Uno de los temas políticos de la semana ha sido la negativa del gobierno a entregar los correos electrónicos del Ministerio de Salud al Ministerio Público, en el marco de la investigación criminal que recae sobre Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, Paula Daza y Arturo Zúñiga, a propósito de la responsabilidad que tendrían en las muertes por Covid-19. 

La incautación de estos correos fue ordenada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a petición de la Fiscalía Centro Norte Metropolitana, sin embargo el Ministerio de Salud no los entregó y recurrió ante la Corte Suprema para evitar esta gestión. 

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en que la Fiscalía ordena incautar información computacional desde La Moneda. Tampoco es la primera vez en que esto ocurre con polémica. 

Se trata del “Caso Caval”, una trama destapada en febrero de 2015, la cual involucró al hijo de la ex presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su esposa, Natalia Compagnon; debido al millonario crédito que la sociedad de Compagnon consiguió con el Banco de Chile -de propiedad del grupo Luksic- para comprar tierras en la Región de O´Higgins y posteriormente venderlas a un proyecto inmobiliario. 

El crédito fue aceptado un día después de que Bachelet se hiciera por segunda vez con la presidencia de Chile, en una reunión de Dávalos y Compagnon con Andrónico Luksic. El escándalo obligó a Dávalos a renunciar a su cargo como director sociocultural de la Presidencia el 13 de febrero de 2015. 

En este contexto, la Fiscalía de O’Higgins ordenó incautar una serie de equipos electrónicos utilizados por el matrimonio, entre los cuales se encontraba el computador que Dávalos ocupaba en La Moneda. 

Finalmente en marzo se llevó a cabo este operativo, el cual estuvo a cargo del general de Carabineros, Bruno Villalobos, quien por esos tiempos estaba a cargo de la Dirección de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal.

Luego se conoció que el computador de Dávalos había sido encontrado sin archivo alguno. Había sido formateado y ni siquiera contaba con un sistema operativo, lo que incluso fue informado en la época como “una intervención mayor a la del simple borrado de datos”, según una nota de El Mercurio de la época. 

Posteriormente, el OS9 de Carabineros informó que los datos del computador de Dávalos podían ser recuperados en su totalidad mediante la utilización de un software, lo cual fue informado por Carabineros y personeros del gobierno -Marcelo Díaz entre ellos- en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, en septiembre de 2015.

A pesar de esto, un funcionario informático de La Moneda señaló en la época que Dávalos, antes de su renuncia a La Moneda, ordenó borrar los datos del computador en cuestión, lo cual significó una nueva arista judicial que debió enfrentar el hijo de Michelle Bachelet.

Estos cargos no prosperaron, debido a que en abril de 2017, el fiscal Sergio Moya ordenó sobreseer la investigación contra Dávalos por la arista de los datos borrados de su computador. En la ocasión, el fiscal Moya dijo “ese computador jamás fue formateado, no hay ningún antecedente técnico para establecer que se borró o agregó algún archivo (...) lo que procede es que se sobresea la investigación en ese punto”.

Bachelet, Villalobos y el fiscal Moya

No es un misterio la cercanía que Bruno Villalobos tenía tanto con Michelle Bachelet como con Mahmud Aleuy, subsecretario del Interior en ese entonces. Bachelet lo conocía desde su primer periodo en la presidencia de Chile, cuando Villalobos se desempeñó como jefe del Departamento de Seguridad Presidencial. 

Villalobos sería nombrado General Director de Carabineros por Bachelet en agosto de 2015, seis meses después del episodio del computador de Dávalos.

En el ejercicio de ese cargo, Villalobos sería gravemente cuestionado a propósito de su responsabilidad como cabeza de Carabineros, cuando se conoció del multimillonario desfalco conocido como “Pacogate”, en el cual fueron detectados al menos 28 mil millones de pesos defraudados por integrantes de la institución policial. Además, Villalobos fue procesado y detenido en diciembre de 2018 por el delito de torturas en contra de un grupo de estudiantes en una comisaría de Los Andes en 1985, lo cual tuvo como resultado la muerte del joven Patricio Manzano. También por su activa participación en la escandalosa operación de inteligencia que buscó inculpar a líderes mapuche mediante montajes, denominada Operación Huracán. 

Pese a todo esto, y a numerosos procedimientos en su contra, Villalobos ha gozado de una situación judicial relativamente calma, tal como informó nuestro medio en un artículo publicado hace tiempo atrás. “Debe conocer secretos de todos”, dijeron a nuestro medio algunos abogados que litigan en materias que involucran a Carabineros, lo cual se debe a que Villalobos fue director de Inteligencia entre 2008 y 2012, y luego en 2014 cuando Bachelet volvió al cargo. 

Villalobos también fue vinculado al fiscal Sergio Moya, el mismo que sobreseyó a Sebastián Dávalos Bachelet por el caso del computador formateado. Moya fue acusado de participar en la Operación Huracán mediante “asesorías” a varios uniformados en el marco de esta operación, incluído el general Villalobos. 

Sebastián Dávalos Bachelet fue sobreseído de la arista principal del Caso Caval, la que contemplaba el delito de cohecho, en marzo de 2018.