Cuando estalló el escándalo de la colusión del papel higiénico en 2015, Eliodoro Matte Larraín, una figura histórica de la derecha política y empresarial chilena, salió del mapa de los negocios. Matte dejó atrás 40 años de trayectoria en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC) y puso al mando de la empresa a Luis Felipe Gazitúa, un ejecutivo que lo ha acompañado por años. La idea era renovar la imagen de la empresa, limpiarla, y Gazitúa parecía ser el hombre correcto.

En abril de 2016, justo antes de asumir la presidencia de CMPC, la prensa presentó a Gazitúa como un hombre de bajo perfil y de confianza para la familia Matte. Tan bajo era el perfil de Gazitúa que ningún artículo ni reseña periodística habló sobre la multa de UF 735, unos $20 millones actuales, que le aplicó la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la actual Comisión para el Mercado Financiero, el 27 de diciembre de 2007. La sanción era por una serie de operaciones bursátiles que Gazitúa habia realizado estando en conocimiento de información privilegiada.

La resolución que firmó Guillermo Larraín, el entonces titular de la entidad, decía: “Aplíquese a don Luis Gazitúa Achondo la sanción de multa, a beneficio fiscal, ascendente a 735 Unidades de Fomento por infracción al deber de abstención (…) por haber efectuado compras de la acción Minera (Minera Valparaíso) a través de las sociedades Forestal Calle Las Agustinas S.A. y Forestal O'Higgins S.A. y por haber efectuado compras de la acción PASUR a través de Inmobiliaria Ñagué S.A. y Forestal O'Higgins S.A. en las fechas analizadas, contando con información privilegiada”.

Gazitúa se defendió. Dijo en sus descargos ante la SVS, entre otras cosas, que la información sí había sido divulgada al mercado a través de empresas subyacentes, es decir, de las subsidiarias de los holdings Minera y PASUR, empresa dedicada a la industria forestal y de la construcción. También dijo que esos dos holding son totalmente controlados por la familia Matte y que todos los corredores de bolsa saben que esa familia tiene una “vocación compradora”. La SVS desestimó sus argumentos.

En sus apelaciones ante la justicia, las cuales también fueron rechazadas, Gazitúa dijo algo más. Fue algo que en 2007 obligó a corredores y empresarios a cambiar, aparentemente, la forma en cómo venían haciendo sus negocios: “La SVS cambió de criterio a partir del caso LAN en 2007 y ahora considera que los estados financieros de las FECU son siempre y per se información privilegiada, independientemente de que la información que contienen tenga o no la capacidad para influir en la cotización de los valores”, según consta en el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2014. 

Ese 2007 marcó un antes y después en Sanhattan, el barrio financiero de Santiago Oriente. Entrar a un directorio, revisar y aprobar los estados financieros de la empresa y después salir a comprar acciones de esa misma empresa, antes que el resto del mercado conociera esos reportes, era una práctica habitual y extendida. Pero estaba prohibida, pues los estados financieros de una empresa, antes de ser conocidos por el mercado, sí son información privilegiada y por ello la SVS comenzó a aplicar las primeras multas. Gazitúa había caído en ello. Pero no era el único. Cientos de empresarios y ejecutivos habían hecho lo mismo y una denuncia secreta, en el marco de otro caso similar, haría caer a varios de ellos.

La defensa de Sebastián Piñera en el caso LAN, por el cual fue multado en 2007 en $363 millones, fue la que envió a la SVS una lista con cientos de otras operaciones con características similares a la suya. El documento, denominado “Lista de transacciones”, incluía las operaciones de Gazitúa y las de otros viejos conocidos de Sanhattan. Fue, según las palabras de Guillermo Larraín ante la comisión investigadora que levantaron diputados para investigar el caso LAN, una denuncia, una delación. (Revisa al final del texto el listado completo que presentó la defensa de Piñera).

“Este servicio recibió un documento denominado 'Lista de transacciones para su revisión'. La lista de transacciones señaladas incluía una nómina de operaciones de compraventa de acciones informadas por accionistas mayoritarios relacionados y ejecutivos principales, ente otros”, declaró Larraín en la comisión investigadora. “Tales transacciones, a juicio de la defensa (de Piñera), se habían realizado en circunstancias análogas a las cuestionadas y demostrarían que constituían una práctica habitual que, pese a ser ampliamente conocida por esta superintendencia, no se las había sancionado”.

Sin embargo, a Piñera y su equipo de abogados les salió el tiro por la culata. “Lo que hizo la superintendencia fue analizarlas, dado que era una denuncia y se le dio el tratamiento de tal", continuó el superintendente. “Por lo tanto, se inició un proceso investigador”.

En el libro Piñera y los leones de Sanhattan (Planeta, 2018) se puede leer que de las 736 transacciones denunciadas por Piñera, la SVS desechó la mayoría, pues estaban mal informadas o prescritas. Pero en 40 casos se iniciaron procesos investigativos, los cuales derivaron en nueve sanciones, que incluyen por cierto a Piñera y Juan Cueto por la operación LAN. Se trató, entonces, de siete empresarios y ejecutivos que nada tenían que ver con el caso LAN, pero que gracias a la extraña estrategia de defensa de Piñera ahora estaban en el banquillo de los acusados y pagando multas.

Sin embargo, tampoco sufrieron una caída reputacional, ya que las multas y los nombres de los sancionados apenas fueron conocidos. Y, tal vez, estas personas nunca supieron qué había motivado a la SVS a investigarlos. Hasta ahora.

Luis Felipe Gazitúa no fue el único. También cayeron Ricardo Bachelet Artigues, primo de la ex Presidenta Michelle Bachelet y antiguo amigo y socio de Piñera en varios negocios; Jorge Araya Cabrera, el difunto ex gerente y creador de las sociedades cascada mediante las cuales Julio Ponce controla SQM; Jorge Jordan Franulic, presidente de la Empresa Eléctrica de Magallanes (Edelmag); y los hermanos Juan Antonio, Luis Alberto y José Miguel Gálmez Puig, ex dueños de la cadena de tiendas por departamento Almacenes París. Todos ellos fueron sancionados por no abstenerse de comprar acciones estando en conocimiento de información privilegiada tras la denuncia de Piñera.

Interferencia accedió a los expedientes de cuatro de esas siete personas, los cuales fueron entregados por la SVS vía Ley de Transparencia y se pueden revisar íntegramente acá (ver Gazitúa, Bachelet, Araya y Jordan, al final de este reportaje). Los hermanos Gálmez, sin embargo, judicializaron el caso aduciendo, básicamente, secreto de datos personales y comerciales, aunque hay varios precedentes periodísticos que demuestran que la Corte Suprema falla, en última instancia, a favor de acceder a dicha información.

Gazitúa, el hombre que llegó a limpiar CMPC, tuvo que pagar una multa de $20 millones por una serie de operaciones bursátiles que superaron los $800 millones. Jorge Araya fue multado con poco más de $1 millón por transacciones en Pampa Calichera y Oro Blanco que superaron los $300 millones. Jorge Jordan tuvo que pagar unos $3,5 millones por transacciones que superaron los $43 millones. Bachelet, en tanto, fue multado con un poco más de $1 millón por una operación de poco más de $3 millones.

Los hermanos Gálmez de Almacenes París fueron multados con poco más de $20 millones cada uno. Piñera, por su parte, pagó la multa de $363 millones y no apeló. Juan Cueto, sin embargo, multado en $32 millones, sí apeló a la justicia, aunque sin éxito. Pero  cuando lo hizo, su abogado, José María Eyzaguirre, apuntó a Piñera como el promotor de la operación bursátil. “Todos los factores objetivos y de público conocimiento (de esta operación) los venía analizando don Sebastián Piñera durante todo el tiempo que duraron sus negociaciones”, dijo Eyzaguirre, según un artículo de El Mostrador.

Los documentos administrativos del caso que levantó la SVS demuestran lo mismo: fue Piñera quien invitó a los Cueto a la operación LAN, la más polémica que realizó hasta que, apenas unos años más tarde, se le ocurriera entrar, en medio de un diferendo marítimo entre Chile y Perú, a la propiedad de Exalmar, una pesquera peruana.