A fines de junio de 2007 se conoció la muerte de 11 diputados secuestrados desde abril de 2002 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En los días siguientes, decenas de miles de personas marcharon en varias de las principales ciudades latino americanas protestando en contra de esta nueva amenaza, transformada en una floreciente industria delictiva que se extiende peligrosamente a todas las naciones del continente.
Desde el 2000 se registran unos diez mil secuestros anuales en el mundo, según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Centro de Política Exterior (CPE), con sede en Londres. De éstos, el 75% ocurre en los países ubicados entre México y Chile. El primer lugar lo ocupa Colombia, con unos 2.500 al año; seguida por México, con 1.200, Brasil, Argentina, Venezuela y Ecuador. Las cifras son una referencia, pues se sabe que sólo uno de cada diez plagios es denunciado a la policía.
En Colombia secuestraban los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes y las bandas de delincuentes comunes. Cifras actuales y oficiales, elaboradas sobre las denuncias de familiares, señalaban que casi 1.400 personas permanecían secuestradas en la selva colombiana, aunque se creía que el número real superaba a las 5.500. Algunos de esos cautivos llevaban más de siete años en esa condición.
En los últimos seis años (2008) hubo más de 18 mil secuestros y 600 personas han muerto en cautiverio en Colombia; jóvenes brasileñas son violadas después de capturarlas en centros comerciales o al bajar de sus vehículos en Sao Paulo; empresarios bonaerenses son torturados mientras sus captores negocian rescates multimillonarios; en México, se conoce de secuestradores que les cortan los dedos a niños para enviárselos a sus padres y obligarlos a pagar los rescates.
Esta nueva industria criminal generó entre 1991 y 1999 más de US$ 1.500 millones. Y ésta es sólo la punta de un dramático tejido que, sostienen los expertos, no parará de crecer hasta que simplemente ya no sea lucrativo.
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En los últimos años, las potenciales víctimas más acaudaladas se han ido protegiendo con modernos sistemas de alarma, automóviles blindados y guardaespaldas, o emigran a Estados Unidos y Europa. Poco a poco, entonces, los secuestradores se han volcado hacia los estratos medios, hacia pequeños empresarios, comerciantes, profesionales y estudiantes. En Colombia, Brasil, México y Argentina, además, de modo creciente las víctimas escogidas son niños.
Asaltantes, ladrones y narcotraficantes, en tanto, observan como los secuestradores obtienen jugosos rescates y los agentes de la ley no consiguen condenas muy severas. Eso los lleva a cambiarse a un negocio que consideran mucho más rentables y bastante menos riesgoso.
Aviones y diplomáticos
En inglés, el origen de la palabra secuestro (kidnap) significa llevarse (nap) a un niño (kid), con la amenaza implícita de su asesinato y la evidente carga emocional que involucra. El delito tiene la misma antigüedad que la especie humana y siempre hizo flaquear al más duro de los duros frente a la posible pérdida de un hijo o una hija. Los secuestros por rescate del hijo varón y heredero, fueron frecuentes en la Europa de la Edad Media y los conquistadores españoles los impusieron América como forma rápida de conseguir que los nativos les entregaran oro y riquezas.
Estados Unidos registra el primer caso destacado en 1874, en Pennsylvania, cuando se solicitaron 20 mil dólares por el niño Charley Ross, que nunca apareció. El auge del gangsterismo, en los años 20’, provocó un rápido incremento del delito: entre 1930 y 1931 se registraron 200 secuestros sólo en Chicago por los que se pagaron más de dos millones de dólares. La nueva práctica criminal tenía un fuerte aroma italiano por la masiva llegada de inmigrantes de Cerdeña y Sicilia, la zona con mayor incidencia de secuestros en toda Europa.
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El secuestro y asesinato del hijo de 18 meses de Charles Lindbergh, en marzo de 1932, golpeó de tal manera a la sociedad norteamericana que se adoptó la pena de muerte para los casos en que la víctima sufriera daños o no hubiese aparecido en el momento de dictarse sentencia. El FBI informó en 1974 que desde 1935 se habían producido 647 casos de secuestro y que se había detenido a más del 90 por ciento de los responsables.
Al sur del Río Grande, mientras, pese a que siempre hubo secuestros perpetrados por bandidos y delincuentes de los más variados orígenes, se apreció un notorio cambio a partir del fracaso de las guerrillas rurales de izquierda y el traslado de los rebeldes a las ciudades, irrumpiendo el secuestro de carácter político a partir de 1968.
Ese mismo año se inició una verdadera epidemia de secuestro de aviones y de diplomáticos, la que se prolongó hasta mediados de la década del 70’ y a la que sumaron grupos de ultraizquierda de prácticamente todos los continentes. El gobierno de Estados Unidos identifico para el período 1968-1974, 82 secuestros políticos y 113 desvíos de aviones.
De esa época datan varios de los más osados ataques terroristas de algunas facciones palestinas, japonesas, alemanas, irlandesas e italianas, entre otras, en contra de diplomáticos, embajadas y aviones llenos de pasajeros, que terminaron en tragedias, como el secuestro de atletas israelitas en las olimpiadas de Munich en septiembre de 1972, o la masacre de 24 pasajeros de un avión por parte de terroristas del Ejército Rojo japonés, en el aeropuerto de Lod, cerca de Tel Aviv, en mayo de ese mismo año.
Desde 1972, y por iniciativa de Washington, fueron impuestas rigurosas medidas de seguridad en los aeropuertos y en los controles de las líneas aéreas para ingresar a los aviones. En 1973 fueron registrados 150 millones de pasajeros en 531 aeropuertos de Estados Unidos. De esa cantidad, 300 pasajeros se negaron a ser registrados y se les impidió abordar las naves. Otros 3.200 fueron arrestados pues entre todos llevaban consigo dos mil pistolas y unos 1.750 kilos de explosivos de alto poder. En los cuatro años siguientes sólo se anotaron cuatro intentos frustrados de secuestro de un avión.
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Terrorismo de Estado
En la década de los 70’ irrumpieron en América del Sur regímenes militares que impusieron a sangre y fuego la doctrina de seguridad nacional recomendada por la Casa Blanca y el Pentágono. Los secuestros pasaron a ser una herramienta de terror impuesta desde el Estado en contra de todo lo que oliera a disidencia. Decenas de miles de personas fueron conducidas a lugares secretos de detención, torturadas, asesinadas y desaparecidas en Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina y Chile.
Aquel trauma se mantiene hasta hoy (2008), pese a los esfuerzos realizados por los gobiernos democráticos para hacer justicia y encontrar a las víctimas de las múltiples atrocidades.
El secuestro también fue utilizado por grupos que optaron por la resistencia armada a los militares, como fue el caso en Chile del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que entre 1984 y 1991 secuestró a un hijo del empresario Manuel Cruzat, al periodista Sebastiano Bertolone, al cabo de Carabineros Germán Ovando, a los coroneles de Ejército Mario Haeberle y Carlos Carreño, y al hijo del propietario del diario El Mercurio, Cristián Edwards. En todos los casos, los plagiados fueron dejados en libertad. El caso más espectacular fue el del coronel Carreño, quien fue liberado en Brasil, previa entrega en algunos barrios populares de Santiago de víveres y provisiones.
Al promediar la década de los 80’, los secuestros reaparecieron con creciente intensidad en Colombia, de la mano de los carteles de la cocaína de Cali y Medellín, que luchaban entre sí por imponerse en los mercados de la droga. Rápidamente, el delito se extendió también en México y Brasil, para llegar más tarde a Ecuador, Paraguay, Argentina y a las naciones centroamericanas.
El desplome de la URSS y de los socialismos reales y la extinción de las dictaduras militares locales proveyó de mano de obra cesante y disponible para emprender cualquier actividad que permitiera obtener lucro fácil. Mercenarios, ex agentes de seguridad, ex militares, ex policías, ex guerrilleros y ex terroristas, se empezaron a encontrar con la nueva delincuencia abocada al tráfico de drogas, de armas y otros delitos que crecían junto con la globalización de los mercados y la liberalización de los controles aduaneros.
Un estudio del gobierno colombiano indicó que el sector privado de ese país perdió US$ 800 millones en secuestros, extorsiones y robos entre 1990 y 1994. La industria del rubro, en tanto, dejó ganancias cercanas a los US$ 120 millones al año. Un informe del Ejército colombiano estima que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ganaron por lo menos US$ 5.300 millones de 1991 a 1998, de los cuales 2.300 millones provinieron del narcotráfico, 1.800 millones de la extorsión, y 1.200 millones del secuestro.
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Durante años la elite colombiana convivió con el temor de ser secuestrada por la guerrilla, pero una nueva forma de secuestros indiscriminados y en masa expandió el temor a ciudadanos comunes que no pueden costearse guardaespaldas ni vehículos protegidos. La práctica se denomina "pesca milagrosa". Una banda de guerrilleros aparece de la nada, bloquea una ruta, detiene cada auto o colectivo, se lleva a los pasajeros que parecen adinerados y los tiene en cautiverio hasta que se paga el rescate.
Una lista de secuestrados elaborada por la fundación País Libre incluye médicos, abogados, campesinos, pilotos, ingenieros, estudiantes y profesores. La persona de mayor edad tiene 77 años y la menor es un niño de un año.
Delincuentes comunes realizan los secuestros de poca monta a cambio de una comisión de las guerrillas. El sistema de secuestro por encargo suele usarse en los llamados “secuestros relámpago (express)”, donde se cobra poco y se negocia rápido. Hace algunos años a nadie se le ocurriría que guerrilla y delincuencia común trabajaran aliadas. Hoy han constituido un verdadero ‘outsourcing’ para compartir dividendos en la nueva y muy rentable industria criminal
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Indicios de advertencia
Los ocho países con más secuestros en el mundo -Colombia, México, Brasil, Filipinas, Venezuela, Ecuador, Rusia y Nigeria- poseen algunos rasgos semejantes: colapso parcial del Estado; altos índices de impunidad de los sistemas judiciales; surgimiento de nuevas modalidades de crimen organizado; ineficacia y corrupción extendida en las fuerzas policiales; nexos crecientes entre política y delincuencia; proliferación descontrolada de armas livianas; progresiva arbitrariedad en las relaciones sociales; y, alarmantes desigualdades sociales y económica.
Con un promedio de 500 secuestros express por mes, la ciudad brasileña de Sao Paulo está instalada en el ranking internacional de las ciudades con un índice mayor de riesgo. La nueva industria del "secuestro rápido" en Brasil mueve unos 70 millones de dólares anuales, equivalente a las ganancias del narcotráfico en Río de Janeiro.
El 70% de los secuestros express son cometidos por asaltantes comunes que buscan una vía rápida para obtener dinero. Los delincuentes son muy emocionales y mucho más propensos a la violencia, aunque bastante más dispuestos a llegar a un arreglo a la hora de fijar los montos del rescate. Otra característica relevante es que los grandes empresarios dejaron de ser el objetivo preferido y se aprecia un notorio incremento de víctimas entre pequeños y medianos comerciantes, empresarios del transporte urbano y de supermercados, así como propietarios de fábricas textiles. La clase media se convirtió en el blanco preferido de los delincuentes.
El promedio del rescate negociado por los secuestradores no supera los US$ 1.500 y el tiempo promedio del plagio va de 12 horas a un día. El 62 % de los secuestros express son cometidos durante el tránsito vehicular, en el trayecto que realizan las víctimas entre sus casas y los lugares de trabajo. Los ataques se perpetran preferentemente en el momento en que los objetivos suben o descienden de sus vehículos. También ocurren con frecuencia cuando los automóviles reducen su velocidad antes de llegar a un semáforo o al transponer un lomo de toro.
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Los secuestradores obligan a sus víctimas a sacar dinero de los cajeros automáticos, método repetido en otros países, incluido Chile, luego que los delincuentes percibieron que las tarjetas de crédito estaban reemplazando a los billetes. Es por eso que los bancos han dispuesto que los cajeros automáticos no funciones después de las 22 horas y que los montos de moneda que entregan sean cada vez menores.
En varios países se ha dispuesto que para el uso apropiada del término secuestro extorsivo, sea necesario que los delincuentes exijan una suma de dinero por la liberación del secuestrado y exista negociación en ese proceso. De no concurrir esas características se trataría de un robo.
Otra característica nueva es la aparición de grupos especializados en una etapa del secuestro, que traspasan a la víctima a un grupo de mayor infraestructura. De esta forma se realiza una alianza entre grupos guerrilleros, paramilitares y delincuentes comunes. Comparten esta características, Brasil y Argentina, donde los acuerdos y compartimentación de labores entre delincuentes comunes que se pasaron del asalto al secuestro, descolgados de grupos guerrilleros, e integrantes activos o retirados de las fuerzas policiales, muestra el grado de sofisticación alcanzado.
Este negocio se concentra principalmente en las grandes actividades, como la explotación petrolera, en Colombia, el sector de servicios y terratenientes en Brasil y empresarios medios exitosos en Argentina.
Junto a esta industria ha surgido una paralela dedicada a la protección y a los seguros. Cerca del 50% de las pólizas de secuestros del mundo se venden en América latina y las empresas del rubro contratan o subcontratan a empresas que proveen de protección privada y proveen de negociadores profesionales, tareas preventivas e incluso terapias psicológicas.
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Para esto, las empresas tienen como variables a considerar aspectos tales como ingresos y patrimonio del contratante, ubicación territorial, perfil e incidentes anteriores, medidas de seguridad existentes, tipo de actividad y los limites de la cobertura que se desee adquirir. En este segmento compiten en la región Control Risks y Kroll Associates, las cuales cuentan con oficinas en Colombia, México y Brasil, y mantienen filiales en toda Sudamérica.
Argentina ha mostrado desde la época menemista una atractiva plataforma para desarrollar la industria del secuestro: alta corrupción, escasa preparación de las policías, debilidad de las instituciones democráticas, alto desempleo estructural y mantenimiento de zonas urbanas con alto desempleo crónico. El incremento de los secuestros express que se vivió a fines del 1900 e inicios del 2000 se vinculó con zonas de pobreza dura y permanente y con bajísimas expectativas de salir de esa condición.
Los secuestros se concentraron en víctimas que no podían costear su protección y seguridad, que tenían escasos ingresos y ninguna una visibilidad publica que les permitiera captar la atención de los medios y de la autoridad.
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Junto con ello irrumpieron grupos con cierta preparación técnica como la “Banda de los Comisarios”, que actuaba desde 1979 y que se nutria principalmente de oficiales y suboficiales policiales entrenados en la lucha antisubversiva de los tiempos de las dictaduras militares.
La sostenida crisis económica de Argentina y la falta de liquides monetaria indujo a los nuevos delincuentes a exigir, incluso, el pago de los rescate en especies como televisores, videos y otras especies de la creciente modernización electrónica.
Mientras, al otro lado de la cordillera de Los Andes, en Chile, los secuestros proliferaban entre bandas enemigas dedicadas al narcotráfico, una especie de ensayo de laboratorio para luego arremeter en contra de los mismos objetivos identificados en Ecuador, Brasil, Paraguay, Colombia y Argentina. En el crimen organizado, los mercados tampoco tienen fronteras.
Mañana: El arco iris sintético.
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