El férreo control que durante la guerra fría ejercían las grandes potencias sobre el comercio de armas en casi todo el mundo varió bruscamente a partir del desplome de la Unión Soviética (URSS) y de los socialismos reales, en los albores de la década de 1990. Los organismos que llevaban cuidadosos registros sobre las transacciones se vieron enfrentados a una acelerada reestructuración de los mercados, donde las tradicionales empresas estatales o los muy bien reconocidos conglomerados privados enfrentaron la feroz competencia de miles de nuevos productores independientes y crecientes redes de agentes e intermediarios, de distintas nacionalidades, imaginativos, ricos, políticamente bien contactados y con la motivación principal de incrementar sus fortunas.
La irrupción del comercio globalizado relajó las barreras fronterizas, y cundieron los acuerdos para facilitar las transacciones de todo tipo de productos, armas incluidas. Los nuevos traficantes no demoraron mucho en construir sus plataformas de negocio sobre la base de discursos ideológicos, geopolíticos, nacionalistas, religiosos, separatistas, raciales y cuanto conflicto existiera sobre el planeta.
Los antiguos complejos de la industria bélica, como Lockheed, Dassault, Bofors o Northrop Grunman, tuvieron que competir con cerebros amorales que no dudaban en eludir embargos y leyes para proveer de armas a todo tipo de rebeldes, y a las organizaciones criminales que surgían en los diversos continentes.
También fueron desplazados los grandes comerciantes de armas tradicionales, como Adnan Khashoggi, Suliman Olayan, Ghaith Pharaon o Akram Ojjeh, casi todos relacionados a la monarquía saudita, a los príncipes árabes del Golfo y a las poderosas transnacionales de armas en Estados Unidos y Europa.
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Irrumpió pisando fuerte una nueva generación de traficantes, como Víctor Bout, un ex piloto soviético que en 1990 recién había cumplido 23 años de edad, y que en los años siguientes montó uno de los mayores tinglados empresariales fantasmas para ofrecer armas, de todos los tipos y calibres, desde Ucrania a Liberia y desde Centroamérica a Afganistán. Bout, a quien se le ha calificado como el Bill Gates del negocio de la muerte, sostiene que sólo es un afortunado empresario dedicado al transporte aéreo.
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En los años 90, los datos sobre el rubro fueron cada vez menos confiables. Las mejores estimaciones sostenían que la producción oficial de armas cortas y ligeras, desde fusiles y ametralladoras hasta granadas y lanzamisiles portátiles, se mantuvo constante en una cifra aproximada de ocho millones de unidades al año. De ellas, siete millones eran armas de fuego comerciales, y la mayoría se fabricaba y vendía en Estados Unidos.
El otro millón correspondía a armas de uso militar. Junto a ellas se elaboraban al menos diez mil millones de municiones de calibre militar.
Datos oficiales recogidos por Small Arms Survey el año 2003 señalaban que existían 1.249 fábricas de armas cortas distribuidas en 90 países.
Las exigencias de bajar costos para acceder a los competitivos mercados globalizados llevaron a la creación de muchas fábricas de armas en países con mano de obra más barata, donde se podía trabajar con licencias comerciales y transferir tecnología a las naciones en desarrollo más industrializadas. Eso les permitió eludir, además, las prohibiciones vigentes en Europa.
En el Tercer Mundo surgieron en pocos años miles y miles de talleres bastante sofisticados, donde se producían desde revólveres y pistolas de bajo calibre hasta imitaciones perfectas de los más modernos fusiles y ametralladoras. En varios países africanos, por ejemplo, cualquier persona podía conseguir una pistola por cinco dólares. En Sao Paulo (en Brasil), en tanto, una redada policial en 2002 dejó al descubierto una factoría artesanal que fabricaba unas 50 ametralladoras al mes.
El término de la guerra fría dejó, por otra parte, voluminosos arsenales de desechos o de excedentes que empezaron a ser comercializados en el hemisferio sur. Toneladas de mortales fierros acumulados en bodegas de la ex URSS y de Europa Oriental, desde la guerra de Vietnam en adelante, comenzaron a ser vendidos indiscriminadamente a los bandos en pugna que combatían en los más extraños confines. Si no había dinero, el medio de pago podía ser oro, diamantes, maderas preciosas, mujeres, animales exóticos, cocaína, heroína, marihuana o cualquier mercancía que tuviera demanda. Eran las reglas de los nuevos mercados. Negocios son negocios, fue la consigna.
Entre esas armas ligeras figuraban los temibles Manpads, sistemas portátiles de defensa antiaérea, que pueden ser disparados por una o dos personas y capaces de derribar a un avión a baja altura. El mismo anuario Small Arms Survey informó en 2004 que existían unas 25 organizaciones terroristas, guerrilleras o criminales que disponían de este tipo de lanzamisiles.
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Crudo informe
Amnistía Internacional (AI) y Oxfam publicaron en 2003 un dramático informe sobre las consecuencias que estaba provocando en el mundo el tráfico de armas. El trabajo, titulado “Vidas destrozadas”, era un verdadero grito de auxilio para que la comunidad internacional adquiriera conciencia sobre la gravedad del tema.
Indicaba que entre 1999 y 2003 los países de África, Asia y América Latina habían gastado 87 mil millones de dólares en armas, unos 22 mil millones al año. En comparación, se señalaba que una educación primaria universal costaría al año unos 10 mil millones.
En el mundo había 639 millones de armas ligeras y cada año se producían ocho millones de armas nuevas. En 2001 se fabricaron, como mínimo, 16 mil millones de balas, lo que correspondía a más de dos proyectiles por cada hombre, mujer, niña y niño del planeta.
Diversos gobiernos e instituciones no gubernamentales habían concluido, después de numerosos estudios, que las armas generaban un clima de miedo que demandaba más armas, creando un círculo vicioso del que es difícil salir. Grupos e individuos inseguros deciden armarse con el fin de protegerse y sus actos son interpretados como una amenaza por otros que, a su vez, también se arman. A medida que crece el grado de sofisticación de las armas, su letalidad también aumenta. Unos cuantos individuos bien armados pueden causar muerte, destrucción y miedo a gran escala. Matar era cada vez más fácil: se puede hacer a mayor distancia, con mayor indiferencia y menor esfuerzo.
Algunos de los datos incorporados al informe de AI y Oxfam eran estremecedores:
En Brasil, entre 1993 y 2003, murieron asesinadas 300 mil personas, muchas de ellas como resultado de la violencia urbana y la gran proliferación de pistolas y de armas ligeras, responsables del 63% del total de homicidios. Muchas de las armas usadas se fabricaban dentro del país, aunque también se importaban de Estados Unidos, España, Bélgica, Alemania, Italia, la República Checa, Austria y Francia.
En Colombia había aumentado el suministro de armamento a las guerrillas, incluidos grandes cargamentos de Perú y Venezuela. En los últimos años, Estados Unidos, Francia, Alemania, España y Sudáfrica habían suministrado grandes cantidades de armas ligeras a las autoridades colombianas.
En toda América Latina, la rápida expansión y el poder creciente de las empresas de seguridad privada eran motivo de preocupación. Según el gobierno de Guatemala, en ese país existían alrededor de 116 empresas de seguridad privada, que daban trabajo a 35 mil agentes. Se trataba de una fuerza no oficial mayor que la del Ejército local, y doblaba el número de agentes de policía.
En Nicaragua, el Ejército había distribuido rifles AK-47 a los cultivadores de café como medida de autoprotección, pero muchos fueron robados y utilizados contra las mismas personas a quienes se suponía que debían proteger.
Las niñas y los niños se habían convertido en uno de los blancos de la brutalidad policial, los conflictos armados, las guerras de la droga y los asesinatos políticos y criminales. En Honduras, 1.817 niños de la calle murieron entre 1998 y 2003.
Al menos 25 mil niños eran miembros de alguna banda en El Salvador, y unos seis mil niños portaban armas en la ciudad de Río de Janeiro.
En el Reino Unido, el uso de armas de fuego creció un 35% en 2002. Tres cuartas partes de las armas de fuego incautadas por la policía en Londres eran pistolas de aire comprimido, que las bandas convertían en pistolas de 22 y 38 mm. y que eran suministradas por una empresa británica a partir de unidades fabricadas en Alemania.
La violencia se intensificaba a medida que los criminales adquirían armas más mortíferas. En los Países Bajos, los incidentes relacionados con armas de fuego aumentaron de ocho a quince por día de 1994 a 1999, y los criminales estaban reemplazando sus revólveres por ametralladoras.
Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos) obtenían grandes beneficios del comercio de armas. En 2001, dichos países eran los cinco primeros exportadores de armas del mundo y en conjunto eran los responsables del 88% de las exportaciones de armas convencionales.
EE.UU. dominaba la industria armamentística y contribuía con prácticamente la mitad (45%) del total de armas exportadas en el mundo.
Según Transparency International, la industria armamentista era la segunda con más probabilidades de implicar sobornos, y el Departamento de Comercio de Estados Unidos afirmaba que el sector de defensa representaba el 50% de todas las acusaciones de soborno.
Entre 1960 y 1999, el número de países productores de armas ligeras se dobló y se multiplicó por seis el número de empresas que las fabricaba.
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Contagio inminente
A fines de los años 90, varios gobiernos de América del Sur se inquietaron al percibir que el comercio de armas empezaba a traspasar sus fronteras. La guerra a los carteles de la cocaína había obligado a los narcotraficantes a buscar refugio y nuevos puntos de producción en la Amazonía brasileña, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú e incluso Argentina. Paraguay, en tanto, se transformaba en un verdadero bazar del contrabando y en un portaaviones para la producción y el tráfico de armas.
En 2000, Washington aprobó el denominado Plan Colombia, un enorme programa de ayuda militar de 1.300 millones de dólares, en su mayoría destinados al Ejército colombiano, pese a la reiterada preocupación internacional por los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares de derecha. El Pentágono buscaba reemplazar la lucha contra el narcotráfico por la lucha contra el terrorismo. Para ello estaba entrenando, además, a fuerzas militares y policiales de Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Gestionaba también la instalación de bases militares norteamericanas en diversos territorios del continente.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con casi 20 mil combatientes y sus adversarios paramilitares, mientras, disputaban los hilos de la producción y distribución de drogas tras el repliegue de las antiguas organizaciones de narcotraficantes. Establecieron vínculos con grupos mafiosos de Italia, México e Israel, pero los más importantes, valiosos y prometedores eran los nexos conseguidos con la mafia rusa.
El apetito ruso por la cocaína, la heroína y la marihuana era insaciable y los guerrilleros requerían armas. Las FARC ya no sólo se limitaban a comprar base de coca y opio para venderla a traficantes que refinaban y exportaban, sino que decidieron establecer sus propios laboratorios de cocaína y heroína.
A fines del año 2000 se supo que las FARC habían adquirido 10 mil fusiles Kalashnikov (AK-47,) comprados legalmente por Perú al Gobierno de Jordania y lanzados en paracaídas a la selva colombiana. El escándalo significó la caída del Presidente Alberto Fujimori y de su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos. La denuncia pública la hizo el traficante de armas Sarkis Soghanalian, un libanés nacido en Turquía de origen armenio y frecuente colaborador de la CIA.
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Durante el conflicto entre Irak e Irán, al promediar los 80, Soghanalian había organizado una operación para vender helicópteros de fabricación norteamericana al régimen de Saddam Hussein, en pleno bloqueo decretado por Washington. La CIA facilitó el envío del armamento porque Irán era el enemigo número uno de la Casa Blanca.
El mismo libanés cooperaría más tarde con la CIA en América Central surtiendo de equipos de combate a los contras dirigidos por Edén Pastora, que buscaban derribar el Gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que gobernaba en Nicaragua. También había sido, junto con Ernst Werner Glatt, proveedor de armas en el escándalo de Irán-Contra, parcialmente financiado por el saudita Adnan Khashoggi.
Soghanalian explicó a la prensa peruana que el Congreso estadounidense tenía objeciones al Plan Colombia propuesto por el presidente Bill Clinton y que la CIA había organizado la entrega de armas a las FARC para espantar a los senadores norteamericanos y convencerlos de aprobar el Plan Colombia.
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Los rusos otra vez
En octubre de 1997, el embajador ruso en Colombia, Ednan Agaev, advirtió que se había establecido una fuerte alianza entre el crimen organizado ruso y las FARC para el intercambio de armas por cocaína. Sus palabras llenaron titulares de prensa, pero fueron desestimadas en Bogotá y calificadas en Washington como exageraciones.
La fórmula consistía en intercambiar drogas por armas. Ya a fines de 1997 eran frecuentes en Colombia las incautaciones, en campamentos de las FARC, de rifles de asalto, pistolas, granadas de fragmentación, minas y lanzadores de cohetes RPG-7 de origen soviético. La policía brasileña también estaba incautando en las favelas rifles AK-47 y lanzamisiles producidos por la ex URSS.
Se calcula que Europa consumía, a comienzos de 2000, entre 80 y 130 toneladas de cocaína por año, de las cuales unas 10 toneladas eran distribuidas desde Rusia. Los traficantes de drogas pagaban en efectivo o cambiaban cocaína por armas, realizando los despachos en los mismos contenedores que llegaban con drogas. Por esta vía se proveía a las FARC no sólo de rifles de asalto, sino también de armas pesadas, municiones, misiles antiaéreos portátiles, artillería pequeña y granadas.
Las autoridades colombianas afirmaban a mediados de 2000 que las guerrillas de izquierda poseían unas 45 mil armas y que ingresaba al menos una tonelada de pertrechos al día a través de rutas trazadas desde Ecuador, Brasil, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, tanto por el mar Caribe como por el océano Pacífico.
Otras procedían de la Compañía Anónima Venezolana Industrial de Municiones (Cavin) y de la fábrica brasileña de pistolas y municiones Taurus. Casi todas las armas semiautomáticas eran norteamericanas, pero también se habían identificado rifles egipcios de la compañía Maladi, y rifles Norinco de China.
Otra importante base de intercambio estaba en Paraguay, donde los controles casi no existían. Las principales empresas sindicadas como proveedoras de armas eran Chaco Trading y Hi Tech de Asunción, y Pantanal, ubicada en Pedro Juan Caballero. Por otra parte, desde mediados de los años 90, parlamentarios de ese país afirmaban que la isla caribeña de San Andrés era utilizada como base por militares paraguayos involucrados en el tráfico de armas con Sudáfrica y para embarcar cargamentos norteamericanos y alemanes hacia Colombia.
Las fronteras del continente sudamericano eran cada vez más porosas y permeables al creciente tráfico de armas que venían del norte.
Mañana: La industria del secuestro.
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Esto es como ir a un basurero
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