Uno de los principales temas que develó el informe entregado por Human Rights Watch al presidente Sebastián Piñera fueron las reiteradas violaciones a los derechos humanos que cometieron miembros de Carabineros en contra de manifestantes, en medio de las protestas sociales que se tomaron las calles del país a partir del 18 de octubre de este año, y que todavía continúan con algunos focos en ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción.

Este domingo, en declaraciones a CNN Chile, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, indicó que La Moneda convocaría a un consejo que tuviera como objetivo plantear reformas a la institución de la policía uniformada. Así, este lunes se dieron a conocer los integrantes de dicho organismo, que se reunió por primera vez ayer en el palacio presidencial.

Entre los miembros convocados por Blumel se encuentra Jorge Correa Sutil, ex subsecretario del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos; Jorge Burgos, ex ministro del Interior del último gobierno de Michelle Bachelet; Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos; y Marta Salcedo, una coronel en retiro de Carabineros, entre otros.

Pero llamó la atención, en ese mismo grupo, la presencia de Cristóbal Lira, ex subsecretario de Prevención del Delito en el primer gobierno de Piñera, hombre cercano al ex titular de Interior, Andrés Chadwick, y quien está siendo investigado por el Ministerio Público por ser uno de los accionistas de Ditec, una concesionaria de automóviles de lujo que entre 2011 y 2012 habría vendido más de 100 autos al Ejército, en plena época de mando del ex comandante Juan Miguel Fuente-Alba. Este último se encuentra actualmente procesado por la presunta malversación de más de 3.000 millones de pesos –arista encabezada por la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford–, y formalizado por el fiscal José Morales por presunto lavado de activos.

En la mira del Ministerio Público

Las huellas que cruzan a Juan Miguel Fuente-Alba con Cristóbal Lira –asesor del ex ministro del Interior Andrés Chadwick durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, y actual alcalde de Lo Barnechea luego de que Felipe Guevara asumiera hace unas semanas la intendencia de Santiago– han sido ampliamente publicadas por El Mostrador. Una de las informaciones que dio a conocer ese medio guardó relación con un allanamiento que se llevó a cabo en mayo de este año en las oficinas centrales de Ditec, ubicadas en Vitacura, donde la Policía de Investigaciones (PDI) se llevó documentos de la contabilidad.

El día en que se conoció ese hecho, el diputado Gabriel Silber (DC) pidió la salida de Lira como asesor del Ministerio del Interior. "Nosotros esperamos que el gobierno más que mirar para el techo, mire la gravedad de la prueba en manos del Ministerio Público y gatille la salida de Cristóbal Lira del Ministerio del Interior”, dijo a El Mostrador.

Un mes después, el 20 de junio de este año, durante la audiencia de formalización de Juan Miguel Fuente-Alba, el fiscal José Morales detalló las operaciones que habrían implicado el aumento de patrimonio –injustificado– por parte de el ex comandante en Jefe del Ejército y su esposa, Ana María Pinochet Ribeck.

Según un artículo de El Mostrador, esa vez el fiscal de la repartición Centro Norte –que formalizó a Fuente-Alba por presunto lavado de activos– detalló la adquisición de vehículos de lujo por parte de la ex autoridad a distintos proveedores, entre ellos Ditec, la empresa ligada a Cristóbal Lira y Sebastián de Cárcer, este último cercano a Fuente-Alba.

“[Ditec] fue mencionada por Morales como parte de las empresas con las que Fuente-Alba realizó maniobras a modo de ‘favores’ para comprar y luego devolver autos al mismo o mayor precio al que fueron adquiridos, y así triangular dineros a sus múltiples cuentas”, mencionó el reportaje.

¿Un consejo transversal?

El grupo convocado por el gobierno de Piñera para reformar Carabineros está conformado por nueve hombres y seis mujeres. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, afirmó ayer que se trata de una instancia transversal.

Sin embargo, este consejo incluye al subsecretario del Interior Rodrigo Ubilla -cuestionado por la compra irregular de terrenos mapuche-, miembros de la Fundación Paz Ciudadana -creada por el difunto dueño de El Mercurio y voceros del llamado "populismo penal"- y varios demócrata-cristianos del ala más conservadora de ese partido.

Tal vez la única integrante más "transversal" sea la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien ha criticado públicamente el actuar de Carabineros en la represión del movimiento social.