El 3 de junio pasado la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, viajó de Santiago a San Antonio con el propósito de comunicar una supuesta buena noticia para la ciudad puerto: las 69 habitaciones del Hotel Enjoy estaban disponibles para la comunidad sanantonina, golpeada fuertemente por el coronavirus, por lo que había más espacio para realizar cuarentenas en buenas condiciones.

En rigor, la noticia no era nueva, pues el 29 de mayo, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, dependiente de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, envió una orden de compra a la sociedad San Antonio Hoteles II Spa, para utilizar el edificio como residencia sanitaria.

Esta sociedad controla el Hotel Casino San Antonio, recinto que desde abril del año 2019 es propiedad del grupo Enjoy y que se ubica en la calle Barros Luco, a un costado del mall Arauco San Antonio de esa ciudad.  

La orden de compra contemplaba un pago de 221.697.000 de pesos con IVA incluido, por el arriendo de 69 habitaciones durante 3 meses, es decir a un valor de $ 62.100.000 mensuales. El costo por habitación, según la cotización correspondiente, es de $30.000 más IVA. 

Todo eso estaba aparentemente operando al momento de la visita de Daza. Eso a juzgar por lo que la misma subsecretaria informó entonces, al decir que el recinto ya tenía una ocupación del 30% de su capacidad en proveer cuarentenas.

Sin embargo, la situación del trato entre el Hotel Enjoy de San Antonio con el Minsal cambió el 8 de junio -es decir, cinco días después de la visita de Daza- cuando el Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio decidió cancelar la orden de compra en la plataforma de Mercado Público, con el propósito de pasar el acuerdo a un sistema de “arriendo de inmueble”.

Tras esto son varias las dudas que quedan respecto del acuerdo, en especial respecto del precio y las contraprestaciones asociadas.

Tampoco están claras las razones del cambio, pues los correos que Mercado Público publicó en el acto de cancelación de la orden de compra no las especifican. 

Más allá de las razones que hay detrás para cambiar el contrato, es importante señalar que el nuevo sistema elegido por el Minsal -de arrendamiento de inmueble- implica que los contratos no quedan inmediatamente a disposición del público, pues deben ser subidos por el sistema de Transparencia Activa de las reparticiones correspondientes, las cuales suelen tardar largo tiempo en actualizar sus datos. 

Al consultar esas plataformas, tanto en el Servicio de Salud de Valparaíso San Antonio, como en las subsecretarías de Redes Asistenciales y Salud Pública, no figuran estos tratos. 

En el caso del Servicio de Salud, al consultar el apartado Contrataciones relativas a bienes inmuebles y otras compras, solo aparecen tratos realizados hasta el 2019. En los casos de Redes Asistenciales y Salud Pública, también aparecen datos atrasados, en ambos, correspondientes a 2019. 

A su vez, al revisar la sección de Transparencia Activa del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, solo figuran tratos realizados hasta abril de 2020.

¿Espacio Riesco II?

El 16 de junio, tanto el medio independiente NYC como la periodista Marianela González, publicaron en hilos de Twitter distintos aspectos del contrato entre el Minsal y Espacio Riesco. 

A este documento, que incluye datos como que el 25 de marzo ya había más de 4.000 personas contagiadas y 40 fallecidos, se accedió tras tres meses de espera y una solicitud de amparo en Transparencia, según indicó en su publicación la periodista. 

El arriendo de Espacio Riesco generó polémica precisamente por la opacidad del trato. Cambiar la modalidad de compra implica también cambiar la manera en la que se accede de forma pública a esta información, ya que a diferencia de Mercado Público, Transparencia Activa es un portal que históricamente se ha caracterizado por demorar más en ir actualizando su información, la que depende de la voluntad y capacidad de cada organismo público.

Cabe recordar que el hotel de la firma Enjoy se transformó en residencia sanitaria en un momento financiero complejo para la firma ligada históricamente a la familia Martínez de Viña del Mar. 

El grupo operador de casinos informó a fines de abril que se iba a someter a un proceso de reorganización judicial para evitar la quiebra, decisión que se justificaba, según la empresa, en los efectos que había tenido el estallido social del 18 de octubre de 2019 en su industria y la actual pandemia por el Covid-19. Y a comienzos de este mes, solicitó acogerse a la Ley de Quiebras de Estados Unidos para que se reconociera la reorganización judicial en Chile.

Lo anterior -pese a las excusas de Enjoy de justificar su situación financiera en la contingencia de los últimos meses- en instancias en que distintos informes financieros y académicos muestran que las finanzas de la compañía ya iban a la baja desde hace años, tal como informó INTERFERENCIA en el artículo Ni estallido ni pandemia: documentos muestran que Enjoy iba rumbo a la quiebra antes del 18 de octubre.