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Martes, 13 de noviembre de 2018
Antes de mi, el diluvio

Pensiones: el portazo de Piñera al informe de la comisión Bravo

Héctor Cárcamo

La Moneda presentó su reforma al sistema de pensiones como algo completamente nuevo. Y, en parte, lo es, ya que ha ignorado las principales conclusiones de la comisión “transversal” constituida en 2015.

Hoy lunes el gobierno ingresará al Congreso la reforma al sistema de pensiones. Desde que el presidente Sebastián Piñera la anunciara por cadena nacional, la noche del domingo 28 de octubre, el gobierno ha desplegado una intensa campaña comunicacional. Los puntos centrales de esta ofensiva han sido que la reforma beneficia a los más pobres, a los adultos mayores, a las mujeres y a la clase media. Es decir, a casi toda la población.

Como todos los gobiernos, independiente de su color político, La Moneda también se encargó de “filtrar” su estrategia comunicacional a la prensa tradicional. En este caso, filtró una minuta comunicacional “interna” del Ejecutivo al diario El Mercurio, que ayer domingo 4 la publicó en su totalidad. Esta minuta, en esencia, establece los llamados talking points, comparando la iniciativa actual con la de Michelle Bachelet y del movimiento social No+AFP.

Como todos los gobiernos, independiente de su color político, La Moneda también se encargó de “filtrar” su estrategia comunicacional a la prensa tradicional. En este caso, filtró una minuta comunicacional al diario El Mercurio,

Apenas se conocieron los detalles del proyecto surgieron las críticas. Por parte de las AFP, la principal preocupación fue que el aumento de la tasa de cotización, de 10% a 14,2% es insuficiente, considerando que, por lo general, los países de la OCDE destinan casi el doble a las jubilaciones. Los opositores o más escépticos del modelo de pensiones chileno, en tanto, criticaron que las propuestas profundizan la idea de la capitalización individual.

Como afirmó Carlos Tromben en un análisis publicado por INTERFERENCIA, “los alumnos de Milton Friedman en Chile crearon un sistema previsional individualista que podría funcionar en Noruega, pero no en un país de ingreso medio, con salarios bajos, y costos de vida elevados”.

Además, la propuesta del gobierno cierra la puerta a la idea de que las nuevas cotizaciones, que provendrán del empleador, vayan a un pilar de ahorro colectivo.

Ambas materias -aumentar la cotización y potenciar un fondo solidario- fueron discutidas en la comisión Bravo, el grupo de especialistas que convocó el gobierno de Bachelet y que, a mediados de 2015, emitió un duro informe acerca del panorama que se avecina para los pensionados de Chile.

Pese a las recomendaciones de la comisió Bravon, el gobierno decidió que la totalidad del 4% se destine a las cuentas individuales.

Entre los 24 integrantes de esa comisión hubo prácticamente un empate entre los que querían mantener las cuentas individuales como única forma de ahorro obligatorio, y los que querían crear un pilar solidario de ahorro colectivo. Sin embargo, en sus conclusiones acordaron 58 propuestas. La mayoría de ellos, o al menos las más cruciales, fueron olímpicamente ignoradas en la actual propuesta de Piñera.

Lo que decía el informe Bravo

El informe final de 250 páginas de la Comisión Bravo muestra que varias de sus propuestas han sido ignoradas por el actual proyecto del gobierno. De los 24 comisionados, al menos 18 votaron a favor de que en torno a la mitad del aumento de cotización debería ir a un fondo solidario (ver tabla).

Pese a las recomendaciones de esta comisión, el gobierno actual decidió que la totalidad del 4% se destine a las cuentas individuales, reforzando el argumento de que los dineros son de los afiliados y bloqueando la solidaridad intergeneracional, es decir, que los jóvenes financian a los más viejos. El principal argumento de los defensores del proyecto de ley es que la curva demográfica chilena no permite que los trabajadores activos financien a los retirados, por cuanto a futuro los adultos mayores corresponderán a un porcentaje de la población tan grande, que los más jóvenes no lograrán sustentar sus jubilaciones. A menos de que el país aumente la inmigración.

Casi 80% de las personas que cotizan en las AFP prefieren que el aumento del 4% vaya a sus cuentas personales, en vez de a un fondo de reparto.

La apuesta actual del gobierno es que la mayoría de los chilenos que efectivamente cotizan en el sistema previsional, no quiere compartir sus ahorros con otros y, por ende, esperan que cualquier solidaridad provenga del Estado. Sin embargo, como el fisco está estrecho de presupuesto, la propuesta de Piñera extiende por muchos años la transición, traspasando a futuros gobiernos el compromiso de financiar los US$ 3.500 millones que costará el aporte estatal.

De hecho, hay encuestas que indican que casi 80% de las personas que cotizan en las AFP prefieren que el aumento del 4% vaya a sus cuentas personales, en vez de a un fondo de reparto.

Los datos de 2015

El informe Bravo analizó los efectos de la reforma previsional de Bachelet en 2008. La indigencia cayó a 1,6% en 2011. Según los expertos de la comisión, esta habría sido de 2,1% sin el Pilar Solidario. Claro que la Pensión Básica Solidaria (PBS) que se paga desde esa reforma, y que hoy se sitúa un poco por encima de 107.000 pesos mensuales, está ubicada exactamente sobre el nivel de ingresos que se requiere para dejar de ser indigente y pasar a ser pobre.

Mientras que la pobreza para la tercera edad habría sido de 9,6%, y no el 7,5% que marcó ese año 2015, según los cálculos de la comisión Bravo.

El proyecto de reforma de Piñera apuesta al fortalecimiento de la Pensión Básica Solidaria, dirigida a quienes no hayan cotizado o cuya pensión sea casi inexistente. La promesa del gobierno es que ésta subirá 10% apenas se apruebe la ley, y que luego aumentará para llegar a niveles cercanos a 160.000 pesos mensuales en cinco a 10 años más.

Las cifras que promete el gobierno siguen estando por debajo de la línea de la pobreza. Y ello entra en directa contradicción con la agenda y promesas realizadas por Alfredo Moreno, el ministro de Desarrollo Social.

Sin embargo, estas cifras estarían por debajo de la línea de la pobreza. Y ello entra en directa contradicción con la agenda y promesas realizadas por Alfredo Moreno, el ministro de Desarrollo Social, quien ha convocado a las grandes fortunas de país para impulsar una agenda que ponga fin a la pobreza en Chile.

Por otro lado, está la clase media. Aquí la reforma propuesta por La Moneda se centra en el Aporte Previsional Solidario (APS), la otra pata del Pilar Solidario creado en la reforma de 2008. El gobierno asegura que se subirá el tope de pensión del APS y que habrá cambios en su formulación, incluyendo bonos y medidas complementarias con las que buscan incentivar la cotización de las personas, y así reducir las lagunas previsionales. Con todo, el gobierno es sincero al anticipar que el aumento de los montos no tendrá un impacto mayor en la vida de los cotizantes.

Además, a diferencia de los cuatro años que recomendó la comisión Bravo como período de transición para elevar las cotizaciones, Piñera lo duplicó a ocho. El argumento de La Moneda para estirar la implementación es cuidar el empleo. Sin embargo, Alfonso Swett, el presidente del gremio patronal Confederación de la Producción y de Comercio (CPC), ya adelantó que se perderían 30.000 empleos por la propuesta oficialista.

Tratando de influir en el debate público, Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda de Bachelet, aseguró a la prensa que esperaba que el gobierno entendiera que debe entregar las cotizaciones adicionales no sólo al mercado, sino también a un objetivo solidario. Sin embargo, Valdés carga con el karma de no haber sido capaz de lograr el apoyo al proyecto que contenía algunas de estas ideas cuando el proyecto de Bachelet se discutió en el Congreso.

En tiempos de estrechez presupuestaria, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se juega sus cartas a favor de comprometer al fisco con tal de bloquear la posibilidad de que haya un administrador público para los recursos de las nuevas cotizaciones.

Somos Singapur 

En tiempos de estrechez presupuestaria, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y la propia La Moneda, se jugaron sus cartas a favor de comprometer al fisco con tal de bloquear la posibilidad de que haya un administrador público para los recursos de las nuevas cotizaciones. El tema es clave para Sanhattan, pues las AFP representan casi 20% del financiamiento de las grandes empresas en el país.

Es parte de lo que conversaron las autoridades chilenas, representantes de las AFP e integrantes de los grandes gestores de fondos financieros en Londres en el “Chile Day”, realizado en septiembre pasado. Ahí, los agentes de las finanzas ofrecieron al país para que firmas internacionales capten los recursos de las AFP y las aseguradoras, con el fin de invertirlos en distintos negocios en la región y el mundo.

En otras palabras, estos actores barajan la idea de que Chile se pueda convertir en la Singapur de Sudamérica. Es algo que, en privado, los pesos pesados del gobierno anhelan.

Por eso, entre otras razones, decidieron liquidar las recomendaciones de la comisión Bravo. Un comité que, hasta sólo tres años, era considerado “transversal”.

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