En el primer año del segundo gobierno de Sebastián Piñera, La Moneda ha tenido que enfrentar -en distintos grados- fuertes cuestionamientos a varios de sus ministros. Andrés Chadwick en Interior por el caso del asesinato de Camilo Catrillanca; Felipe Larraín en Hacienda por su compra de colegios con un crédito Corfo y su viaje a Harvard; el caído Gerardo Varela en Educación por sus polémicos dichos, entre estos el de sus hijos “campeones”, y José Ramón Valente en la cartera de Economía por el alto desempleo y subempleo que afecta a millones de chilenos.

Curiosamente, esta coyuntura ministerial ha favorecido a uno de los referentes históricos de la UDI y de la derecha: el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

Y es que desde que en marzo del año pasado asumió la cartera que ahora también supervisa el cumplimiento de los Derechos Humanos, el histórico dirigente ha protagonizado varios pasos en falso. Y en las últimas semanas cometió además errores personales que incluso han sido mal vistos en el propio oficialismo.

El más reciente fue por el nombramiento del próximo notario de Curacaví, revelado por nuestro medio, el que todavía podría beneficiar a su ex jefe de gabinete, Jesús Osses. Pero el ministro sorteó rápido el problema inhabilitándose de la designación, pero esto podría impactarle de igual forma si Nicolás Monckeberg –quien reemplazó a Larraín en la resolución del concurso– se decide por el ex asesor.

Esto en medio de la tramitación del proyecto presentado por el propio ministro que reforma la ley que regula la elección de notarios, el que paradójicamente busca dar mayor transparencia en la designación de estos cargos.

Y en marzo Hernán Larraín tropezó al respaldar a su amigo Jaime Orpis (UDI), ex senador que actualmente enfrenta un juicio por cohecho en el caso Corpesca, arriesgando 21 años de cárcel.

El ministro fue citado a declarar como testigo en la investigación, en su calidad de ex senador. El problema fue que definió el edificio del Ministerio de Justicia como lugar para llevar a cabo la diligencia, según informó La Tercera. Además, públicamente señaló que declararía a favor de su amigo formalizado. “Tengo plena confianza en Jaime Orpis y su conducta”, dijo Larraín en una entrevista con CNN Chile.

El hecho y sus palabras incomodaron incluso en La Moneda, y a muchos les recordó los tiempos en que defendía públicamente al líder de la secta de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, acusado de pedofilia. Al igual que en la situación de su ex jefe de gabinete, tuvo que reaccionar para evitar que la situación se volviera una crisis. "Es mi voluntad evitar que esta confusión se produzca, por lo cual he pedido a la defensa de Jaime Orpis no participar como testigo en este caso, solicitud que ha sido concedida", dijo Larraín a través de un comunicado público el 28 de marzo.

Crisis en Derechos Humanos

No son los únicos conflictos del ministro, aunque quizás sí los más agudos. Pero en 2018 también pasó otros momentos de tensión.

Al comenzar el gobierno, una de las primeras medidas del Ejecutivo fue anular el proyecto de ley dejado por Michelle Bachelet que entregaba como forma de reparación 3 millones de pesos a cada uno de los ex presos políticos calificados en los informes Valech . Esto motivó una interpelación en contra de Larraín, la cual fue encabezada por la diputada comunista, Carmen Hertz.

En aquella oportunidad, el titular de Justicia argumentaba que el decreto fue retirado porque no existían fondos para los bonos, pero esto no era cierto, puesto que ya habían sido aprobados en la Ley de Presupuesto para 2018. Se comprometió a presentar otra iniciativa como forma de reparación, pero ello no ha ocurrido.

El año pasado también protagonizó una reyerta con el Consejo para la Transparencia. El organismo ordenó que los indultos que se otorguen a los presos deben ser publicados en el portal de transparencia activa del ministerio, puesto que son actos con efectos sobre terceras personas, pero esto tampoco se ha concretado. El pasado 19 de marzo el ministerio presentó un reclamo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para revertir la decisión, asegurando que esto significaría publicar “datos personales y sensibles de los indultados”, según se expresa en el documento publicado por Desclasificación Popular. 

Muchos criticaron al ministro porque los indultos más sensibles eran aquellos a militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura (1973-1990).

Pero una de las situaciones más controversiales, y que sigue en desarrollo, fue la presentación del proyecto de “Ley Humanitaria” en enero de este año. Esta iniciativa busca dar arresto domiciliario a enfermos terminales, lo que para agrupaciones de Derechos Humanos y víctimas de la dictadura es una forma encubierta de beneficiar a los ex uniformados que se encuentran encarcelados en el penal Punta Peuco.

Si bien el desempeño político del ministro ha sido errático, sus defensores al interior del gobierno argumentan que a nivel administrativo tiene la casa ordenada. Para ello apuntan a la desastrosa gestión de la ex ministra de Bachelet, Javiera Blanco, que enfrentó huelgas en servicios dependientes como el registro Civil y Gendarmería.