Distribución irregular de excedentes, pago de sobresueldos a Carabineros en servicio y dudosas operaciones inmobiliarias son sólo algunas de las situaciones que han tenido en el foco de la atención a la Mutualidad de Carabineros y de la PDI: Mutucar.

Esta mutualidad que se administra, supuestamente, de manera privada, ha resultado ser una suerte de caja de pandora que ha mostrado su peor cara al estar ligada a conflictos del llamado “Paco Gate”. Hoy se encuentra en la mira de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la Contraloría por un conflicto que data de 2017 en el cual se le obligó a no seguir contratando con millonarios sueldos y beneficios a funcionarios en servicio de Carabineros, entre ellos todos los antiguos Generales Directores de la institución, quienes percibían sobresueldos por esta labor.

En esa ocasión se solicitó el retiro del ex General Director de Carabineros, Gustavo González Jure, quien se fue de la Mutucar con un oneroso finiquito. En su reemplazo llegó el general (r) Alfonso Muñoz Medina, un nombramiento que no pasó inadvertido en Carabineros, ya que traía consigo el estigma de haber desempeñado funciones en el área inmobiliaria de la institución desde 2014, departamento que estaba siendo altamente cuestionado por el llamado “Paco Gate”.

Posteriormente, la Contraloría detectó transferencias de 23.000 millones de pesos entre el organismo y Carabineros, fondos que luego habrían sido utilizados para compensar deudas adquiridas por la propia institución.

Sin embargo, el actual jefe de Carabineros, el general Mario Rozas, que en esa época oficiaba como jefe de Bienestar aseguró que todo estaba en orden cuando fue citado en julio de 2018 por el Congreso para declarar por este problema financiero en la institución.

El tema no pasó a mayores ya que con el tiempo, la unidad de Bienestar de Carabineros justificó sus cuestionados egresos de dinero ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, varias fuentes han asegurado a nuestro medio que esa caja se hizo traspasando fondos de Mutucar, que hasta hoy no han sido devueltos a la aseguradora; específicamente, los cuestionados 23.000 millones de pesos.

Es dificil saber con certeza si el Departamento de Bienestar de Carabineros usó y luego devolvió, o nunca devolvió ese dinero a la mutualidad. Hasta hoy, la aseguradora se ha negado a transparentar sus balances financieros. Curiosamente, esto a contar del mismo año en que sucedió el llamado “Paco Gate”, en 2018

Es por ello que la CMF sancionó a la Mutucar, prohibiéndole vender seguros y hacer préstamos mientras no muestre sus estados financieros de 2018 y 2019.

Hoy, la fragilidad económica de Mutucar se deja entrever por las acciones que se han anunciado. La más cuestionada de todas: la venta de 450 inmuebles. Mutucar en la interna se ampara en una auditoria realizada por AGN Abatas, la cual en sesión de diciembre de 2018 fue cuestionada por la PDI en reunión de socios de Mutucar.

Debido a lo poco satisfactoria de la respuesta sobre los resultados financieros de la institución, la PDI decidió interponer su primera denuncia ante el Ministerio Público por esta dudosa auditoría, en diciembre de 2018, dejando entrever con ello los conflictos internos de Mutucar ya que el encargado de solicitar esta acción legal fue el representante de la PDI en el directorio de Mutucar.

Los conflictos prosiguieron y las dudas también. Es así como en una reunión en mayo de 2019, la directiva y gerencia de Mutucar no respondieron a las dudas planteadas por la PDI y la institución decide poner una segunda denuncia en la Corte, el 19 de mayo de 2019, esta vez por el actuar de la notaria Elena Torres, quien ofició de ministro de fe votación de cambios de estatutos.

La reunión de la discordia

En mayo de 2019 Mutucar citó a sus socios a una reunión para aprobar lo nuevos estatutos de la mutualidad que, de quedar vigentes, aseguraban potestad al Gerente General de dicho organismo sobre todos los procesos financieros de la mutualidad, incluyendo las auditorías externas.

Además, el cambio de estatutos aseguraba la posibilidad de que funcionarios en cargos de responsabilidad financiera pudiesen ser designados por el gerente general sin existir una necesaria competencia en estas materias de parte de quienes ocuparan estos cargos.

Este cambio de estatutos generó revuelo interno, ya que el día de la votación la notario asignada para velar por el proceso y su transparencia, Elena Torres Seguel, aceptó que el subgerente de la mutualidad, el general Mario Martínez Krause, representara con su voto a más de 500 asociados de Carabineros, quienes enviaron una carta entregándole este mandato. Dicha carta no contaba con los timbres necesarios de respaldo así como tampoco con la copia de las cédulas de identidad de estos funcionarios. Sin embargo, los votos representados fueron aceptados por la notario.

Martínez Krause, coronel en retiro, llegó a la Mutucar gracias a su cercanía con el ex General Director de Carabineros y ex gerente de la mutualidad, el general Gustavo González Jure.  

Por otra parte, representantes de Carabineros asociados a Mutucar -más de 1.800 Carabineros activos- entregaron a su vez carta de representación a delegados de Talca, quienes asistieron a la reunión con la idea de rechazar este cambio de estatutos. Mismo procedimiento, mayor cantidad de votos y todos contrarios al cambio. La notario no los aceptó por falta de copia de cédula y timbre validando las firmas.

De esta forma, y en una cuestionada votación, se materializó el nuevo estatuto con la disidencia de un tercio de los presentes que a su vez representaban a toda la PDI y una parte importante de Carabineros pero que no tuvieron voto.

“No puede ser señor gerente. Estamos por el suelo, no sigamos con estas malas prácticas. Somos todos parte de la mutualidad. Usted es cómplice del robo que se está haciendo. No estamos siendo respetados por la directiva”, señala en la grabación de dicha votación a la que INTERFERENCIA tuvo acceso exclusivo, uno de los carabineros asociados y disidentes.

Este mismo señala en declaración a nuestro medio que “la votación fue arreglada porque los presentes votamos en contra del cambio de estatutos, pero los futuros empleados de la mutualidad sacaron a los socios de la PDI de esta votación y carabineros solo consideró a los votos de Santiago y no consideró a los socios de fuera de la capital que veníamos todos en contra”.

Efectivamente, el tema al que hace referencia este suboficial es al hecho de que los votos de la PDI que fueron representados por el único funcionario presente en esa votación de Mutucar, también fueron objetados por la notario por falta de copia de documento de identidad de quienes entregaron mandato a este detective.

Los ánimos de la reunión fueron muy calientes. Uno de los presentes recuerda: “El representante de la PDI en el directorio, Luis Silva, reclamó que los estatutos nuevos fueron redactados cuando él estaba de vacaciones y que había un fraude pues no se consideró su opinión en la redacción, así como tampoco los votos de su institución en la aprobación de estos estatutos”.

Un ex funcionario de Carabineros y de Mutucar comenta a Interferencia: “Queremos conocer el estado financiero y las irregularidades detectadas. De hecho, el director general de la PDI hizo una denuncia penal en torno a la anterior auditora de la PDI por cuanto se estima que su actuar fue negligente en el registro contable y control de funcionamiento de la mutualidad, lo que podría incluso ser un delito. Por lo tanto, se deben verificar situaciones y la modificación de estatutos porque, aunque la PDI ha tenido una baja presencia de asociados, 12.700 funcionarios, versus 57.000 de Carabineros; tienen derecho a saber al igual que todos los Carabineros, qué está pasando”.

Según las grabaciones a las que tuo acceso este medio, el representante de la PDI en Mutucar señaló que “soy un solo consejero de la PDI y yo solicité que los consejeros entren a la sesión con un asesor de confianza, para saber qué votamos y qué es mejor para los asociados de nuestras policías. Hasta antes de esta administración, los números eran erróneos. Se cambió la directiva pero seguimos sin informe contable de lo que pasó en el 2018. Un año después pedimos aún respuestas y nos negamos a votar este cambio de los estatutos. Extracción de excedentes, obligatoriedad de PDI de contratar seguros en mutualidad pese a la falta de transparencia, es algo que no puede continuar”, señaló.

El representante de la PDI quiso además en esta reunión solicitar que se rebajara la repartición de excedentes de la mutual a los empleados de ésta. Sin embargo, su medida no fue considerada, nuevamente gracias a de los representantes de Carabineros en Mutucar.

Lo mas grave es la denuncia que hace un funcionario de Carabineros de la Séptima Región, quien guarda su nombre en reserva, pues sigue siendo un uniformado en activo. Este señala: “Nos hicieron firmar un poder para que nos representaran en la votación de la mutualidad y no podíamos negarnos, porque eran nuestros superiores quienes lo exigían, pero jamás pensamos que esto significaría tanto perjuicio para nosotros mismos”.

Nuestro medio consultó acerca de estas dos denuncias judiciales a comunicaciones de la Policía de Investigaciones, quienes nos contestaron a través de una comunicación escrita que: “Respecto a su consulta, podemos señalar que con fecha 18 de diciembre del 2018, la PDI presenta denuncia ante el Ministerio Público por irregularidades e inconsistencias que se habrían cometido por la empresa consultora externa AGN ABATAS. Posteriormente, el 17 de mayo 2019 , se recurre ante la Corte de Apelaciones de Santiago por actuaciones de la notaría Elena Torres Seguel. Ambas situaciones se encuentran en proceso de investigación por lo tanto, no podemos referirnos”.

CMF y fiscalía tras la pista

Intrferencia consultó también a la Comisión de Mercados Financieros por la situación actual de Mutucar ya que no actualizan sus estados financieros desde 2017, fecha de entrega del último de ellos.

Hasta mediados de julio de este año la Mutucar no había entregado aún dicha información. Sin embargo, en un reportaje de Canal 13, el gerente general de la mutualidad señaló que el balance 2018 ya había sido “enviado” a la CMF, cuestión que al cierre de esta edición no fue confirmado por el organismo estatal.

Una fuente ligada a fiscalía económica afirmo a nuestro medio que se planifica una investigación acerca de los movimientos financieros de la mutualidad, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible verificar esa información.