Terminado mi primer periodo como regidora en 1967, decidí presentarme a la reelección. En esta segunda campaña electoral las compañeras prostitutas de las calles Maipú y San Camilo me solicitaron una entrevista para entregarme su apoyo. La Nena del Banyo encabezaba la delegación, y aunque no tenían una propuesta clara, sabían perfectamente qué querían de sus representantes: respeto.

Fueron una verdadera contribución a la campaña, pues asumieron la responsabilidad de cubrir un sinnúmero de actividades; entre ellas, organizaron clubes deportivos e instalaron una biblioteca en calle Matucana, en un local que les conseguimos en comodato precario. Años después, ante la escasez de carne y pollo que se produjo durante la Unidad Popular, iniciamos con ellas y las organizaciones de los cité s y conventillos la campaña por el consumo de la merluza. Preparábamos el pescado de variadas formas en el mismo local de Matucana y lo servíamos en plena calle, en comedores improvisados que cubríamos con manteles de papel blanco. 

En el gremio de suplementeros pasaba algo similar. El Rucio de Las Flores y su esposa, Inés Godoy, eran anticomunistas declarados, pero en ese momento apoyaron las candidaturas del Partido y, en particular, la mía. Así desapareció la fracción anticomunista en el sindicato y el Rucio de Las Flores se dedicó a tapizar su quiosco, ubicado ~ un costado de la entrada principal de la Universidad de Chile, con carteles y afiches, y volantes dentro de las revistas y los diarios.

Como la mayoría de los suplementeros se sentían interpretados por mi propuesta de campaña (luchar por sus derechos previsionales), fue fácil organizar bailes en el sindicato para reunir fondos y financiar la propaganda. Todos los sábados en la noche bailábamos los mambos de Dámaso Pérez Prado, Xavier Cugat y la orquesta Cubanacán, que llegaba en pleno a animar nuestras fiestas. Y era tanto lo que nos alegraban que el trompetista de la orquesta terminó casándose con la hija del Rucio de Las Flores. Pero a veces también nos llegaban malas noticias: una noche nos enteramos de que la esposa del Zunco Dinamarca y dos de sus nietos se habían lanzado al canal San Carlos. El Rucio de Las Flores paró la orquesta, se subió al escenario y dijo: «Estamos de duelo, se acabó la fiesta».

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Mireya Baltra en su quiosco de Matías Cousiño con Moneda

En 1969 la Comisión de Control y Cuadros del Partido (así se llamaba en ese tiempo) me citó a una reunión para informarme que la Comisión Política estimaba que yo debía representar a la organización en los comicios electorales como candidata a diputado por el primer distrito de Santiago. Rafael Cortés, cuyo nombre verdadero era Uldarico Donaire y que actualmente engrosa la fila de los detenidos desaparecidos, fue el encargado de comunicarme la decisión, pero añadiendo una exigencia: tal responsabilidad implicaba que yo hiciera un esfuerzo en relación con mi lenguaje y mi vestimenta. Yo le encontré toda la razón del mundo, pero me quedé pensando de qué manera podría zafarme de mi propio lenguaje, una forma de expresión que había adquirido en un ambiente donde el garabato funciona como arma ofensiva y defensiva a la vez. Se trata de una forma de proceder donde la palabra se adelanta al pensamiento, el argumento se debilita y es reemplazado por un enérgico “¡ándate a la cresta!”.

Cuando salí de la reunión, un grupo de compañeros que estaba en el salón del Comité Central quiso saber por qué me habían citado a la Comisión de Control y Cuadro: «Me llamaron por la huevá del lenguaje», les respondí. Hice un gran esfuerzo y me empeñé para no decir garabatos en los discursos de campaña. Pero la verdad es que era muy difícil y la comunicación con la gente perdía naturalidad; nada que hacer, un garabato bien dicho vale más que mil palabras. 

El Partido dividió el primer distrito de Santiago en las comunas que le correspondían a cada candidato. En otras palabras, los militantes y amigos debían votar por el candidato que estuviera en su comuna. A mí me asignó solo la cuarta comuna, que correspondía a Estación Central y abarcaba las poblaciones Los Nogales, Las Palmas y Santiago, entre otras. Pero yo hacía poco caso y saltaba por todas las comunas del distrito rompiendo la disciplina que mi organización política había dispuesto. Xenia Dujisin, esposa de José Cademártori, me decía cada vez que nos encontrábamos: “Mireyita, no vengas a la comuna de Pepe a disputarle los votos”.

Diputada por el Primer Distrito

Todas estas medidas se adoptaban porque para el Partido el movimiento sindical era un factor determinante en la movilización de los trabajadores, en la obtención de una conciencia de clase y en la elaboración de las propuestas programáticas de la izquierda chilena. De esa convicción nació la Unidad Popular, que se constituyó en octubre de 1969. Tiempo antes, el 2 de marzo de ese año, José Cademártori y yo fuimos elegidos diputados por el primer distrito de Santiago. Me sentía un poco extraña: sobre mí pesaba la gran responsabilidad de interpretar la voluntad popular de hombres y mujeres concretos, que habían votado por una mujer suplementera y comunista. Cuando entré por primera vez al salón de sesiones de la Cámara de Diputados, me asaltaron el temor y la curiosidad ante esa arquitectura solemne y circular, un salón redondo donde la testera del presidente y los secretarios de actas era más alta que los asientos de cuero y respaldos de madera de los diputados, y además me pareció que la dimensión del salón plenario no era suficiente para ciento cincuenta personas sesionando, pero quizás se debía a un efecto visual, dada la ausencia de luz natural que hacía muy sombrío aquel lugar. Recuerdo que la bancada comunista estaba junto a la puerta de entrada, después venía la bancada socialista, la demócrata y la radical; la del Partido Nacional quedaba justo frente a la nuestra. Con sus treinta y tres diputados, este partido estaba en una correlación de fuerzas donde la ventaja la llevaba la Democracia Cristiana con sus cincuenta y seis diputados (frente a los diez del Partido Socialista, diecinueve del Partido Comunista, veinticuatro del Partido Radical, uno de la Izquierda Radical, tres del Movimiento Acción Popular Unitaria, dos de la Democracia Radical y dos de la Izquierda Cristiana). 

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En un Pleno del PC a fines de los años 60, aparecen de derecha a izquierda Fernando Ortíz, Bosco Parra, Mireya Baltra, Volodia Teltelboim, Gladys Marín, entre otros.

Tras la primera impresión venían las formalidades: «Señor presidente, pido la palabra», dije con voz resuelta, a lo que siguió un ceremonioso: “La honorable diputada tiene la palabra”. Pero la verdad es que echaba de menos las asambleas sindicales, directas y espontáneas, porque hasta el tono de voz cambia cuando uno está en el Congreso discutiendo los proyectos de ley: los énfasis se vuelven melosos, las vocalizaciones redondas y todo el lenguaje pomposo. Sin embargo, con el tiempo empezamos a entrar en confianza, a tirar tallas y a reímos, incluso a carcajadas. Una vez tuvimos que votar levantándonos de nuestros asientos para depositar el voto en una bandeja de plata y Juanita Dip, diputada democratacristiana por el cuarto distrito, de cabellera rubia y elegante, con una flor en la solapa de su vestido, cruzó el salón con el voto en la mano y yo le grité: “¡En la ponchera, Juanita!”. Todos se rieron. Pero, sin duda, Mario Palestro era el que llevaba la batuta con su raigambre popular, junto con sus hermanos Julio y Tito, símbolos de la comuna de San Miguel. 

Solo Mario sabía irrumpir en el momento preciso con su humor proletario, cargándole la mata a la bancada derechista, a la que siempre motejó de “momios”, palabra que acompañó sus tallas más oportunas. Incluso Jorge Insunza, más serio y reflexivo, también se dejaba llevar a veces por este ambiente que combinaba el aporte legislativo y la reacción oportuna ante el discurso de la derecha. Una vez, el diputado Gregorio Amunategui, del Partido Nacional, pronunció un discurso donde hizo gala de sus orígenes: “Yo nací en cuna de oro”, señaló. Y Jorge Insunza le preguntó sobre la misma: “¿Y por qué no nos regala una patita de la cuna?”; la inventiva fue celebrada con una risotada que hizo retumbar las vetustas paredes del hemiciclo. Ya familiarizada con mi cargo, uno de los temas que más me preocupaban era la ley de previsión para el gremio de los suplementeros y para otros gremios que carecían de previsión social.  Afortunadamente me correspondió ser integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que discutía los proyectos de iniciativa parlamentaria y los que enviaba el Ejecutivo. 

El otro tema que me apasionaba era la remodelación de Santiago. Ya como regidora había detectado la forma arbitraria en que las familias eran llevadas a la periferia de Santiago cuando se demolían sus viejas viviendas y conventillos. El Gobierno del presidente Eduardo Frei había enviado un proyecto de ley sobre esta materia, en el que la remodelación de San Borja tenía como eje la erradicación de familias que vivían en un terreno poblado de viviendas antiguas casi inhabitables, emplazadas entre Marcoleta, Portugal y Carmen. Pero como los vecinos resistían la iniciativa, conversé con los arquitectos militantes del Partido, profesionales destacados como Miguel Lawner, Carlos Barella, Moisés Bedrac, Carlos Albrech y Ana María Barrenechea, y que además eran miembros de la Comisión de Vivienda presidida por Víctor Cantero, donde también participaban pobladores y dirigentes de juntas de vecinos, entre los que destacaba Juan Araya. 

En la Comisión se había trazado como política de urbanización que remodelar no significaba erradicar a las familias a la periferia de Santiago, idea que nosotros hicimos nuestra y logramos instalar en la discusión del Parlamento, estableciendo el derecho y la prioridad de las familias a continuar viviendo en los espacios urbanos afectados por los planes de la remodelación. Lanzar a las familias fuera de su entorno urbano histórico significaba una discriminación y exclusión inaceptables, y así lo entendió posteriormente el Gobierno de la Unidad Popular al integrar en su programa este principio. Miguel Lawner fue designado director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano (CORMU), que llevó a cabo los planes de remodelación de Santiago con la participación de las juntas de vecinos y pobladores en general. Entre ellas se cuenta la remodelación de Tupac Amaru, que se extendía desde Recoleta hasta El Salto, y que afectaba principalmente a las viviendas ubicadas frente al cerro San Cristóbal. La otra remodelación fue la del polígono de tiro, un terreno que pertenecía al Ejército de Chile y que abarcaba Mapocho y Bulnes hasta la Avenida Balmaceda. Así fueron tomando fuerza los proyectos llevados a cabo por la CORMU, a los que se sumarían remodelaciones como las de Che Guevara, al final de San Pablo; Cuatro Álamos, en Maipú; Baldomero Lillo, en Lota, y en el norte, las remodelaciones de Iquique y Antofagasta. Debemos recordar que durante el gobierno del presidente Allende la CORMU estuvo encargada de construir el edificio de la UNCTAD en tiempo récord- y que bajo su gestión se remodeló por completo el parque Cousiño, actual parque O'Higgins, en el lapso de un año, proyecto que dio vida a “El Pueblito”, hermoso espacio de encuentro que la pasada administración municipal de Santiago ha destruido.

Siempre he creído que como parlamentaria fui bastante atípica, y así lo demostré cuando en 1969 la propuesta previsional para el gremio de suplementeros se hizo ley gracias a la movilización de los dirigentes Juan Acosta, Nolberto González, el compadre Pérez, el chico Ayala, el Zunco Dinamarca y, por supuesto, el Rucio de Las Flores, entre otros.

Al conocer cómo se daban los juegos de poder en la Cámara, me reuní con los sindicatos del gremio y les dije: «No habrá ley si no hay acción. Hay que realizar marchas ante el Parlamento y convocar a una gran concentración de toda la familia suplementera. Ustedes son los que tienen que moverse”. Así comenzamos a luchar en dos frentes: ellos elaboraron planes de movilización mientras yo ganaba aliados en el Parlamento, para que la votación saliera de la Comisión del Trabajo y Previsión Social con unanimidad. Estaba claro que mi espíritu sindical no se había aburguesado y que seguiría dando pelea en el Parlamento o donde fuese necesario, contando a veces con apoyos valiosos que llegaban de donde menos uno esperaba, como fue el caso de la diputada del Partido Nacional, Silvia Alessandri, una aliada segura que convenció nada menos que a Mario Arnello y a toda la bancada de derecha para que aprobaran la justa aspiración de un gremio marginado por la sociedad. “¿Cómo puede ser diputado una mujer venida del lumpen de la sociedad?”, se preguntó un diario de derecha, impotente ante la victoria de mi causa. Pero no había tiempo que perder, y los diputados comunistas asumimos la tarea de resolver el problema habitacional de los pobladores que estaban hacinados en tomas de terrenos, otorgándoles títulos de dominio a través del Ministerio de la Vivienda. 

Los parlamentarios comunistas siempre estuvimos preocupados por los sectores más desposeídos y no dimos tregua hasta levantar un proyecto de ley que regulara tanto el tiempo de trabajo como la remuneración de las empleadas domésticas. En ese entonces, de acuerdo con las estadísticas, este sector sumaba más de 700.000 mujeres en todo el país, que no contaban con previsión ni posibilidad de usar su tiempo libre, y aunque existía un sindicato, necesitaban de nuestro apoyo, al igual que los trabajadores que estaban en huelga, pues un diputado es un intermediario válido y legítimo frente al poder ejecutivo. En tales circunstancias la voz de los comunistas era escuchada con respeto. Por eso participamos en las huelgas del sindicato de textiles Hirmas, una de las empresas más grandes del rubro textil, que gracias a su organización demostró un gran despliegue de masas. Marchamos ante el Ministerio del Trabajo y realizamos un sit-in, impidiendo el tránsito por las calles principales del centro de Santiago durante varias horas; después nos tomamos el Parlamento exigiendo la solución al conflicto de acuerdo a las demandas de los trabajadores. 

No sería la última vez que, como parlamentaria, presionara a mi propia cámara: en 1969 se votó la huelga de Correos y Telégrafos; la mayoría de los dirigentes eran mujeres y militantes del Partido Radical, y en conjunto trazamos líneas de acción para que el conflicto tuviera peso en la opinión pública y así fueran resueltas sus peticiones. Y ya que la mejor defensa es un buen ataque, decidimos tomamos nuevamente el Parlamento, iniciativa que ellas aceptaron con entusiasmo. Más de cien personas participaron en la toma; mientras, el edecán de la Cámara, un coronel de Ejército, caminaba por los pasillos alfombrados exclamando con los brazos en alto: “¡Esto no es posible, esto no es posible! ¡Voy a mandar a desalojar!”. Pero nosotros nos pusimos firmes y respondimos: “¡A la Cámara de Diputados no entra la fuerza policial! ¿Entendido?”. 

Nuestra presencia junto a los trabajadores y trabajadoras de Correos y Telégrafos durante un día y una noche, en un salón de la Cámara de Diputados, recibió una amplia solidaridad del resto de los trabajadores organizados, y gracias a esa presión se abrieron condiciones inmejorables para la solución de sus reivindicaciones. Tomarse el Parlamento reafirmaba la convicción de los parlamentarios comunistas y otros parlamentarios de izquierda: el Congreso no era un santuario de la democracia, ni siquiera un espacio de expresión real de la voluntad soberana del pueblo, y nosotros queríamos que lo fuera.

Manipulación electoral

Para entender nuestras dinámicas de presión popular, es necesario recordar que desde el año 1961 se venían sucediendo fenómenos de manipulación electoral que para la mayoría de la opinión pública eran inexplicables. Según los sectores políticos más críticos e informados, estos fenómenos obedecían a maniobras de un centro de operaciones extraterritorial: la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Cuando se hablaba sobre la intromisión extranjera en nuestros asuntos internos, muchos chilenos respondían: “jYa vienen con el cuento de la CIA!”, pero no eran cuentos. La verdad vino del propio Senado norteamericano que puso al descubierto, años más tarde, las acciones de la CIA en Chile y el rol que cumplieron las transnacionales vinculadas a empresarios y partidos políticos de centro y de derecha. 

En efecto, el 18 de diciembre de 1975 el Senado de los Estados Unidos creó una comisión para estudiar las operaciones de dicha agencia, la Comisión Church, llamada así en honor a su presidente, el demócrata Frank Church; entre sus conclusiones destacan evidencias sobre la intervención de la CIA en nuestro país, ratificándose así uno de los objetivos de dicha comisión: “Señalar los hechos básicos de la acción encubierta en Chile [...] ¿Qué compró en Chile la CIA con el dinero de esta operación encubierta?”. La respuesta es que financió a periodistas, especialmente del diario El Mercurio, y apoyó en gran escala “a partidos políticos, la Democracia Cristiana, los partidos de derecha y al sector más de derecha del Partido Radical”. 
En otro apartado del mismo informe se desclasificaban evidencias sobre cómo la CIA conspiró con los sectores más ultraderechistas de las Fuerzas Armadas chilenas. Entre sus tácticas conspirativas estaba el diseño de material propagandístico para crear temor, inseguridad e incertidumbre en la población, elaborado por la propia CIA y enviado desde Estados Unidos, como inserciones en la prensa y radios chilenas. Según dice el informe, esta operación propagandística se financió con pagos directos a diversos medios, “con el objetivo de oponerse a los comunistas y al ala izquierdista de las organizaciones de estudiantes, campesinos y trabajadores”. También señala que “desde 1964 hasta 1968, la CIA desarrolló contactos con el Partido Socialista chileno y a nivel del gabinete de Gobierno de Eduardo Frei Montalva”, ¿El objetivo de estas maniobras? “Arrebatarle a los comunistas el control de las organizaciones estudiantiles en las universidades chilenas; apoyar a grupos de mujeres activas en política chilena y vida intelectual; combatir el predominio comunista en la Central Única de Trabajadores Chilenos (CUTCH); apoyar grupos obreros democráticos, y generar un frente de acción cívica para combatir la influencia comunista dentro de los círculos culturales e intelectuales”. Si consideramos que los planes y maniobras de la CIA abarcaron toda la década del sesenta, podemos ver cómo se configuró un escenario de penetración al conjunto de la sociedad chilena y una intromisión descarada de Estados Unidos en nuestra soberanía nacional. Lo que algunos chilenos llamaban despectivamente “el cuento de la CIA” mostró así su más infame realidad, sobre todo cuando la Comisión del Senado norteamericano señaló: “La elección presidencial de 1964 fue el más señalado ejemplo de un proyecto electoral a gran escala. La Agencia Central de Inteligencia gastó más de USD 2,6 millones en apoyar al candidato democratacristiano Eduardo Frei Montalva [...] y ayudó a los democratacristianos a dirigir una campaña de estilo americano, que incluía encuestas, registro de votantes, auto divulgación de votos además de propaganda secreta”. 

Pero había más, no solo la CIA se involucró en el financiamiento de la campaña presidencial de 1964. En febrero de 1965, en las elecciones parlamentarias, “la Comisión 303 aprobó USD 175.000 para un proyecto de acción política de poco alcance, proporcionando apoyo secreto a candidatos seleccionados en las elecciones al Congreso en Chile en marzo de 1965 [...] La operación ayudó a la derrota de hasta trece candidatos del FRAP que de otra manera hubieran ganado escaños en el Congreso». Nuestro recuerdo se hace nítido al evocar el despliegue propagandístico basado en la campaña del terror, como la propia comisión la denomina, y que significó cubrir «la mayoría de la prensa, radios, películas, panfletos, carteles, pasquines, correo directo, banderolas de papel y pintadas en las paredes” con mensajes tan desquiciados como el de aquellos afiches que mostraban tanques soviéticos apostados alrededor del Palacio de La Moneda y pelotones de fusilamiento cubanos, alertando que las guaguas serían llevadas a la Unión Soviética y las jóvenes a Cuba, donde serían violadas por los guerrilleros. No cabe duda de que la guerra sicológica de la CIA, dirigida a la opinión pública chilena y la instrumentalización del temor como arma política, hicieron mella en los sectores más despolitizados de nuestro país.

La agencia Andalién

La campaña del terror se intensificó en los años 1969 y 1970, antes de las elecciones presidenciales. Páginas enteras de El Mercurio, El Diario Ilustrado, La Segunda, Las Últimas Noticias, la revista PEC y también las radios bombardeaban diariamente a la opinión pública con frases e imágenes que solo auguraban amenazas e incertidumbre si Allende era elegido presidente de la república.

Existía un clima sombrío que atenazaba de una u otra manera el pensamiento de los electores, impidiéndoles elegir libremente; organizaciones aparecidas de la noche a la mañana, como Acción Mujeres de Chile y Chile Joven, donde destacaba entre sus máximos dirigentes el ex senador de la UD! Jovíno Novoa, lideraban esta planificada campaña de desinformación.
Cierto día un empleado del Banco de Chile tuvo en sus manos dos cheques de la Agencia de Publicidad Andalién Limitada, que cancelaban altas sumas de dinero a El Mercurio. Como el joven era cliente del quiosco, llegó corriendo a Matías Cousiño con Moneda y me dijo: “Tienes que sacarle de inmediato fotocopias a estos cheques, yo debo volver al banco en menos de cinco minutos”. En esos tiempos las fotocopiadoras estaban instaladas sólo en oficinas importantes, pero recordé que la Asociación Nacional de la Prensa era una de ellas. Como el edificio que ocupaban estaba al lado del quiosco, solicité a un funcionario que sacara copias de los documentos y volví corriendo para devolver los originales. 

Me ardían las manos de tanto apretar las fotocopias de los cheques. Tomé un taxi y me fui a Teatinos 416, ahí conversé con don Américo Zorrilla, le mostré los cheques y le dije que estaba invitada a un foro televisivo, donde podría mostrar los documentos y denunciar la conexión de la Agencia Andalién con la campaña del terror. “No te apresures, Mireya”, me respondió, porque a su juicio era mejor pensar un rato en voz alta antes de formular una denuncia que necesitaba de mayores antecedentes incriminatorios. “Hemos agarrado una hebra del ovillo, pero tenemos que agarrar el ovillo entero”, agregó, y me recomendó que en el foro me limitara a denunciar la campaña del terror en términos generales, mientras él consultaba con otros compañeros del Partido para ver cómo llegaban al fondo del problema. 

Las conversaciones se dieron al más alto nivel, con los diputados Bernardo Leighton, Luis Maira, Clemente Fuentealba y Mario Palestro, entre otros, para solicitarles con urgencia la creación de una comisión especial encargada de investigar el financiamiento, legalidad y responsabilidad de las actividades organizadas por Chile Joven y Acción Mujeres de Chile. El acuerdo fue transversal y Luis Maira planteó la iniciativa en la sesión ordinaria de la Cámara, presentando un proyecto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en la sesión 17 del miércoles 15 de julio. Se acordó que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara investigara la veracidad de los antecedentes, debiendo dar sus conclusiones a la sala en un plazo de treinta días. La Comisión quedó integrada por los diputados Bernardo Leighton Guzmán (presidente), Mario Arnello Romo, Mireya Baltra Moreno, José Cademartori Invernizzi,  Engelberto Frías Morán, Clemente Fuentealba Caamaño, Osvaldo Giannini Iñiguez, Carlos González Jaksic, Mario Hurtado Chacón, Luis Maira Aguirre, Mario Ríos Santander; Mariano Ruiz-Esquide Jara y Fernando Sanhueza Herbage. Como era de esperar El Mercurio acusó el golpe y en el editorial del día 24 de julio de 1970 señaló: “Durante la actual administración ha cundido en la Cámara de Diputados la viciosa práctica de designar Comisiones Investigadoras Especiales que exceden notoriamente el marco de las atribuciones de dicha Cámara». Algunos parlamentarios, mostrando poca experiencia en la aplicación de normas jurídicas, nunca imaginaron que la Cámara podía constitucionalmente inmiscuirse en toda suerte de materias: “La idea de que esa rama del Parlamento posee atribuciones fiscalizadoras dio alas a la imaginación e hizo suponer a algunos Diputados que ellos podían fiscalizar costos, precios, actividades económicas e industriales, y demás sectores de la esfera particular”. 

Pero el hecho más relevante fue cuando el director y periodista del diario Puro Chile, José Gómez López, y el punzante periodista Eugenio Lira Massi hacen entrega a la Comisión Investigadora en pleno de un cuaderno de taquigrafía antiguo con el registro de las reuniones efectuadas por la Agencia de Publicidad Andalién Limitada, cuyo gerente era Salvador Fernández Zegers, ex oficial de la Armada. La Comisión resolvió contratar a un experto para que tradujera el contenido del cuaderno. Pero también había una pregunta que generaba toda clase de especulaciones: ¿cómo se había obtenido este documento? Las juventudes comunistas, en una audaz acción, sustrajeron desde la propia agencia el cuaderno de actas para que los periodistas lo hicieran llegar a la comisión investigadora de la Cámara. Finalmente el traductor convirtió los complejos signos taquigráficos en palabras claras, y entonces conocimos la real dimensión de la campaña: las inserciones de Acción Mujeres de Chile y Chile Joven aparecían en 22 diarios en todo el país y se trasmitían en 40 radios. 

La Comisión envió oficios al Ministerio de Justicia para conocer la legalidad de estas organizaciones. Acción Mujeres de Chile contaba con personalidad jurídica otorgada el 20 de agosto de 1963 por el decreto N° 2.398. Componían su directorio María Elena Valdés Cruz, presidenta; Elena Larraín Valdés, vicepresidenta; Graciela Ibáñez Ojeda, secretaria; Dora Sierra Espinoza, tesorera, y Oiga Irarrázaval Larraín, directora, y los estatutos de la organización señalaban que “debe ser independiente de toda influencia política y religiosa”. Tanto el Ministerio de Justicia como la Dirección General de Investigaciones de Chile informaron a la Comisión que, desde 1963, Acción Mujeres de Chile “no ha informado de sus balances, cambio de directorio ni de domicilio”. 

Con estos antecedentes, el diputado Luis Maira y yo decidimos visitar la sede de la organización. Llegamos una noche a comprobar si Acción Mujeres de Chile funcionaba en la dirección que se nos había indicado, modificando lo más posible nuestro aspecto para no despertar sospechas. Pero, por lo visto, las caracterizaciones no eran nuestro fuerte: al entrar se produjo un silencio... nos habían reconocido. Salimos del lugar tal como llegamos y con una certeza no menor: allí se efectuaba una reunión de mujeres. 

En el caso de Chile Joven, el Ministerio de Justicia y la Dirección General de Investigaciones de Chile informaron a la Comisión que no contaba con personalidad jurídica. Se comprobó fehacientemente que era una organización ilegal, usada como fachada por la Agencia de Publicidad Andalién Limitada para obtener, a través de una guerra sicológica, dividendos electorales en contra de la candidatura presidencial del doctor Salvador Allende. Esta agencia funcionaba como centro coordinador de una vasta red publicitaria, a través de campañas que buscaban distorsionar la voluntad ciudadana. En las resoluciones de la Comisión quedaron de manifiesto los nexos entre la Agencia Andalién y las compañías norteamericanas de cobre, como la Anaconda Copper y la Kennecott Copper. Se pudo establecer recibos de pagos de dichas compañías, en particular de la Anaconda Copper, a la Agencia Andalién, a través de un contacto que operaba con el alias “Charly”. En varias páginas del documento taquigrafiado aparecían las iniciales SOJ y PN: no se necesitaba ser detective para vincular al Partido Nacional y su presidente, Sergio Onofre Jarpa, con el comando presidencial de Jorge Alessandri Rodríguez y esta red publicitaria del terror. 

El difícil y complejo panorama que rodeó la elección presidencial de 1970 tal vez se puede resumir en una simple ecuación: acción y reacción. Si la derecha reaccionaba desesperadamente, conspirando con el gentil financiamiento de la CIA, era porque en nuestro país la acción del movimiento popular había alcanzado niveles importantes de conciencia política y organización social, de análisis y reflexión tanto a nivel académico e intelectual como de lo más esclarecido de la dirigencia de los partidos políticos populares de la izquierda. Si la Central Única de Trabajadores era la mayor expresión unitaria del movimiento sindical, se puede decir que existía una maduración para que las fuerzas políticas que encabezaron la Unidad Popular asumieran el poder político y la conducción del Estado. Hemos señalado anteriormente los millones y millones de dólares que le costó al imperialismo apoyar “la revolución en Liberta” de Eduardo Frei Montalva, así como sostener financieramente la Alianza para el Progreso, que suponía un mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos de América Latina. Pero ni con Frei hubo revolución ni la Alianza para el Progreso sirvió para mitigar el hambre y la miseria de millones de hombres y mujeres de nuestra América. 

(*) Tomado del libro Mireya Baltra: del quiosco al Ministerio del Trabajo; Baltra, Mireya; LOM Ediciones, 2014.