La política anti inmigración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se intensificó desde el mes de julio, cuando prometió deportaciones masivas de inmigrantes ilegales que vivieran en su país. Este anuncio ha provocado que muchas mujeres cancelen sus horas de aborto y de exámenes prenatales en clínicas, ante los rumores de que agentes de migración y policías realizan controles a las afueras de estos establecimientos.

Los centros de atención de salud cercanos a la frontera con México, -donde el aborto es legal- han confirmado el alza en las cancelaciones de atenciones de esta prestación. 

“La retórica de Trump ha tenido un efecto inhibidor en nuestra comunidades de inmigrantes, que tienen miedo de moverse libremente. Esto afecta la capacidad de buscar todo tipo de atención, incluido el aborto”, comentó a Folha de Brasil Ann Marie Benítez, directora del Instituto Nacional Latino para la Salud Reproductiva. La organización ayuda a inmigrantes a acceder a prestaciones de salud.

Otro factor que dificulta el acceso al aborto para estas mujeres es que la ley estatal sobre el tema restringe la ejecución de la interrupción del embarazo, y sólo permite que se realice dentro de las 24 horas después de ser atendidas por un médico. Esto genera que mujeres de pueblos pequeños viaje a las grandes ciudades, donde se encuentran las clínicas que realizan abortos, y pasen muchas horas fuera de su casa, corriendo el riesgo de ser interceptadas por agentes de migración.

El miedo a las deportaciones también ha afectado a las mujeres que deben realizarse exámenes y chequeos durante su embarazo. Muchas de ellas deciden asistir a las clínicas cuando ya han comenzado el trabajo de parto.

La ofensiva de Trump ha generado miles de deportaciones desde el mes pasado. A esto se suma que hace unos días el gobierno norteamericano anunció un proceso de deportación acelerada, sin pasar por tribunales.