El 23 de junio de 2016 el detective Mauro Antonio Díaz constituyó una sociedad de responsabilidad limitada para inscribir, junto a un socio, la automotora N&D Limitada, dedicada a la importación y exportación de vehículos y partes en la ciudad de Arica.

Si bien no es usual que funcionarios activos tengan empresas, abogados consultados por este medio aseguran que lo pueden hacer siempre que cuenten con la autorización de sus superiores, informen del rubro de su actividad paralela y entreguen más detalles del negocio.

Díaz era agente de la unidad antidrogas cuando formó esa empresa. Y en el mundo del narcotráfico las automotoras son uno de los rubros preferidos para blanquear dineros, en especial en las ciudades norteñas. El funcionario público tenía un socio que, en partes iguales, contribuyó al capital inicial de 6,8 millones de pesos para inscribir la sociedad. Este socio era José Luis Nina Alave, un ciudadano peruano que cuenta con prontuario judicial en ese país. En su ficha policial figura manejo en estado de drogadicción y ebriedad. Y también una causa por delitos de falsificación de documentos, de mayo de 2019, y otra por usurpación de identidad, de agosto de 2020.

La logística con la que contaba hasta hace poco la automotora N&D del agente de la PDIy su socio peruano era la misma que utilizaron las bandas delictuales que cayeron en las operaciones ‘Houston’ y ‘Barroco’.

Estos antecedentes ya deberían complicar la existencia misma de la empresa de este policía, por cuanto va en contra del espíritu de la Ley 19.653 de probidad administrativa.

Pero las cosas se complican aún más. Mauro Antonio Díaz es uno de los detectives de la brigada antinarcóticos de Arica sobre el cual pesan sospechas de formar, junto a otros tres agentes, una camarilla al interior de la PDI. Esta, según reiteradas denuncias del detective Patricio Sánchez, se dedicaba a sobornar a narcotraficantes e incluso podría tener algún tipo de participación en el asesinato de Alex Cuevas en abril de 2015. Cuevas era un informante de la PDI y líder de una banda de drogas en esa ciudad. Dos semanas antes de su muerte había amenazado a Díaz y sus compañeros con delatarlos a la justicia.

La PDI nunca siguió seriamente la pista a estas denuncias, tal como INTERFERENCIA constató en el primer artículo de esta serie (ver: "Narcos-Chile: el caso de un grupo de policías corruptos que complica al alto mando de la PDI"). En una carta a este medio la institución aseguró que las sospechas eran “completamente falsas” y que se trataba de “acusaciones carentes de fundamentos con el único fin de dilatar su expulsión de la institución”.

La automotora cerró en diciembre de 2020, dos meses después de que Patricio Sánchez recurriera a la Fiscalía Nacional para interponer una querella por soborno en contra del detective Mauro Díaz. Según Sánchez, este se comunicó con él por whatsapp el 7 de agosto de 2018 para ofrecerle hasta 300 millones de pesos con el fin de que desistiera de las denuncias en contra suya y sus tres compañeros.

En el mundo del narcotráfico las automotoras son uno de los rubros preferidos para blanquear dineros, en especial en las ciudades norteñas.

El departamento de asuntos internos de la PDI recibió la primera denuncia sobre este supuesto soborno el 14 de agosto de 2018 y, el mismo día, una denuncia del agente Díaz en contra de Sánchez por presuntas amenazas. Curiosamente, la institución policial no investigó la denuncia de Sánchez, pero sí la de Díaz. Y tal como con otras denuncias en torno a la muerte de Alex Cuevas y la camarilla de agentes de Arica, tampoco remitió ésta al Ministerio Público como lo consigna el código penal en sus artículos 80, 173, 174 y otros.

A pedido del fiscal nacional Jorge Abbott, la fiscalía de Antofagasta está indagando esta arista de soborno, tal como informó este medio en el segundo artículo de esta serie (ver: "Narcos-Chile II: las amenazas y hostigamientos al detective que denuncia red de policías corruptos en la PDI").

La logística con la que contaba hasta hace poco la automotora N&D del agente de la PDI y su socio peruano era la misma que utilizaron las bandas delictuales que cayeron en las operaciones ‘Houston’ y ‘Barroco’, que revelaron una red para internar vehículos con armamento en su interior. La mayoría de los autos provenían de Houston, Texas.

En la página de Facebook de la automotora Díaz y Nina promocionaban el trabajo de empresas con las que trabajan, entre ellas algunas vinculadas a casos de narcotráfico. Es el caso de la empresa de Gino Siciliano, una firma que se dedica a fabricar llaves de autos. Siciliano figura en una causa de 2010 en la fiscalía de Arica. Según declaró Gino Araya Delgado, líder de una banda dedicada a la compra de autos robados e intercambio de drogas en la frontera norte, Siciliano era quien fabricaba las llaves de los autos que robaban. Por ese servicio cobrara entre 300 mil y 400 mil pesos la llave.

Hombres sospechosos

El 25 de agosto de 2015 la PDI asestó un golpe al narcotráfico en el norte del país al detener a una banda delictual con más de 1.300 kilos de cocaína, además de otras drogas.

En la llamada operación Barroco se detuvieron a 10 personas, todas ligadas a Alex Cuevas, el narcotraficante asesinado unos meses antes en la puerta de su domicilio en Arica. En ese procedimiento policial sólo uno de los miembros del clan Cuevas no fue detenido: Fernando Cabrera Acuña, quien era el gerente y palo blanco en la automotora Arica Auto-Import, empresa que Alex Cuevas usaba para lavar parte de los ingresos del tráfico de drogas.

El hecho de que Fernando Cabrera no fuera detenido resulta extraño pues éste facilitaba su cuenta corriente para que terceros depositaran dinero a Cuevas. Cabrera no fue formalizado, procesado ni condenado, como sí ocurrió con Mauricio Herrera, el otro palo blanco de la organización criminal quien también facilitaba sus cuentas al fallecido.

La propia PDI había realizado escuchas telefónicas en las que el padre de Alex Cuevas, Reynaldo Cuevas, hablaba con Fernando Cabrera pidiéndole que se contacte con Alex para afinar detalles a fin de viajar sin problemas a Perú. Esa llamada se hizo el 3 de marzo de 2015 y consta como “pista RT 20407” en los documentos de la investigación a los que tuvo acceso INTERFERENCIA.

En la “pista RT 10891”, con fecha 29 de mayo de 2015, se interceptó una llamada de la viuda de Alex Cuevas, Patricia Espinoza, con Mauricio Herrera. En ésta ambos hablan sobre la constitución de sociedades que ella estaba creando con Fernando Cabrera con el presunto fin de lavar dinero de ingresos ilícitos.

Pese a todos estos antecedentes en contra de Fernando Cabrera, éste no fue detenido por la PDI en la operación Barroco. Es más, en julio del 2015, un mes antes que detuvieran a todos los miembros de la banda del fallecido Alex Cuevas en esta operación, Cabrera se fue a Estados Unidos.

Unos meses después comenzó la operación Houston y nuevamente Cabrera salió al ruedo, esta vez en unas escuchas que reveló un reportaje de Teletrece. Cabrera hablaba con Mauricio Pavez Becerra (el líder de la banda) y le decía que tiene “un amigo, un peruanito” que quiere dos mini Uzi.

El presunto vínculo entre Fernando Cabrera y algunos miembros de la camarilla de la PDI quedó de manifiesto cuando el padre de Alex Cuevas afirmó que su hijo trató a estos policías de corruptos y que incluso les dijo que estaba al tanto que éstos, con la colaboración de Cabrera, traían armas desde Estados Unidos.

INTERFERENCIA contactó a la PDI para pedir una entrevista con el director general Héctor Espinosa. La respuesta fue que “lamentablemente por agenda no es posible”.

Por cierto, los autos que traía Alex Cuevas González a través de Fernando Cabrera para la automotora Arica Auto Import, una de sus fachadas para lavar dinero, venían precisamente desde Houston y Miami, al igual que los autos que importaban Mauro Díaz Carrasco y José Nina Alave para su automotora “N&D”.

Además, tanto el hermano como el padre de Alex Cuevas señalaron que éste se relacionaba con los detectives de la PDI a través de Fernando Cabrera, quien en al menos una ocasión le entregó un vehículo a uno de los policías como parte de pago por su silencio y protección.

Nada de esto es novedad dentro de la propia PDI. Sin embargo, la policía consideró que no había antecedentes suficientes para investigar las cuentas bancarias de estos detectives, ni tampoco para informar al ministerio público sobre las distintas acusaciones, deslegitimándolas por ser hechas por delincuentes convictos y por un detective al que en conversaciones informales tildan de “loco y manipulador”.

INTERFERENCIA contactó el miércoles de esta semana a la PDI para pedir una entrevista con el director general Héctor Espinosa. La respuesta fue que “lamentablemente por agenda no es posible”. Ante la insistencia de este medio de que podría adecuarse a una fecha con disponibilidad, no se obtuvo respuesta.