“Entendemos que esa alerta que hacen no es contra el gobierno, es en contra la violencia”, comentó ayer el ministro secretario general de gobierno, Jaime Bellolio, luego de que el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, amenazara con una paralización de camioneros para el jueves 27 de agosto. El gremio presentó un petitorio de 13 puntos y exigió acelerar su tramitación, asegurando una movilización masiva de lo contrario.

No parecieran existir dudas sobre la declaración del ministro Bellolio: la totalidad del petitorio presentado por la CNTC corresponde a proyectos promulgados por el oficialismo. Es más, de los 13 puntos presentados, 10 emanan directamente del gobierno o de parlamentarios oficialistas.

De estos, seis corresponden a proyectos de ley de autoría exclusiva del gobierno y cinco a proyectos presentados por parlamentarios de oposición. De los tres restantes, dos tienen participación minoritaria en su elaboración de parlamentarios de oposición y uno todavía no es presentado, dado que corresponde a un proyecto elaborado por la Mesa Asesora Presidencial.

El presidente de la Federación de Camioneros del Sur – parte de la CNTC –, José Villagrán, aseguró que, de no cumplirse con sus exigencias, el jueves “se guardan los camiones […] y no van a trasladar ningún producto, ni uno”. Villagrán, quien fuera candidato al senado el año 2017 por la Unión Demócrata Independiente, se suma entonces al ultimátum entregado por Pérez, quien también cuenta con pasado cercano al oficialismo: fue miembro del 'Consejo Ciudadano' de Sebastián Piñera, un grupo ensamblado durante su segunda campaña presidencial para levantar análisis y diagnósticos sobre las problemáticas del país.

La amenaza, de carácter grave dado el contexto sanitario actual, corresponde al sentir de una fracción del gremio, puesto que fue desechada durante la jornada de ayer dos de las tres confederaciones de camioneros más grandes del país.

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), la más antigua y numerosa del país según el diario La Segunda, aseguró al medio a través de su presidente, Juan Araya, que no se plegaría a la movilización. En entrevista con Radio Usach, Araya fue más allá y declaró que “hacer un paro nacional con algunos dirigentes amenazando que no van a transportar un kilo de arroz, eso es terrorismo también […] Estamos en pandemia, la gente tiene que ubicarse”.

Por su parte, Chile Transporte, la confederación de camioneros que forma parte de la Sofofa, también descartó sumarse al llamado a paralizar de la CNTC. Cabe destacar que la CNTC nace luego de que Sergio Pérez dejara Chile Transporte el año 2012 para formar su propio gremio. Víctor Jorquera, presidente de la confederación miembro de la Sofofa, indicó a La Segunda que “nuestra postura siempre ha sido el diálogo y a no parar”.

El escenario de una eventual paralización corre por parte de una fracción minoritaria del gremio de camioneros, dependiendo totalmente de la aprobación de leyes que el propio gobierno y su coalición han promulgado. Entonces, ¿a quién va dirigido el ultimátum de la CNTC?

Reacciones desde el parlamento

Las 13 leyes cuya aprobación exige la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile han sido ingresadas dentro del segundo periodo de Sebastián Piñera como presidente, y todas comparten un complejo futuro dentro del congreso al no contar con un apoyo mayoritario dentro de la oposición.

Para el senador Jaime Pizarro (DC), el petitorio de la CNTC es inalcanzable dado que son muchas leyes que en su conjunto, por su carácter polémico, no serán de fácil aprobación en el congreso. Una de las leyes incluidas en el petitorio – la Ley Juan Barrios, que endurece penas por quemas de camiones – fue justamente redactada por él, en conjunto con los senadores Francisco Chahuán (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Alejandro García-Huidobro (UDI). Al respecto, Pizarro explica que su proyecto “viene a proteger la integridad de los camioneros, que pasan gran parte de su tiempo en las cabinas” y que esta iniciativa si ayudaría a solucionar algunos conflictos en la región, pero en su opinión, sumar el resto de las leyes corresponde a un despropósito.

Además, Pizarro da a entender que hay un aprovechamiento del contexto actual en la Araucanía. “Un baleo a una niñita de 9 años hay que condenarlo total y absolutamente, […] pero no hay que confundirlo con otras cosas”, aseguró.

En esa misma línea, la diputada Gael Yeomans (Convergencia Social) acusó de aprovechamiento, indicando que “no es posible que una tragedia tan grande como el ataque incendiario que sufrió un camionero y su familia, sea usado por la derecha de esta forma tan desvergonzada para lograr hacer avanzar su agenda represiva post estallido social”.

“Esta es la protesta más conveniente del mundo”, expresó Yeomans, puesto que “los camioneros están promoviendo una serie de leyes represivas que son apoyadas por el mismo gobierno y el oficialismo”.

Dentro del oficialismo, el ultimátum de Sergio Pérez evidencia problemas más profundos en el país. Para el diputado Andrés Celis (RN), la arremetida de la CNTC obedece a una “falta de liderazgo” dentro del país para encauzar y solucionar las distintas problemáticas sociales que lo aquejan. La amenaza de paralización, en concreto, requiere que “el presidente asuma el liderazgo y decrete la suma urgencia, pero no sólo de estas leyes: de las que tienen que ver con los ataques a los camioneros, de la protección de niños y adolescentes, del nuevo sistema de pensiones y de mecanismos de ayuda directa a quienes lo están pasando mal”.

En tanto, la diputada de Renovación Nacional, Aracely Leuquén, apoya el ultimátum de los camioneros. “Responde al ambiente de desazón en la Araucanía”, indica, asegurando que comprende el ultimátum dado a su propio gobierno ya que existe un sentir de que “no hay ayudas que estén llegando ni haya nada que esté frenando la violencia extrema en algunos territorios”. En ese sentido, Leuquén agrega que “uno puede no compartir, pero sí entender y comprender la decisión que se ha adoptado”.

El diputado Daniel Núñez (PC) apunta en dirección contraria: “Se están aprovechando de una situación trágica que todos condenamos – la herida a bala a una menor de edad – para instalar a través del paro de camioneros su agenda represiva”. Núñez da un sentido al ultimátum de los camioneros a un gobierno cuya agenda legislativa es del completo gusto de quienes lo amenazan. “En mi opinión, hay juego de ‘roles’: el gobierno es duro frente a los camioneros, pero al final ambos buscan impulsar una agenda represiva presionando al parlamento, y el deber de la oposición es no ceder a ese chantaje”, afirmó.