Este jueves se sumó un nuevo capítulo a la trama que se desató tras la publicación de los Pandora Paper, una serie de documentos de paraísos fiscales, que entre sus revelaciones sacó a la luz pública los detalles de la venta de Sebastián Piñera de su parte de Minera Dominga a su amigo Carlos Alberto Délano, realizado en diciembre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, cuando era presidente en su primer mandato.

Esta vez, según publicó La Tercera durante la jornada de ayer, el Ministerio Público habría decidido abrir una causa penal en contra del presidente Sebastián Piñera por esta compraventa.

Según indicó el diario, los antecedentes sobre el contrato de compraventa en Islas Vírgenes Británicas -revelados por Ciper y LaBot bajo Pandora Papers- serían nuevos, ya que aunque parte de su contenido había sido mencionado en un reportaje de Radio Bío Bío en 2017 y estaba en conocimiento de los fiscales, en ese momento no se contaba con el documento concreto para su revisión.

Dado lo anterior, el Ministerio Público podría abrir una investigación de oficio (sin querella de por medio) “para perseguir un eventual cohecho u otra figura penal que pueda involucrar al Mandatario”, como informó La Tercera respecto de fuentes que consideró como "conocedoras de la tramitación".

Ya en 2017, tras una querella del entonces diputado Hugo Gutiérrez, el fiscal Manuel Guerra- quien renunció la Fiscalía este año- investigó el caso de Exalmar y una posible arista de corrupción en la venta de Minera Dominga del 2010.

Según lo relatado por Ciper y La Bot el domingo pasado, mientras era presidente en su primer periodo, en diciembre de 2010, Piñera vendió en 152 millones de dólares su parte de la propiedad de Minera Dominga a Délano. Mientras que 14 millones de dólares fueron pagados en Chile, 138 millones de dólares fueron pagados en las Islas Vírgenes Británicas, evitando así pagar impuestos.

El pago de esos 138 millones fue acordado en tres partes: el 10 de diciembre de 2010 se pagarían 106,8 millones de dólares, el 18 de enero de 2011 otros 21 millones de dólares y el siguiente pago de 24,2, condicionado a si la autoridad no declaraba reserva natural la zona donde quiere instalarse el proyecto. Es decir, éste último pago dependía netamente de las tratativas del presidente para evitar que zona se protegiera.

Ya en 2017, tras una querella del entonces diputado Hugo Gutiérrez, el fiscal Manuel Guerra- quien renunció la Fiscalía este año- investigó el caso de Exalmar, una posible arista de corrupción en la venta de Minera Dominga del 2010 y la acusación de que Piñera, al cancelar el proyecto Barrancones, erradicado en la misma zona que Dominga, habría intentado beneficiar a la empresa de su amigo Carlos Alberto “Choclo” Délano, pues no cabían dos proyectos de esa envergadura en la zona.

Pese a todos estos antecedentes, Guerra descartó insistir en el proceso y solicitó sobreseer el caso. La decisión fue confirmada, después por la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema en 2017, año de elección presidencial en la que competía Sebastián Piñera por su segundo periodo.

Según la publicación de La Tercera de ayer, en la investigación del fiscal Guerra en 2017 no se habría incluido este contrato y su cláusula sobre la reserva natural, por lo que no sería un antecedente sancionado por la justicia aún, lo que ameritaría la reapertura del caso. 

Guerra también aseguró a los medios en 2017, que “no se ve ninguna relación lógica entre Barrancones y Minera Dominga”.

Debido a esta investigación del fiscal Guerra, tras las publicaciones de los Pandora Papers, La Moneda salió rápidamente el domingo pasado a blindar al Presidente, con un comunicado que aseguraba que estos datos ya eran conocidos a través de la investigación de Radio Bío Bío y que ya habían sido investigados por la Fiscalía, que había descartado un delito en la transacción. Una conferencia de prensa que dio el mismo Sebastián Piñera el lunes desde el palacio presidencial, reafirmó lo dicho en el comunicado.

Sin embargo, ya el domingo la bomba había explotado para el gobierno y la oposición en el Congreso ya hablaba de una acusación constitucional en contra del mandatario, con lo que las palabras de Piñera no surtieron efecto.

En paralelo, el fiscal nacional, Jorge Abbott, solicitó a sus asesores estudiar los antecedentes publicados respecto a los Pandora Papers para decidir si correspondía abrir una investigación por oficio. 

“Es una acusación basada en una mentira, basada en una falsedad” reiteró en variadas ocasiones el ministro Jaime Bellolio (UDI)

Esta eventual decisión de Fiscalía de reabrir el caso Dominga dado el hallazgo del contrato de las Islas Vírgenes Británicas y su cláusula contradijo la versión que durante toda la semana repitió Piñera y sus ministros: “Es una acusación basada en una mentira, basada en una falsedad” reiteró en variadas ocasiones el ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Bellolio (UDI), respecto a que no era conocida la cláusula del tercer pago, condicionada a que Piñera no declarase la zona de Dominga como reserva natural (cosa que no hizo, por cierto).

Entra Acosta

Este mismo jueves -luego de conocerse el artículo de La Tercera- Juan Domingo Acosta, el abogado de Sebastián Piñera en el caso de 2017 volvió a repetir que estos antecedentes eran conocidos por la Fiscalía.

En un comunicado público, Acosta, señaló que "en agosto de 2017, un medio de prensa informó al público -entre otras cuestiones- de la existencia de esta cláusula, incluyendo el monto del saldo de precio, fecha de pago y sus condiciones", refiriéndose al artículo de Bío Bío.

"No se puede alegar que la referida cláusula en la compraventa hubiera sido desconocida para el Ministerio Público o no hubiere formado parte de la investigación ni hubiese sido revisado", agregó Acosta, quien aseguró que la documentación que tuvo a la vista el fiscal Manuel Guerra era un pre-acuerdo que no se alteró respecto del acuerdo final sellado en el paraíso fiscal (el cual no está en la carpeta investigativa).

"No se puede alegar que la referida cláusula en la compraventa hubiera sido desconocida para el Ministerio Público o no hubiere formado parte de la investigación ni hubiese sido revisado", dijo Juan Domingo Acosta, abogado de Piñera.

Esta declaración de Acosta se da ante una Fiiscalía que viene siendo cuestionada respecto a su imparcialidad para investigar delitos de corrupción en política y con un fiscal nacional impugnado tras sus declaraciones de haberse reunido con políticos procesados por casos de financiamiento ilegal de la política. Un punto que pudo haber presionado a Abbott para decidir abrir una investigación en contra de Piñera, al igual que la decisión de su subalterno -Manuel Guerra- de haber ignorado un antecedente tan concreto que apunta al delito de cohecho.

Según un instructivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de prevención del cohecho o soborno; "Nuestro sistema normativo define al cohecho como el acto de ofrecer, prometer o dar, a un funcionario público, chileno o extranjero, un beneficio para sí mismo o un tercero, a fin de que el funcionario haga o se abstenga de hacer algo, que tenga como consecuencia para el que ofrece el beneficio, la obtención o mantención de un negocio o una ventaja, o bien de evitar un resultado adverso a sus intereses".

Según pudo conocer INTERFERENCIA, el Ministerio Público no tendría solamente novedades provenientes de los Pandora Papers para este caso, razón por la que ha dado señales de alejamiento de Piñera, y por lo que se espera que en los próximos días el fiscal nacional Jorge Abbott anuncie la investigación sobre la compraventa de Minera Dominga.