Los días del "poder total": el Capítulo 1 de la Historia Oculta del Régimen Militar.
Dame un pucho -dijo el conscripto-. No he fumado en todo el día.
-¡Nada de cigarros! -gritó un suboficial, a cierta distancia. ¡Mi general dijo que ni una luz!
Acurrucados en el portal de La Moneda, los soldados del Blindados N° 2 tenían una larga y lúgubre madrugada por delante. Había pasado la medianoche del 11 de septiembre de 1973, y en los patios del palacio presidencial todavía humeaban algunos restos. Las maderas derruidas crujían una y otra vez y el aire estaba invadido por el olor penetrante de la ceniza mojada. Los bomberos se habían retirado poco antes y el edificio estaba solo, mudo, herido, al cuidado de un centenar de jóvenes cansados y nerviosos.
Al frente, a menos de cien metros, el general Nicanor Díaz Estrada levantó el teléfono instalado junto al catre de campaña y espetó, en su tono usualmente enérgico:
-Le voy a mandar una ambulancia para que se lo lleven al Hospital Militar.
El interlocutor enmudeció brevemente.
Para el embajador cubano, Mario García Incháustegui, era una mala opción enviar a un herido de su legación, en esa noche violenta, a un recinto castrense.
El miércoles 12 estaba comenzando, pero aún se sentía el tableteo de las ametralladoras en Santiago. El embajador se negó.
-¡Y entonces para qué cresta llama! -cortó Díaz Estrada.
El general llevaba horas respondiendo el teléfono .para pedidos de emergencia, casi todos insolubles.
En el 5° piso del Ministerio de Defensa se trabajaba en forma caótica, pero a Díaz Estrada se le venía acumulando la tarea desde que el almirante Patricio Carvajal, jefe del Estado Mayor de la Defensa, se había ido hacia la Escuela Militar. Díaz Estrada, subjefe, procuraba coordinar las decisiones.
En la Escuela Militar había concluido unas horas antes la reunión más importante, la de los miembros de la Junta, donde cuatro hombres que habían actuado como jefes de guerra, cruzarían sus primeras palabras como nuevos gobernantes.
La agitación no era menor dentro del Hospital Militar.
En uno de sus pisos superiores había concluido la autopsia del cadáver del Presidente Salvador Allende y se terminaba la redacción del informe preliminar. Los cuatro jefes de Sanidad de las Fuerzas Armadas firmarían los certificados.
01_foto_de_alejandro_hoppe.jpg
El edecán de Ejército del Presidente muerto, el teniente coronel Sergio Badiola estaba. A cargo de los preparativos para la sepultación. Se trataría de poner el cuerpo en un ataúd sellado y de trasladarlo a Valparaíso, con un cortejo que debía incluir la menor cantidad de gente posible, los familiares más cercanos, y algún representante uniformado. Badiola llamó por la noche del 11 al edecán aéreo de la Presidencia, el comandante Roberto Sánchez. Horas antes, ambos habían salido juntos de La Moneda asediada. Para nadie era un misterio que Sánchez había trabado un especial amistad con Allende y aquella tarde estaba deshecho. Badiola tenía un encargo de Ia Junta: que acompañara a Hortensia Bussi en un avión hasta Valparaíso para el entierro de Presidente.
En la mañana de ese miércoles 12, Sánchez se presentó en el Ministerio de Defensa y recibió de Carvajal la orden de partir a Los Cerrillos, donde se reuniría con Hortensia Bussi, Laura Allende y dos sobrinos del Presidente muerto, Eduardo y Patricio Grove.
El vuelo, breve, tenso y silencioso, los dejó en Quintero. (1)
Desde allí una patrulla escoltó al cortejo de Fiat 125 hasta el cementerio de Santa Inés, que había pasado toda la noche bajo vigilancia militar. En aquel lugar desierto, sin ceremonias, con unos llantos contenidos y sin placa alguna que identificara los restos, fue sepultado Salvador Allende. Flores furtivas acompañarían la tumba en los años siguientes.
El "poder total"
La tanqueta: cuando vieron aparecer la tanqueta rugiendo desde Alameda, hasta los hombres de la guardia del Ministerio de Defensa se pusieron en alerta.
Aquella mañana del 12, todos los altos mandos uniformados habían llegado con fuerte escoltas de protección. Pese al toque de queda absoluto, los tiroteos continuaban en la ciudad y el poder de fuego de los resistentes era aún desconocido. Armas pesadas acompañaron la llegada de los comandantes en jefe. Pero sólo al almirante Merino se le ocurrió trasladarse con una tanqueta Mowag de la Armada.
Desde esa llegada espectacular, los despachos de los jefes militares se convirtieron en hervideros de gente y de rumores. Aquella mañana debía producirse la primera reunión formal de la Junta, todavía no estructurada como tal. Era necesaria un acta de Constitución: para redactarla se pensó en los auditores de las Fuerzas Armadas, que funcionaban en esa época como un comité.
El presidente de ese comité era el auditor general de la Armada, el abogado-almirante Rodolfo Vio. Vio traspasó sobre la marcha el encargo a uno de sus ayudantes, el capitán de navío Sergio Rillón. Rillón se puso frente a una máquina de escribir y a toda velocidad produjo una carilla y media de líneas.
02_el_miercoles_12_temprano_en_la_manana_lo_que_quedo_de_la_entrada_a_la_moneda._foto_de_hernan_farias.jpg
El texto incluía los considerandos y un artículo único por el cual los comandantes en jefe se constituían como Junta para asumir el Mando Supremo de la Nación ("el poder total", fue la instrucción que recibió Rillón), con el compromiso de "restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantadas".
Hasta ese punto, el texto mecanografiado por Rillón fue aprobado con una sola corrección: en lugar de Augusto Pinochet había escrito Ramón Pinochet.
A mano, de inmediato, se agregaron los otros dos artículos: para designar a Pinochet como presidente de la Junta y para declarar que se garantizaría la independencia del Poder Judicial (2).
Un agregado adicional, el nombramiento del coronel Pedro Ewing como secretario general de la Junta, fue borrado: sustituirlo en ese cargo habría implicado dictar otro decreto ley.
La reunión de la Junta fue breve en el análisis del texto. En la primera acta de esa reunión hay constancia de la unanimidad. Allí se habló, también, de que la presidencia de la Junta podría ser rotativa. Pero Pinochet pidió que de ello no quedara constancia.
-Eso --dijo- puede ser un acuerdo de caballeros, cuando más.
Pronto se vería que la rotación era impracticable (3). Así que en cosa de minutos se firmó el decreto ley, fechado el 11 de septiembre y numerado con el 1, aunque en rigor lo primero que se había dictado era el estado de sitio.
En la misma sesión, la correlación de los decretos quedó establecida por el número 2, y se dio el 3 a la implantación del estado de sitio. El 4 designó a los jefes de zonas en estado de emergencia.
Esa mañana debía formarse también el primer equipo de gobierno.
Nadie tenía planes. Nadie había pensado en nombres. Nadie iba a postular candidatos. Sólo hubo un acuerdo previo: repartir los ministerios claves entre las distintas ramas de las FFAA. Si había cupo para algún civil, cuanto mejor.
Reunidos en su salón del Ministerio, en el ala que da a la calle Gálvez (hoy Zenteno), los generales Augusto Pinochet, Gustavo Leigh y César Mendoza, el almirante José Toribio Merino y el vicealmirante Patricio Carvajal, discutieron los nombres, asignaron los cargos y acordaron imponerlos como si se tratara de destinaciones militares: nadie podía negarse ni discutir el encargo.
Discusión de gabinete
El primer caso debatido fue el del ministro del Interior.
Uno de los presentes propuso nombrar a un carabinero, puesto que éstos dependían directamente de esa cartera, estaban a cargo del orden público y conocían mejor el terreno. Se argumentó que la ocasión serviría para dar al cuerpo policial un realce mayor. Pero el general César Mendoza, sexto en la jerarquía de Carabineros el día del golpe, no estaba seguro de su alto mando y no tenía a quién recomendar.
Declinó la oferta.
En el momento en que eso se discutía, entró el general Oscar Bonilla para entregar un informe urgente sobre la situación militar en el país y sobre todo en Santiago, donde permanecían algunos focos de resistencia armada.
Pinochet lo miró y se dirigió a los demás:
-Y este hombre, ¿qué les parece?
Bonilla quedó nombrado en Interior.
Carvajal, ahí presente, jefe del Estado Mayor conjunto, era el obvio postulante a Defensa.
Relaciones Exteriores, no se sabe muy bien por qué, estaba para todos vinculado al vicealmirante Ismael Huerta. Después, la repartición siguió por ramas: tres por cada una. El Ejército quedaría con cuatro a1 nominar a Ewing como ministro secretario general dc gobierno, pero como éste tenía un nombramiento de la Junta, no significaba descompensación alguna.
Sólo dos casos crearon dificultades. Ahí se pensó en civiles. El primero fue Justicia, porque la oferta hecha a los auditores de las Fuerzas Armadas fue declinada en nombre del servicio a las instituciones, y su argumentación resultó incontestable. Se pasó lista a una serie de nombres que fueron quedando en el camino, y al final se decidió consultar de inmediato a la Corte Suprema, para pedir a un ex presidente.
Enrique Urrutia Manzano, a la sazón presidente de la Corte, atendió el llamado telefónico. Escuchó.
03_pinochet_abandona_el_palacio_de_los_tribunales_luego_de_una_visita_a_la_corte_suprema._atras_el_ministro_urrutia_manzano_y_de_lentes_el_periodista_oton_gutierrez.jpg
-Los ex presidentes son muy ancianos -dijo, convincente-. Sería mejor un ministro más joven. Le sugiero a Ricardo Martín, que fue integrante de una sala.
Los emisarios de la Junta agradecieron la propuesta y trataron de ubicar a Martin.
Pero no pudieron, y la necesidad era urgente. Sólo entonces la Armada echó mano a un abogado que había trabajado en la Subsecretaría de Marina y que era conocido y querido por los almirantes: Gonzalo Prieto Gándara. El elegido debió aceptar el cargo por teléfono.
El segundo caso fue el de Educación, un área conflictiva donde los militares no serían bienvenidos.
Fue Pinochet el que, después de un recorrido infructuoso por otros nombres, hizo memoria:
-Yo tenía un profesor muy bueno, hace años...
José Navarro, antiguo docente de la Escuela Militar, fue llamado por teléfono y convocado para las 8 de la noche, en tenida formal, al marcial recinto de Américo Vespucio con Apoquindo.
Con este método, en el aire solemne de la Escuela Militar y bajo los severos emblemas nacionales, aquella noche juró el primer gabinete del nuevo gobierno.
La ocupación de las oficinas ministeriales, en los días siguientes al 12, fue casi tan caótica como su desalojo tras el golpe.
En esa primera semana, un alto oficial instalado en un cargo del área económica se encontró confundido frente a las resmas de papel con membrete oficial. Decidió pedir auxilio al Estado Mayor de la Defensa.
-Tenís que ayudarme -le dijo a otro oficial amigo-. Nunca he sido ministro.
-¡Yo tampoco! Te las vai a tener que arreglar solo, nomás.
Pero las ayudas espontáneas llegaron pronto.
Con la celeridad que sólo podría lograrse habiéndolo planeado con anticipación, los grupos empresariales más descollantes hicieron llegar a la Junta listas de posibles asesores en los cuatro días que siguieron al golpe.
La Confederación de la Producción y el Comercio tenía una nómina de varias carillas con economistas y empresarios dispuestos a colaborar de inmediato.
Sólo días después, a fines de septiembre, en un ascensor del Ministerio, una de esas listas le fue entregada al nuevo ministro de Economía, el general Rolando González. Pero el general tenía ya una lluvia de ofertas.
La miró con aire divertido y desdeñoso:
-No la necesito. Ahora, la economía de Chile soy yo.
La cuestión de los plazos
En las pocas horas quietas de aquellas dos primeras semanas, los oficiales concentrados en el Ministerio de Defensa se dedicaban a especular sobre el futuro.
En el ambiente flotaba la "gesta" del golpe y los episodios heroicos corrían de boca en boca. Los focos de resistencia armada iban cayendo velozmente y las operaciones de búsqueda y rastreo arrojaban centenares de sospechosos.
La Iglesia Católica ofreció sus recintos para depositar, anónimamente, las armas que estaban en poder de civiles no autorizados: en pocos días, los inventarios dieron cuenta de una capacidad de fuego dispersa e individual, pero que en el caso de una conflagración civil hubiera costado muchas vidas.
En el Ministerio de Defensa se hablaba con frecuencia de los plazos. En los corrillos de oficiales aparecía el 74, el 75, el 76. El 4 de noviembre de 1976, la fecha .prevista para que Allende dejara el poder, ofrecía sentido político: un plazo breve, suficiente "para restaurar la institucionalidad quebrantada", con sentido de continuidad y una carga simbólica ligada a la democracia (4). Nadie pensaba seriamente en un régimen más prolongado: la emergencia formaba parte de la concepción, del desarrollo y de la resolución del golpe.
Quien pudiera imaginar otra cosa en ese momento, debía guardar el secreto.
04_la_junta_militar_a_la_salida_del_te_deum_efectuado_en_la_gratitud_nacional._foto_de_chas_garretsen.jpg
Cuando la Junta discutió el asunto, el acuerdo fue el mismo: restauración lo antes posible. El general Leigh propuso nombrar a una comisión que estudiara reformas a la Constitución de 1925, con dos grandes objetivos: evitar los "resquicios legales" que dieron celebridad a los abogados del gobierno de Allende, e impedir los gobiernos de minoría, tal vez mediante la segunda vuelta electoral.
En una breve sesión una semana después del golpe, la Junta dio su aprobación a la idea.
Y agregó, para constancia del acta, que la comisión debía ponerse a trabajar de inmediato.
Con ese explícito mensaje, el 20 de septiembre el general Gustavo Leigh invitó a cuatro civiles a su despacho. La lista había sido elaborada por sus asesores de entre una nómina más larga de profesores de Derecho Constitucional. A la reunión llegaron puntualmente Jaime Guzmán, Sergio Diez, Jorge Ovalle y Enrique Ortúzar. La Constitución del 25 reformada sería la base de la nueva democracia. Alguien, allí, mencionó otra vez la fecha tentativa: 4 de noviembre de 1976 (5).
Mensajes para el cardenal
Los símbolos públicos de esa voluntad de restauración eran tan indispensables como las declaraciones. Había que ir a las fuentes de la autoridad republicana, seguir las tradiciones, continuar la vida. Los criterios, sin embargo, a menudo se encontraban: los propósitos publicitarios de los asesores civiles raramente calzaban con la severidad de la seguridad militar y la táctica de infundir temor.
La Iglesia Católica ofreció el primer incidente interno.
La Junta discutió la necesidad de hacer el Te Deum con el espíritu del renacimiento de la nación. Para algunos, ese propósito debía encarnarse en los militares, en las Fuerzas Armadas, en los uniformes. Para otros, debía recoger a la comunidad católica, ampliamente mayoritaria.
Como la mayoría de los jefes militares desconfiaba del cardenal Raúl Silva Henríquez, la primera tesis demoró poco en imponerse.
Dos días después del golpe, el 13, el obispo castrense, Francisco Gillmore, fue a la casa del cardenal para decirle que en la Catedral no podría oficiarse el Te Deum, por razones de seguridad. Los informes de inteligencia sobre la protección del sector y del templo eran adversos (6).
El cardenal replicó que podría trasladarse al Templo de Maipú.
La respuesta llegó esta vez con un emisario uniformado. El mensaje exageró los datos: Maipú obligaría a movilizar dos divisiones, así es que sería aún peor que la Catedral. A las Fuerzas Armadas les gustaría que se oficiara en una unidad militar, idealmente un regimiento; en su defecto, la Escuela Militar.
Silva Henríquez no debió pensarlo mucho: replicó de inmediato que eso sería dañino para la Iglesia y también para los militares.
En ese caso -dijo el emisario- a la Junta le gustaría conversar personalmente el tema, ocasión que podría aprovecharse para que el cardenal realizara una visita formal al grupo de militares que son parte de la feligresía practicante.
El cardenal no puso objeción.
Horas más tarde fue recibido en el Ministerio de Defensa. Uno de los comandantes en jefe planteó la cuestión del Te Deum. Silva Henríquez replicó que estaba dispuesto a hacer las mismas ceremonias y ofrendas que con el gobierno anterior, pero no más que eso.
No, en todo caso, actos excepcionales.
La declaración molestó a los militares: sintiéndose, precisamente, "liberadores" del país, mal podían querer el mismo tratamiento que al gobierno que acababan de derrocar (7).
El cardenal ofreció entonces el templo de La Gratitud Nacional.
Sin demasiadas opciones, la Junta acogió la proposición.
48 horas después, los jefes castrenses devolvieron la visita del cardenal concurriendo a sus oficinas de Cienfuegos.
Allí la conversación fue más formal y se evitaron los roces y los temas espinosos.
Y en el templo salesiano, el 18 de septiembre, con la asistencia de la Corte Suprema, los altos mandos y la dificultosa presencia de tres ex Presidentes (Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Eduardo Frei), tuvo lugar la primera ceremonia religiosa oficial del nuevo régimen.
Años más tarde, Pinochet recordaría que Frei se retiró sin estrechar la mano de los miembros de la Junta. Según su versión, Frei estaba molesto porque se le retiró el auto oficial que Ie correspondía como presidente del Senado (8).
Lo cierto es que el cierre del Congreso no fue notificado a ninguna de sus autoridades: se adoptó como una violenta medida administrativa, y sólo días después la Junta descubrió que allí había, fuera de parlamentarios: funcionarios. Entonces decidió mantenerles el empleo.
Visita de cortesía
Un segundo paso relevante debería darse con la Corte Suprema.
Federico Willoughby, que en unos pocos días había llegado al rango de vocero periodístico de la Junta, hizo los contactos con Enrique Urrutia Manzano, a la sazón presidente de la Corte.
Urrutia firmaba, precisamente, la declaración por la cual el máximo tribunal se congratulaba del golpe, el 12 de septiembre, menos de 24 horas después de concluidas las operaciones militares en el centro de Santiago.
A su turno, la Corte de Apelaciones había sentado la doctrina del Poder Judicial al rechazar el primer recurso de amparo de la historia del régimen, presentado horas después de la caída de La Moneda por Bernardo Leighton, en favor de varios ex funcionarios de Allende y, en particular, del ex ministro del Interior Carlos Briones (9).
Así es que en la visita no habría sorpresas.
La zona de Compañía fue ocupada por las tropas en la mañana del 2S de septiembre y, en medio de una escolta fuerte y enérgica, los cuatro miembros de la Junta se apersonaron en las escalinatas del palacio de la Corte, donde salió a recibirlos Urrutia Manzano.
El intercambio de saludos fue cálido.
Urrutia hizo un discurso en el que denostó la violación de la ley por parte del gobierno depuesto y expresó su satisfacción por la voluntad restauradora del nuevo régimen (10).
Sólo tres días antes, el 22 de septiembre, se había publicado en el Diario Oficial (11) un Decreto imponiendo el estado de sitio en tiempo de guerra, bajo cuyo imperio los derechos civiles y los recursos jurídicos quedaban suspendidos y se entregaban a la tutela de las cortes militares también de tiempo de guerra.
Veinte días después del encuentro en el palacio, la Junta buscó afianzar la imagen de unidad de los poderes.
Urrutia Manzano fue designado para encabezar la delegación oficial chilena a la asunción del mando de Argentina por el general Juan Domingo Perón. El presidente de la Corte Suprema estuvo en la Casa Rosada en aquella memorable tarde del 12 de octubre, en que el viejo general 'volvió a hablar a la muchedumbre desde los balcones que cuelgan sobre la Plaza de Mayo, esta vez protegido por unos vidrios blindados.
La Moneda del futuro
La derrumbada Moneda fue abierta algunas veces en aquellos meses agónicos del 73, para permitir el ingreso de los periodistas.
Oficiales de enlace y civiles conectados con el incipiente aparato de prensa de la Junta acompañaban a los reporteros por entre los escombros y los restos calcinados.
El trabajo de limpieza y remoción demoraría varios días. Incluso un auto alcanzado por un obús en la Plaza de la Constitución, permaneció en el lugar como objeto de curiosidad.
Pero pronto los asesores civiles comenzaron a hacer notar la necesidad de disipar las imágenes de guerra. Los rastros del combate, las huellas de las balas y el fuego del golpe eran contraproducentes y podían contribuir a la ya perfilada "campaña internacional" contra el régimen naciente. La orden de la Junta fue despachada con la forma de un oficio, que de inmediato se haría público, al nuevo alcalde de Santiago, el coronel (R) Hernán Sepúlveda Cañas (12). La fachada de La Moneda debía restaurarse con prontitud para dar inicio a los trabajos de reparaciones en el interior.
05_muertos_en_socavones_del_metro_el_12_de_septiembre.jpg
Algún día, en ese mismo lugar, un nuevo Presidente y una nueva República nacerían de las cenizas. No serían los militares: en el gobierno de la emergencia, la emergencia sería el factótum.
Por cierto, el Ministerio de Defensa no era un lugar apropiado para las tareas de gobierno.
Alguien pensó en el edificio que había servido de sede a la reunión de la Unctad III.
Se preparó de inmediato la orden para adecuarlo. Y se dio una instrucción perentoria:
-Hay que limpiar la zona.
NOTAS
(1) De la Cruz Hermosilla, Emilio: El día que ardió La Moneda. Ediciones Dyrsa, Madrid, España, 1983, pp. 248- 249. También Jiles, Pamela: Habla edecán de Allende. Revista Análisis, 28 de septiembre de 1987.
(2) El texto definitivo apareció en el Diario Oficial del 18 de septiembre de 1973.
(3) Las fuentes uniformadas que hablaron sobre este tema coincidieron en apuntar que pocos días después se tomó conciencia plena de que la rotación en el Poder Ejecutivo no era posible. Los factores más usualmente mencionados fueron: a) los comandantes en jefe habrían visto mermada su autoridad al pasar de una posición a otra; y b) las diferencias de estilos, caracteres y mandos se hicieron pronto muy notorias. Sin embargo, la idea original llegó a ser expuesta por el propio Pinochet en una entrevista de los primeros días. Ver revista Qué Pasa, 27 de septiembre de 1973.
(4) Sergio Arellano Iturriaga, .hijo del general Sergio Arellano Stark, confirma esta versión y afirma incluso que ella se daba "entre los generales". Arellano l., Sergio: Más allá del abismo. Editorial Proyección. Santiago. Chile. julio de 1985, p. SS.
(5) Entrevista con Jorge Ovalle. 12 de noviembre de 1987.
(6) Cardenal, hermano y amigo. Edición especial de La Epoca, 27 de septiembre de 1987.
(7) Menos de dos meses después, el 8 de noviembre de 1973, la Junta haría público este disgusto a través de su vocero de prensa, Federico Willougbhy, quien se declaró sorprendido porque Silva Henríquez reiteraba, ahora en público, que colaboraría con el nuevo gobierno igual que con el anterior. El Mercurio. 9 de noviembre de 1973.
(8) Pinochet, Augusto: El día decisivo. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1980, p. 153.
(9) Boye, Otto: Hermano Bernardo. Edición especial de Análisis, noviembre de 1982, p. 60.
(10) El Mercurio, 26 de septiembre de 1973.
(11) Diario Oficial. 22 de septiembre de 1973. Decreto ley N° S, del Ministerio de Defensa Nacional.
(12) El anuncio público fue hecho el 10 de octubre de 1973. El Mercurio. 2 de octubre de 1973.
Mañana: El libro Martes once. La primera resistencia, de Ignacio Vidaurrázaga.
Comentarios
muy buenos articulos,
BUEN LIBRO
leí el libro muy interesante
excelente trabajo
Añadir nuevo comentario