La permanente impericia de las jefaturas de las inteligencias policiales de Carabineros y la PDI y de la agencia gubernamental, la ANI; la casi inexistencia de controles en la comercialización de productos destinados a la fabricación de explosivos y de bombas; y la falta de una legislación moderna y coherente, parecen ser las principales trabas que impiden el control y la prevención de los atentados de este tipo en el país.

Ex oficiales de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y expertos en inteligencia consultados por INTEFERENCIA, coincidieron en este diagnóstico. Ambas policías van muy a la zaga de lo que realizan en forma permanente los militares. “Ellos son muy brutos”, dice un coronel en retiro del Ejército, especialista también en armas y explosivos. “Carecen, además, de elementos técnicos de punta, que nosotros usamos habitualmente”, afirma un ex oficial de la Fuerza Aérea de Chile. Algunos ex mandos de la Armada fueron aún más categóricos.

Pidieron la reserva de sus nombres, pero advirtieron que se debía observar con lupa la comercialización de explosivos, de ciertos elementos químicos y de estopines e inicializadores. Estos últimos, de uso muy común en la minería, se venden bajo control -al igual que ciertos medicamentos- pero se trafican sin supervisión, especialmente en la pequeña minería, donde miles de pirquineros están autorizados para comprar ciertas cuotas.

Algo similar ocurrió a fines de los 90 en Chile con los denominado precursores, numerosos productos químicos de diversos orígenes que se fabricaban acá y se vendían en forma ilícita en algunos países vecinos para la elaboración de drogas, como el clorhidrato de cocaína, la pasta base de cocaína, las anfetaminas y otras.

En algunos casos, los productos químicos se cambiaban por droga ya procesada para venderla en Chile o exportarla hacia Estados Unidos y Europa.

En 1997 fue creado el Consejo Nacional para el Control de Estupefaciente, Conace, dirigido por el abogado Pablo Lagos Puccio, quien junto a varios de sus principales asesores elaboraron un cuerpo de leyes que, tras ser aprobado por el Congreso, permitió vigilar muy estrechamente la producción y comercialización de los precursores.

AGENTES ESPECIALES 

Ya hace bastantes años, las nuevas leyes contra el tráfico de drogas, el lavado de activos, el tráfico de menores y la pornografía infantil, incorporaron algunas figuras e instrumentos para el uso de la Justicia, las policías y el Ministerio Público. Se trató de los agentes encubiertos, los agentes reveladores y los informantes infiltrados. Ellos permitieron dar varios golpes demoledores a diversas organizaciones criminales.

En una de esas operaciones, dirigidas en contra del llamado Cabro Carrera (Mario Silva Leiva) y su banda, el propio jefe de la  inteligencia antinarcóticos de la PDI se infiltró en una empresa de banquetes y pudo asistir como mozo a muchas fiestas organizadas por lo mafiosos, lo que le permitió identificar a la mayoría de ellos y reunir una vasta cantidad de pruebas que fueron usadas más tarde en el juicio que se les siguió y las respectivas condenas.

De modo sorprendente, aquel tipo de agentes hoy no pueden ser empleados oficialmente -es decir, encargados por un juez- para investigar a los grupos o individuos que optan por el uso de bombas y explosivos para causar terror, lo que conocemos como terrorismo.

Los legisladores -diputados y senadores- no han logrado ponerse de acuerdo en conceptos básicos como terrorismo o terrorista para seguir adelante con las leyes. Muchos temen que el concepto pueda ser empleado políticamente, como ha sido el caso en los últimos años del denominado problema mapuche.

Quedan muchas preguntas claves por responder: ¿Todas las formas extremas de violencia pueden ser calificadas como terrorismo? ¿La ocupación de un fundo a balazos es terrorismo? ¿La quema de camiones y maquinarias de trabajo? ¿El uso de bombas de gasolina o parafina en una protesta callejera? y tantas otras.

LOS EXTREMISTAS DE HOY 

¿Quiénes son los extremistas que en los últimos cinco o diez años han optado por la pólvora, la dinamita y el trotil? Se aprecian algunas diferencias entre ellos. Por un lado están los que parecen quedar satisfechos con poner artefactos detonantes en tarros de basura o adosados a determinados edificios específicos. Por otro lado, divididos al parecer en grupos pequeños, muy compactos y compartimentados, están los que se han atrevido a ir más allá: a poner bombas en el Metro, en paraderos del Transantiago y en otros lugares públicos y muy concurridos. Son pocos… hasta ahora y no actúan en forma regular y periódica.

De estos últimos, entre los que han sido detenidos y procesados -y en los escasos condenados- se aprecian niveles de educación y cultura bastante avanzados. Individuos que parecen no crear en nada ni en nadie, sociópatas que reniegan de la civilización actual y anhelan volver a épocas primitivas, casi al sustento básico.

Anarquistas en su verdadera concepción no lo son. Un historiador afirmó que “no pueden ser anarquistas: ellos hasta hace algún tiempo pensaban”.

Otro concepto en juego es el ecoterrorismo. En Estados Unidos asocian a Ted Kaczynski, también conocido como Unabomber y su campaña de envíos de paquetes bomba contra investigadores del entorno universitario entre 1978 y 1995, como algo propio del ecoterrorismo.

En su manifiesto La sociedad industrial y su futuro, Unabomber establece que la revolución industrial ha resultado perniciosa para los seres humanos y que el avance tecnológico ha venido a incrementar el sufrimiento. Para acabar con ello, Kaczynski consideró que debía oponerse a la tecnología y que mediante acciones para desestabilizar la sociedad industrial actual era posible desencadenar una revolución contra la tecnología liberalizadora. En 1979 intentó accionar un explosivo en la bodega de carga de un avión en mitad del vuelo pero el mecanismo falló. Sin embargo, este intento involucro al FBI, que a la larga logró su captura, ya que el intento de atentado a una aerolínea es delito federal. En 1996 Kaczynski fue detenido pero su ideología y sus métodos han inspirado a otros grupos extremistas en el mundo.

En México el grupo Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, ITS -el mismo que apareció en Chile hace poco- inició en 2011 una serie de atentados con paquetes bomba en contra de investigadores de las universidades mexicanas, siguiendo el modelo de Unabomber.  Se definieron así mismo como precursores del ecoextremismo que contempla una lucha contra una sociedad hiper civilizada mediante un ataque a los investigadores de los centros científicos por ser los agentes de este desarrollo tecnológico. A este componente se unen otros elementos ideológicos como una interpretación parcial pro indigenista de la historia y la incorporación de creencias espirituales animistas o de mitos precolombinos como manera de retorno a la esencia primitiva del ser humano.

El ITS chileno, en cambio, debutó en las calles con otro tipo de objetivos, muy distantes de los ámbitos de investigación académica, como lo fueron Óscar Landerretche y Louis de Grange, gente vinculada al mundo empresarial, por lo que en Carabineros ni en la PDI se ha descartado su eventual participación en los atentados del jueves.

OTROS EFECTOS DE LAS BOMBAS 

El viernes el diario La Tercera fue el único medio de comunicación que intentó relacionar los ataques del jueves pasado con el décimo aniversario de la muerte de Guillermo Ossandón Cañas, líder del grupo para militar MAPU-Lautaro, creado bajo la dictadura militar, y que a comienzos de los años 90 derivó hacia el franco terrorismo, asesinando a varios carabineros y detectives.

En enero de 2018 la Fiscalía Metropolitana Sur apuntó a la rearticulación del Movimiento Juvenil Lautaro en últimos ataques explosivos a parroquias y sedes políticas. Los artefactos usados en esa oportunidad eran similares entre sí: un extintor con pólvora, sistema de relojería y un contenedor con líquido La fiscalía indagó durante varios meses la posible rearticulación de ese grupo que operaba principalmente en la zona centro sur de la capital, pero que también había protagonizado ataques en otras ciudades, especialmente en Concepción.

El atentado en contra de la comisaría de Huechuraba y del abogado Rodrigo Hinzpeter, ex ministro del Interior y actual gerente legal del grupo económico Quiñenco, que encabeza Guillermo Luksic, provocó una serie de inmediatas otras reacciones, paralelas a las policiales y judiciales. Se reforzaron los sistemas de vigilancia y control en las grandes empresas, en las estructuras de gobierno y en los servicios público, lo mismo en el transporte, en los cuarteles policiales y en numerosos otros sectores privados.

Existe consciencia entre la gente de que es cada vez más fácil fabricar una bomba, que basta con ingresar a internet y con ciertos conocimientos básicos poder hacerlo. Es mucho más difícil tener una motivación poderosa para hacerlo. En estos tiempos, sin embargo, lo locos no faltan.