El Ministerio Público comprobó, mediante la revisión de cámaras de vigilancia en el lugar, que el entonces subteniente Diego Benavides y los cabos 1° Omar Torres y Víctor Saavedra falsificaron sus informes policiales luego de que Benavides baleara a dos menores de edad y a un joven de 18 años en el marco de una detención.

Si bien Benavides –que desde ocurridos los hechos ascendió a teniente– se encuentra en prisión preventiva y los cabos Torres y Saavedra están con la cautelar de arresto domiciliario total, Carabineros aseguró a INTERFERENCIA que los tres “se encuentran activos en la institución”, desempeñando servicios en la 55° Comisaría de Pudahuel, la Escuela de Suboficiales y la 25° Comisaría de Maipú, respectivamente.

Los hechos, según la investigación dirigida por el fiscal Marcelo Soto, son los siguientes.

Los menores Máximo y Kimberly –10 y 9 años, respectivamente– se encontraban junto a cinco familiares al interior de un auto en la comuna de Pudahuel cuando el subteniente Diego Benavides les ordenó que se bajaran. El vehículo se encontraba transitando por el frente de un outlet que estaba siendo saqueado, con numerosas personas alrededor. Michael; el conductor de 18 años, además de llevar a seis pasajeros en el auto, no contaba con licencia de conducir, por lo que decidió cruzar el bandejón central y eludir la detención de Benavides.

Luego de bajarse de su motocicleta, el subteniente abrió fuego. Iba acompañado del cabo 1° Omar Torres y Víctor Saavedra, de mismo grado.

Máximo resultó con una herida toráxico abdominal por proyectil balístico, neumotórax con drenaje pleural, fractura costal, lasceración pulmonar con sospecha de trombosis y rabdomiolisis postrauma. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Kimberly recibió el balazo en el brazo, quedando el proyectil alojado en el lugar. Michael fue impactado en el hombro, donde la bala le fracturó la escapula izquierda. Cuando salió del auto, uno de los carabineros lo pateó en la cara mientras otro pisaba sus piernas.

Por su parte, los efectivos policiales en sus informes policiales y declaraciones aseguraron haber sido atacados por personas en el vehículo, incluso recibiendo disparos por parte de Michael. Declararon que el conductor del auto intentó atropellar a Benavides, destruyendo su motocicleta, además de haber estado robando en el lugar.

“Aparecían elementos del parte policial que eran dudosos. Se pudo verificar que en el parte no aparecía la supuesta agresión a los funcionarios policiales. Procedimos a recabar videos que revelan que todo lo señalado en el parte policial, o al menos la mayoría de ellos, era falso”, explicó el fiscal Marcelo Soto durante la audiencia del caso el 16 de noviembre pasado.

Al revisar las cámaras de vigilancia, el Ministerio Público corroboró la versión de quienes viajaban en el auto, dando cuenta el registro que jamás intentaron atropellar a Benavides y que tampoco dispararon a los funcionarios policiales. Soto, durante la audiencia, agregó que además de “confeccionar actas mendaces, generar un parte policial ideológicamente falso” y destruir a propósito la motocicleta del subteniente Benavides, los funcionarios golpearon a los detenidos y amenazaron a algunos de muerte.

Funcionarios privados de libertad

Luego de conocerse los hechos, los tres efectivos policiales quedaron en prisión preventiva durante la investigación de 60 días que prosiguió a la audiencia de formalización. Cumplido el plazo, Torres y Saavedra, acusados de falsificación de instrumento público, apremios ilegítimos y encubrimiento de homicidio frustrado, vieron rebajadas sus medidas cautelares de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

A los tres funcionarios privados de libertad se suman otros dos, quienes llegaron al lugar posterior a que Benavides disparara. Se trata del mayor de Carabineros Juan José del Río Soubelet y el cabo 2° Ariel Leonel Araya González, ambos acusados de apremios ilegítimos luego de que golpearan a las víctimas durante su detención. El mayor Del Río, además, fue formalizado por falsificación de instrumento público, obstrucción a la investigación y daño a motocicleta fiscal; y como encubridor de tres delitos de homicidio frustrado.

“Esperamos que estos imputados tengan las máximas condenas y que sean ejemplificadoras para los funcionarios corruptos, que deben estar fuera de cualquier servicio policial”, explica Ramón Sepúlveda, abogado de la Fiscalía Popular de Cerro Navia que, junto al abogado Patricio Soto, patrocinan una de las querellas presentadas en la causa.

Sobre la permanencia de los efectivos policiales en Carabineros, Sepúlveda explica que “debe ser porque aún no son condenados, con lo que no estamos de acuerdo, ya que con la magnitud de las pruebas que hoy tiene la investigación es claro que la institución debiera haber instruido un sumario lo más rápido posible que los apartara”. El abogado cerró comentando que a su parecer, “Carabineros finalmente los protege más que sancionarlos”.