El pasado 11 de septiembre el holding Laureate International Universities con base en Delaware, Estados Unidos, anunció su salida de Chile luego de una decisión tomada por su directorio quienes, según lo investigado por NYC, estuvo motivada por la próxima discusión constitucional, entre otros factores de índole estratégico. En el comunicado, Laureate informó a su comunidad estudiantil y académica el traspaso de las universidades Andrés Bello, Las Américas y Viña del Mar, junto con la venta de los institutos AIEP y la Escuela Moderna de Música y Danza, a la fundación chilena Educación y Cultura presidida por Jorge Selume Zaror.
Las casas de estudio suman en total 175 mil alumnos, equivalente a cerca del 15% de la matrícula del pregrado en el país. De hecho, la Universidad Andrés Bello, es la institución de educación superior de mayor matrícula con 50 mil alumnos, por delante de las tradicionales Universidad Católica y Universidad de Chile, según datos del Ministerio de Educación. Por su parte, el estudio de la Fundación Sol "Endeudar para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE [2020]" da cuenta cómo el Grupo Laureate ha recibido entre el 2006 y 2019, vía el Crédito con Aval del Estado (CAE), la suma de $1,1 billones.
Fundación Educación y Cultura
En entrevista al programa Cadena Nacional de Via X, María Olivia Mönckeberg, destacada periodista y premio nacional, quien destapó el modelo del lucro en la educación superior en el año 2005, manifestó su preocupación por la falta de transparencia e información en la que ha operado Laureate y la fundación Educación y Cultura. De hecho, esta última, no cuenta con una página web o detalles de su conformación en las páginas institucionales de las casas de estudio que conformaban el grupo Laureate, sin perjuicio de que son mencionadas.
A través del “registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro”, elaborado por el Registro Civil, NYC pudo acceder a los certificados de vigencia y directorio de la fundación y a su vez, vía transparencia, la Superintendencia de Educación Superior entregó mayores antecedentes: La fundación Educación y Cultura, Rut: 53.334.445-3, fue constituida el 28 de agosto por la Sociedad Educacional SES, controlada por Jorge Selume Zaror, exdirector de Presupuestos durante la dictadura militar y por la Sociedad Educacional Gundemara, controlada por Juan Antonio Guzmán Molinari, exministro de educación de Augusto Pinochet. El portal sobre “Situación Tributaria de Terceros” del Servicio de Impuestos Internos señala que la fundación Educación y Cultura es una “empresa de menor tamaño pro-pyme” e inició actividades el 31 de agosto con giro de “apoyo a la enseñanza”. Es administrada por tres miembros: dos directores fueron elegidos por la Sociedad Educacional SES: Jorge Selume (Presidente) y su esposa Marta Aguirre Gotelli (Secretaria) y uno por la Sociedad Educacional Gundemara: Juan Antonio Guzmán (Tesorero).
Informa además la Superintendencia de Educación Superior, que la fundación adquirió el 100% de la sociedad “Laureate Desarrollo Educacional SpA”, sociedad que hasta el 11 de septiembre, tenía el control de las 5 casas de estudio anteriormente mencionadas. Lo que no es informado por el organismo público, es que entre el 13 y 14 de agosto (a un mes del traspaso), las subsidiarias de Laureate en Chile realizaron una serie de operaciones con el objeto de desviar capitales, activos y pasivos exigibles de la sociedad principal.
La operación
Laureate en Chile era controlada hasta el 11 de septiembre del 2020 por "Laureate Desarrollo Educacional SpA", cuyos accionistas son Laureate International BV y Laureate I, BV, dos subsidiarias holandesas del holding norteamericano representadas por Pablo Guerrero, miembro de la junta directiva de la Universidad de Viña del Mar y Pedro Covarrubias, fiscal de Laureate y secretario general de la Universidad Andrés Bello.
Ambos acudieron el 13 y 14 de agosto ante el notario público Raúl Undurraga con tres objetivos: 1.- Acordar la división de "Laureate Desarrollo Educacional SpA" y “Laureate Chile II SpA” (cuyo único accionista es Laureate Desarrollo Educacional SpA) en 6 nuevas sociedades; 2.- Disminuir el capital de ambas y; 3.- Traspasar dicho capital, además de activos y pasivos exigibles a las nuevas sociedades.
Posterior a la operación, Laureate Desarrollo Educacional SpA y Laureate Chile II SpA, controladoras de las casas de estudio con prohibición de lucro (UDLA, UNAB y UVM), mantuvieron su calidad de continuadoras legales y únicas responsables ante el Fisco. Sin embargo, sus capitales se vieron rebajados en $136 mil millones, equivalentes a una rebaja del 80%. A su vez, NYC pudo consignar que se aprobó en el acto la asignación de $146 mil millones en activos y $99 mil millones en pasivos exigibles a las 4 nuevas sociedades: LE Educacional SPA, Laureate SpA, LDES Educacional SpA y Laureate Holding SpA.
El traspaso de las universidades y la venta de AIEP
Al mes siguiente, en un hecho esencial presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, el holding publica el detalle del acuerdo al que llegaron las subsidiarias holandesas de Laureate con la fundación Educación y Cultura. Se informa efectivamente la venta de la sociedad Laureate Desarrollo Educacional SpA en US$3 millones, siendo traspasado en consecuencia el control de las 3 universidades junto con la venta de la Escuela Moderna de Música y Danza y el colegio Campvs College. El segundo hecho relevante en el acuerdo, es la venta de la sociedad recientemente creada LDES Educacional SpA a la Universidad Andrés Bello, por un monto de US$214,6 millones quienes pasaron a tomar el control del instituto AIEP. La operación total le reportó a Laureate International Universities US$218,2 millones ($163 mil millones).
En síntesis, posterior al 11 de septiembre, el holding mantuvo 2 de las 6 sociedades creadas durante el mes de agosto (Laureate Holding SpA y Laureate SpA) reteniendo $7 mil millones en capital y $54 mil millones en activos y pasivos exigibles. Sin contar la liquidez que le reportó la venta ya descrita, a la sociedad de Selume y compañía.
Ante los antecedentes, Camila Rojas, diputada del partido Comunes y miembro de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, afirma que algo sospechaban cuando se realizó el traspaso de las universidades, lo que motivó un oficio a la Superintendencia de Educación Superior el 14 de septiembre, requerimiento del que aún no tienen respuesta. “Bajo la ley que tenemos, la plata que se genera por educación tiene que quedarse en la institución para ser reinvertida en educación, dígase: infraestructura, docencia, investigación, etc, lo contrario es una maniobra ilegal y en esta caso estaríamos hablando de que que retiraron el 80% de su "inversión" antes del traspaso”, afirma la diputada. Agrega que “esto claramente tiene que ser investigado por la superintendencia de educación (...) con esta nueva información solicitaremos una sesión especial de la comisión de educación y ahí tendremos que determinar acciones futuras, entre las cuales una comisión investigadora no puede descartarse”.
Al ser consultados por la legalidad del traspaso de las casas de estudio y la venta de los institutos, la Superintendencia de Educación Superior contestó a NYC que aún está pendiente un “proceso de análisis y decisión”, por lo que el organismo fiscalizador no puede responder afirmativa o negativamente al requerimiento.
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