Desde la llegada del Covid-19 al país el 3 de marzo, varios son los proyectos de ley orientados a ayudar a la ciudadanía a enfrentar la pandemia que han sido declarados inconstitucionales por senadores o diputados. Desde la prohibición del corte de servicios básicos a la posibilidad de retirar fondos de las AFP, la Constitución ha sido de los principales argumentos esgrimidos por el oficialismo -y en no pocos casos, por parlamentarios de oposición- para frenar o incluso cortar con el avance de medidas en directo apoyo a la ciudadanía de cara a la crisis del coronavirus.  

En la base de la mayor parte de los argumentos específicos está anclado el híper presidencialismo de la Constitución de 1980, el que -entre otras cosas- impide al Congreso legislar sin su venia asuntos que involucren las finanzas públicas, como es el caso del proyecto de posnatal de emergencia.

1. Posnatal de Emergencia

“Fuiste el único populista del sector dispuesto a violar la Constitución que juraste respetar”. Con estas palabras se dirigió Felipe Kast (Evopoli) al también senador oficialista, Manuel José Ossandón (RN), luego de que este último asegurara por Twitter ser el único parlamentario de su sector que votó a favor del Postnatal de Emergencia. El proyecto que buscaba extender el postnatal por la duración de la pandemia fue declarado inadmisible por 22 votos a favor y 19 en contra, con el aporte a su fracaso de los senadores de oposición Jorge Pizarro (DC), Carolina Goic (DC), Jaime Quintana (PPD) y Juan Pablo Letelier (PS).

La presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD) se había referido antes de la votación a la posibilidad de que éste fuera declarado inconstitucional. “Prefiero cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida que pasar por sobre una demanda urgente de las madres”, aseguró, aunque el ‘sacrilegio’ constitucional no ocurrió.

2. Indulto conmutativo

Propuesto como una medida para evitar una tragedia en las hacinadas cárceles chilenas, el Indulto Conmutativo buscaba intercambiar la privación de libertad de algunos reclusos por el arresto domiciliario. El proyecto fue promulgado por el propio presidente Sebastián Piñera, sin embargo, parlamentarios de su propia bancada –incluyendo diputados de RN, la UDI, Evópoli y el Partido Republicano– interpusieron un recurso en el Tribunal Constitucional (TC) para trabar su avance.

¿La razón para trabarlo? El proyecto era "inconstitucional"; dado que, a juicio de los diputados firmantes, el Indulto Conmutativo resultaba discriminatorio al no incluir a presos cumpliendo condenas por violaciones a los Derechos Humanos.

Finalmente, el TC rechazó el requerimiento.

3. Retiro adelantado (y parcial) de fondos de las AFP

En los inicios de la pandemia, la preocupación generalizada -tanto por el desempleo como por la imposibilidad de trabajar dado el contexto sanitario- motivaron a parlamentarios a buscar formas de entregar dinero rápidamente a la ciudadanía. Es con este horizonte que los diputados independientes Pedro Araya y Carlos Bianchi, junto a Yasna Provoste (DC) presentaron el proyecto de retirar fondos de las AFP de manera parcial.

Por 52 votos a favor, 41 en contra y 4 abstenciones la Cámara de Diputados declaró el proyecto como inadmisible por, claro está, contravenir lo establecido en la Constitución, la cual “entrega exclusivamente al Presidente de la República la facultad de legislar al respecto”, según informa Pulso.

Un paso más allá -que también fue descartado por inadmisible- fue el proyecto que buscaba declarar de interés nacional a las AFP, como primer paso para eventualmente nacionalizarlas dado el contexto de pandemia. El proyecto no logró ser admitido a tramitación legislativa luego de que los votos en contra sumados a las abstenciones (67 y 11, respectivamente) superaran los 68 votos a favor del proyecto. Algunos congresistas, tanto oficialistas como de oposición, fundamentaron su negativa al proyecto en que éste era inconstitucional.

4. Suspensión del CAE

Además de la dificultad de contar con ingresos que permitan subsistir, una parte importante de la ciudadanía tiene que pagar mes a mes la deuda del Crédito por Aval del Estado (CAE) para financiar estudios superiores. Los diputados Alejandro Bernales, Giorgio Jackson, Claudia Mix, Camila Rojas y Gonzalo Winter del Frente Amplio presentaron un proyecto que busca suspender el pago de éste crédito y otras deudas universitarias.

Esta iniciativa sí fue declarada admisible por la Cámara de Diputados, no sin que antes el diputado Diego Paulsen (RN) lo calificara como inconstitucional ya que interviene en "la administración financiera o presupuestaria del Estado, comprometiendo además su responsabilidad crediticia", además de que "incide en las atribuciones de la Tesorería General de la República", según consigna El Mercurio, aunque el verdadero peerjudicado por una medida así seria la industria bancaria que cobra el CAE. 

El proyecto se encuentra ya en su primer trámite constitucional, pasando el 13 de mayo de este año a Comisión de Educación de la Cámara para su revisión. 

5. Prohibición de los cortes de los servicios básicos en pandemia

La Secretaría General de la Presidencia puso en duda la consolidación del proyecto de ley que busca prohibir el corte de servicios básicos como la luz, agua, telefonía, internet y gas durante la crisis sanitaria. La Secretaría General de la Presidencia emitió un comunicado donde plantea que el proyecto "podría constituir infracciones a las normas constitucionales", en concreto, el derecho de propiedad de las empresas prestadoras de servicios, 

Sin embargo, luego el gobierno decidió no concurrir al Tribunal Constitucional para hundir el proyecto, dado que este fue ganando apoyo en el bloque oficialista del Congreso. Sin embargo, para muchos parlamentarios, esta medida sigue siendo inconstitucional.

Bonus Track

El proyecto que Modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, conocido mediáticamente como el impuesto a los súper ricos, aún no ha sido declarado inconstitucional por los parlamentarios.

La iniciativa presentada por Gabriel Ascencio (DC), Karol Cariola (PC), Giorgio Jackson (FA),  Daniel Núñez (PC), Luis Rocafull (PS), Alejandra Sepúlveda (FREVS), Alexis Sepúlveda (PR), Raúl Soto (Independiente), Camila Vallejo (PC) y Esteban Velásquez (FREV) encuentra todavía en primer trámite constitucional, pasando el 2 de junio pasó a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pero hay altas probabilidades que sea considerado así, en tanto no es una prerrogativa presidencial, tal y como lo establece la Constitución de 1980.