Tras meses de conflictos, declaraciones cruzadas y contrapropuestas técnicas, el gobierno publicó el nuevo esquema de precios que regirá para las centrales de hasta 9 MW, en un decreto de 43 páginas (ver documentación adjunta) que regula los aspectos técnicos y comerciales de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGDs).
Así, este jueves el Ministerio de Energía ingresó a la Contraloría General de la República la modificación reglamentaria, tras obtener el miércoles la firma del presidente Sebastián Piñera, con lo cual terminó con el régimen de precios que había permitido la proliferación principalmente de pequeños productores de energía solar, menoscabando sus ingresos esperados a través de un nuevo esquema de precio estabilizado, el cual originalmente fue establecido en un horizonte de tiempo de largo plazo para generar confianza en los inversionistas respecto de los ingresos de sus inversiones.
En concreto, el gobierno introdujo diferencias horarias en el precio estabilizado, con lo que perjudicó directamente a los productores de energía solar, pues -evidentemente- estas funcionan de día y no de noche.
En conversación con el Diario Financiero, el ministro Juan Carlos Jobet dijo "el Ministerio ponderó todas las observaciones recibidas en las distintas instancias participativas que se dispusieron a lo largo de este proceso, y realizó modificaciones que potenciaban el borrador del reglamento, con la visión de que esta regulación aporte al desarrollo de una matriz energética segura, eficiente y sostenible”.
Sin embargo, el daño a este sector comenzó -en la práctica- en marzo, cuando la entonces ministra Susana Jiménez anunció en Nueva York que modificaría el precio estabilizado para los pequeños productores, sin explicar cómo ni cuándo, lo que inmediatamente produjo el freno de las inversiones ante la incerteza jurídica emanada de la palabra de la autoridad. Las palabras de la ministra hacían eco de la tesis de los grandes productores de energía, para quienes ese precio estabilizado constituía un subsidio otorgado a los pequeños productores.
Con Jobet las cosas no fueron distintas. En las últimas semanas las organizaciones gremiales de los pequeños productores, Acera y Acesol, encargaron un estudio externo para efectuar una contrapropuesta técnica (ver artículo Productores de energías renovables toman delantera y proponen precio que ponga fin a incertidumbre de INTERFERENCIA), pero nada de eso fue considerado, salvo -tal vez- el plazo: mantener en 14 años de estabilidad de precios para las inversiones, y no en 12, pues la industria no observa plazos así de cortos.
Hoy, la nueva normativa de Jobet implica un duro golpe a los pequeños productores de energía solar, pues en la práctica se disminuyen sus ingresos esperados, lo que hace menos atractiva la inversión, y les da tiempo a los grandes productores de energía para desarrollar la tecnología solar, que era su ventaja competitiva.
Por su parte, la economista Ana Lía Rojas, ligada desde hace años al sector energético, se mostró decepcionada frente a la medida gubernamental, argumentando que "va en contra de la tendencia mundial de incentivar generación solar cerca de las ciudades, que son los centros de consumo". Asimismo, manifestó que "la industria envió más de 800 observaciones y el Ministerio contestó en tres páginas, sin argumento alguno de por qué no tomaba tal o cual observación".
Rojas además apuntó que la fórmula actual de cálculo "lleva a que el precio que se llama estabilizado, deje de serlo, pues incluso en el mismo texto se admite el hecho de que puede llegar a ser negativo. O sea, es el único segmento del sector en donde el precio de energía para sus productores se castiga de tal forma que puede dar un precio negativo. Ni con el carbón pasa eso", acusa.
La reacción del PS
En conversación con INTERFERENCIA, la diputada Daniella Ciccardini (PS) -presidenta de la comisión de Minería y Energía de la Cámara- manifestó que su principal preocupación dice relación con las tarifas de los usuarios.
En tal sentido, la congresista apoyó la proliferación de pequeños productores de energías renovables -tal como fue la apuesta del ministro de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco- y dijo que "lo que va a pasar con este cambio en el cálculo va a ser que exista menos intención de invertir de parte de las energías fotovoltáicas, y va a haber menos competencia, aumentará el costo, y existirá un aumento en el alza de las tarifas en el mediano y largo plazo".
Sin embargo, Ciccardini también consideró que "no hay ningún argumento técnico que pueda revertir lo que esbozó el ministro Jobet hasta el momento" respecto del mayor costo asociado a la energía solar, dado que no funciona las 24 horas. Esto, aludiendo a los estudios externos que ha recibido la diputada y que han encargado las asociaciones de pequeños y medios productores.
A juicio del ex ministro de Energía entre 2016 y 2018, Andrés Rebolledo (también PS), el cambio pasa estrictamente por una decisión política. "Se pudo haber dado 20 o 30 argumentos técnicos, pero ya estaba la convicción de cambiar. Se han hecho estudios desde ambas veredas, tanto a favor como en contra, pero lo cierto es que esto demuestra en concreto una política de este gobierno porque hay intereses asociados a esta modificación", dijo a INTERFERENCIA.
A su vez, Rebolledo -quien trabajó para el gobierno de Bachelet- indicó que "me parece que no es una decisión coherente en el contexto de la COP 25, ya que estos pequeños generadores aportan energías limpias a la matriz, están cerca de los centros de consumo y son infraestructuras amigables con el medio ambiente. Diría con certeza que la modalidad de precio estabilizado generaba un incentivo a la inversión en este sector que ahora se pierde".
Por su parte, ante la consulta de INTERFERENCIA, el ex ministro Máximo Pacheco (PS, también) declinó de momento referirse a este tema.
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