En 2006 Andrés Figueroa pidió dos créditos de 500.000 pesos cada uno a una caja de compensación para realizar algunos arreglos a su casa en Conchalí. En 2009 se cambió a la Caja 18 de Septiembre y los préstamos se traspasaron a esa entidad. Sólo le faltaba un año para saldar la deuda. O eso es lo que él creía.

Hacia mediados de 2010, Figueroa, un jubilado que hoy tiene 74 años, se dio cuenta que la institución financiera le seguía descontando de su pensión todos los meses el pago de esos créditos. Se acercó a la sucursal de la calle Nataniel Cox, donde le informaron que esos cobros se debían a un préstamo nuevo que él había pedido a esa institución. Al indagar un poco más, se dio cuenta que, supuestamente, tenía tres créditos adicionales con esa caja, por un total de 7 millones de pesos.

Los empleados de esa caja, fundada en 1969 por el gremio empresarial Sofofa, le dijeron que en sus sistemas figuraba que él habría pedido esos créditos para refinanciar la deuda original. Más allá de que resulta extraño refinanciar con 7 millones de pesos una deuda original de 1 millón que estaba a punto de ser saldada, el problema era que Figueroa jamás pidió, ni tampoco recibió, esos dineros.

Cansado de ser ignorado, Figueroa se instaló con su silla de ruedas frente a La Moneda, en el paseo Ahumada y en la entrada de varias instituciones de gobierno, portando un cartel en la que denunciaba su situación.

Así, en 2010 comenzó un largo peregrinaje ante distintas entidades en busca de una solución a esos cobros indebidos por créditos inventados. En 2014 envió una carta a la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) contando su caso. Al año siguiente presentó una denuncia ante el Ministerio Público y en 2016 ingresó una denuncia en el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac). Y en 2017 se dirigió incluso a la Policía de Investigaciones. Pero el jubilado, que en 2012 sufrió la amputación de una de sus piernas debido a su diabetes, nunca obtuvo respuesta de ninguna de estas instituciones.

Comienza la batalla

En todos estos años, la Caja 18 de Septiembre ha desestimado la denuncia de Figueroa. A diciembre del año pasado, esta entidad contaba con casi 130.000 jubilados y más de 300.000 trabajadores activos asociados a sus prestaciones sociales, según los reportes financieros de la propia institución. En su directorio figuran representantes de la Sofofa, de Nestlé y de Carozzi, entre otros.

Cansado de ser ignorado, Andrés Figueroa comenzó a instalarse con su silla de ruedas frente a La Moneda, en el paseo Ahumada y en la entrada de diferentes instituciones del gobierno, portando un cartel artesanal en la que denunciaba su situación.

Los adultos mayores son, según expertos, especialmente vulnerables a potenciales abusos por parte de las cajas de compensación. “Es un negocio que no tiene riesgos”, afirma Stefan Larenas, presidente de la Odecu.

En abril de este año, se viralizó en las redes sociales una foto que lo mostraba protestando. Poco después, Figueroa fue entrevistado en el matinal Mucho Gusto de Megavisión y en el programa Podría ser peor de Radio Bío Bío. Pero su estrellato fue fugaz y pronto los medios de comunicación se olvidaron de él.

Muchas personas, en especial jubilados, aseguraron en plataformas de redes sociales que estaban siendo víctimas de abusos similares. El propio Figueroa recibió, y sigue recibiendo, muchas llamadas de adultos mayores que dicen estar en su misma situación. Sin embargo, no hay constancia de más denuncias formales.

Los adultos mayores son, según expertos, especialmente vulnerables a potenciales abusos por parte de las cajas de compensación. “Es un negocio que no tiene riesgos”, afirma Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu). “No es como el retail o el banco, en el caso de las cajas de compensación, ellos simplemente descuentan de la pensión. Eso es muy cómodo para ellos”, dice.

La Caja 18 de Septiembre, que obtuvo utilidades por casi US$ 3 millones en el primer semestre de este año, es una de las cajas con peor tasa de respuesta ante las quejas de sus afiliados, según el Sernac.

Lo que sí se sabe es que 18 de Septiembre, que obtuvo utilidades por casi US$ 3 millones en el primer semestre de este año, es una de las cajas con peor tasa de respuesta ante las quejas de sus afiliados. Según un estudio del Sernac, durante el segundo semestre de 2017 casi la mitad de las 107 denuncias en contra de esta institución no recibieron respuesta.

Sin embargo, la breve popularidad mediático de Figueroa llevó a que Grupo Defensa, un estudio de abogados especializado en la defensa de deudores, lo contactara para asesorarlo gratis e insistir al Ministerio Público de abrir la investigación. Recién ahí la Caja 18 de Septiembre se dio por aludida.

Claudia Figueroa, la hija de Andrés, recuerda que fue entonces cuando la familia recibió una llamada intimidante de una persona que se identificó como ejecutiva de la caja. “Me llamó diciendo que nosotros los estábamos desprestigiando y que podíamos llegar a un acuerdo si pagábamos cierto monto para que la deuda quedara zanjada”, cuenta a INTERFERENCIA. “Yo le dije que cómo le íbamos a seguir pagando y me respondió que, si no queríamos llegar a un arreglo, el más perjudicado iba a ser mi papá porque simplemente iba a tener que seguir pagando los créditos. Cuando le pedí que se identificara, no me quiso decir su nombre”.

“Me llamaron desde la caja, fui a la sucursal y me dijeron que me daban 70.000 pesos pero que tenía que dejar el asunto hasta aquí”, afirma Figueroa.

El propio Andrés Figueroa afirma que en esos días también lo llamaron por teléfono. “Me llamaron desde la caja, fui a la sucursal y me dijeron que me daban 70.000 pesos pero que tenía que dejar el asunto hasta aquí”, afirma.

Después de estos episodios, a Figueroa le negaron el acceso a la sede matriz de la Caja 18 de Septiembre y lo trataron de “viejo loco”. Los guardias del lugar portaban una foto del pensionado para impedir su paso.

Tal vez por coincidencia, fue en estos momentos en que la propia Caja 18 de Septiembre entabló una querella, a través de su abogado Matías Zoroquian, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Así, ocho años después de las primeras denuncias de Figueroa, la institución financiera decidió entablar esta demanda en contra de quién o quiénes podrían ser los responsables de los créditos fraudulentos, en caso de comprobarse la existencia de ese delito.

Créditos inventados

A través de sus abogados, Figueroa pidió los detalles de los supuestos créditos que le había pedido a la Caja 18 de Septiembre. En total eran cuatro préstamos. El primero data de febrero de 2009 y es por un monto de 566.857 pesos a 50 meses plazo. El segundo es de julio de 2010 por 685.858 a 48 meses. Y finalmente hay dos más de 2011, en septiembre y diciembre, de 876.856 a 60 meses y de 1.193.207 a 84 meses plazo, respectivamente. De estos cuatro, solo el último sigue vigente.

“Las firmas de la Caja de Compensación 18 de septiembre no se corresponden con la ejecución motriz ni comparten la misma identidad gráfica del señor Andrés Figueroa”, concluye un informe caligráfic de los contratos.

En agosto de este año la defensa de Figueroa pidió un peritaje caligráfico para establecer si las firmas de esos cuatro préstamos correspondían o no al afiliado. La investigación estuvo a cargo de Cecilia Mujica Vega, una perito calígrafo judicial. Durante más de dos horas sacó 254 muestras grafoescriturales de Andrés Figueroa, hechas con un lápiz marca Bic azul y de la firma de su carnet de identidad. Las muestras se realizaron en posiciones distintas: sentado, parado, acostado. Todas, tanto con la mano derecha como con la izquierda.

Usando instrumentos especializados de laboratorio, las muestras se compararon con aquellas firmas de los pagarés emitidos entre 2009 y 2011. Las conclusiones de los cuatro documentos llegan a lo mismo: “Las firmas o rúbricas de la Caja de Compensación 18 de septiembre no se corresponden con la ejecución motriz, del constructo Grafoescritural, ni comparten la misma identidad gráfica del señor Andrés de Jesús Figueroa Orellana”. En conclusión, su firma había sido falsificada.

Mientras tanto, el abogado Matías Zoroquian de Caja 18 de Septiembre dio señales de distensión. “Aun cuando al día de hoy no nos consta de forma alguna que la identidad del señor Figueroa Orellana hubiese sido suplantada o que se falsificó su rúbrica en el pagaré correspondiente, hemos decidido suspender el cobro y la consecuente recaudación del crédito mientras no se establezca el ilícito, como una forma de atender la inquietud que el señor Figueroa Orellana ha manifestado mediante la denuncia que dio origen a este proceso”, afirma.

El cobro a Figueroa se suspendió durante cuatro meses -mayo, junio, julio y agosto-, pero en la última liquidación de septiembre aparece nuevamente el descuento por el crédito.

El cobro efectivamente se suspendió durante cuatro meses -mayo, junio, julio y agosto- pero en la última liquidación emitida el pasado 5 de septiembre, aparece nuevamente el descuento por el crédito.

Andrés Figueroa vive solo y recibe una pensión mensual de 147.375 pesos. La caja le descuenta 37.376, es decir, un cuarto de sus ingresos. “Ellos se aprovechan porque creen que todos los adultos mayores somos enfermos de la cabeza, o la misma gente no se atreve a alegar, así como alegué yo. Ellos no pensaron nunca que yo iba a ser tan persistente”, dice.

INTERFERENCIA contactó reiteradas veces y durante varios días a Caja 18 de Septiembre para obtener su versión de estos hechos. Sin embargo, pese a que la fiscalía de esa entidad dijo que iba a responder, no lo hizo hasta el cierre de esta edición. Nuestro medio también se contactó con la superintendencia responsable. En Suseso dijeron que no podían dar declaraciones por tratarse de un caso que todavía está abierto.