Aún no hay presidente electo en Perú luego de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado domingo. Si bien ya se cuenta con la mayoría de las actas contabilizadas (un 60,38% de los votos, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú), la diferencia en la velocidad de conteos entre sectores rurales y urbanos mantiene en suspenso la elección. 

Por un lado, los votos urbanos son más expeditos de contabilizar y tienden a favorecer a Keiko Fujimori, mientras que por otro, los rurales se inclinan ligeramente hacia Pedro Castillo, pero por su dispersión geográfica son más lentos de incluir en el conteo nacional. 

Así las cosas, de momento y con casi un 40% de votos por contar, la candidata del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lidera las preferencias con un 52,44% frente a Pedro Castillo, candidato por el partido Perú Libre, quien asoma con un 47,56%. 

La falta de resultados supone un suspenso aún mayor en un balotaje donde dos candidatos prácticamente opuestos buscan llegar a la cabeza del Ejecutivo peruano.

Ambos candidatos cuentan con propuestas diametralmente opuestas; siendo el suspenso en las presidenciales de Perú una situación a la que seguramente latinoamérica completa estará poniendo atención.

Keiko, hija del ex dictador peruano Alberto Fujimori —que actualmente cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos— se instala como la heredera natural del fujimorismo, vertiente derechista distribuida en una serie de movimientos y partidos. Intentó hacerse de la presidencia en 2011 y 2016 y bregó con la justicia por acusaciones en su contra vinculadas a la trama Odebrecht. Hoy, según analistas peruanos, su destino es la Casa de Pizarro o un proceso judicial que podría llevarla a prisión.

“No más pobres en un país rico” y “Perú al bicentenario sin corrupción” fueron los eslóganes de la campaña de Pedro Castillo, profesor rural de izquierda que, lejano a los círculos de poder económico y político del país vecino, corre por primera vez como candidato a presidente. Su arremetida política no estuvo ajena a contradicciones, ya que aunque calificado de progresista, en asuntos como medio ambiente y migración ofrece pragmatismo y visos conservadores.

Al igual que en trayectoria y perfil político, ambos candidatos cuentan con propuestas diametralmente opuestas; siendo el suspenso en las presidenciales de Perú una situación a la que seguramente latinoamérica completa estará poniendo atención.

A continuación, revisa las definiciones programáticas de ambos candidatos. 

El programa de Castillo

En materia tributaria, el documento “Ideario y Programa del partido Perú Libre”, la base programática de Pedro Castillo, indica que se deben implementar impuestos “a todas las empresas sin excepción”, en tanto “no es posible que al sector popular se le cobre coactivamente y existan empresas transnacionales exoneradas de todo tipo de impuestos”.

Castillo, quien en diferentes entrevistas ha reiterado que busca implementar un modelo de “economía popular con mercados”, plantea una reforma tributaria voluminosa, que en sectores como minería va acompañada de la aplicación de un royalty, tal como se busca afianzar en Chile.

El diagnóstico de Perú Libre califica de “entreguista” la actual constitución, puesto que “los principales yacimientos estratégicos mineros, gasíferos, petroleros, eléctricos e hidroenergéticos, están en manos del gran capital transnacional”.

Precisamente en cuanto a desarrollo minero, el ideario de Perú Libre explicita la “estatización o nacionalización de los principales yacimientos mineros (...) lo que garantizará dar uso a nuestros recursos con la soberanía del caso”. Y con vistas a la recaudación de mayores ganancias en este sector estratégico, particularmente en la producción de cobre, el partido de Castillo propone “regalías en función a las ventas, como lo hacen países vecinos como Chile y Colombia”.

La inversión extranjera es otro punto sensible. El diagnóstico de Perú Libre califica de “entreguista” la actual constitución, puesto que “los principales yacimientos estratégicos mineros, gasíferos, petroleros, eléctricos e hidroenergéticos, están en manos del gran capital transnacional”. En ese sentido, los postulados de Castillo van por una mirada nacionalista a través de un “Estado socialista (que) ejerce un papel protector sobre nuestras empresas privadas respecto del capital transnacional”.

En una entrevista concedida al diario español ABC, Castillo afirmó que “la inversión extranjera es bienvenida en Perú, pero sin estafar a los locales”, insistiendo que toda inversión instalada en los territorios debe fomentar el empleo regional.

En el programa de Pedro Castillo colisionan las aspiraciones económicas con las acciones de resguardo medioambiental. El ideario de Perú Libre, además de oponerse a la privatización del agua y cuestionar los perjuicios medioambientales del narcotráfico, reza que “debemos poner en claro la lucha contra el ecologismo oenegero (propio de las ONG) o el medioambientalismo fundamentalista, que creen que superar el extractivismo es dejar de aprovechar nuestros recursos naturales no renovables”. 

“Un país como el nuestro, que no tiene empresas ni industrias, solo tiene la oportunidad de salir del subdesarrollo gracias al extractivismo sostenible y responsable como alternativa ante el extractivismo neoliberal irresponsable e insostenible”, agrega.

De cara a la comunidad amazónica, Castillo puntualiza en su hoja de ruta un conjunto de medidas para poner fin a la tala ilegal, alfabetizar y mejorar la conexión, a la vez que subraya que “los países altamente industrializados a nivel mundial nos deben el eterno cuidado medioambiental, porque mientras los países norteamericanos, europeos y asiáticos generan industrias y contaminación, nosotros oxigenamos el planeta”.

Controversiales han sido sus posturas sobre migración. “Que (Nicolás Maduro) venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir. Y si no es así, yo ratifico que el 28 de julio cuando asuma mi mandato, voy a sacar un decreto supremo dándole 72 horas de plazo a las personas que han venido de otros países a delinquir. Nuestro país necesita orden”, dijo el 22 de abril en un contacto radial.

Se estima que en Perú residen cerca de 1,2 millones de venezolanos desplazados a causa de la crisis social, lo cual ha llevado a una asociación en la discusión pública peruana entre migración y delincuencia. En el texto oficial de campaña de Castillo se señala que “Lima y el Callao tienen los más altos índices de inseguridad ciudadana en el país por tener mayor población inmigrante, nacional y extranjera”.

Vinculado a Venezuela, Pedro Castillo ya formuló su interés por desactivar el Grupo de Lima, orgánica internacional liderada, entre otros, por Chile y Colombia para ofrecer una plataforma de apoyo regional a la oposición venezolana.

La empresa chilena LAN Perú adeuda al Estado un monto de 440 millones USD más intereses y los montos por deuda tributaria ascienden a 914 millones USD, equivalentes al presupuesto anual de diez gobiernos regionales”, escribe el partido de Castillo.

Y en cuanto a Chile, si bien nuestro país estuvo lejos de ser un tema relevante durante la campaña presidencial peruana, los intereses cruzados saltan a la vista en los documentos de Perú Libre. “Desde que se instauró el gobierno neoliberal, nuestros corredores aéreos fueron vendidos a precio irrisorio y entregados principalmente al monopolio chileno, exonerándolos de impuestos por un tiempo prolongado y vencidos los plazos se niegan a pagar lo que actualmente les corresponden. La empresa chilena LAN Perú adeuda al Estado un monto de 440 millones USD más intereses y los montos por deuda tributaria ascienden a 914 millones USD, equivalentes al presupuesto anual de diez gobiernos regionales”, escribe el partido de Castillo.

No obstante, en otras materias Chile es visto como un modelo: “Con frecuencia se nos dice que la nacionalización es mala, que el Estado es un mal administrador. Sin embargo, tenemos ejemplos que desdicen esta absurda teoría. Chile (ha) nacionalizado su petróleo y cobre al 100%”.

La elección aterriza en medio del momento más complejo de la pandemia en Perú, con aproximadamente 180 mil muertes asociadas a la emergencia sanitaria. Frente a este escenario crítico, el mandatario electo pretende establecer un programa nacional denominado “Perú libre de pandemia”, que parte de la concepción de la salud como un derecho y, según su descripción, se fundamentará en el conocimiento científico.

El plan de Pedro Castillo para contener el Covid-19 consta de cinco ejes, el quinto de ellos “Vacunación Universal y Gratuita, sin Corrupción ni Privilegios”, el cual asegura la llegada de 60 millones de vacunas y la inoculación, antes de fin de año, de toda la población mayor de 18 años. 

Finalmente, en derechos sociales, el gobierno de Perú Libre apuesta por una salud desmercantilizada, con un sistema universal único y gratuito, la elaboración de un código del trabajo y llegar al 10% del PIB en inversión en educación, entre otras reformas. Muchas de ellas podrían quedar plasmadas en la nueva constitución, cuyo principal horizonte es la instalación de una asamblea constituyente que desprenda a las y los peruanos del legado fujimorista.

Las definiciones programáticas Keiko

Previo a cualquier propuesta programática, el plan de gobierno de Keiko para 2021-2026 adscribe completamente a lo que denomina “la constitución de la prosperidad”, en referencia al texto de 1993 que liberalizó la economía. Y aunque la carta fundamental de Alberto Fujimori no experimentó grandes cuestionamientos en administraciones posteriores, a juicio de Keiko, “gobiernos, principalmente en la última década, fueron incapaces de profundizar el carácter solidario de nuestra economía social de mercado”.

Intentaría impulsar una reforma que pretende simplificar el “fondo y la forma” de los impuestos, a la vez que buscará “la menor cantidad de tributos, asegurando que los mismos sean transparentes, no arbitrarios y sencillos para todo contribuyente”.

Por lo anterior, plantea una amplificación del enfoque subsidiario en derechos sociales y un plan económico que ha recibido críticas por el riesgo fiscal que representaría, particularmente a causa del ofrecimiento de una serie de bonos y la afirmación de su equipo económico en torno a que Perú podría endeudarse al 40% del PIB (actualmente bordea el 36%).

En materia tributaria, Fuerza Popular intentaría impulsar una reforma que pretende simplificar el “fondo y la forma” de los impuestos, a la vez que buscará “la menor cantidad de tributos, asegurando que los mismos sean transparentes, no arbitrarios y sencillos para todo contribuyente”.

En efecto, si se trata de la industria minera, Fujimori no considera impuestos específicos dirigidos a este sector, y únicamente hace referencia a explotar los recursos naturales “con responsabilidad para generar inversiones y crecimiento económico”. Sobre la pequeña minería y minería artesanal, el plan de gobierno indica que actualizarán “los procedimientos administrativos simplificados para autorizaciones de uso de suelos, agua y terrenos superficiales de propiedad del Estado, así como, de terceros”.

Respecto a la política de inversión extranjera, la hoja de ruta de Fujimori no realiza menciones explícitas, mas sí subraya que defenderá el capítulo económico de la actual constitución, que ha propiciado el ingreso de capitales foráneos a Perú. Ahora bien, en cuanto al otorgamiento de facilidades a la inversión privada, local o externa, Fuerza Popular la destaca ante la urgencia de solventar los déficits en salud, educación y servicios sanitarios.

En medio ambiente Keiko Fujimori esboza una serie de propuestas, entre ellas la creación de planes de ordenamiento urbano que permitan el manejo de residuos. Consultada por el diario El Comercio, Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, calificó esta y otras acciones incorporadas en el plan de gobierno “K” como inviables o excesivamente genéricas.

Por cierto, a la hora de referirse a la región amazónica, Fujimori remarca la necesidad de avanzar en conectividad y fibra óptica, pero si se trata del resguardo del entorno natural, solo cita la promoción del desarrollo sostenible, sin demarcar políticas específicas.

¿Cuál es su postura ante el fenómeno de la migración? Keiko Fujimori fue reiterativa en campaña y nada hace pensar que una vez instalada en la Casa de Pizarro cambie de opinión: mano dura frente al ingreso irregular de personas. Y aunque en el plan de Fuerza Popular se manifiesta el impulso de oportunidades laborales orientadas a migrantes, la hoy presidenta electa mantuvo un silencio cómplice durante la militarización de la frontera con Ecuador, en enero de este año, para evitar la llegada de nuevos desplazados venezolanos.

El capital chileno en Perú, instalado a través de Latam, SQM o Cencosud, entre otras, gozaría de buena salud una vez reimpulsada la actividad económica.

Precisamente vinculado a Venezuela, hace pocos días Keiko Fujimori recibió la visita de Leopoldo López, opositor a Nicolás Maduro. López, quien aterrizó en Lima provisto de un permiso especial concedido por la Cancillería de Francisco Sagasti, entregó su apoyo a la entonces candidata de Fuerza Popular, asegurando que representaba la vía democrática. 

La activa relación de Keiko Fujimori con la derecha venezolana anticipa un eventual reforzamiento del activismo antichavista amparado en el Grupo de Lima, donde también dice presente nuestro país. 

Y sobre Chile, el vínculo que primaría sería sin duda el comercial. A diferencia de Pedro Castillo, que en su documento oficial de campaña mencionaba a Chile en diversas oportunidades, Fujimori no le otorga ninguna línea a su vecino del sur, mas eso no significa que se desestimen las relaciones entre ambas naciones. El capital chileno en Perú, instalado a través de Latam, SQM o Cencosud, entre otras, gozaría de buena salud una vez reimpulsada la actividad económica. Por cierto, el Consejo Empresarial Chileno-Peruano de Sofofa se mantuvo vigilante durante la campaña, desarrollando seminarios previos a la segunda vuelta.

Relacionado al Covid-19, en su plan de gobierno Fujimori pone como meta 100 casos detectados a la semana para compatibilizar “la vida y salud de los peruanos, junto a una actividad económica que reconstruya el empleo y la productividad del país”. Específicamente en cuanto a vacuna, no enuncia un número de adquisiciones ni de inoculación, solo recoge la necesidad de administrar fórmulas con una eficacia superior al 70%. Sin embargo, reconoce que Perú no puede resolver el reto logístico de la administración de las vacunas Pfizer o Moderna.

Finalmente, en un flanco que se encuentra abierto desde las manifestaciones del año pasado, la apuesta de Keiko Fujimori por fortalecer la capacidad coercitiva de la policía nacional podría entrar en colisión con las libertades públicas. Su política de implementar “una policía comunitaria o policía de cercanía a través de programas piloto” augura fricciones territoriales, en un contexto de profunda deslegitimación de la actividad uniformada.