“Esto no es más ni menos que el costo de la decisión que 38 senadores tomaron ‘por susto’ en octubre de 2015, al aprobar al candidato a fiscal nacional de Sabas Chahuán y Michelle Bachelet. Alguien que no tenía ninguna habilidad ni competencia para dirigir, ni menos liderar una institución como esta. Es una institución del siglo 21 dirigida por alguien del siglo 19”.

La frase anterior, que alude al fiscal nacional Jorge Abbott, es de un fiscal que conversó con INTERFERENCIA, con la condición de mantener su nombre en reserva (no es ni Emiliano Arias ni Sergio Moya), en el contexto de la crisis que atraviesa el Ministerio Público, que tiene a Arias y Moya como aparentes protagonistas, pero que alcanza actualmente también al fiscal nacional, Jorge Abbott, e incluso al ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Ayer martes fue un día intenso en el conflicto al interior del Ministerio Público. El consejo de fiscales definió que se realizará una investigación penal y otra administrativa en contra del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, luego de las denuncias realizadas por su subalterno Sergio Moya.

Pero las palabras del persecutor incógnito –las cuales fueron reafirmadas por otro de sus pares en reserva–, apuntan a que tras esta pelea entre fiscales hay un cuadro más grande, uno que involucra los intereses de todo el poder político chileno y las consecuencias de esto.

“Lo que pasa hoy no es culpa ni de Arias, ni de Moya, ni de Carlos Gajardo, ni de Manuel Guerra ni de nadie. Es culpa de la clase política y la del gobierno. En 2007 Sabas Chahuán no era el llamado a dirigir el Ministerio Público, Alberto Espina y los radicales lo instalaron, en esa época el nombre era Juan Enrique Vargas. Luego, en 2015, el nombre no era Abbott, pero Sabas Chahuán, Javiera Blanco, Ana Lya Uriarte, Bruno Villalobos y Carlos Montes hicieron a todos ceder por susto”, afirmó el fiscal a nuestro medio.

En 2015 el poder político estaba en una encrucijada importante. Ese año las autoridades estaban fuertemente cuestionadas por los casos Penta, SQM, Corpesca y Caval. Los tres primeros hablaban de la injerencia que tenían las empresas en el financiamiento de campañas de varios parlamentarios de Chile Vamos y la Nueva Mayoría, mientras que el último involucraba directamente al hijo de la entonces presidenta, Michelle Bachelet.

Cuando el fiscal habla del “susto” que allanó la elección de Abbott, se refiere a que este era el nombre llamado para controlar toda la crisis política. Su análisis puede ser discutible, pero en los hechos los únicos personeros comprometidos en términos judiciales son el ex senador Jaime Orpis (UDI), quien arriesga 21 años de cárcel por sus vínculos con Corpesca, y Marco Enríquez Ominami y Jorge Pizarro, imputados por el caso del uso de una avioneta proporcionada por brasileños. Mientras tanto, políticos de distintos partidos que intercambiaban correos y pedían dinero a empresas, terminaron con procesos abreviados e incluso sobreseimientos.

Las rencillas

La era de Jorge Abbott como máxima autoridad del Ministerio Público quedará probablemente marcada por su “doctrina de mano blanda” respecto de los casos de corrupción, pero también por sus recurrentes conflictos con Emiliano Arias.

El fiscal nacional ha sumariado en tres ocasiones al persecutor de O’Higgins, su subalterno más rebelde, a quien también apartó de los casos SQM y Corpesca. La actual acción penal por las denuncias de Sergio Moya parece ser la batalla definitiva entre Arias y Abbott, quien ha respaldado el avance de esta investigación. Pero este episodio se está convirtiendo en una bola de nieve para el poder.

Entre las denuncias presentadas por Sergio Moya contra Emiliano Arias, se indica que el fiscal regional de O’Higgins habría beneficiado a Luis Hermosilla (abogado del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, y amigo del ministro del Interior, Andrés Chadwick) en el caso de irregularidades financieras en el Teatro Regional de Rancagua. Además, según Moya, Arias habría favorecido a Herman Chadwick Larraín, sobrino del titular de Interior, con un juicio abreviado en el caso Caval, en el cual este está involucrado.

Estas acusaciones tomaron fuerza después de que Radio Bío Bío publicara durante la noche del martes las conversaciones de WhatsApp entre Eduardo Soto y Andrés Chadwick en 2017, en las que este último le pedía que ayudara a Arias comunicacionalmente en su conflicto con Jorge Abbott por el llamado caso incendios, donde el fiscal nacional le aplicó un sumario por reclamos de los abogados de la empresa eléctrica CGE, quienes eran los objetivos judiciales de Arias tras los devastadores incendios del verano de 2016 en la zona central. Cabe recordar que en ese momento, Chadwick no era el ministro del Interior, pero sí el jefe de campaña de Sebastián Piñera.

Así las cosas, todo indica que la pelea estilo Game of Thrones dentro del Ministerio Público, está recién comenzando.

INTERFERENCIA trató de comunicarse con Arias, pero cercanos al fiscal afirmaron que no daría declaraciones a la prensa por recomendación de su abogado.