El Gran Mercado se ubica a pocos metros del puerto de La Guaira, la capital del Estado de Vargas, que queda a media hora de Caracas en auto hacia la costa, y desde tiempos muy pretéritos es el símbolo de los productos alimenticios de Venezuela.
La construcción donde se venden pescados es simple: un rectángulo de unos veinticinco metros por diez, en el que se exhiben todo tipo de productos marinos, desde trozos de atún rojizos, que todavía conservan su piel, hasta una sarta de camarones apilados en el congelador que los mantiene frescos, pasando por varias otras especies del mar Caribe.
Un sábado cualquiera, como este que pasó, los refrigeradores del mercado no muestran ninguna señal de desabastecimiento. Alejandro, un vendedor que anota unas palabras ilegibles en su libreta, dice que el problema no es la falta de productos que se ofrecen a los clientes; el tema es que gran parte de la gente no los puede comprar.
El sueldo mínimo que en Venezuela es percibido por unas 4 millones de personas, es de 18.000 bolívares soberanos (unos 3.600 pesos chilenos), y el kilo de atún, este sábado 16 de febrero, se puede llevar pagando 13.000 bolívares ($ 2.600). El kilo de sardina, por su parte -uno de los pescados más comprados en tiempos de hiperinflación- se lleva a 3.000 bolívares ($ 600), un 17% del sueldo mínimo.
Pero no son solo los pobres de pobreza extrema quienes no pueden pagar. Según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, publicado en agosto de 2018, la cantidad de kilos por año de pescado que consumen los venezolanos viene disminuyendo progresivamente. Si el período peak durante el chavismo fue en 2012, con un promedio de 17,95 kilos por persona al año, en 2015 esta cifra descendió hasta 13,23 kilos.
Pese a estos problemas, el gobierno ha encontrado en la pesca una carta que jugar.
Acorde a cifras difundidas por el Ministerio de Pesca y Acuicultura, el pasado 3 de febrero finalizó una campaña en la que se distribuyeron 270 mil kilos de pescado en distintos puntos del país, con un precio menor al de mercado. La misma cartera de gobierno tilda estas actividades -denominadas como "Caravana de la Sardina" o "Feria Socialista del Pescado"- como una distribución de "proteína pesquera en todo el territorio nacional".
En los círculos oficialistas -a los que tuvo acceso INTERFERENCIA- se reconoce el problema de la baja en la población del consumo de proteinas, las que vienen con la carne, los lácteos, las legumbres y los huevos. Pero, destacan que iniciativas como esta están ayudando a paliar la severa crisis alimentaria por la que atraviesa Venezuela.
En términos concretos, las cifras de desnutrición infantil indican que el 39% de los menores de cinco años en Venezuela tiene riesgo de desnutrición, según publicó Caritas en septiembre de 2018. Por su parte FAO señaló que el 11% de la población está subalimentada, proporción que probablemente se incrementó fuertemente en 2018.
Todo esto está creando un clima de tensión política en el que el principal tema de conversación son los alimentos y el hambre. En especial luego de que Juan Guaidó y la oposición venezolana pusieron el tema de la ayuda humanitaria en el centro de la agenda, al decir que este sábado 23 de febrero esta iba a cruzar a Venezuela "sí o sí".
Esto ha concitado la expectación política al interior del país, y también fuera, concitando el apoyo de varios países que acompañaran los actos opositores -en el que destaca un concierto en vivo con varios artistas internacionales- en torno a las 200 tonaledas que esperan poder cruzar principalmente desde la ciudad colombiana de Cúcuta.
De hecho, Sebastián Piñera avisó a través de Twitter que viajará esta semana a Cúcuta, Colombia, donde se comprometió entregar 107 millones de pesos chilenos en ayuda humanitaria, lo que equivale a 532,5 millones de bolívares soberanos, que alcanzan para 41 toneladas de pescado.
A su vez, recientemente el presidente Nicolás Maduro anunció la llegada de 300 toneladas de ayuda humanitaria rusa en los próximos días y también planea hacer un concierto alternativo.
CLAP
Sin embargo, la carta más fuerte del chavismo en materia de alimentación corre por cuenta de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un sistema gubernamental que le hace frente a la escasez repartiendo alimentos a los venezolanos en unas cajas de unos 3o x 30 x 30 centímetros, mediante las cuales en 2018 repartieron mensualmente 15.000 toneladas de alimentos.
Básicamente, se trata de distintos tipos de alimentos, tales como fideos, azúcar, arroz, latas de atún y harina de arepas, entre otros, por un precio que varía según el origen socioeconómico del receptor, y que puede rondar los 200 bolívares en personas más pobres. Además, en los locales de CLAP, ubicados en cada urbanismo, se venden productos a precios más "solidarios".
Los CLAP se crearon en 2016. Comenzó como algo circunstancial, pero se extendió en el tiempo dado que la escasez de alimentos se hizo un problema mayor. Al menos por un lapso, "las cajas CLAP aligeraron la tensión social de algunos sectores contra el oficialismo", afirma un analista consultados por este medio.
Desde el gobierno celebran que cada mes 6.000.000 de familias reciban CLAP y el impacto que esto genera bajo las condiciones de pobreza que se manejan hoy en día Venezuela.
El sistema ha sido fuertemente criticado por parte de la oposición por varias razones, entre las que se cuenta generar la relación de dependencia con el gobierno -que compra los productos CLAP- y que la presencia de alimentos en los hogares venezolanos proveídos por este, podría producir un temor a que una eventual salida del poder por parte del chavismo se tradujera en el fin de esta política, que ayuda a llenar la despensa de las familias.
La Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello, publicada en febrero de 2018, cuestiona la mensualidad de esta entrega. En el documento, afirman los investigadores que "poco más de la mitad de los hogares beneficiarios no la reciben [la caja CLAP] periódicamente, porcentaje que aumenta al 69% en las ciudades pequeñas y caseríos".
Además, el estudio indica que en más de dos tercios de los hogares que la reciben en Venezuela, "al menos uno de sus miembros tiene el carnet de la patria", una tarjeta instaurada en enero de 2017, distinta a la cédula de identidad, que permite identificar "el estatus socioeconómico de hombres y mujeres, así como optimizar el sistema de las misiones bolivarianas, con el cual se busca fortalecer la protección social en el país".
Fuentes consultadas por INTERFERENCIA -ligadas al chavismo, pero opositores al gobierno de Nicolás Maduro- indicaron que casi siempre la condición para recibir esta caja es el carnet de la patria, donde también van a parar bonos como "el de Reyes (navidad) o de la Independencia". Estas mismas fuentes, criticaron que con este instrumento se pueda hacer seguimiento de los beneficiarios, pues podría prestarse para la "coacción social" en momentos electorales, al tener identificados -con todos sus datos- a los receptores de los alimentos.
El oficialismo se defiende de estas críticas aduciendo que para recibir una caja CLAP solo basta con tener una comunidad vecinal organizada. "En mi edificio que es mayoritariamente de oposición, todos recibimos la ayuda", asegura una funcionaria gubernamental.
Producción de alimentos
Julián Arteaga no se llama Julián Arteaga pero pide que lo llamemos así para este artículo, debido a su cercanía con el gobierno. Entrada la entrevista, se muestra a favor de la continuidad de Nicolás Maduro en la presidencia.
Arteaga vive en el Estado de Monaga, y hace cuatro años se tomó un terreno de dos hectáreas junto a familiares. Comenta que él preveía esta crisis -la que atribuye en gran parte al bloqueo económico de Estados Unidos sobre Venezuela-, y por lo mismo, junto a un grupo de amigos empezaron a sembrar en las tierras en las que se asentaron.
Tienen plantado yuca, naranja y uno de ellos quiere hacer una laguna pequeña para criar peces. Cuando cosechan, venden barato en las comunidades aledañas. Sus críticas al gobierno son varias. Primero que Agropatria, empresa estatal de insumos agrícolas, no les entrega productos para su jornada diaria.
Pero su reflexión va más allá de eso: apunta a que la continuidad del proceso chavista depende de la agricultura.
Acorde a datos de Fedeagro -elaborados, según su sitio web, con información del Ministerio de Agricultura- desde 2008 a 2015 disminuyó en casi 1 millón de toneladas la producción de maíz -amarillo y blanco-, de casi 3 millones a 1,8 millones de toneladas. La misma entidad aseguró que en 2017 se produjeron un poco más de 1 millón de toneladas del mismo cereal.
"En cinco años más, si no le metemos el pecho a la producción, la revolución se cae. Un país que no produce lo que come, se cae. O que no produzca el 70% u 80% porciento de lo que consume, se cae, porque Venezuela no produce trigo, lo importamos de Rusia. ¿Cómo se ha mantenido Cuba con más de cincuenta años de bloqueo? Producen, hermano. ¿Cómo se mantuvo Bashar Al Assad en Siria? Porque producen", dice.
Y quizás tiene razón: el 3 de abril de 2017, el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, indicó que era de suma urgencia retomar la actividad agrícola de Siria en medio del conflicto armado.
"Incrementar las inversiones en la recuperación del sector agrícola podría reducir drásticamente la necesidad de ayuda humanitaria. También puede tener un impacto significativo en frenar los flujos migratorios", dijo Graziano da Silva en una cita para Siria, pero que bien podría ser para Venezuela.
Comentarios
Añadir nuevo comentario