En 2010 la comunidad mapuche Camilo Coñequir Lloftunekul, compuesta por aproximadamente 20 familias y ubicada en Curarrehue, en la Región de la Araucanía, comenzó a recibir visitas de Henry Wagner, representante de la empresa GTD Negocios S.A, filial de la empresa GTD España.

La intención de Wagner era negociar temas de derechos de agua, pues la compañía a la que representaba planeaba instalar en las proximidades la Central Hidroeléctrica Añihuerraqui, y como lo requiere la evaluación ambiental y los tratados suscritos por Chile en materia internacional, era necesario realizar una consulta indígena.

En ese momento, la iniciativa de GTD fue rechazada por la comunidad. Sin embargo, con el paso de los meses, la misma comunidad se dividió, lo que llevó a que ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la compañía efectivamente tuviera el apoyo de algunos grupos mapuche, luego de ofrecer incentivos económicos. No así de la comunidad Camilo Coñequir Lloftunekul, que hasta el día de hoy reclama por la aprobación de la hidroeléctrica de pasada, que planeaba instalar maquinaria en la cancha de Ngüillatún, una de las ceremonias culturales mapuche más importantes.

En paralelo a la división de la comunidad, hubo un político que, según dirigentes de la comunidad, prometió que pondría todo de su parte para que no se aprobara este proyecto: Francisco Huenchumilla Jaramillo, actual senador y quien fue como intendente de la Región de la Araucanía entre 2014 y 2015, justo el periodo en que se aprobó la Central Hidroeléctrica Añihuerraqui.

“Huenchumilla, como buen estratega, justo no pudo asistir a la votación. Entonces, me tocó a mí”, dice José Montalva Feuerhake, quien fue gobernador de Cautín –provincia que incluye la comuna de Curarrehue– entre 2014 y 2016 y tuvo que reemplazar al entonces Intendente en la votación del proyecto, porque el ex Intendente se fue de vacaciones. “Yo creo que los seremis recibieron presiones de sus ministerios”, agrega.

La construcción de la central no ha podido comenzar, y lo que era un potencial foco de conflicto en medio de territorio mapuche, se transformó en una disputa consumada donde la empresa titular transfirió a otra compañía el proyecto, y donde el último intento por comenzar las faenas fue en 2018. Todo generado bajo la mirada de distintas autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, entre las que se cuenta el senador Huenchumilla, actual posible carta de la Democracia Cristiana a una candidatura presidencial.

La comunidad dividida

A partir de las visitas de Henry Wagner, la comunidad Camilo Coñequir Lloftunekul se enteró del proyecto impulsado por GTD Negocios S.A.: una minicentral hidroeléctrica de pasada ubicada en el río Añihuerraqui, que generaría 9 megawatt (MW) y contemplaba una inversión de 22 millones de dólares, según se detalla también en los expedientes del SEA, organismo encargado de administrar el Sistema de Evaluación e Impacto Ambiental (SEIA).

Simón Crisóstomo, werkén y dirigente de la comunidad Camilo Coñequir Lloftunekul, cuenta que “Wagner se acercó ofreciendo incentivos económicos. Me acuerdo que ofrecía mesas de ping pong, televisores o mejorar la sede comunal. Con el paso de los meses fue ofreciendo cosas más tentadoras. Ya no era una televisión, era un tractor para trabajar el campo”.

Más tarde, según relata Crisóstomo, Wagner le ofreció $500.000 a cada familia que respaldara el proyecto. En ese momento, dice el werkén, la comunidad se dividió. 

Wagner reconoce que entregaron dinero y que incluso fue él mismo quien transportó a una notaría de Pucón a varias personas para dárselo. Consultado por las ofertas materiales, indica: “Yo no ofrecí mejorarles la sede, ofrecí construirles una, porque no tenían. Además, ofrecí comprarles ovejas, para que pudieran criarlas y desarrollar un oficio rentable con ellas, pero ellos querían plata. Yo mismo los transporté en mi camioneta a la notaría y a la vuelta volvieron cargados, pasaron a comprar televisores y ese tipo de cosas”.

Cada vez que una empresa desea llevar a cabo un proyecto, este debe ser ingresado al SEIA y presentar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), según el nivel de afectación que tenga para su entorno. El EIA es un proceso mucho más complejo y exigente. El proyecto es evaluado y posteriormente aprobado o rechazado. En los casos de iniciativas que afecten a comunidades indígenas, se tiene que realizar una consulta indígena, que nace del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Firmado por Chile en 2008, el texto señala que el Estado es el responsable de garantizar los derechos de las comunidades indígenas en caso de que alguna medida sea “susceptible de afectarles directamente” de cualquier forma, reconociendo y protegiendo su cultura. Junto con esto, también estipula que las consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento”.

Una de las grandes críticas que recibe la consulta es que no es directamente vinculante. El mecanismo permite que no sea necesario llegar a acuerdo o lograr consentimiento para darla por válida. El abogado especialista en asuntos indígenas de la Universidad Católica, Sebastián Donoso, explica: “cuando un proceso de consulta no termina en acuerdo, la consulta no es vinculante, en el sentido de que no es sinónimo de un derecho de veto”.

De las 60 personas de la comunidad Camilo Coñequir Lloftunekul, cuenta el werkén Simón Crisóstomo, había cerca de 20 que querían aprobar el proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui. “Esta gente decía que había que negociar para sacar algo, ya que el proyecto se iba a hacer igual. Pero nosotros, la mayoría, decíamos que no podíamos aceptar por ningún motivo su construcción”.

Fue aquí cuando dirigentes de la comunidad tomaron la decisión de sancionar a los comuneros que querían dar el visto bueno, vetándolos por 13 años de cualquier decisión que ésta tomara. A partir de este escenario, los relegados fundaron dos organizaciones para participar del proceso: el Comité de Pequeños Agricultores Pichitrancura y el Comité de Salud Punowemanke. Ambas aprobaron el proyecto en la consulta indígena.

Manuel Calfumán, quien era presidente del Comité de Agricultores en la época, dice que a ellos se les expulsó de la comunidad Camilo Coñequir Lloftunekul y por eso formaron estas otras organizaciones. Además, confirma que la empresa se acercó varias veces y que ellos respaldaron el proyecto porque “hubo ayudas para la comunidad”. Dice que la empresa les dio materiales de construcción, atención veterinaria para sus animales y becas para sus niños. También, confirma que se le entregó $500.000 a cada familia que aprobara el proyecto. Todos estos beneficios no están nombrados en los documentos finales de la consulta indígena, donde deben declararse las medidas de compensación, de cualquier tipo, que se usaron para mitigar o compensar el impacto del proyecto.

Para este reportaje, se le consultó a Héctor Lagunas, titular del proyecto de GTD Negocios, sobre este tema, sin embargo, la empresa declinó hacer comentarios al respecto.

Simón Crisóstomo dice que con ayuda de la empresa se crean estas nuevas organizaciones. Así, GTD Negocios logró ganar el apoyo de dos organizaciones para la aprobación del proyecto. Para el werkén, la existencia del Comité de Salud Punowemanke, que según él no era representativo, fue clave en el voto del Seremi de Salud de la IX región para la aprobación del proyecto. “Salud votó a favor porque había un comité de salud a favor del proyecto”, dice el werkén. En la votación, el Seremi manifestó: “Vemos que, en medio de la discusión, un comité de salud local se manifiesta a favor de este proyecto”, como parte de sus razones para aprobar.

Se contactó a Luís Calfumán, presidente de este comité, pero no quiso hacer comentarios en torno al tema. 

Como parte de su estrategia para sumar comunidades a favor, la empresa, según cuenta Simón, recurrió a la comunidad Juanita Curipichún, que “estaba totalmente desarmada; esa comunidad, culturalmente, no tiene sustento. Nadie de ahí habla ni practica la cultura mapuche. Y la empresa, junto con las organizaciones que estaban a favor, levantaron a la comunidad Juanita Curipichún, para hacerla parte del proceso”.

Se trató de contactar a esta comunidad, pero hasta el cierre de este reportaje no fue posible.

Así, se fueron sumando distintas comunidades y organizaciones al proceso de consulta indígena, las que finalmente terminaron siendo siete. Cuatro estaban a favor y tres en contra, que se oponían tajantemente al proyecto. El 29 de noviembre de 2013 el SEA dicta que este proyecto ameritaba realizar la consulta indígena.

Todos los incentivos económicos dichos anteriormente fueron entregados por la empresa fuera del marco de la consulta.

Crisóstomo cuenta que en un momento se les llegó a ofrecer el 1,5% de las utilidades anuales generadas por el proyecto. Además, explica que se les ofrecieron otras regalías como energía gratis, arreglos de caminos y de casas. “Me comparaba con la otra comunidad, a la que le ofrecían latas de zinc para techar su casa, mientras que a nosotros, sólo por oponernos, nos ofrecían todas estas cosas. Es una ridiculez”. Frente a todos estos ofrecimientos, la comunidad mantuvo su rechazo al proyecto.

El abogado Cristóbal Carmona, especialista en temas ambientales, explica que la crítica que se le hace al SEA es interpretar la consulta como una obligación de medios y no de resultados. Para poner un ejemplo, lo compara con un doctor: “El doctor no se compromete a sanarte, sino que se compromete a hacer todos los pasos necesarios y posibles para que eventualmente tú te mejores. Pero, si tú no te mejoras, él no tiene la responsabilidad. El doctor no incumplió su obligación”.

En algunos casos la consulta no ha llegado a cumplir su principal objetivo: llegar a acuerdo o lograr consentimiento de las comunidades hacia los proyectos. Esto ha pasado a ser una etapa en donde algunas empresas, a través de prácticas como incentivos económicos informales, logran que las comunidades entreguen su consentimiento a la realización de iniciativas.

Hernán Brücher, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, dice que hay que saber distinguir entre el ámbito privado y el público. Al referirse a los acuerdos privados que hacen las empresas con las comunidades, dice: “No podemos prohibirlos. No tenemos facultades para eso”.

La ausencia de Huenchumilla y las acusaciones de presiones

La votación en la que se aprobó el proyecto Central Hidroeléctrica Añihuerraqui se realizó el 14 de julio de 2015. En ésta participaron todos los seremis de la región, el Gobernador de Cautín, José Montalva; en reemplazo del Intendente de la región, Francisco Huenchumilla, y representantes del SEA. El resultado fue de 7 votos a favor y 4 en contra. 

El werkén Simón Crisóstomo afirma que el intendente Huenchumilla les había entregado su respaldo a las comunidades en contra de Añihuerraqui mientras él estuviese en el cargo. “Nos decía que, mientras hubiese un mapuche de Intendente, ese proyecto jamás se aprobaría”, relata. 

Asimismo, Crisóstomo dice que uno de los mayores interesados en que se aprobara la central era el ministro de Energía de la época, Máximo Pacheco, militante del Partido Socialista. Su interés, según el werkén, fue fundamental en el resultado que tuvo el proyecto en la votación. Para la instancia clave, el Intendente Huenchumilla estuvo ausente y asistió a la votación en su reemplazo el gobernador José Montalva, quien asegura que recibió un llamado del entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, días antes de la votación para darle instrucciones de cómo votar.

“Me llamó y me dijo: tienes que votarlo a favor y tienes que hacer que los seremis también lo voten a favor”, dice Montalva, quien después fue candidato a diputado por el PPD en el distrito 23, en La Araucanía.

Máximo Pacheco viajaba bastante a La Araucanía, según cuenta Crisóstomo. “La empresa tenía muchas conversaciones extraoficiales con Pacheco y lo terminaron convenciendo de que el proyecto se tenía que aprobar. Dos semanas antes de la votación, él llega a la región a presionar a los seremis porque había un déficit energético a nivel regional. Dos días después de esto, a Huenchumilla le adelantan las vacaciones”, dice. Así, se fijó la fecha de votación y se aprobó sin el Intendente presente. 

Ante la afirmación del ex gobernador Montalva de que el ministro de Energía de la época ejerció presiones para influir en la votación a favor de GTD Negocios, Pacheco dice que "jamás se me ocurrió llamar a ningún seremi o alguna de las personas que votaba en esa reunión para plantearle el caso, porque me parecía algo indebido. Yo nunca, en el periodo que fui Ministro, llamé a ningún seremi no fuera el de Energía, que era mi área, para pedir votos”. Además, agrega: “Yo no voy a pelear con el gobernador por este tema, pero insisto, no recuerdo jamás haberlo llamado para esto. Los proyectos tenían que sustentarse por sí mismos, no por presiones o conversaciones de pasillo”. 

Respecto a las conversaciones que tenía con empresas, señala: “todo eso yo lo hacía a través de la Ley de Lobby”, descartando conversaciones extraoficiales con empresas encargadas de proyectos. 

Por su parte, José Montalva dice que “Huenchumilla, como buen estratega, justo no pudo asistir. Entonces, me tocó a mí”. Añade que fue una situación complicada porque desde el gobierno le habían dicho que votara a favor, pero terminó votando en contra. Además, el ex gobernador insiste: “Yo creo que los seremis recibieron presiones de sus ministerios”. 

Francisco Huenchumilla niega que le hayan adelantado las vacaciones. Consultado sobre esto, indica que las tenía planificadas con mucha antelación. “Yo no podía saber qué iba a pasar en cada una de esas actividades si yo no estaba”, explicando que hubo varias reuniones a las que no pudo asistir por problemas de agenda. “Todo el mundo, sobre todo el mapuche, esperaba que yo estuviera personalmente. No podía ser adivino de lo que podía pasar en mi ausencia”, agrega. 

Con respecto al papel que tuvo Máximo Pacheco en esta situación,  Huenchumilla dice: “seguramente hizo lo que haría cualquier Ministro para sacar adelante sus proyectos. Eso es así con cualquier Ministro y con cualquier Gobierno. Sería raro que un Ministro atornillara al revés para no sacar sus proyectos”.

Después de la votación hubo peleas y manifestaciones. José Montalva cuenta que: “ese día quedó la cagada. Curarrehue nunca ha sido un lugar violento. No hay comunidades violentas. Pero yo sabía que con este proyecto iba a ser complicado, porque, claro, una cosa es que no haya habido problemas antes, pero otras cosa es tocarle la oreja a alguien. Te va a pegar”.

*Esta investigación periodística fue hecha por Francisco González y Agustín Orezzoli, estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El reportaje forma parte del Taller de Periodismo Avanzado, asignatura impartida por el profesor Miguel Paz.