Desde hace algunas semanas y después de formalizar a un carabinero por arrojar a un joven desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho, la fiscal Ximena Chong vive con resguardo de la Policía de Investigaciones por amenazas y seguimientos, entre los que apareció precisamente un carabinero rondando su casa. 

Este hecho impactó a varios sectores de la opinión pública, incluida parte de la élite política y judicial, tanto por el riesgo a la integridad de la persecutora como también por dar cuenta –nuevamente– del descalabro institucional que vive la policía uniformada.

Pero el seguimiento a la fiscal Chong no es una sorpresa. Desde hace varios años que en distintos puntos del país se han registrado hechos similares en contra de profesionales del ámbito judicial, sobre todo en la Región de La Araucanía y a raíz del conflicto entre el Estado y el pueblo Mapuche.

INTERFERENCIA conversó sobre esto con Karina Riquelme, abogada quien por años dirigió el Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), el cual ha sido uno de los objetivos repetidos por las policías. La jurista relata cómo en sus diez años de ejercicio ha sido acosada constantemente, incluso por la Fiscalía.

- ¿Cuándo comenzaron los hostigamientos contra suya?

- En 2010 me titulé y a los 6 meses ya estaba notificada de que me estaban investigando.

Lo primero que asumí fueron causas en que se acusaba a comuneros mapuche por ley antiterrorista, el caso Peaje Quino, el caso TurBus, caso fundo Brasil y el caso San Leandro. Paralelamente comencé a presentar recursos por la violencia en contra de la niñez en las comunidades mapuche. La PDI se metía a las comunidades, a los colegios o a los caminos en que iban los niños a las escuelas y comenzaban a interrogarlos. Presenté un recurso y lo ganamos. Llevaba meses de titulada, recién asumiendo causas por terrorismo y presentando recursos contra las policías. Este recurso fue muy público en revistas de Derecho, porque fue muy llamativa la resolución que prohibía a las policías acercarse a niños mapuche. En esto me llegó una notificación por debajo de la puerta de mi casa que decía que fuera a conversar con el subcomisario Marcelo Millacoy a la Policía de Investigaciones de Temuco. Fui pensando que era por alguna de las causas que llevaba, pero en el lugar me siento y me dicen que me quieren tomar declaración por una causa en mi contra. El policía me dice “a nosotros nos llegó la orden de investigar, nos llegó esto desde la Fiscalía”.

- ¿De qué se trataba la causa en su contra?

- Lo que pasó era que la Fiscalía, a través del fiscal Alberto Chifelle, me googleó –así dice la carpeta–, y encontró antecedentes que según él podían ser parte de una investigación, respecto de que yo habría ejercido ilegalmente la profesión en 2009 en la Municipalidad de Pucón. Él encontró unas boletas emitidas por la municipalidad y decretó una orden de investigar, de oficio, sin denunciantes o alguien que dijera que yo los había engañado, esa era la investigación, meses después me notificaron para formalizarme. Al mismo tiempo en que los lamgenes (hermanos), mis representados, estaban en prisión preventiva por ley antiterrorista, se me generó una causa a mí. Esto terminó con una condena, no por ejercicio ilegal de la profesión, sino que por fingimiento de la profesión, lo que fue una condena de 21 días de presidio menor en su grado mínimo, pero que se sustituyó por un año firmando en Gendarmería. Fue todo muy raro, porque tenía que litigar en los jucios por terrorismo, ver el mío, quedé embarazada también en ese tiempo. De hecho, cuando fue mi juicio teníamos que parar porque yo estaba amamantando. Al final esta condena no afectó mi ejercicio, pero postulé a algunas pegas en la Defensoría Penal Pública y no me aceptaron porque tenía una condena, quería hacer reemplazos solamente, lo necesitaba en ese tiempo. Ahora ese antecedente se borró, porque finalmente era solo una falta.

- Pero después vinieron más persecuciones.

- Después vino el caso Luchsinger-Mackay y nos cambió la vida a todos. Ahí nos fotografiaban con el Sebastián (Saavedra) cuando la causa estaba empezando. Un día nos avisó un colega que detrás de su auto había un tipo con una cámara gigantesca sacándonos fotos. También nos dijo una funcionaria del tribunal que un policía nos estaba tomando fotos cuando estábamos en la explanada del Juzgado de Garantía. Ahí pusimos un recurso de amparo en favor de nosotros, pero en eso la Fiscalía nos informó que existían dos causas vinculadas a nosotros, una de ellas era de un supuesto testigo protegido que decía que nosotros andábamos regalando 50 millones de pesos en el campo para quien declarara en contra de la PDI. Otro era también de un testigo protegido, pero que no hablaba él directamente, sino que declaraba el mismo policía que torturó a José Peralino en el caso Luchsinger-Mackay, al que teníamos querellado, y era él quien decía que el supuesto testigo protegido declaró que yo andaba buscando antecedentes para perjudicar a Alberto Chifelle.

- ¿Ocurren otros hechos en el marco del caso Luchsinger?

- Sí, ahí comenzó la persecución en el bar (el extinto bar La Vida en Temuco era propiedad de la abogada). Cuando se supo que el bar era mío y que Luis Tralcal había ido al bar la noche en que murieron los Luchsinger, pasó un poco de tiempo y los dueños del local me dijeron que no le iban a seguir arrendando a la “abogada de los terroristas”. Ahí fue una constante, llegaban todos los días los carabineros al bar, de civil, de todas las maneras posibles. Llegaban a molestar de verde, por la patente, por ruido, por lo que fuera, y también de civil estaban siempre. Era común que la gente dijera “hasta cuándo vamos a tener a la policía aquí en el bar”.

- ¿Y cómo se daban cuenta que eran carabineros?

- Porque tomaban una cerveza toda la noche. Era fácil identificarlos y con el tiempo ya ubicabas de vista a varios. De hecho los tipos que me fotografiaron a mí desaparecieron como por dos años, pero cuando pasó lo del caso Huracán, salí de mi casa en el centro un día y aparecieron los dos juntos, fueron a mostrarse. Igual nunca me generaron mucho susto, o sea los psicólogos dicen que sí hay afectaciones.

- Antes que terminara el caso Luchsinger ocurre el caso Huracán ¿Aumentaron los hostigamientos?

- En Huracán, en la misma audiencia de formalización contra los carabineros del montaje, en el tribunal, estaba todo muy bélico, estaba repleto de carabineros de civil sacando fotos, estilo “están persiguiendo a uno de los nuestros, es nuestro territorio y hacemos lo que queremos”. En un momento me sacaron una foto con el teléfono en la cara, después en conversación con la prensa dije que estaba lleno de policías en el tribunal y en la misma audiencia me levanté, apunté al carabinero y le pedí a la jueza que le preguntara quién era. Ahí todas las cámaras se fueron contra el policía incógnito, pero el tipo balbuceó algo y se fue. Esa misma noche fueron a apuntar con láser a mi casa. 

- Recientemente se enteró igual que Carabineros fotografiaban su casa.

- Eso lo denuncié y sería bueno preguntárselo a los fiscales que investigan la denuncia. En Huracán pedí los registros de todas las intervenciones telefónicas que había hecho esta unidad. En esas aparecía yo, con autorización de la Corte de Apelaciones de Temuco y a petición de la ANI (Agencia Nacional de Inteligencia), donde decían que yo era parte de una organización delictiva que se dedicaba a quemar camiones en el sur del Bío Bío. Eso ocurrió mientras yo estaba investigando el caso Luchsinger, al mismo tiempo en que iban a acosarme al bar. Dentro de los antecedentes de Huracán hay muchas investigaciones que tienen que ver con mi domicilio, con mi vida, con mi familia. la denuncia que hice no ha llegado a ningún largo, la lleva Carlos Palma, el mismo que lleva las causas de Huracán. 

- Decía que no le da temor, pero que los psicólogos dicen que sí la ha afectado.

- Te involucras en causas donde hay gente privada de libertad, otros mueren por defender sus derechos, a otros los acusan para que estén presos 70 años, entonces una minimiza lo que le pasa a una misma. Eso hice durante todos estos años, nunca tomé el peso verdadero de lo que significó la persecución. Yo terminé con lupus, que es una enfermedad autoinmune que tiene mucho que ver con el estrés, con todo lo que contuve haciéndome la fuerte y poniendo el cuerpo a lo que significa defender a quienes persiguen de forma mucho más dura, como son las personas del Pueblo Mapuche. Siempre decía que para mí era sin llorar, pero en este tiempo he tenido que tomar terapia y la terapeuta me dice que es evidente que todo esto me afectó, llevo mucho tiempo con la salud más o menos, pero también afecta en el día a día, me fijo en las patentes de los autos, a veces pienso todo como si fuera una película, ando viendo qué está pasando detrás mío, cosas así. La verdad es que no ando haciendo ningún plan maquiavélico o terrorista, por eso me quedo tranquila, pero eso da lo mismo porque hay mucha gente que no comete delitos y los imputan igual.

- ¿Cómo ve la respuesta judicial a estos seguimientos contra suya o la fiscal Chong?

- Bastante débil, debiese existir mayor firmeza de toda la institucionalidad, hay que cuadrarse en que no hayan presiones contra una mujer que hace su trabajo, que busca justicia contra instituciones que, según está demostrado en cuatro informes ya, están violando los derechos humanos de forma consecutiva. Si el Poder Judicial no apoya el trabajo de la fiscal Chong nos podemos convertir en un Estado peligroso, dejando el camino para que nazca una paramilitarismo de parte de la derecha.

- ¿Qué le parece la idea de refundar Carabineros?

- Hay que comenzar de nuevo. La historia reciente de Carabineros, desde la dictadura, ha gozado de mucha impunidad, por esto es necesario refundarla, porque la institución hoy día no está basada en valores ciudadanos, sino que en ver enemigos internos en todos lados, los enemigos internos que les plantea el gobierno de turno.

- ¿Y cómo podría ser esta policía?

- Si se está proponiendo una nueva Constitución la seguridad pública tiene que verse de otra manera. O sea, qué vamos a proteger, qué derechos vamos a relevar, como por ejemplo, el tema del agua. Pero actualmente tenemos una policía empresarial y política defendiendo forestales e hidroeléctricas. Idealmente es que en la nueva legislación se consideren otro tipo de derechos que no sean en función del empresariado y los grandes poderes de este país.