Entre 1970 y 1973 los campesinos fueron capacitados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap e impulsaron rápidamente el desarrollo integral de la Hacienda Rupanco, en los alrededores de Neltume. Tenían cerca de 20 mil vacas lecheras que producían leches y quesos, distribuidos incluso en Santiago; cosechaban diversos cultivos y efectuaban diversas faenas madereras.

Tras el golpe de Estado de 1973, los militares ocuparon el lugar, intimidaron a los campesinos, despidieron gente y empezaron a usufructuar de la producción de la cooperativa. A fines de diciembre de ese año, el Ministerio de Agricultura les comunicó que la Hacienda sería parcelada y entregada a los campesinos en un breve plazo. Ello, sin embargo, nunca ocurrió

En un oficio secreto emitido en marzo de 1977 por el ministro jefe del Estado Mayor Presidencial, general Sergio Covarrubias, por instrucciones del general Augusto Pinochet, se ordenó al ministro de Agricultura de entonces, general Mario Mac Kay Jaraquemada, no parcelar la cooperativa “pues no es apta para ello, por su carácter ganadero y forestal” y, en cambio, disolverla y traspasarla a Conaf, que “explotará la parte forestal” y “arrendará las tierras de aptitud ganadera”. El oficio agregaba que el Servicio Nacional de Turismo, Sernatur, entregaría Conaf  un plan de desarrollo turístico que sería implementado por privados “en base a concesiones”.

Así, el 18 de mayo de 1977, a través del decreto 282, el ministro de Agricultura, el general de Carabineros Mario Mac Kay, disolvió la cooperativa tras un informe emitido por la Cora que afirmaba que “la aludida organización (la cooperativa)  ha incurrido en diversas actuaciones que constituyen causales de disolución, entre las cuales está la deficiente administración y desorden financiero”.

El decreto designó una Comisión Liquidadora integrada por Omar Werner Waisser, ingeniero agrónomo de la Cora; Arturo Bertoglio Casanova, jefe de la Conaf en Puerto Montt; y Mario Pérez Boza, ingeniero agrónomo del Banco del Estado de Osorno. Sus instrucciones eran  liquidar los bienes de la cooperativa en los próximos 90 días.

Así, el 1° de julio de 1977, la Comisión Liquidadora entregó a Conaf –cuyo vicepresidente ejecutivo era Julio Ponce- la Hacienda Rupanco, con todos sus inventarios de maquinarias, vehículos, animales, siembras, bosques, producción lechera -10 millones de litros al año en 1977- y todo lo existente en bodegas y en los predios.  Los inventarios, sin embargo, no fueron tasados por peritos.

La entrega estableció que Conaf explotaría todo eso por cuenta propia y a su beneficio. No obstante, el documento de traspaso estableció que “Conaf no tendrá derecho a cobrar o recibir honorarios, participaciones o remuneraciones de ninguna clase respecto de los servicios que ella o sus funcionarios en virtud de este documento presten a la Cooperativa Rupanco Limitada, salvo la leche y las crías que produzcan las vacas de la cooperativa a contar del primero de julio de 1977, sin derecho a reembolso”.

Los lugareños recuerdan que los camiones con ganado y madera formaron una cola interminable y permanente durante los dos años y cinco meses que la Conaf explotó el predio gratuitamente. Al momento de hacerse cargo de la Hacienda había 8.500 vacas preñadas.

En medio de la explotación que hacía Conaf de la Hacienda, el 31 de mayo de 1978 la Comisión Liquidadora designada por el gobierno militar acordó que la Cora adquiriera la cooperativa a sus socios, a quienes pagó 7,5 millones de dólares de la época en febrero de 1979. El pago a los campesinos fue mediante un pie pequeño, al contado, y el resto a plazo. Lo sorprendente es que se les pagó con pagarés de la reforma agraria, instrumento que existía para pagar expropiaciones, pero no para pagar a campesinos “expropiados”.

Casi inmediatamente después, el 2 de marzo, la Hacienda Rupanco fue adquirida por la Conaf en 13,5 millones de dólares, a pagar en cuatro años, en cuotas semestrales, según la escritura firmada el 2 de marzo de 1979.

Paralelamente, en Santiago, en la notaría de Ricardo San Martín, el 12 de mayo de 1979 se constituyó la Inmobiliaria Cabildo S.A., con un capital de un millón de pesos, cubierto por una oficina ubicada en Pedro de Valdivia Norte, tasada en 500 mil pesos y el resto con cien mil acciones de diez pesos cada una. Uno de los tres directores de la Inmobiliaria Cabildo era Roberto Kelly Vásquez, oficial en retiro de la Armada, estrecho colaborador de la dictadura militar desde sus inicios y ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción del régimen en los años 1978 y 1979.

El 6 de diciembre de ese mismo año 1979, la Inmobiliaria Cabildo le compró a Conaf la Hacienda Rupanco en 25, 8 millones de dólares. Un año después, el 30 de diciembre de 1980, La Inmobiliaria Cabildo S.A.  se transformó en Cabildo S.A., a secas, con un capital de 30 millones de dólares. La nueva sociedad la integraban en un 25 % la Compañía Industrial y el Banco de Chile, más tres sociedades cuyos domicilios estaban en Luxemburgo. Cerca de 23 millones de dólares fueron aportados para el negocio por el banco del jeque saudita Sulaimán Abdul Aziz Al Rajhi y otros siete millones obtenidos a través de un préstamo otorgado por el Banco Andino de Panamá, filial del Banco BHC, perteneciente a Javier Vial, uno de los amigos predilectos de Julio Ponce Lerou en aquellos años.

En marzo de 2002, varios agentes de la inteligencia estadounidense en busca de Osama Bin Laden registraron un despacho en Bosnia perteneciente a una ONG sospechosa de Arabia Saudí, llamada Benevolence International Foundation. Encontraron un CD con copias digitalizadas de decenas de documentos, entre ellos una lista manuscrita con veinte nombres de los principales apoyos financieros de Al-Qaeda. Uno de ellos era Sulaimánbin Abdul Aziz Al Rajhi, un alto directivo del banco Al Rajhi, la mayor entidad privada de Arabia Saudí.

LA DEMANDA DE LOS CAMPESINOS

El abogado Daniel Barría Sánchez, ex subsecretario de Agricultura durante tres años en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, en representación de 509 asignatarios de la Cooperativa Rupanco, hizo una extensa investigación a mediados de la década de los 80’ para demostrar que la hacienda fue indebidamente vendida en tres ocasiones y en una regalada suma para el usufructo gratuito durante más de dos años por parte de la Conaf.

Barría, junto a Patricio Aylwin y Manuel Antonio Matta, patrocinaron una demanda ante el Tercer Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago, que dictaminó “medida precautoria sobre la propiedad”, impidiendo que se pudiera vender nada de lo que existía en la hacienda, ni madera, ni ganado, ni producción pecuaria, ni la leche que en 1977 alcanzaba a 10 millones de litros al año.

Los tres demandados fueron el fisco, que liquidó indebidamente la cooperativa; Conaf, que usufructuó gratuitamente de la hacienda desde el 1 de julio de 1977 hasta el 6 de diciembre de 1979, fecha en que se vendió la hacienda a la Sociedad Inmobiliaria Cabildo S.A, a la cual también se demandó, iniciándose un larguísimo juicio.

Frente a una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados formada en 2004, Liliana Barría, hija de Daniel,  declaró: “Quiero recalcar que en los 242 millones que se les pagó a los campesinos se les descontó la deuda por la tierra a 30 años, como señalaba la ley de reforma agraria. Realmente, se les pagó una miseria, 33 millones de pesos a los mil campesinos que  había en ese momento. Convertido al dólar de la época y calculado hoy, son aproximadamente mil dólares al contado y cuatro mil dólares a cinco años plazo, con cuotas semestrales y pagadas con bonos de la reforma agraria, un instrumento que se creó para las expropiaciones”.

En tanto, en enero de 1997, Cabildo S.A. compró al jeque saudita Abdulaziz Al Saleh la Hacienda Rupanco en 80 millones de dólares. Cabildo estaba presidida entonces por el empresario chileno Carlos Abumohor y en la sociedad de inversiones también participaban su hermano René, Juan Rafael Gutiérrez Ávila, Juan Pablo Díaz Cumsille, Álvaro Saieh, Patricio Navarrete, Jorge Selume, Ricardo Saieh y Alejandro Kauak. El principal accionista era Juan Rafael Gutiérrez, mientras que  su hijo, Juan Pablo, se hizo cargo de la administración de la hacienda. Entre octubre de 1993 y mayo de 1997, el gerente general de Rupanco había sido Plutarco Dinamarca quien, en su currículo personal, relata el desarrollo de la ex cooperativa en esos años:

"(Dinamarca) la readecúa y moderniza en aspectos técnicos, productivos, administrativos, contables, comerciales y financieros. Entrega el cargo junto con la venta de la empresa, que a esa fecha tiene una dotación de 530 trabajadores permanentes entre empleados, técnicos y profesionales (recibe 1.200), con una producción anual de 45 millones de litros de leche (recibe 27 millones), 2.500 toneladas de carne bovina y ovina en vara (recibe 2.000 toneladas de venta en pie), 180.000 metros cúbicos de madera nativa (recibe 80.000), planta alrededor de 5.000 ha de Eucalyptusnitens y 50 ha. de frambuesos con riego mecánico -que llegan a producir 500 toneladas de fruta al año-, e inicia el primer emprendimiento en agroturismo de la región y el país..."

En los años 2004 y 2005, durante las sesiones de la Comisión de la Cámara de Diputados que investigó las irregularidades en las privatizaciones de las empresas del Estado antes de 1990, fueron invitados a declarar los hijos del abogado Daniel Barría Sánchez, quien había presentado la demanda a favor de los campesinos de la Hacienda Rupanco. En el parlamento,  la abogada Julieta Barría, el siquiatra Cristián Barría, la doctora María Soledad Barría, y Liliana y Margarita Barría, entregaron pormenorizados antecedentes sobre las irregularidades en las sucesivas ventas de la Hacienda Rupanco. 

Cristián Barría señaló que ese año de 2005, después de 18 años de juicio, recién la justicia había fallado, en segunda instancia, desfavorablemente para los campesinos, socios de la cooperativa. “El Poder Judicial no se pronunció sobre el fondo. Dijo, en buenas cuentas, que estos señores han entablado un juicio y no tenían derecho a hacerlo. No estudió el tema de fondo y lo eludió”. 

En diciembre de 2006, el grupo Matte,  a través de su filial Forestal Mininco, adquirió cinco mil  hectáreas de la Hacienda Rupanco, cuya propiedad estaba en manos de Carlos y René Abumohor, además de Juan Rafael Gutiérrez. Del predio, unas 2.300 Has. estaban plantadas con bosques de eucaliptus, 1.700 Has.por plantar y unas 1.000 Has. bajo protección.

Fuentes de la compañía forestal, explicaron que el mayor valor económico del proyecto correspondía a las 2.300 Has. de eucaliptus, que tenían alrededor de diez años promedio, con lo cual se encuentran en tres cuartos de su madurez, es decir, a algunos años de ser cortados. 

A mediados de 2008, los controladores de Cabildo S.A. decidieron vender 19.500 Has. De praderas de la Hacienda Rupanco, donde se ubica la lechería más grande del país, a 15 familias neozelandesas, agrupadas en la firma Manuka. Los farmers designaron como gerente a Juan Carlos Petersen Widmer, ex ejecutivo del Banco Edwards, ligado por años a la industria salmonera.

Cabildo, en tanto, decidió mantener parte de las 27.000 hectáreas restantes, ubicadas en toda la ribera del lago Rupanco, para desarrollar un proyecto inmobiliario. 

En julio de ese mismo año, la revista Capital publicó un elogioso reportaje sobre el proyecto neozelandés que, en parte, señaló:

"Hoy, la empresa está entre los 35 y 40 millones de litros anuales, los que entrega principalmente a su coterránea neozelandesa Soprole y a otro procesador más chico. Al momento de la adquisición, Manuka tenía 2.600 hectáreas y 12 lecherías, las que en su conjunto producían 20 millones de litros anuales; es decir, a razón de 8.000 litros por hectárea. Rupanco, en tanto, al momento de la compra alcanzaba los 2.000 litros por hectárea, volumen que, por cierto, planifican incrementar. Los planes son ambiciosos. “Queremos multiplicar por seis la producción en los próximos ocho años, para alcanzar de 220 a 250 millones en 2015”. En tanto, para 2009 esperan tener cerca de 20.000 vacas en plena producción".

"Junto con lo anterior, se pretende diversificar la venta en al menos tres procesadores más “y aumentar la inversión en valor agregado. El proyecto es desafiante, porque requiere de cambios importantes y porque se busca un gran desarrollo, entre otros propósitos”, subraya Petersen. La producción para el año 2009 debiera estar entre 70 y 80 millones de litros, volumen que sería generado a través de cerca de 35 lecherías".

"Sin duda que su perfil financiero –fue ejecutivo de grandes empresas en el Banco Edwards en Santiago–, da señales de cuáles serán los próximos pasos de Manuka. De hecho, la operación de compra de la Hacienda Rupanco se realizó gracias a una figura financiera que, por primera vez, consideró el largo plazo para el rubro agropecuario".

"Uno de los asesores clave en la venta de la Hacienda Rupanco al grupo  Manuka fue Albert Cussen, presidente de Soprole. Otro de los negociadores que participaron en las conversaciones -que se extendieron por cerca de siete meses- fue el director de Fonterra, Mark Townshed, quien posee cerca de mil hectáreas en el país dedicadas a la leche". 

A seis años de conocerse la casi bucólica imagen de Manuka en revista Capital, en enero de 2014 la lechera estaba siendo investigada por la Fiscalía de Río Negro luego de que el diputado socialista Fidel Espinoza denunciara que la entidad dedicada a la producción de leche mataba cada temporada a cerca de 1.500 crías machos -conocidos en el rubro como defectos de producción- en la Hacienda Rupanco, ahora llamada Coihueco. 

Lo peor, sin embargo, no era eso, sino que la empresa, que en 2013 había comprado el 65% del stock de inyecciones letales, precisamente para aniquilar a los terneros sin dolor, optó por matarlos a martillazos. La información fue proporcionada a Espinoza por trabajadores que entregaron fotografías y videos que comprobaban las imputaciones, lo que obligó a Manuka, que en un principio negó todas las imputaciones, a reconocer la mala práctica y realizar una investigación interna. 

Se responsabilizó directamente al gerente de producción, el neozelandés Zachary Ward, quien fue desvinculado, tras cinco años de ejercicio, de la empresa. Hasta ahí, Manuka aparecía colaborando con la investigación, pero la percepción de la fiscal Leyla Chahín, a cargo de las indagatorias, cambió cuando se corroboró que el día lunes 27 de enero, Ward retornó a Oceanía. El punto era  si la orden de matar a martillazos fue iniciativa propia o una orden superior de los ejecutivos de Manuka.

Información tomada del libro Todo sobre Julio Ponce Lerou; Uqbar Editores; 2015