Durante los últimos días ha hecho noticia el Tribunal Constitucional (TC), debido al sumario que deberá enfrentar la presidenta de dicho tribunal, María Luisa Brahm, a propósito de varias denuncias de funcionarios y ex funcionarios del TC en su contra, principalmente por acoso laboral y abuso de poder. 

Sin embargo, lo noticioso del caso es precisamente que no se tiene certeza de que Brahm vaya a responder ante una investigación administrativa por estas denuncias, pues el lunes pasado presentó junto a su equipo de abogados un escrito en el que solicita al TC pronunciarse sobre la pertinencia de aplicar dicho reglamento. 

Brahm exige al tribunal que determine “el alcance y ámbito de legítima aplicación del AA-Reglamento Disciplinario, a fin de dilucidar si la aplicación de dicho instrumento se encuentra, o no, conforme a Derecho, disponiendo, para el caso en que con ello se transgreda la Constitución o las leyes, a qué reglas debe sujetarse el inicio, desarrollo y término de una investigación para denuncias de este tipo contra Ministros y Ministras de este Excelentísimo Tribunal”; para lo cual, además, Brahm solicitó la suspensión de la investigación en su contra mientras se dirime esta cuestión.

La argumentación de Brahm y su equipo de abogados se basa principalmente en que un sumario administrativo puede conllevar consecuencias como la suspensión o remoción del funcionario en cuestión al cargo que detenta, en circunstancias que -según estos abogados- un ministro del Tribunal Constitucional tiene otro tipo de régimen, dado que la propia Constitución señala en su artículo 92 que estos ministros son “inamovibles”.

Sumado a esto, la defensa de Brahm argumenta que este tipo de procedimientos y sus consecuencias son materia que debería zanjar una ley y no un simple acto administrativo.

El texto que solicita lo mencionado anteriormente al TC fue redactado por su abogado, Luis Cordero Vega, el cual por cierto también fue sumariado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde se le estableció responsabilidad administrativa por: “haber transcrito de forma literal en su libro ‘La responsabilidad de la Administración del Estado’, del año 2011, las páginas 27 a las 30 de la memoria de prueba para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales del Prof. Sr. Cristián Román Cordero, sin el debido reconocimiento de este (...)”.

En virtud de lo anterior, se le aplicó la medida disciplinaria de “suspensión del empleo por dos meses”, como consta en la resolución N°048 del 22 de enero de 2016, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

El reglamento que la propia Brahm aprobó

El sumario en contra de Brahm tiene como origen una serie de denuncias en su contra, entre las que se cuentan la de un ex chofer de la presidenta del TC por malos tratos; la denuncia del ex director de Administración y Finanzas del tribunal, por el mismo motivo; además de la denuncia de la Secretaria del TC y una carta de la Asociación de Funcionarios del Tribunal Constitucional (AFUTCCH), que denuncia cuestiones similares además de desórdenes administrativos; lo cual ha sido informado por La Tercera en días previos. 

Esto motivó que el ministro del TC, Iván Aróstica instruyera una investigación sumaria en contra de María Luisa Brahm el 12 de marzo pasado, “para determinar su responsabilidad administrativa en los hechos denunciados y puestos en conocimiento, y de todos aquellos que resulten responsables”. Aróstica se acogió al artículo 15 del citado Reglamento, el cual dice que en caso de ser el presidente del TC objeto de denuncia, quien debe ordenar la investigación en su contra debe ser el ministro que le siga en antigüedad, es decir el propio Aróstica. 

Sin embargo, ¿qué dice la mencionada norma que Brahm busca impugnar? Se trata del “Auto Acordado que fija el reglamento para la investigación y determinación de responsabilidades disciplinarias”, aprobado por el Tribunal Constitucional el 7 de abril de 2016. 

Los ministros en pleno aprobaron el reglamento, cuando el ministro Carlos Carmona Santander presidía el tribunal, incluyendo la aprobación de la entonces ministra del TC María Luisa Brahm Barril. 

El artículo 8 de este reglamento señala que dentro de las faltas “muy graves” se encuentra “(...) El acoso sexual o el acoso laboral, entendidos en la forma y con el alcance fijado en el inciso 2° del artículo 2° del Código del Trabajo”, y además, “El exceso o abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones”; los cuales son algunas de las causales en virtud de las que Aróstica instruyó el sumario en contra de Brahm.

Otro artículo que vale la pena mencionar al respecto, es el segundo de este Reglamento, el que se refiere al ámbito de aplicación de la norma. Dicho artículo señala que este “reglamento será aplicable a los Ministros, funcionarios de planta, a los sujetos a contrato de trabajo y a los contratados en base a honorarios, en adelante todos funcionarios”, cuestión que Brahm parece haber olvidado a 5 años de haber aprobado el reglamento que ahora pretende impugnar. 

Tal como informa La Tercera, esta situación fue vista el pasado martes 23 de marzo, cuando el pleno del TC decidió que se programaría una sesión extraordinaria para discutir la solicitud de los abogados de Brahm.

Brahm, la polémica

La actual presidenta del Tribunal Constitucional ya había protagonizado algunas polémicas en el pasado, haciendo olvidar las silenciosas deliberaciones del Tribunal Constitucional a las que el país estaba acostumbrado. En lo principal, ha sido objeto de cuestionamientos debido a su paso por el primer gobierno de Sebastián Piñera, cuando se desempeñó como jefa de asesores del segundo piso, cargo que hoy ocupa Cristián Larroulet en La Moneda. 

Duró en ese cargo de 2010 a 2013, cuando el propio Sebastián Piñera la designó ministra del Tribunal Constitucional, en virtud de la letra “a” del artículo 92° de la Constitución, que señala que tres de los diez integrantes de este tribunal son designados directamente por el Presidente de la República. El pasado político de Brahm fue recriminado incluso por un ministro del tribunal, José Ignacio Vásquez, tal como menciona una publicación de La Tercera.

Además, Brahm generó una gran controversia al interior del TC debido a una entrevista en la que señaló que bajo la administración del anterior presidente del TC, Iván Aróstica Maldonado,  hubo "excesiva demora en la vista de causas", lo que era instrumentalizado por algunos abogados para suspender juicios, a la espera de que el TC se pronunciara sobre esas causas. 

Otro episodio que levantó críticas en contra de Brahm tuvo que ver con el segundo retiro del 10% de fondos de pensiones. La iniciativa de reforma constitucional impulsada por Pamela Jiles que permitía un nuevo retiro de los afiliados fue objeto de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por parte del gobierno de Sebastián Piñera. 

En dos ocasiones María Luisa Brahm, como presidenta del TC, tuvo que dirimir ante los empates en las votaciones de los ministros. Primero para resolver sobre la admisibilidad del requerimiento de Piñera, y luego para acogerlo o rechazarlo. En ambas ocasiones el resultado fue el mismo: cinco ministros a favor y cinco en contra; y en ambas ocasiones Brahm se inclinó a favor de Piñera, desatando críticas por su cercanía al gobierno.