El 3 de noviembre de 2020, la Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe final de auditoría al contrato del Serviu con la empresa contratista Constructora Cosal S.A., correspondiente a las obras realizadas en avenida Independencia entre Santa María y Dorsal. 

Así, la auditoría detectó en primer término que el Serviu Metropolitano, mediante resolución N°71 de 22 de agosto de 2018, aprobó un pago adicional a Cosal por 2.634.023.933 como “indemnización por mayores gastos generales debido al atraso de 341 días corridos en la entrega total de los terrenos expropiados”. Esto ya lo había adelantado Radio Bío Bío en un artículo de enero de 2019, donde informó de esta y otras irregularidades en estos trabajos. 

A lo anterior, se sumó que en noviembre del año pasado, INTERFERENCIA develó las presiones hacia los directores de obras, encargados de aprobar estos el pago de estos ‘gastos generales’ en beneficio de las empresas constructoras, lo que incluso llevó a que hubiese tres directores de obra y cinco subrogantes en menos de un año, en medio de un clima de acusaciones de presiones y hostigamientos para favorecer los pagos. 

En el informe, la CGR también detectó que el Serviu Metropolitano licitó y contrató estas obras “sin contar con la ingeniería de detalle de las conexiones de aguas lluvias, y demoró más de 2 años en realizarla (...) Lo anterior teniendo en consideración que desde el año 2015 ese servicio se encontraba en conocimiento de que era necesario la elaboración del referido proyecto para obtener la total aprobación de Aguas Andinas”. Según el ente contralor, esto expuso al Serviu a tener que pagar estas indemnizaciones al contratista por mayores gastos generales. 

Además, la CGR detectó que el Serviu pagó un aumento de contrato por $201.834.117 (iva incluído), correspondiente a la materialización de obras del plan de desvíos, “en circunstancias que tales trabajos se encontraban dentro del precio ofertado por el contratista y por lo tanto eran de su responsabilidad”. Sobre este punto, la CGR ordenó a este servicio el reintegro íntegro de esa cantidad de dinero objetado a las arcas fiscales en un plazo de 30 días hábiles. En caso de no hacerlo, el órgano de control señaló que se iniciaría un reparo, lo cual da lugar a un juicio de cuentas. 

Sobre los aumentos de obras, y la demora en su entrega, Contraloría ordenó que se iniciara un procedimiento administrativo en el Serviu Metropolitano para determinar eventuales responsabilidades por estos hechos.