El ministro del Interior estaba particularmente tenso. Una vez más Pinochet había reafirmado su confianza en la proverbial habilidad política de su principal operador, pero éste no ignoraba que la situación era más compleja de lo que calcularon en el Gabinete cuando dos meses antes se había resuelto promulgar el Decreto Ley de Amnistía.

“Me dirijo esta noche a la ciudadanía para fijar ante ella la posición definitiva del Gobierno frente al problema de las personas presuntamente desaparecidas... con posterioridad al pronunciamiento militar”. Era la noche del 15 de junio de 1978.

Poco antes de que el ministro Sergio Fernández comenzara su intervención por cadena nacional de radio y televisión, éste repasó los últimos acontecimientos. A comienzos de mayo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) le había solicitado una entrevista. Sin más trámite decidió no concederla. No imaginaba lo que ocurriría.

El día 22 de ese mes, 69 personas iniciaron una huelga de hambre indefinida, distribuidos en tres parroquias: Jesús Obrero, Don Bosco y La Estampa.

La estrategia de Fernández inicialmente no fue distinta a la empleada en otras ocasiones. A los cuatro días, 66 miembros del "Grupo de Unidad Católica" ocuparon la Catedral Metropolitana y leyeron una proclama de respaldo al régimen militar. Cuando se retiraban, a uno de ellos se le cayó una credencial de la CNI.

El 28 de mayo, el propio ministro del Interior dijo: “Estuvimos y casi estamos en un proceso de guerra. En la guerra hay desaparecidos y nadie pide explicaciones".

En tanto, la prensa arremetía con toda la virulencia, ponzoña y perversión de que era capaz para descalificar la protesta de los familiares. Sin embargo, inevitablemente tuvieron que referirse al molesto “tema” de los desaparecidos.

En tanto, la prensa arremetía con toda la virulencia, ponzoña y perversión de que era capaz para descalificar la protesta de los familiares. Sin embargo, inevitablemente tuvieron que referirse al molesto “tema” de los desaparecidos.

Nada dio resultado. Por el contrario, pronto se plegaron al movimiento diferentes agrupaciones de derechos humanos que ocuparon las dependencias de la Unicef, la Cruz Roja y la OIT. A los pocos días, la huelga se había extendido a lo largo de todo el país y además se iniciaban acciones similares en 21 países europeos y americanos.

Por otro lado se anunciaba la visita a Chile de la Comisión Allana de las Naciones Unidas. Por fin, cuando todo parecía escapar de control, por primera vez, Fernández tomó contacto con el Comité Permanente del Episcopado y se comprometió a efectuar una investigación. La huelga se había extendido por 17 días.

De este modo, Fernández se vio obligado a dirigirse al país: “Para enfocar adecuadamente este tema, resulta indispensable analizar la situación general de los derechos humanos en este período y su evolución en el actual gobierno. Sólo así, en forma seria y ecuánime, el problema específico de los presuntos detenidos desaparecidos. Ningún chileno puede olvidar que al 10 de septiembre de 1973, el país llegó a un cuadro objetivo de guerra civil, cuyo estallido global se hacía cada día más inminente”.

Represión el martes 11.

Represión el martes 11.

Afirmó: “No era esta una realidad fortuita, sino que ella obedecía a un plan fríamente elaborado y sistemáticamente ejecutado por el gobierno marxista de la época como el único medio que veía posible para implantar el totalitarismo comunista en nuestra Patria. Nuestra memoria suele ser frágil. De ahí que sea útil que cada persona vuelva su mente hacia aquellos dramáticos días previos a la Liberación Nacional”.

Añadió: “Más de 13.000 extremistas extranjeros ingresados irregularmente al territorio nacional se dedicaban a entrenar a grupos partidarios del Gobierno marxista, de carácter declaradamente paramilitar. Utilizando abundante armamento introducido al país en forma también ilegal, principalmente desde la órbita soviética, se constituían centros de instrucción guerrillera, cuyas primeras acciones abiertas ya se hacían presentes en el sur de Chile. Los términos 'cordones industriales', 'poder popular armado' y tantos otros, constituían parte del desafiante vocabulario oficialista con que se preparaba el asalto definitivo al poder total».

El discurso de Fernández señalaba que el desafío de la subversión implicaba que “haber pretendido librar este combate con los métodos propios de un período normal hubiese significado sucumbir ante la subversión”.

En ese sentido, cuestionó a quienes “paradojalmente despliegan un alarde desproporcionado ante el costo que ha significado la liberación de Chile, el que, si bien es ciertamente doloroso, resulta ínfimo en comparación con el que se anunciaba y presumía”.

Considerando que las Fuerzas Armadas y Carabineros entregaron en enero de 2001 información sobre el paradero de los desaparecidos, esta afirmación provocaría carcajadas, sino fuera tan trágica la materia. Quizás por eso, Fernández decidió omitir este importante discurso de su libro autobiográfico.

Indicaba que “frente a la nómina de presuntos desaparecidos a que actualmente se ha reducido el problema, declaro categóricamente que el Gobierno carece de todo antecedente sobre las circunstancias de su presunto desaparecimiento, por lo cual rechaza en forma tajante la sugerencia de que ellos podrían estar detenidos ocultamente por las autoridades”.

Considerando que las Fuerzas Armadas y Carabineros entregaron en enero de 2001 información sobre el paradero de los desaparecidos, esta afirmación provocaría carcajadas, sino fuera tan trágica la materia. Quizás por eso, Fernández decidió omitir este importante discurso de su libro autobiográfico.

Más de 20 años después –en 2002–, mientras Sergio Fernández ha obtenido un sillón en el Senado representando a la Unión Democrática Independiente (UDI), parte significativa de esos razonamientos continúan utilizándose para justificar las violaciones a los derechos humanos.

La importancia del problema puede entenderse a la luz de un trabajo de Hermógenes Pérez de Arce sobre “las causas inmediatas del pronunciamiento militar”.

Allí indica como primera causa del golpe “la amenaza de una acción clandestina contra las Fuerzas Armadas”.

Indica: “Las Fuerzas Armadas temían un golpe militar clandestino o de elementos militarizados clandestinamente, contra ellas mismas y contra la institucionalidad. Un golpe de izquierda, desde luego. El temor es la razón que moviliza la mayor parte de las conductas humanas traumáticas y en este caso creo que fue decisivo para determinar la actuación de nuestros uniformados... Creció la convicción de que en forma clandestina se estaban formando grupos armados que, aunque incapaces de enfrentarse directamente a las Fuerzas Armadas, pudieran descabezarlas en una acción audaz y desencadenar así un golpe de Estado de extrema izquierda”.

Pero admite también que “existe la posibilidad de que la crisis política chilena hubiera terminado tranquilamente. Que la Unidad Popular hubiera llevado el país a la ruina, pero sin un rompimiento del régimen constitucional vigente... la posibilidad de una salida pacífica a la crisis nunca podrá ser desestimada al ciento por ciento”.

Una de las escasas reflexiones originadas en el mundo conservador que escapan a esta línea de razonamiento fue planteada por Juan Alberto Díaz Wiechers en una obra apologética del régimen militar, y que se vende en la Fundación Augusto Pinochet, con prólogo del ex diputado de Renovación Nacional, Gustavo Alessandri. Luego de preguntarse qué pudo haber ocurrido en caso de no producirse el golpe de Estado, dice: “La posibilidad más real, desde luego, es que la crisis política pudo haber desembocado en el tan temido autogolpe y en la guerra civil, como en los mejores tiempos de la guerra civil rusa y la guerra civil española, con un ejército descabezado y los propios civiles defendiéndose hasta la muerte de las turbas armadas que se abalanzaban sobre sus propiedades”.

Pero admite también que “existe la posibilidad de que la crisis política chilena hubiera terminado tranquilamente. Que la Unidad Popular hubiera llevado el país a la ruina, pero sin un rompimiento del régimen constitucional vigente... la posibilidad de una salida pacífica a la crisis nunca podrá ser desestimada al ciento por ciento”.

Las tropas sacan a los últimos resistentes desde La Moneda

Las tropas sacan a los últimos resistentes desde La Moneda

“Si Allende hubiese controlado a sus exaltados, hubiera restablecido la autoridad de su Gobierno y respetado al Congreso, a la Corte Suprema y a la Constitución, posiblemente la Unidad Popular hubiera sobrevivido hasta 1976 y entregado el poder al próximo Gobierno electo en las urnas".

Puntualiza que, en esa hipótesis, el país hubiera continuado en un estado de decadencia que se arrastraba desde el fin de la Primera Guerra Mundial, por lo que de todos modos -a su juicio- fue mejor que ocurriera la intervención militar que habría llevado al país a la senda del progreso y el crecimiento económico.

Es digna de reconocimiento la honestidad intelectual de Díaz, que defiende el golpe de Estado admitiendo que no hay evidencia suficiente para sostener la hipótesis de una amenaza armada y que sólo es una «posibilidad» (especulativa). El problema es que la Junta Militar de Gobierno sostuvo que la existencia de esa amenaza era un hecho establecido, y a partir de allí desarrolló una línea de justificación de su legitimidad y definió políticas específicas.

NOTAS:

1- El artículo 10 del Decreto Ley Ley 1 .878. Publicado en el «Diario Oficial» N° 29.836, del 13 de agosto de 1977, establecía que «la Central Nacional de Informaciones se vinculará con el Supremo Gobierno, en el cumplimiento de sus misiones específicas, a través del Ministerio del Interior».

2- «Hoy». Santiago, 6 de junio de 1978.

3- Sergio Fernández: «Mi Lucha por la Democracia», Editorial Andes,--Santiago. 1994.

4- Gonzalo Vial editor: «Análisis Crítico del Régimen Militar». Universidad Finis Terrae. Santiago. 1998.

5- Juan Alberto Díaz Wiechers: «Chile: entre el Alcázar y La Moneda». Santiago, 1999.

Continúa el domingo.