Hualpén es una comuna de la provincia de Concepción, en la Región del Biobío. Fue creada en 2004 a partir de la división de la comuna de Talcahuano. Tiene poco más de 92 mil habitantes y limita con Talcahuano, Concepción, San Pedro de la Paz y el océano Pacífico. Allí está la refinería de petróleo de ENAP y una sede de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Su actual alcaldesa es Katherine Torres Machuca, independiente y ex PPD. Hualpén forma parte del Distrito 20, el que elige ocho diputados, entre los cuales están Jaime Tohá y Gastón Saavedra, ambos del PS. Integra la Circunscripción 10 y sus senadores son Alejandro Navarro, del MAS, Jacqueline Van Rysselberghe, UDI, Felipe Harboe, PPD, y Víctor Pérez.

Hualpén fue durante la dictadura un ejemplo de organización y resistencia de los pobladores contra el modelo económico y social que se pretendía imponer a través de los militares. La violenta desindustrialización generó una enorme cesantía. Crecieron y se desarrollaron las bolsas de cesantes, los comedores populares y las ollas comunes. Para contener las protestas de la gente tuvieron que salir a las calles los infantes de marina. Todo aquel consistente tejido social lo coordinaban las Organizaciones Populares de Hualpencillo (OPH).

Al recuperarse la democracia, en 1990, ocurrió lo mismo que en casi todo el país: los partidos políticos consideraron que las organizaciones sociales ya no eran necesarias y las desmovilizaron.

A los pocos años, las poblaciones más emblemáticas que lucharon contra la dictadura cívico militar empezaron a ser controladas por las crecientes bandas dedicadas al narcotráfico.

A mediados de la primera década de los años 2000 la situación ya no tenía vuelta atrás y de manera creciente en Hualpén y en el resto de la provincia se empezó a hablar de los vínculos entre los traficantes de droga y el poder político local.

Las sospechas apuntaban al alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, del PPD, quien controlaba la comuna desde su creación en 2004 y quien había tendido una poderosa red de influencia en toda la zona.

Rivera, según denunciaron algunos medios electrónicos de Concepción como resumen.cl y revistanos.cl, empezó a controlar la organizaciones sociales de la comuna dando trabajo en el municipio a los dirigentes de ellas y a sus familiares.

Los que se resistían no sólo eran acosados, sino también desconocidos como representantes sociales.

El alcalde también se enfrentó a los trabajadores dependientes de la administración municipal: los profesores, los funcionarios de los consultorios de salud y la propia asociación de funcionarios municipales.

Rivera se dotó de un equipo de seguridad comunal y de soplonaje en cada una de las instalaciones bajo administración municipal, que incluyó conocidos ex agentes de la dictadura en la comuna, hasta familiares de conocidos narcotraficantes como Reinedio González, más conocido como El Martillo. 

El ascenso político de Rivera también fue permitido por la clase política local que lo rodeaba y que permitió que el concejo municipal -salvo el integrante de derecha- fuera cada vez más complaciente y no se atreviera a fiscalizar los actos del edil.

Rivera aprovechó su influencia en el PPD para instalar como diputado en el Congreso a Cristián Campos, quien previamente fue su administrador municipal en Hualpén. A comienzos de los 2000 el edil se aprestaba a postular a un discípulo suyo a la alcaldía de Talcahuano y luego lanzarse el mismo a una candidatura a senador.

La caída de El Martillo

En marzo de 2009 Reinedio González, El Martillo fue detenido por la PDI.  También conocido como El Faraón, González fue detenido en un operativo histórico con más de 200 hombres armados hasta los dientes y 50 vehículos que coparon de manera simultánea una veintena de puntos de distribución de droga ligadas a su rentable negocio, el 19 de marzo de 2009.

El medio de prensa electrónico revistanos.cl hizo una notable reseña del personaje en abril de 2011. Allí se contó que El Martillo era narcisista, amante de los espejos, extravagante y fanático de la cultura egipcia, por superstición más bien.

En su búnker de la población 18 de septiembre o Emergencia, en Hualpén, la policía no halló drogas, pero incautó armas, obras de arte -falsificadas, según expertos- costosos vehículos, electrodomésticos, joyas y $35 millones en efectivo que daba cuenta de un buen pasar y de ingresos que no tendría cómo acreditar ante el tribunal. En estos detalles se centraría el juicio oral que se inició el 8 de abril de 2011, en el cual el fiscal Andrés Cruz estaba pidiendo 25 años de cárcel.

Impertérrito, sentado en el living de su casa, recibió aquella vez a los detectives. Lucía un turbillón de oro macizo con una efigie de faraón -una pieza única y procedente de Italia, probablemente- y ni se inmutó con la irrupción policial que echó puertas abajo en el Pasaje 1, casa 2.890, ni cuando le pusieron las esposas de seguridad. A las consabidas preguntas de la PDI, este hombre de 50 años sólo repetía: “Yo no tengo droga, yo no tengo nada, yo estoy limpio”.

Una casa empapelada de billetes

En su poder, efectivamente no tenía droga, pero bajo una escalera guardaba un saco con billetes de mil pesos. Dicen que estaba juntando dinero para mudarse al exclusivo barrio de Lomas de San Andrés, en Concepción. O, como ya es mito, sin saber qué más hacer con tanto dinero, impedido de depositarlo, juntaba papel moneda para empapelar la casa en un barrio y ciudad desconocida que la policía no pudo encontrar.

Singular es la historia de Reinedio González, un hombre analfabeto pero inteligente, hijo de delincuente que le antecedió con el mismo apelativo de El Martillo, y que lleva más de 20 años actuando en el mundo de la droga. Un gallo bien para el mundo del hampa, preocupado de su físico, de su ropa, pelo y apariencia, amante de las chaquetas de cuero, de las fiestas y de las zapatillas de marca, pero que no usa ni celular ni teléfono. En el negocio de la droga, a él le gusta impartir órdenes en persona.

Por eso, reconoce la policía, le costó reunir los medios de prueba en contra del acusado. En sus inicios, fue un tipo de poca monta, de robo con intimidación y lanzazos, pero “hay que reconocerle que para su nivel es muy hábil; en su refugio se había hecho fuerte y se mantenía incomunicado. No había cómo detenerlo”, conto a resumen.cl un policía. 

Todo cambió cuando se puso en marcha la Operación Faraón y cuatro bandas por asociación ilícita para el tráfico de drogas fueron sacadas de circulación por la Fiscalía de Talcahuano a partir de 2008: la de Yohanni -sobrino de Reinerio González y condenado a diez de años de cárcel- la de Martillo; luego la de su hermana Irma, y la de Pie Grande, otro sobrino.

La espectacular captura de González, y de su mano derecha, Pedro Salinas -condenado por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de fuego- se planificó en sordina en el cuartel de calle Angol de la PDI penquista y en el ex regimiento Chacabuco, en Concepción. No más de cinco jefes policiales sabían del operativo que se pospuso varias veces.

También fue detenida su mujer, Fabiola Quintana Godoy, mientras conducía su station wagon, Dodge Nitro 2008 gris plata, un regalo de El Martillo pagado en cuotas mensuales de $ 338 mil, una táctica para legitimar el bien adquirido.

De González, su pareja por 23 años y padre de sus cuatro hijos, ella dijo: “Yo sabía que vendía droga, pero soy su mujer y no podía reprochárselo”.

 El Martillo siempre andaba con plata y en el día “ganaba entre 500 mil y un millón de pesos. Yo recibía el dinero para mantener la casa (…) y me preocupaba de los negocios”, declaró la mujer. Se refería a una botillería y a dos salones de pool que están a su nombre, y que en su resolución, el tribunal de Talcahuano estableció que González adquirió con el dinero de procedencia ilícita, al igual que los bienes inmuebles y vehículos que inscribió a nombre de su pareja.

Por varias semanas, tras la detención de su líder Reinerio González en marzo de 2009, la Eme -la banda que dirige- quedó sumida en la anarquía. Se vivieron conflictos de poder serios que derivaron en algunos homicidios, incluso, y en la detención de una hermana de González con 20 a 30 kilos de pasta base, de propiedad del detenido que siguió operando desde la cárcel de  El Manzano. Su estrategia, aseguraban los investigadores, es “nunca tomar la droga”, pero sí hacer los contactos.

Aun así, el comercio de drogas -promovido por El Martillo- siguió abriéndose paso, y una cantidad importante de micro traficantes iban a buscarla a Boca Sur o a la Candelaria para venderla en Coronel, Lota, en el centro y cerros de Talcahuano o en Tomé.

El negocio de la droga es tan bueno, es tan rentable y se gana tanta plata en tan poco tiempo que hay mucha gente dispuesta a correr los riesgos y a traficar. Pueden ganar hasta diez millones de pesos al mes con cien papelillos.

El alcalde a la cárcel

En el verano de 2012 el alcalde de Hualpén fue formalizado de varios cargos en su contra y enviado con presión preventiva a la cárcel de El Manzano de Concepción, tras una larga investigación. Fue acusado de fraude al fisco, lavado de activos y cohecho.

Además del edil Marcelo Rivera, fueron formalizados el concejal Miguel Rivera, hijo del jefe comunal; el jefe de comunicaciones del municipio, Eduard Jara; el secretario municipal, Nelson Cuevas; el director de Obras, Gastón Sanhueza; el jefe del Departamento de Personal, Mario Gutiérrez; el director del Departamento de Aseo, Ornato y Medio Ambiente, Patricio Garrido; y el director de la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación, Miguel Peña.

Muchos pensaron que detrás de la caída en desgracia del alcalde de Hualpén estaba El Martillo González. Cuando él había ido preso poco tiempo antes, los periodistas le fueron a preguntar al alcalde que le parecía la detención del narcotraficante. Todos sabían que ambos tenían una estrecha relación. El edil afirmó que él no conocía al Martillo y que la justicia debía hacer su tarea. Al día siguiente en la puerta de la casa del alcalde apareció clavada una corona fúnebre de flores. Ambos habían sido amigos y vecinos desde niños, cuando vivían muy cerca en un pasaje en el antiguo Hualpencillo.

Las investigaciones sobre las actividades de Rivera las llevó el fiscal de Talcahuano, Andrés Cruz, pero fueron tantas las presiones que recibió tanto de sus jefes como de otras personas desconocidas, que se vio obligado a renunciar y alejarse del Ministerio Público.

Otro de los fiscales de Concepción, Julio Contardo, hoy fiscal regional del Maule, se había ido de lengua cuando la PDI tenía intervenidos los teléfonos del alcalde de Hualpén. Había contado en una reunión de amigos, con algunos tragos encima, que los detectives estaban muy cerca de Rivera. Entre sus supuestos amigos había uno que era más cercano al alcalde de Hualpén. 

Contardo ya había hecho noticia cuando fue fiscal penquista por haber contratado a unas supuestas odaliscas para una fiesta interna del servicio. Aquella batahola administrativa terminó, contra toda lógica, con un dirigente gremial despedido. Contardo, sorprendentemente, fue ascendido a fiscal regional.

Desde la cárcel Rivera siguió controlando su municipio y al PPD local. Impuso a su estrecha colaboradora, Fabiola Lagos, como candidata a la alcaldía de Hualpén.

En octubre de 2013, el ya ex alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, fue condenado a poco menos de tres años de prisión y al pago de millonarias multas e indemnizaciones por los delitos de fraude al fisco y cohecho. La pena podía ser cumplida en libertad, pero lo inhabilitó a perpetuidad para ejercer como jefe comunal.

El riverismo vivo y coleando

En mayo de 2014, a escasos días de las elecciones nacionales, regionales y provinciales del PPD, el llamado riverismo estaba más vivo que nunca en Concepción. Varios eran los nombres ligados a Rivera que postulaban en los comicios y que integraban la lista de la diputada Loreto Carvajal, que postulaba a la presidencia regional del PPD.

En la misma lista estaba la hermana del ex alcalde, Bettci Rivera; Juan Cruz, primo; y Lorena Chávez, cuñada de Miguel Rivera, quien a su vez es hijo de Marcelo. Todos funcionarios de la Municipalidad de Hualpén. En la ocasión, Bettci, quien postulaba al cargo de Tesorera Regional del PPD, señaló que el hecho responde a una tradición de familia ligada a la política.

En la lista distrital también figuraban otros familiares y cercanos de Marcelo Rivera, entre ellos Manuel Vergara, primo; Diego González, cuñado de Miguel Rivera; y, Marco Jara, esposo de la alcaldesa de Hualpén, Fabiola Lagos, quien reemplazó a Rivera en ese cargo.

A comienzos de junio de este año, Marcelo Rivera anunció su deseo de regresar a la política como diputado. “El haber vivido la dura experiencia de mi condena me va a servir en lo personal para ser un mejor servidor público”, declaró a los periodistas.

En la carrea política de Rivera, tuvo que vincularse con algunas figuras nacionales del PPD. En sus inicios lo hizo con Guido Girardi; más adelante con la dupla integrada por Pepe Auth y Víctor Manuel Rebolledo. En la actualidad no hay mucha claridad. Lo que sí se sabe es que no cuenta con las simpatías del barón del PPD en la zona, el senador Felipe Harboe.