Una noche de diciembre del año pasado, el abogado corporativo Roberto Guerrero Valenzuela tomó su celular y marcó el número de Rafael Minguez, socio del estudio español Cuatrecasas, que se estaba hospedando en el Hotel Intercontinental en Vitacura, en pleno corazón de Sanhattan.

Sólo unas horas antes, ambos abogados se habían reunido en una cena de trabajo para negociar una posible alianza entre Cuatrecasas, una de las firmas legales más grandes en el mundo hispanoparlante que buscaba instalarse en Santiago, y el bufete Guerrero Olivos, uno de los estudios corporativos más importantes de Chile. Por parte de los chilenos, la negociación esa noche estaba encabezada por Roberto Guerrero, socio administrador de la oficina, y Juan Enrique Allard, socio de la misma, entre otros. Por parte de los españoles, Minguez lideraba un equipo de tres personas.

Para los abogados de Guerrero Olivo aliarse con Cuatrecasas -que tiene su casa matriz en Barcelona y que emplea a más de 1.700 profesionales en 29 oficinas en 14 países- significaba saltar a las grandes ligas globales. Estaban tan interesados en facilitar la llegada de los españoles, que incluso estaban dispuestos a ser adquiridos.

Sin embargo, Guerrero Olivos no era el único bufete corporativo local con el cual estaban conversando los españoles. Desde al menos octubre de 2019 Cuatrecasas sostenía reuniones con otras firmas jurídicas dedicadas al mundo de los negocios, entre éstas Larraín y Asociados (fundado por Carlos Larraín, ex presidente de RN), y Morales & Besa (que defiende a los acreedores en el proceso de quiebra de Latam).

“Que Roberto se fuera con los españoles no tendría nada de malo si no fuera porque él era el administrador de Guerrero Olivos, y también estaba a cargo de las negociaciones de la fusión”, asegura una fuente.

Durante la cena de trabajo, las negociaciones entre Guerrero Olivos y Cuatrecasas no prosperaron mucho. Por eso, Roberto Guerrero decidió llamar a los españoles. Necesitaba conversar con ellos esa misma noche, les dijo, porque algo importante se le había quedado en el tintero. Según varias fuentes consultadas, cerca de la medianoche el abogado chileno se reunió con sus pares europeos en el hotel donde éstos se hospedaban. Pero esta vez iba solo, sin sus otros socios que no estaban al tanto de esa gestión.

Y así comenzó una historia que algunos tildan de traición, al punto que el estudio jurídico chileno ha analizado presentar una acción penal en contra del propio Roberto Guerrero.

El último en apagar la luz

Al día siguiente, una persona del equipo negociador de Cuatrecasas les contó a los otros socios de Guerrero Olivo sobre la excursión nocturna. Roberto Guerrero les habría dicho que, en caso de no prosperar una alianza con su estudio, él igual estaría dispuesto a irse a la futura oficina de los españoles en Chile.

La revelación se esparció como una bomba de racimo. ¿Cómo era posible que Guerrero, a quien todos los socios habían mandatado para explorar en nombre de la firma una asociación con Cuatrecasas, negociara a sus espaldas para sí mismo? Ese mismo día lo enfrentaron en una reunión. “¿Cómo van a creer semejante chisme?”, se habría defendido Guerrero. “Si algo le pasara a esta firma yo sería el último que apague la luz. Yo voy a morir en esta oficina”.

Sus palabras sirvieron para calmar un poco los ánimos. Después de todo, el socio cuestionado era hijo de Roberto Guerrero del Río, quien fundó el bufete de abogados a fines de los años 80 junto al coronel de la UDI Jovino Novoa, el ex ministro de Pinochet, Hernán Felipe Errázuriz, y Carlos Olivos. La idea era ser un estudio boutique dedicado a las inversiones extranjeras en Chile.

Pero la tensión entre los socios de Guerrero Olivos persistió. En una reunión entre todos que se realizó en marzo en un restaurante en Zapallar, Roberto Guerrero les comunicó que las negociaciones con Cuatrecasas habían fallado, pero que ahora lo estaban sondeando a él personalmente para integrarse y ser socio de su futura oficina en Chile. Ahí, varios estallaron y lo increparon. “Las negociaciones fracasaron porque tú te ofreciste”, espetó uno de ellos.

En abril Cuatrecasas finalmente abrió su oficina en Santiago. Puso al mando a Cristián Conejeros Roos, abogado experto en arbitrajes internacionales que desde 2013 era socio en Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uria. Conocido como PPU, este estudio surgió de la fusión entre la colombiana Prietocarrizosa, las peruanas Ferrero Abogados y Delmar Ugarte y la chilena Philippi, Yrarrázaval, Pulido & Brunner. Antes, Conejeros ya había sido socio de Cuatrecasas entre 2007 y 2013.

Y Roberto Guerrero siguió en la oficina fundada por su padre. O eso creían muchos.

Un socio conflictivo

A fines de noviembre, Guerrero anunció oficialmente su incorporación como socio a Cuatrecasas Chile. Muchos abogados de la plaza especulan que se demoró siete meses en unirse a la nueva oficina presumiblemente por la precaución de los españoles de no levantar de manera inmediata al abogado estrella de otro estudio en condiciones tan polémicas.

“Que se fuera con los españoles no tendría nada de malo si no fuera porque él era el administrador de Guerrero Olivos, y también era el que estaba a cargo de las negociaciones de la fusión”, asegura una fuente que ha estado al tanto de estos hechos. “Terminó utilizando su rol en la administración para su propio beneficio”.

En los siete meses transcurridos entre la llegada oficial de Cuatrecasas en abril y la incorporación de Guerrero en noviembre, este último siguió ejerciendo como administrador del bufete. Y como tal tomó una serie de decisiones como modificar el contrato de arriendo de la oficina que tienen en la torre Titanium para aumentar el espacio, pese a saber probablemente que él y algunos de sus cercanos pronto se irían con los españoles. “Eso es totalmente incorrecto”, dice un abogado que trabaja para otra firma. “Finalmente lo que hizo es que negoció para él y no para la oficina, utilizó ese encargo para presentarse él ante la gente de Cuatrecasas”, afirma esta persona. “Guerrero demostró tener un estilo manipulador, oscuro y chueco”.

La presión por sacar a Jovino Novoa del estudio en 2015 surtió efecto. Pero no sin antes pagarle un desagravio de unos 400 millones de pesos.

Fuentes conocedoras de la trama aseguran que varios socios del bufete Guerrero Olivos han estudiado la posibilidad de querellarse en contra de su ex socio por “administración desleal”. “Han evaluado mucho querellarse criminalmente en contra de Roberto”, dice una de estas. “Pero no lo han hecho, al menos aún, principalmente por un tema reputacional”.

Una persona que conoce a Guerrero afirma que éste no se aprovechó de la situación. “Las cosas simplemente se fueron dando así, y los españoles prefirieron levantar abogados individuales en vez de una alianza con algún estudio”.

Algunos socios de Guerrero Olivos piensan que es mejor dar vuelta la página, aseguran abogados conocedores de esta trama. Es más, incluso creen que la partida de Guerrero es un alivio y apuntan a una serie de problemas que han tenido con él a lo largo de los años. ¿El más grande? El vínculo del estudio con el escándalo de SQM.

El caso SQM

Presionado por los socios del bufete, en enero de 2015 el ex senador Jovino Novoa tuvo que salir de la firma que había fundado junto al padre de Roberto Guerrero. El caso del financiamiento ilegal de la política por parte de SQM y Penta estaba salpicando a Novoa. En efecto, en julio de ese año fue formalizado por el Ministerio Público, y unos meses después fue condenado a tres años de pena remitida, suspensión de su facultad de ejercer cargos públicos y multas.

Con su salida también se puso fin al nombre que la firma llevaba desde 1988. Guerrero, Olivos, Novoa y Errázuriz pasó a llamarse Guerrero Olivos.

Pero no sólo el gremialista estaba en la mira de la fiscalía. También lo estaba Roberto Guerrero del Río, que a través de una sociedad suya llamada Guerrero y Compañía había emitido facturas por 600 millones de pesos a SQM entre 2009 y 2013 como reveló El Mostrador en noviembre de 2015. En esa investigación el entonces vicepresidente legal de SQM, Patricio Matías Astaburuaga, declaró en abril de 2015 que “Guerrero y Cía. tampoco han sido contratados ni han prestado servicios para la fiscalía de SQM”, asegurando que “pagos de servicios por 10 millones mensuales a Guerrero y Cía yo no los autoricé”.

“Guerrero y Cía estaba triangulando dineros para beneficiar a Novoa”, asegura una fuente judicial que conoce de cerca esta arista. “Guerrero y Cía. enviaba boletas ideológicamente falsas a SQM y luego Novoa enviaba boletas a Guerrero y Cía. para recibir el dinero”, dice. “En mi opinión eso se podría llamar lavado de activos”.

“Cuando apareció en la prensa que el estudio Guerrero Olivos le pagaba a Novoa unas platas que recibía de SQM se generó mucha molestia entre los socios más jóvenes”, asegura un abogado cercano a algunos de ellos. “Pero los más viejos, entre ellos Roberto Guerrero padre, mencionaron que de lo que se trataba era que cuando Jovino fue elegido senador se consideró que iba a ganar poca plata y estaba sacrificándose, estaba realizando un sacrificio muy grande por la República y así se consiguió que SQM y otras empresas le pagaran un sueldo mensual adicional. En el caso de SQM eran 10 millones mensuales”.

Finalmente, la presión por sacar a Novoa del estudio surtió efecto. Pero no sin antes pagarle un desagravio de unos 400 millones de pesos, según algunos conocedores de la trama interna.

En esa época el socio administrador del estudio también era Roberto Guerrero Valenzuela, quien defendió a ultranza la práctica realizada por su padre. “Cuando pasó lo de Jovino Novoa y las platas políticas, los socios sacaron de la administración a Roberto, pero posteriormente (en 2019) lo volvieron a poner”, dice una fuente. “Entonces ahora con el tema Cuatrecasas nuevamente incurre en algo irregular, es como una doble traición”.

Borrando el pasado

Este viernes 1 de enero Roberto Guerrero comienza su vida laboral en el gigante español Cuatrecasas, que el año pasado facturó más de 300 millones de euros. Según la propia firma hispana el foco está en “ofrecer asesoramiento en derecho local al nutrido grupo de empresas españolas que operan en Chile y aprovechar sinergias con el resto de oficinas del estudio, en la región y en otros continentes”.

Pero este abogado especializado en fusiones y adquisiciones, y derecho bancario y financiero -considerado uno de los socios que más clientes y negocios traía a la firma chilena- no se va solo. Junto a él también se lleva a su equipo más cercano: Macarena Ravinet, Tomás Kubik y Josefina Yávar. Con ello, la firma Guerrero Olivos pierde a cuatro de los nueve abogados socios del área corporativa.

La relación entre Guerrero, su antiguo estudio y Cuatrecasas quedó tensionada al máximo. Una pequeña muestra de ello es el currículum que la firma española publica de él en su página web.

“Antes de incorporarse a Cuatrecasas, (Guerrero) trabajó como asociado extranjero en la firma estadounidense Simpson Thacher & Bartlett en Nueva York”. Se trata de un trabajo que ejerció durante un año a mediados de la década del 90, después de completar una maestría en derecho en la Universidad de Nueva York.

No hay mención alguna a su trabajo en Guerrero Olivos, donde estuvo casi 30 años.