tomó nota de la crítica y contraatacó afirmando que continuará con esa política “aunque saturemos los tribunales”.

Quienes conocen de cerca la personalidad de Piñera, aseguran que el mandatario jamás olvida lo que considera una afrenta en contra de su persona. Y el cuestionamiento de Lusic lo interpretó precisamente como eso.

Los votos decisivos

Aunque el oficialismo en el Senado tiene poco espacio para negociar, puesto que debería cuadrarse con la decisión de su gobierno, igualmente ha participado en las conversaciones de pasillo. Así, algunos miembros de la UDI apoyan la tajante negativa de Moreira al nombramiento de Moya. Sin embargo, otros en esa tienda recuerdan que fue Mauricio Silva quien se negó a tramitar la querella por injurias y calumnias que presentó el histórico Jovino Novoa en contra de Gema Buena en el marco del caso Spiniak en 2004.

Como sea, todo indica que son los senadores de la DC quienes tienen la llave maestra. “Esta pelea entre los candidatos de Girardi y Harboe lo va a desequilibrar la Democracia Cristiana”, sostiene una persona que participa activamente en el duelo de fuerzas.

Francisco Huenchumilla es el negociador oficial de la DC para dirimir al nuevo nombre de la Corte Suprema. Y hasta ahora el político de la Araucanía se ha inclinado a favor de Silva. Sin embargo, está dispuesto a esperar el fallo final acerca del desafuero de su correligionario Jorge Pizarro antes de tomar una decisión final.