La Fundación Paz Ciudadana –creada en 1992 por el fallecido empresario Agustín Edwards Eastman después del secuestro de su hijo Cristián Edwards del Río–, actualmente desarrolla un estudio que busca perfilar a las personas que fueron detenidas y formalizadas en el contexto de las protestas iniciadas el pasado 18 de octubre.

La iniciativa se realiza al menos desde el mes pasado y en conjunto con la Defensoría Penal Pública (DPP), organismo estatal que le ha tocado defender a varias de las más de 20 mil personas detenidas –según datos de la DPP al 13 de noviembre– en el marco de las manifestaciones.

INTERFERENCIA accedió a la respuesta de la Defensoría a una solicitud de Transparencia realizada por un ciudadano, contestada el 23 de diciembre, en la cual se explica que “durante el mes de noviembre del presente año, se ha suscrito con la Fundación Paz Ciudadana, convenio destinado a facilitar la colaboración y el intercambio de información necesaria para que dicha institución realice el estudio denominado ‘Disturbios y delitos en tiempo de Protesta Social’”, dice el documento.

Según el texto de la DPP, el estudio tiene “como objetivo general caracterizar y comprender el involucramiento de personas en las situaciones señaladas, en el contexto de la protesta social, durante los meses de octubre y noviembre de 2019, sin costo alguno para esta Defensoría Penal Pública”.

Tras explicar que el convenio no tiene costos económicos, la Defensoría no detalló más sobre esta investigación que desarrolla junto a Paz Ciudadana, una institución que durante los años 90 e inicios de los 2000 fue un actor clave en promover el llamado ‘populismo penal’, es decir, buscar el encarcelamiento de todo tipo de infractores a la ley.

INTERFERENCIA consultó a la DPP sobre esta iniciativa, pero sus voceros declinaron referirse al tema argumetando que el convenio aún no se ha firmado.

Pero lo dicho por la DPP en el documento de transparencia es confuso. Por un lado, dicen que en noviembre pasado se suscribió el convenio, pero al final del párrafo agregan que éste se encuentra en “proceso de formalización”, sin especificar a qué se refiere aquello.

Según distintas fuentes judiciales que conversaron con INTERFERENCIA, la investigación ya se está realizando. Un abogado que conoce la interna de la Defensoría comentó a nuestro medio que hace cerca de dos semanas, Paz Ciudadana estuvo en dependencias de ese organismo para dar cuenta sobre los alcances de este estudio. 

En dicha visita indicaron que ya habían entrevistado a varios imputados que se encontraban privados de libertad citando, por ejemplo, al profesor de matemáticas Roberto Campos, quien pasó casi seis semanas en prisión preventiva por destrozar unos torniquetes en la estaciñon de metro San Joaquín de la Línea 5 del metro, hasta ser liberado de esa medida cautelar el lunes pasado.

Otros abogados dicen que lo que busca perfilar la Fundación Paz Ciudadana se centra en los saqueos y que han visto sociólogos en las afueras de tribunales esperando para entrevistar a los formalizados, quienes en muchos casos rechazan la conversación, principalmente por temor, puesto que algunos son inmigrantes, personas sin antecedentes o vecinos de lugares en donde saquearon o fueron detenidos en dicho lugar en medio de una revuelta.

La Defensoría Penal Pública y Paz Ciudadana tienen hace tiempo una relación estrecha. la fundación forma parte del Consejo de la Sociedad Civil de la DPP. Pero sobre este convenio actual no existe información pública de parte de ninguna de las dos organizaciones.

Paz Ciudadana desde sus inicios es un punto de encuentro para la elite política y empresarial. Además de su actual presidente, Agustín Edwards del Río, en las vicepresidencias se encuentran hoy el presidente de Falabella, Carlo Solari, como también el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet y reciente asesor de Sebastián Piñera para enfrentar la acusación constitucional, Jorge Burgos.

En tanto, en el directorio se encuentran cuatro senadores: Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS), Juan Antonio Coloma (UDI) y Felipe Kast (Evópoli).

El actual director ejecutivo de Paz Ciudadana es Daniel Johnson, quien en su currículum figura como ex gerente de desarrollo de Corpesca S.A, jefe de Operaciones Comerciales de la Compañía General de Electricidad (CGE) y director del Serviu en el primer gobierno de Sebastián Piñera, entre otros trabajos.

El 25 de noviembre pasado, en conversación con El Mercurio, Johnson manifestó que en materia de seguridad “la prioridad más clara es la necesidad de mejorar en inteligencia”.

Nuestro medio contactó a Paz Ciudadana vía correo electrónico y a través de su agencia de comunicaciones ‘Público Porter Novelli’, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.