El “emprendimiento” educacional que levantó en 2005 el actual ministro de Hacienda, Felipe Larraín, no parece haber recibido los beneficios de una millonaria inversión. Larraín, junto a otros empresarios, consiguió ese mismo año un crédito blando con CORFO de US$20 millones, dinero con el que adquirió una decena de colegios, privados y subvencionados, para implementar formas innovadoras de impartir educación.
Tras una década de esa apuesta, sin embargo, la situación de esos colegios no parece haber cambiado en lo académico. Incluso, la conflictividad laboral, en algunas de estas instituciones, es lo que hoy aqueja a profesores y funcionarios.
El proyecto de Larraín se realizó en alianza con la Pontificia Universidad Católica (PUC) bajo el sello “Educa UC”, una marca que provocó esperanza en el cuerpo docente de esos colegios, pues la reputación de la PUC estaba detrás. Pero la iniciativa fracasó y fue traspasada, en parte, a la sociedad Fundación Boston Educa.
“En lo académico nunca se vio el sello de la PUC. Habían practicantes de la PUC, pero los maltrataron durante la huelga de 2013, porque no quisieron cubrir a quienes estábamos en paro y después dejaron de llegar estudiantes de la universidad”.
De acuerdo al hoy extinto sitio web de EducaUC, el objetivo de la organización era “desarrollar e implementar una red de establecimientos educacionales que lleven el sello de excelencia propio de la universidad, que dé respuesta a las necesidades y desafíos de la educación chilena”.
En los hechos, esto nunca ocurrió.
En el acta del Consejo Superior del 20 de octubre de 2017 de la PUC, donde uno de los puntos a tratar fue la futura disolución de EducaUC, la decana de la Facultad de Educación de la PUC, Lorena Medina, expuso que “el rol de la Facultad es casi nulo en términos educativos. La participación es financiera y de administración. Ha resultado ser un problema muy grande”.
Esta falta de conexión entre la casa de estudios y la realidad de los colegios incidió en que no se ejecutara un proyecto pedagógico sólido. Un docente sindicalizado del El Bosque de Puente Alto –uno de los que integra la red–, que pidió mantener su identidad en reserva, dijo a INTERFERENCIA que “en lo académico nunca se vio el sello de la PUC. Yo me titulé de ahí y nunca vi un profesor de la universidad en el colegio. Habían practicantes de la PUC, pero los maltrataron durante la huelga de 2013, porque no quisieron cubrir a quienes estábamos en paro y después dejaron de llegar estudiantes de la universidad”.
Leonardo Trujillo, quien lleva 25 años siendo profesor de matemáticas en el Colegio San Antonio Baluarte de Rengo, otro de los diez patrocinados por EducaUC, dice que cuando se generó el cambio hubo rumores que finalmente no llegaron a nada. “Se decía que íbamos a ser parte de la Universidad Católica, había toda una expectativa”, plantea el docente y presidente del sindicato de dicha institución.
En el mismo Consejo Superior mencionado anteriormente, el rector de la PUC, Ignacio Sánchez, expuso que hasta que al 2010 los resultados “eran más bien negativos, se buscó mejorar el pacto de accionistas, estabilizar los resultados y disponer de un plan de mejoramiento”.
Esto último no dio resultado y EducaUC dejó de existir como tal. Fue ahí cuando se traspasaron seis colegios a Boston Educa, presidido por Alexis Camhi, otro de los socios de Prospectus, la sociedad impulsora de EducaUC. Por su parte, Felipe Larraín dejó su puesto en Expertus, lo único que lo mantenía vinculado a este proyecto, poco antes de ser nombrado ministro de Hacienda en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
La misma realidad
“El colegio antes (de 2005) ya tenía buenos resultados. Entonces, no podría darle una visión muy objetiva”, dice Trujillo, del Colegio San Antonio Baluarte de Rengo.
El docente se refiere a que antes de que los colegios fueran adquiridos por Larraín, ya presentaban buenos resultados académicos. Y, de hecho, la apuesta de EducaUC no mostró cambios sustantivos en el desarrollo de los establecimientos, tal como ejemplificamos con cuatro recintos educacionales de la red, específicamente con resultados Simce de octavo básico de 2004, 2007 y 2009.
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Los US$20 millones de Corfo estaban destinados a emprendimientos que tuvieran un propuesta innovadora para impartir educación, pero esto no se materializó, según dijeron los profesores. Como ejemplo, en el Colegio El Bosque de Puente Alto tienen un data show para toda la enseñanza la media, seis pizarras inteligentes y sólo una cancha techada para actividades deportivas. El laboratorio de computación, en tanto, tiene alrededor de 36 computadores para un universo cercano a los 900 alumnos.
“Si se entregaron US$20 millones para innovación, en este colegio no se vio”, dice Macarena Jofré, presidenta del sindicato de trabajadores de ese establecimiento.
Lo insólito es que la innovación en este ámbito fue gratuita. Debieron instalar el software libre Linux, puesto que la licencia de Office (procesador de textos) venció y los estudiantes no pueden usar programas como Microsoft Word.
A 22 kilómetros, en el Colegio San Marcos de Macul, tampoco llegó la innovación.
“Si se entregaron US$20 millones para innovación, en este colegio no se vio”, dice Macarena Jofré, presidenta del sindicato de trabajadores de ese establecimiento.
Ese colegio, por ejemplo, no cuenta con un gimnasio. Pero sí tiene una multicancha, aunque sin camarines. Jofré dice que, en el fondo, se trabaja con lo que hay a la mano nada más.
Prácticas antisindicales
Algo que ha marcado la realidad de estos colegios en los últimos años son las huelgas de profesores buscando mejoras en las condiciones laborales. Y, de parte de las autoridades, la respuesta no siempre ha sido amigable.
El docente del Colegio El Bosque que habló con INTERFERENCIA relató que en el establecimiento vivieron prácticas antisindicales. En 2007 formaron la primera organización de trabajadores, como respuesta a cambios en los sueldos.
Cuando entró EducaUC aquel año se traspasó el carácter privado del colegio a particular subvencionado. Se prometió a los profesores que con los aportes del Estado aumentarían sus sueldos base, pero en la práctica lo que ocurrió fue que la nueva administración bajó el sueldo base de $300 mil a $200 mil, inyectando a este último los aportes fiscales para quedar en los mismos $300 mil de base.
La administración realizó una evaluación de profesores, tras lo cual se despidió a 17 de los 25 que pertenecían al sindicato.
Meses después de este hecho, la administración realizó una evaluación de profesores, tras lo cual se despidió a 17 de los 25 que pertenecían al sindicato. Tan sólo quedaron ocho, con lo que el órgano representativo se diluyó, hasta rearmarse en 2011. En 2013, luego de una negociación colectiva, la administración presionó a la presidenta de la organización, Ingrid Escobar, quitándole su cargo de jefa del Departamento de Inglés y trasladándola al ciclo de enseñanza básica. La docente demandó y ganó en primera instancia y en la Corte de Apelaciones de San Miguel.
La contraparte en el Colegio El Bosque era Ana María Sánchez. Ella fue desvinculada del establecimiento en medio del conflicto con la profesora Escobar. Pero no se desligó de la red educacional, sino que fue enviada a otro símil, donde también hubo problemas.
En 2015, el Colegio San Francisco de Paine, lugar al que llegó Sánchez durante 2014, estuvo casi veinte días en huelga legal por no recibir ofertas que se ajustaran a lo solicitado por los docentes. En la ocasión, Carmen Arriagada, presidenta del sindicato, se refirió a la polémica compra de establecimiento por parte de EducaUC.
“Aumentó casi al tope su capacidad de alumnos y la mensualidad para los apoderados creció. El proceso fue bien polémico, porque la adquisición se hizo con un fondo que se otorga para las pequeñas y medianas empresas (pymes)”, dijo al periódico El Ciudadano. Hoy, está liderando un proceso de negociación colectiva, por lo que no quiso referirse al tema.
En Rengo, Leonardo Trujillo, del Colegio San Antonio del Baluarte, recuerda que lo más complejo para el sindicato fue llegar a acuerdos para reajustar los sueldos de los docentes. En todos estos años han tenido tres negociaciones colectivas. La más significativa fue en octubre de 2014, cuando estuvieron catorce días en huelga por no llegar a un acuerdo.
Sus peticiones, en aquel entonces, apuntaban a obtener un reajuste de 11% del sueldo base y a un reconocimiento a la antigüedad de los trabajadores dando un bono por cada dos años del tiempo de permanencia en el establecimiento. De hecho, hubo una primera instancia de mediación en la Inspección del Trabajo de Rengo, convocada por la Dirección del Trabajo, en la que los dirigentes de EducaUC no se presentaron. Llegaron cuatro días después, a la segunda mediación.
Problemas laborales como estos no terminaron cuando la alianza con la PUC terminó. Más bien, son un problema heredado de esos antiguos sostenedores.
Durante junio de este año los profesores del colegio San Marcos de Macul –quienes ya tuvieron una huelga durante 2015–, vivieron otro proceso de paralización de actividades. ¿La razón? Similar a las anteriores: la búsqueda de mejoras en sus condiciones laborales.
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