Y llegó el día tan esperado por las organizaciones ambientales y la empresa Andes Iron, propiedad de las familias Délano –encabezada por Carlos "Choclo" Délano– y Garcés, esta última vinculada a Embotelladora Andina y Banvida.

La Corte Suprema ordenó que el proyecto minero Dominga retorne al Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que el pasado 27 de abril de 2018 acogió la reclamación de Andes Iron, anulando las resoluciones y los acuerdos tanto de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de Coquimbo como del Comité de Ministros –ambos organismos que rechazaron la iniciativa minera–, dando la orden de retrotraer todo el procedimiento a la COEVA para realizar una nueva votación.

Así, el máximo tribunal dio pie atrás a la decisión de la instancia judicial con sede en Antofagasta, indicándole que ahora "conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento, esto es, el carácter completo de los antecedentes del proyecto y la estricta evaluación ambiental del mismo y la refutación de los antecedentes técnicos esgrimidos por el Comité de Ministros para rechazar el proyecto ‘Dominga’".

Parte de esta información la había adelantado INTERFERENCIA hace dos semanas en un artículo titulado "Exclusivo: Corte Suprema rechaza proyecto Dominga por 4 a 1 votos, pero deja abierta una puerta trasera".

Este medio dio a conocer la votación de los magistrados –que efectivamente fue 4 contra 1– y también el hecho de que se dejaría sin validez el fallo del Primer Tribunal Ambiental. Sin embargo –a pesar de que en esa nota se pronosticaba que el fallo sería adverso para Andes Iron–, INTERFERENCIA afirmó que el proceso se retrotraería al Comité de Ministros, lo que no fue correcto.

¿Escenario neutral?

La sentencia fue tomada de distintas maneras por los actores involucrados. El presidente ejecutivo de Andes Iron, Iván Garrido, mediante un comunicado difundido a los medios de prensa, indicó que como empresa "valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto, pues tenemos plena confianza acerca del carácter completo, exhaustivo y sólido de la evaluación ambiental que se hizo a Dominga".

Sin embargo, muchas organizaciones sociales consideraron que el fallo supremo constituye un revés para el proyecto minero. Alejandra Donoso, abogada de la ONG Defensoría Ambiental –organización que actuó como parte en esta causa–, afirmó en conversación con INTERFERENCIA que el fallo del máximo tribunal les parecía "una buena decisión en justicia, que se hace cargo de las sendas y grandes ilegalidades que cometió el Tribunal Ambiental al dictar su sentencia".

"La Corte Suprema da cuenta de los errores jurídicos que cometió el Tribunal Ambiental en su sentencia, en cuanto a los argumentos de forma, y también le ordena revisar los argumentos de fondo, que son aquellos que omitió y que son los que, precisamente, fundamentan el rechazo del proyecto en términos técnicos", agregó. Y finalizó afirmando que "desde el punto de vista técnico, Dominga se mantiene rechazado, porque la información que entregó el titular del proyecto a su evaluación, es insuficiente para que pueda ser aprobado".