El 30 de agosto de 2018 el ministro Mario Carroza, quien encabeza la investigación criminal por la muerte de Pablo Neruda, recibió una carta del ministerio del Interior. El juez investigador venía solicitando hace meses a esa cartera financiar la última pericia forense necesaria para determinar la verdadera causa del fallecimiento del Premio Nobel, quien murió el 23 de septiembre de 1973 en la Clínica Santa María.

La respuesta desde La Moneda fue escueta: no hay presupuesto para ello. En el lenguaje técnico típico de la administración pública la misiva enviada a Carroza decía: “Se requirió un informe a la División de Administración y Finanzas de esta Secretaría de Gobierno, a fin de conocer el estado de su presupuesto y las posibilidades de soportar el cargo en análisis (…) Para la presente anualidad no se cuenta con presupuesto disponible para el financiamiento de las pericias solicitadas”.

“No se tiene dinero para pagar los exámenes de Pablo Neruda, porque estos no fueron contratados por el actual gobierno”, afirma Rodolfo Reyes, sobrino del poeta.

El documento, al que tuvo acceso INTERFERENCIA, está firmado por Ximena Risco, la jefa de la división jurídica del ministerio. Además, la abogada adjuntó también una carta que el propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, envió a la Contraloría de la República.

En esa misiva, el oficio Nº 24.144 enviado el 21 de agosto, Chadwick le pide al contralor Jorge Bermúdez pronunciarse respecto a la obligación de su ministerio de financiar esa pericia. En el segundo punto de ese documento, el ministro y primo hermano del presidente Sebastián Piñera esboza el “problema”: “Costos asumidos con anterioridad por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y su forma de financiamiento”. Según se lee en el oficio, fue el Programa de Derechos Humanos de ese ministerio que, en 2015 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, asignó los costos para el procedimiento médico-legal. Pero desde 2017 ese programa forma parte de la nueva Subsecretaría de Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia. Es por eso, argumenta Chadwick, que esos costos ya no están bajo la responsabilidad de su repartición.

Y, acto seguido, Chadwick se queja ante el Contralor. “No obstante este cambio y por motivos que son desconocidos para esta Administración”, todos los compromisos pendientes del Programa de Derechos Humanos fueron traspasados al Programa de Seguimiento de Causas Judiciales del Ministerio del Interior.

En otras palabras, más que interesarse en saber la verdad sobre la muerte de Neruda, Chadwick está preocupado de los costos de su ministerio y chutear la pelota burocrática. Esa sería la interpretación benigna. La no tan inocente es otra. Al actual gobierno simplemente no le interesa saber los resultados de las pericias forenses, para no abrirse un frente más en su flanco más débil: su pasado de silencio profundo frente a la violenta represión de la dictadura.

Dudas verdaderas

Los restos de Pablo Neruda fueron exhumados en 2013. Cuatro años después, en octubre del año pasado, un panel de 16 expertos internacionales concluyó que el poeta no murió de cáncer a la próstata como se ha sostenido en los últimos 45 años. En uno de sus molares y osamentas se encontró la bacteria Clostridium botulinum y la pericia que falta es una muestra de la tierra donde está sepultado el poeta en Isla Negra. Esto con el fin de descartar que aquella bacteria esté en su organismo por contaminación externa.

Los exámenes se encargaron a los laboratorios de la Universidad McMaster de Canadá y de la Universidad de Copenhague. El monto de las pericias, deuda que el Estado de Chile mantiene con ambas instituciones, es de US$ 39.082 (unos 26 millones de pesos al cambio actual).

“No se tiene dinero para pagar los exámenes de Pablo Neruda, porque estos no fueron contratados por el actual gobierno”, afirma por teléfono desde España Rodolfo Reyes, sobrino del poeta. “Se olvidan que fue el Estado el que se comprometió, entonces lo más sencillo para dificultar este pago fue llevar esto a consulta de la Controlaría para que vean el plano de la legalidad. Esto va a demorar un año más y está entorpeciendo la investigación”.  

Si bien el ministro Carroza se dirigió en reiteradas ocasiones al ministerio del Interior para conocer la posibilidad de financiar la última etapa de investigación, recién hace un mes obtuvo respuesta. La primera vez fue en febrero de este año, cuando aún era ministro Mario Fernández. No obtuvo respuesta alguna. La segunda vez fue en abril, cuando le escribió al nuevo ministro Chadwick. Tampoco obtuvo respuesta. A mediados de mayo fue el propio Rodolfo Reyes quién le escribió al ministro del Interior, que fue lo que finalmente motivó la respuesta a Carroza a fines de agosto.  

Según el sobrino de Neruda el hecho de que todo el proceso esté detenido no es algo menor.

“Extraoficialmente hemos sabido por los mismos laboratorios que (esa bacteria) no podría haber sido por contaminación externa”, asegura Reyes, quien se encuentra en España para participar de varios homenajes a Neruda. “Pero eso lo tienen que ratificar y ese examen es el que está paralizando todo”.