La jornada de ayer jueves 19 de mayo, el presidente Gabriel Boric removió al comandante en jefe de la Segunda Zona Naval, Jorge Parga Balaresque, de la función de jefe de la Defensa del Estado de Excepción para la Región del Bío Bío, la cual ocupó apenas durante dos días. En su reemplazo anunciaron al comandante en jefe de la Fuerza de Submarinos de la Armada de Chile, contraalmirante Juan Pablo Zúñiga Alvayay.
En horas de la tarde de ayer, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la remoción de Parga, señalando que su salida sí tiene relación con el caso Manuel Rebolledo, hechos que habían sido expuestos el pasado martes por Interferencia.
“Nuestro respeto es siempre a los derechos humanos y ante los antecedentes que pone la familia de Rebolledo, consideramos que era importante actuar rápidamente y hacer esta modificación”, dijo la ministra.
Según fuentes del Ministerio de Interior que hablaron con Interferencia fuera de micrófono, una vez anunciado el estado de emergencia el pasado miércoles, la Delegación Presidencial del Bío Bío alertó sobre los antecedentes de Parga.
“Nuestro respeto es siempre a los derechos humanos y ante los antecedentes que pone la familia de Rebolledo, consideramos que era importante actuar rápidamente y hacer esta modificación”, dijo la ministra Camila Vallejo.
Por esto mismo, la delegada presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, se reunió ayer jueves en La Moneda para tratar este tema y demás detalles del estado de emergencia. Tras la cita fue que el Presidente decretó la salida de Parga.
Dentro de las complicadas últimas semanas que ha vivido el Gobierno, marcadas por la declaración del estado de excepción, la acción de Boric es una señal de poder, esto considerando que la Armada es una de las instituciones con mayor dominio e influyentes en la Región del Bío Bío, dado que corresponde a la Segunda Zona Naval.
“Estuvo bien que lo sacaran porque él no tenía derecho a hablar en contra de nuestro hijo y defender a un asesino. Nosotros aún no estamos contentos con la condena de 541 días en contra del marino Leonardo Medina”, dijo a esta redacción Manuel Rebolledo Ibacache, padre del joven asesinado durante el estallido social en Talcahuano.
La madre de la víctima, Luisa Navarrete, añadió que “estuvo muy buena la decisión del Presidente, es su deber haber actuado al instante, él tenía claro lo que pasó. A nivel nacional todos saben que hubo un estallido social y que en muchos casos no hay castigos. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos hasta que haya cárcel efectiva para el asesino”.
Dentro de las complicadas últimas semanas que ha vivido el Gobierno, marcadas por la declaración del estado de excepción, la acción de Boric es una señal de poder, esto considerando que la Armada es una de las instituciones con mayor dominio e influyentes en la Región del Bío Bío, dado que esta es la Segunda Zona Naval.
El caso olvidado por Vallejo
Pese a que habría estado dentro de los motivos para destituir a Parga, la ministra Vallejo no mencionó el caso del joven mapuche Yordan Llempi Machacan.
Yordan Llempi tenía 23 años cuando murió el pasado 3 de noviembre de 2021, tras recibir un impacto de bala presuntamente percutados por infantes de la Marina, precisamente en el marco de una protesta en Cañete en contra del estado de excepción declarado por el entonces gobierno de Sebastián Piñera, el 12 de octubre.
Ante la salida de Parga, el padre del joven mapuche, Rolando Llempi, dijo a Interferencia que le parecía una decisión adecuada, pero que ello “no quita la presencia militar que hay acá. Con los militares acá es un recuerdo terrible que vuelve para nosotros como familia”.
Además, considera que el estado de excepción no es la forma adecuada para afrontar los conflictos en el territorio, “no ha servido de nada, no atrapan a nadie, como dicen ellos a ‘los terroristas’”. “Ha quedado demostrado que el estado de excepción no ha dado resultados”. Al mismo tiempo, recalca que no les han informado sobre ningún avance de la investigación.
"Estuvo muy buena la decisión del Presidente, es su deber haber actuado al instante, él tenía claro lo que pasó. A nivel nacional todos saben que hubo un estallido social y que en muchos casos no hay castigos. Nosotros no nos vamos a quedar tranquilos hasta que haya cárcel efectiva para el asesino" dice Luisa Navarrete, la madre de Manuel Rebolledo
Respecto al caso, en diciembre del año pasado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso una querella criminal por los sucesos registrados en Cañete que costó la vida de Yordan Llempi y que dejó tres heridos.
La querella, a la que tuvo acceso El Mostrador, desestima la versión oficial del Gobierno, que catalogó inicialmente los hechos como un “enfrentamiento” y una “emboscada terrorista” contra personal de Carabineros y la Armada en dicha zona de la provincia de Arauco que se encontraba bajo estado de excepción constitucional al momento de los incidentes”.
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