En el decálogo de todo financista que se precie de tal hay una cláusula con fuerza de ley, sin la cual no hay negocio: una buena inversión no consiste solo en saber cuándo entrar en éste, sino en saber también cuándo salirse. En segundo lugar, hay que contar con un buen abogado experto en asuntos tributarios, para reducir el mordisco fiscal de la pasada.

Sebastián Piñera y la familia Cueto lo vienen haciendo con notable sincronía desde hace más de treinta años, primero con el padre, Juan Cueto Sierra, y luego con sus hijos, los hermanos Cueto Plaza. Todo lleva a pensar que los hermanos Piñera Morel -hijos de la pareja presidencial- son ahora los continuadores de esta alianza familiar (para mayores detalles, ver capítulo de mañana).

Todo comenzó el año 1980, cuando una pequeña empresa de asesorías financieras llamada Infinco firmó una escritura junto con los bancos De Concepción y De Talca para formar una sociedad dedicada a la administración de tarjetas de crédito. Según consta en el Conservador de Bienes Raíces y en los extractos del Diario Oficial, su nombre era Promotora de Negocios Limitada. En ella se conocieron Juan Cueto Sierra, entonces un fogueado empresario de origen español y un joven Sebastián Piñera Echeñique.

Cuando la economía entró en recesión a mediados de 1982, el Banco de Talca fue liquidado y el De Concepción intervenido. Cueto y Piñera lo pasaron mal con la justicia. Piñera estuvo prófugo y con orden de captura algunos días, por la quiebra del Banco de Talca, y Cueto pasó otros en el anexo cárcel de Capuchinos por las deudas del Banco de Concepción.

Cueto y Piñera siguieron siendo socios en Promotora de Negocios, la que transformaron en sociedad anónima. Se apoyaron en los tiempos difíciles, y cuando el largo invierno de los años 82, 83 y 84 dio paso a la tímida primavera de los años 85 y 86, comenzaron a hacer apuestas más osadas.

El ministro de Hacienda Hernán Büchi había iniciado el programa de estímulo a la inversión mediante la privatización de empresas estatales y la reconversión de la deuda externa de los antiguos grupos económicos.

Como gerente de Citicorp, el banco de inversiones del grupo Citibank, Piñera no podía estar mejor ubicado para utilizar información privilegiada a la hora de invertir en ciertos activos. Las empresas del fallido grupo Cruzat Larraín, como CCU, Provida, Copec, Ladeco y muchas otras seguían funcionando con administraciones designadas por sus acreedores, las que solían recurrir a Citicorp a la hora de organizar una subasta de acciones o la búsqueda de nuevos inversionistas.

Extranjeros o chilenos con caja, como Anacleto Angelini o Andrónico Luksic, utilizaron los mecanismos habilitados por Büchi para hacerse de las empresas recién mencionadas. Piñera utilizó esta información en más de una ocasión, y la compartió entre un selecto grupo de amigos, entre ellos Juan Cueto Sierra.

El primer negocio de proporciones que realizaron bajo la lógica de entrar y salir rápidamente de un negocio fue Ladeco, en julio de 1986. Compraron un 28,6% de las acciones de la aerolínea y sellaron un pacto de accionistas con el abogado Guillermo Carey Tagle, dueño de otro 14,37%.

El tráfico aéreo comenzaba a mejorar, las deudas con la banca extranjera estaban renegociadas y el joven Piñera logró algo insólito: convencer al directorio de la aerolínea de ingresar al negocios inmobiliario.

En abril de 1987, Ladeco aportó 124 millones de pesos, el 1,2% de sus activos, para formar la sociedad Inmobiliaria y Constructora las Américas S.A., un flamante edificio de Oficinas en la calle Miraflores, entre Agustinas y Huérfanos.

El 9 de octubre Piñera y Cueto vendieron su participación a los demás socios. Comida hecha, amistad deshecha. Habían invertido un millón de dólares en Ladeco y le sacaron 2 millones. Eso más la plusvalía de las oficinas del edificio Las Américas.

La alegría llegó

El retorno de la democracia impulsó la alianza entre Piñera y Cueto hacia otros umbrales. Si Citicorp ya había sido una excelente plataforma para hacer negocios, el Senado no lo fue menos. Como parlamentario y líder de la bancada de Renovación Nacional, Piñera participó en la tramitación de leyes claves, especialmente la Reforma Tributaria de 1990, que abrió la puerta al gigantesco esquema elusivo de las empresas zombi.

Este consistía en adquirir empresas insolventes, generalmente sociedades de inversión a través de las cuales grupos como Cruzat Larraín controlaban a otras sociedades. Al igual que Ladeco, pasaron casi toda la década de los 80 bajo administración de sus respectivas juntas de acreedores, en espera de saldar parte de su abultada deuda. Una vez saneados los compromisos básicos, las empresas seguían vigentes tan solo como una carpeta, un RUT activo y, lo más apetecible, millonarias pérdidas contables. Gracias a la Reforma Tributaria negociada entre Piñera y la Concertación, estas podían ser utilizadas como crédito fiscal: permitían rebajar la base imponible y absorber las utilidades de otros negocios, lo que representaba un inmenso beneficio.

Piñera y los Cueto salieron a la caza de estas empresas zombi y crearon un complejo tinglado para hacer otros negocios, entre ellos el más grande de todos: el control de Lan Chile.

La antigua aerolínea estatal se encontraba en un estado calamitoso desde su privatización a fines de 1989. Las cuentas no cerraban y solo contaba con dos aviones, uno para la ruta Santiago-Miami-Nueva York y otro para Santiago-Madrid. Pero lo más grave era el quiebre en el pacto de accionistas entre la aerolínea escandinava SAS, el sindicato de trabajadores de Lan y el abogado Guillermo Carey Tagle, el ex socio de Piñera y Cueto en Ladeco.

Según consta en la carpeta legal histórica de la ex Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF) ninguno de los socios había cumplido con el compromiso de concurrir al aumento de capital que la compañía necesitaba de manera desesperada. Más aún, Carey exigía el pago de dividendos, algo que según los ejecutivos suecos de Lan podría empujarla a la bancarrota.

A lo largo de 1990 la aerolínea amenazó con transformarse en un bochorno de proporciones para las nuevas autoridades democráticas, que habían heredado aquel pescado vencido de la dictadura. En 1992 todos los involucrados se demandaron unos a otros ante los tribunales: Corfo, Carey y la propia empresa. Entonces comenzó a flotar la idea de vender el paquete accionario que la corporación estatal aun mantenía en la aerolínea: un 24% del capital accionario.

Un artículo publicado en mayo de 1993 en Qué Pasa llegó incluso a identificar a uno de los interesados en ingresar a Lan: Fast Air, una modesta empresa de transporte de carga aérea perteneciente a Juan Cueto Sierra. De hecho, una de las pocas que el empresario pudo salvar de la debacle de los años 80.

Según consta en los archivos de la SVS, Cueto finalmente compró la participación de SAS y de Carey en febrero de 1994, en conjunto con el empresario Boris Hirmas. Pagaron 28 millones de dólares por una participación del 62% en el capital de Lan. Cueto, a través de Inversiones Costa Verde S.A., se quedó con el 42%.

El destino del paquete de Corfo quedó en suspenso, pero apenas asumió el nuevo gobierno de Eduardo Frei la administración se puso en marcha. Se nombró agente colocador a Banedwards Corredores de Bolsa y se fijaron las condiciones: pago diferido, un tercio al contado, 20% dentro de los dos días bursátiles hábiles y el saldo a tres años.

Eran los incentivos para ingresar a un gran negocio que no parecía tan promisorio a simple vista, considerando las vicisitudes de Lan, la necesidad de recapitalizarla y aplicar una severa reingeniería de procesos. Pero los nuevos dueños tenían un as bajo la manga.

No solo contaba con vehículos de inversión apropiados, las ya mencionadas empresas zombi (para reducir sus compromisos con el fisco), sino además con un socio tapado y de peso: un senador de la República.

Este era el momento propicio para entrar, la pregunta que queda pendiente de resolver es acerca del momento de salir.

Luego, segunda parte.