El proyecto fue anunciado en cuanto asumió el gobierno. El objetivo de sustituir el Código Penal, vigente desde 1874, constituía un tema prioritario en la agenda de Sebastián Piñera. No sólo por su larga data, sino que también porque una reforma de este tipo le permite, a cualquier gobierno, pasar a la historia.   

Para que el objetivo funcionara, requería ser completo y eficiente desde el punto de vista técnico, y también, que gozara de los consensos políticos necesarios para ser aprobado en el Congreso.

Para esto, se constituyó una comisión técnica, compuesta por diez penalistas, Juan Domingo Acosta, Antonio Bascuñán, Jorge Bofill, Jaime Couso, Juan Pablo Cox, Héctor Hernández, Francisco Maldonado, Alex van Weezel y Javier Wilenmann.

Ellos llevaron adelante el anteproyecto que tomó en cuenta las cuatro propuestas realizadas desde 2005 a la fecha: el proyecto del Foro Judicial; las propuestas que hizo el primer gobierno de Piñera; los documentos elaborados con este fin por el segundo gobierno de Michelle Bachelet; y el proyecto elaborado por el académico Alfredo Etcheberry.

El 17 de octubre pasado el anteproyecto fue enviado y acompañado de una carta dirigida al Ministro de Justicia. “El texto es el resultado de un intenso trabajo de aprovechamiento y, a nuestro entender, mejoramiento de los anteproyectos que fueron preparados durante los años 2013 y 2015 por comisiones nombradas al efecto por el mismo Ministerio y de las que, junto a los comisionados Luis Ortiz Quiroga y Juan Pablo Mañalich Raffo, los suscritos formamos parte en distintas condiciones”, señala.

El texto incluye definiciones de las reglas generales del derecho penal que subsanan los defectos del de 1874, buscaba corregir los defectos técnicos vinculados a la definición de los delitos tradicionales e incorporar, de un modo sistemático y armónico, las principales regulaciones penales actualmente vigentes fuera del código.

Poco después de que el anteproyecto fuese entregado, el Ministerio de Justicia lo publicó en su página web y lo sometió a la opinión de diferentes agentes vinculados al derecho penal. El Poder Judicial, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, fueron algunas de las entidades consultadas.

También prometió conformar, en conjunto con el Ministerio de la Mujer, una comisión compuesta exclusivamente por mujeres penalistas, atendiendo a la no inclusión de ninguna mujer en la comisión de la redacción del anteproyecto. También lo envió a 34 escuelas de derecho del país para pedir sus impresiones.

Diferencias técnicas (y políticas)

INTERFERENCIA tuvo acceso al informe enviado por la Universidad de Concepción. Las apreciaciones de esta universidad resultan relevantes, no sólo por tratarse de la segunda escuela de derecho más antigua del país -fue fundada en 1865-, sino que también porque la jurista Juana Sanhueza Romero, es la única mujer en el país que preside un departamento de derecho penal.

Las observaciones de la Universidad de Concepción fueron certeras. Valoraron la consulta y celebraron el intento de elaborar un nuevo código.

También, hicieron presente que el anteproyecto contiene diversas insuficiencias: “Siendo lo más notorio la baja penalidad que se le asignan a los diversos delitos, situación que se acentúa aún más si se considera que el anteproyecto contiene disposiciones que permitirían rebajas a las condenas (...) La posibilidad de establecer penas bajas porque su cumplimiento sería efectivo no se condice con el contenido del anteproyecto, toda vez que se contemplan reglas que permitirían su cumplimiento en libertad”, advierte el documento.

Dentro de las observaciones realizadas, hay dos líneas que resultan particularmente llamativas.

El anteproyecto contiene materias que el propio gobierno ya dijo que no patrocinaría como el aborto lícito con la sola voluntad de la mujer dentro de las 12 primeras semanas de embarazo y la eutanasia. Sobre estos puntos, la Universidad de Concepción respaldó al anteproyecto, celebrando su regulación.

Pese al apoyo, y más en la línea del ministro de Justicia, Hernán Larraín, otras facultades han manifestado su rechazo.

Gonzalo García Palominos, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, dijo a Economía y Negocios que "el proyecto desarrolla una matriz absolutamente liberal e individualista, incorporando una serie de disposiciones -aborto, eutanasia, homicidio por piedad o, incluso, instituciones generales, como el estado de necesidad defensivo como causa de justificación- que no responden a los parámetros valorativos de la Constitución".

Punta Peuco

Otro aspecto clave recogido por la Universidad de Concepción, fue lo estipulado en los artículos 120 y 121 del anteproyecto, relativos a la sustitución de la pena de prisión en las personas mayores de 75 años, y a las condenas que se realicen a personas de la misma edad.

Respecto a este punto, la unidad dirigida por Juana Sanhueza incluyó en sus observaciones no aplicar esta disposición “respecto de delitos de lesa humanidad”.

Finalmente, la UdeC hizo notar que el artículo 213 sobre “Femicidio y homicidio por odio”, carece de una pena específica para este tipo delito que busca sancionar aquellos que son cometidos por un varón respecto a una mujer que sea o haya sido su cónyuge, conviviente o pareja cuando el homicidio se haya perpetrado con razón de esa relación y cuando sea realizado por el rechazo o desvalorización del género, la orientación o identidad sexual, la apariencia o condición física o mental, la religión o ideología, la nacionalidad o el origen étnico de la persona afectada.

Tomando en cuenta estas consideraciones, el gobierno ha anunciado que recogerá todos los informes de los órganos consultados para elaborar el proyecto de ley que, ha comprometido, entregará a fines de enero.