Esta semana la derecha en la Convención sufrió un duro revés. Los 37 convencionales de Vamos por Chile no lograron reunir los 39 patrocinios para ingresar una reclamación ante la Corte Suprema por la aprobación de la realización de un plebiscito dirimente para las propuestas de norma constitucional que no logren los ⅔ de aprobación pero si los ⅗ en el Pleno. 

La defensa del quórum calificado ha sido el caballito de batalla de este sector que luego del estallido social y el Acuerdo por la Paz se vio presionado a ceder a someter a un plebiscito la voluntad del país de seguir con la Constitución de 1980 o a redactar una nueva Carta Fundamental. La derecha siempre se había manifestado en contra de cambiar la constitución ideada por el fundador de la UDI, Jaime Guzmán y redactada por la Comisión Ortúzar, el Consejo del Estado y la Junta Militar autoproclamada tras el golpe de Estado de 1973.

Frente a esa primera derrota los parlamentarios de Chile Vamos pactaron bajo sus propios irrestrictos términos –al igual que en la transición a la democracia– condicionar aquel Acuerdo por la Paz a ciertos pisos mínimos. Uno de estos era mantener el quórum calificado de los ⅔ para la aprobación de las propuestas de norma constitucional. 

De esta forma, el Acuerdo por la Paz tuvo como eje fundamental la negociación de los ⅔ como el quórum que definiera a la Convención.

Aquella madrugada del 15 de noviembre de 2019 en el ex Congreso se llegó al Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, firmado por parlamentarios de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), la ex Concertación (DC, PPD, PS), el Frente Amplio (RD, CS y Partido Comunes) , el Partido Radical y el Partido Liberal. 

La instancia se desarrolló a pocos días de que se cumpliera un mes desde iniciado el estallido social, cuyas históricas protestas fueron reprimidas con un inmediato despliegue policial y de las fuerzas de armadas, que utilizaron el monopolio del control de las armas contra la población a lo largo y ancho del país, resultando en miles de heridos y detenidos, en más de 400 heridos oculares, una veintena de muertos, cientos de denuncias de tortura, violencia sexual, detenciones ilegales y prisión política. 

En el contexto de las manifestaciones, se escuchaba con ruido cómo se pedía la renuncia de Sebastián Piñera y sus ministros, la creación de una nueva constitución, el fin al sistema de las AFP y de las Isapres, entre tantas otras cosas. De esta forma, los partidos del establishment esperaban que el Acuerdo funcionara como una salida a la crisis en la cual estaba inmerso el Ejecutivo, su gobierno y las instituciones estatales a raíz del estallido social.

Para ese entonces, la exigencia de una nueva constitución mediante una Asamblea Constituyente ya era una demanda histórica de los movimientos sociales que se habían manifestado en las últimas elecciones presidenciales y que también se escuchaba en las protestas callejeras. Hasta ese noviembre de 2019, la derecha no había presentado la voluntad política para dar su brazo a torcer y dar el paso a que la Constitución nacida en la cuna de la UDI y que se asentó como el pilar del legado del dictador Augusto Pinochet, fuera eliminada del régimen político que ha imperado en el país desde que aquella Carta Magna entró en vigencia.

De esta forma, el Acuerdo por la Paz tuvo como eje fundamental la negociación de los ⅔ como el quórum que definiera a la Convención. El pacto fue el resultado de una serie de reuniones que sostuvieron representantes de Chile Vamos con la ex Concertación en los días previos al encuentro en el Congreso en Santiago, instancia durante la cual se afinaron los detalles del acuerdo. 

Este decantó por qué el actual proceso constituyente esté normado y acotado por el quórum calificado de los ⅔, bajo la premisa de que es un quórum que promueve los grandes acuerdos y que en la Convención es férreamente defendido tanto por la derecha como por el FA, el PS y los convencionales de la ex concertación.

En ese sentido, casi dos años después de aquel día, la Convención ratificó los ⅔ con los votos de los convencionales de Vamos por Chile, Colectivo del Apruebo, Independientes No Neutrales (INN), Colectivo Socialista y el Frente Amplio.  Este hecho tuvo doble lectura en el espacio constituyente. Por un lado, los defensores del quórum calificado indicaron que se había reconocido el Acuerdo por la Paz y se habían apegado a las reglas constitucionales. Por otro lado, los convencionales de escaños reservados, de Pueblo Constituyente, Movimientos Sociales Constituyentes (MSC) y de Chile Digno, opositores a los ⅔ y al pacto firmado por los partidos del orden, plantearon que fue la Convención la que decidió qué quórum utilizar para aprobar las propuestas de norma constitucional.

Si bien desde un comienzo se tenía claro que la posibilidad de cambiar los ⅔ por otro quórum era algo casi imposible de alcanzar en la Convención, los integrantes de este espacio propusieron en el Reglamento de Participación Popular la creación de un plebiscito dirimente que sirva como un mecanismo de destrabe, iniciativa que fue aprobada la semana pasada por el Pleno.

El Reglamento establece que todas las propuestas de norma constitucional deberán ser aprobadas con al menos 103 votos (⅔ de los convencionales) y aquellas normas que no logren los ⅔ pero sí los ⅗  (93 votos) en la segunda instancia de votación, serán sometidas a un plebiscito dirimente que será obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, mientras que será opcional para los menores de edad a partir de los 16 años.

La tercera es la vencida: Una nueva derrota para la derecha

“La tercera es la vencida” dice la expresión popular para indicar que al tercer intento se logrará cumplir un objetivo que no se había logrado en ocasiones anteriores. Sin embargo, esta semana los convencionales de Vamos por Chile nuevamente fracasaron en su plan de judicializar las propuestas contrarias a sus intereses que han sido aprobadas por mayoría en la Convención. 

Esto luego de que la bancada de 37 convencionales de Vamos por Chile no lograran juntar 39 firmas para patrocinar el reclamo ante la Corte Suprema por la aprobación de la realización del plebiscito dirimente, propuesta que el miércoles pasado obtuvo 107 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones.

Esta iniciativa que fue impulsada por los convencionales de Evópoli, esperaba conseguir el apoyo del Colectivo del Apruebo, conformado por independientes y la ex Concertación. Sin embargo, el único de estos que otorgó un patrocinio fue el independiente Rodrigo Logan.

Anteriormente ya habían intentado sin éxito acudir a la Corte Suprema para reclamar por la determinación del Pleno de ampliar la mesa directiva a comienzos de la Convención y luego a fines de septiembre para solicitar la anulación de las votaciones del Reglamento General.

La bancada de Vamos por Chile defiende que el plebiscito dirimente anula el Acuerdo por la Paz y los ⅔, restando legitimidad al proceso constituyente.

Frente a esto, los convencionales habían conseguido la ayuda del abogado Gabriel Zaliasnik, nombre conocido en las altas esferas de poder de la derecha, quien redactó el reclamo que sería presentado ante la Suprema. Zaliasnik fue representante de la UDI en el Caso Spiniak y también de los ex presidentes de Perú y Argentina, Alberto Fujimori y Carlos Menem, respectivamente. Además, defendió a Roberto Guzmán Lyon en el caso SQM, abogado de Julio Ponce Lerou y asesoró al ex subsecretario del Interior de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo.

Esta iniciativa que fue impulsada por los convencionales de Evópoli, esperaba conseguir el apoyo del Colectivo del Apruebo, conformado por independientes y la ex Concertación. Sin embargo, el único de estos que otorgó un patrocinio fue el independiente Rodrigo Logan. Mientras que el resto del Colectivo emitió una declaración indicando que a juicio de ellos, la aprobación del plebiscito dirimente no constituía una falta constitucional, puesto que tal como plantea el Reglamento aprobado, el Congreso tiene ahora la tarea de realizar la modificación pertinente para poder llevar a cabo dicha instancia.

De hecho este había sido uno de los puntos claves en la negociación que se había realizado en la Comisión de Participación Popular cuando se estaba debatiendo sobre la propuesta del plebiscito dirimente a fines de agosto. Por un lado, MSC, Chile Digno, escaños reservados y la entonces Lista del Pueblo, defendían la idea del plebiscito dirimente, mientras que el FA optaba por uno consultivo, cuyo resultado fuera votado nuevamente por el Pleno, decidiendo este finalmente sobre las materias plebiscitadas. 

A medida que aquella negociación iba avanzando, el FA decidió plegarse en general a la propuesta siempre y cuando se le incorporara un inciso que indicara que la Convención promovería una reforma constitucional que hiciera posible llevar a cabo el plebiscito. Sin embargo, esto dejaba la decisión en el poder constituído, dejando abierta la posibilidad a que la instancia no se llevara a cabo. 

Fue entonces cuando el Colectivo Socialista rompió el nudo luego de que se incorporara a la discusión. La bancada propuso incorporar la frase “para la convocatoria a plebiscito deberán llevarse  a  cabo  las  reformas  a  los  cuerpos  normativos  pertinentes”, lo que selló el debate y aunó a todas las colectividades, incluyendo a INN. Aquellas palabras fueron incorporadas a la propuesta final que fue aprobada por el Pleno la semana pasada con 107 votos a favor, 39 en contra y 4 abstenciones.

Frente al fracaso de la iniciativa de Vamos por Chile, este lunes Marcela Cubillos realizó sus descargos en Twitter, donde acusó que el “PC “negociará” con amenaza de plebiscito intermedio arriba de la mesa. Y FA con tal que no le frustren su sueño de “una constitución propia” seguirá jugando el juego del PC. Y los ex Concert, que son aún menos que CHV, haciendo como que juegan porque no se atreven a diferenciarse”.

La convencional Paulina Veloso (RN) plantea que su negativa al plebiscito dirimente se basa en las opiniones de expertos que advierten del costo monetario que tendría el llevar adelante una instancia como esta. Además, indica que “hay muchas materias que no son blanco y negro como para plantear esto como se hizo con el plebiscito del Apruebo y del Rechazo. La verdad es que cuando se trata de ciertas materias que tienen puntos intermedios es más complejo el poder evaluarlo”, según dijo a INTERFERENCIA. 

Por otro lado, Veloso defiende los ⅔ como un quórum que presiona lograr grandes acuerdos entre los convencionales y “es por eso que la ciudadanía nos escogió, para que nosotros generemos una propuesta de Carta Magna y logremos esos acuerdos que son tan importantes para el país”, agregó la convencional. 

La bancada propuso incorporar la frase “para la convocatoria a plebiscito deberán llevarse  a  cabo  las  reformas  a  los  cuerpos  normativos  pertinentes”, lo que selló el debate y aunó a todas las colectividades, incluyendo a INN.

La discusión sobre la materia ha recibido comentario de diversos personajes de la política, como la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC) y también se le ha concedido un amplio espacio en el diario El Mercurio, medio que ayer martes dedicó su editorial para hablar del tema. En esta, se defienden los mismos argumentos levantados por los convencionales de Vamos por Chile y además indica que los plebiscitos son una herramienta utilizada por los regímenes autoritarios. 

“La idea de reemplazar el alto quorum por un plebiscito persigue eludir el mandato de alcanzar entendimientos amplios, con lo cual pierde fuerza la obligación establecida por el Congreso”, dice la editorial de El Mercurio.