El 20 de abril del año 1999, dos estudiantes de 17 y 18 años, ingresaron a la escuela secundaria de Columbine, en Colorado, y abrieron fuego: quince alumnos de ese colegio murieron ese día.

La matanza de Columbine sacudió a Estados Unidos y al mundo. A partir de este hecho, ese país comenzó a aplicar políticas de “tolerancia cero” hacia la violencia escolar. Desde entonces, cualquier alumno sospechoso o violento, como los dos perpetradores de esa jornada, podría ser expulsado o suspendido de inmediato.

El trágico caso de la secundaria Columbine arroja luces sobre el actual debate acerca del 'Aula Segura' en Chile. Varios investigadores chilenos han asistido al Senado para dar su opinión respecto de un proyecto de ley que busca castigar a los alumnos que estén involucrados en actos de violencia escolar.

Y los estudios que se han centrado en este tema, contradicen la actitud del actual gobierno.

El 23 de octubre un grupo de 36 investigadores expertos en convivencia y violencia escolar de 15 universidades chilenas, firmaron una declaración pública oponiéndose a la política del gobierno. Su carta fue publicada en varios medios de comunicación, pero sin lograr el efecto deseado.

"Debemos escoger medidas que no potencien espirales de violencia", escribieron. "La investigación
internacional muestra que medidas punitivas como la expulsión acrecientan la violencia".

Tolerancia cero

Los resultados de largo plazo de la política de mano dura en Estados Unidos fueron pobres.

Uno de los primeros estudios que se realizó, a modo de evaluación, lo realizó la Asociación Americana de Psicología (APA) en 2008. Sus resultados no fueron conclusivos,

En el reporte final se afirmaba que “aunque parece intuitivo que eliminar a los alumnos perjudiciales hará que las escuelas sean mejores lugares para que los alumnos que permanezcan en el establecimiento, la evidencia disponible está lejos de demostrar estas creencias. No se ha demostrado que la tolerancia cero mejore el clima escolar o la seguridad escolar. Su aplicación en suspensión y expulsión no ha demostrado ser un medio eficaz para mejorar el comportamiento de los estudiantes”.

Muchos investigadores coinciden en que medidas punitivas dentro de la sala de clases pueden aumentar la posibilidad de delitos. “En vez de solucionarse con acciones baratas en el entorno escolar, se termina con procesos más costosos de detención y encarcelamiento”, concluye el informe de APA.

Medidas que no funcionan

La psicóloga Verónica López es directora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Fue una de las investigadoras que aportó con antecedentes a la discusión de 'Aula Segura' en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y en el Senado en las últimas semanas.

“La violencia y convivencia escolar no son lo mismo. La convivencia escolar no es solo ausencia de violencia, es también formas de participación democrática, la construcción de normas conjuntas, incluye también la seguridad. Pero no se resuelve mediante las medidas punitivas, las que no tienen efecto sobre el tema que se busca, que es la seguridad de los niños y el rendimiento académico. Lo que tienen es el efecto de llevar a trayectorias delictivas y a un sistema penal juvenil que no está preparado para recibir a tal cantidad de personas”, afirma López a INTERFERENCIA.

David Armstrong, profesor de la Universidad de Flinders en Australia, asegura que el problema es que la expulsión y suspensión afectan principalmente a aquellos alumnos con discapacidad y con problemas de salud mental. “En vez de castigar a los jóvenes, se debería animar a los padres a que colaboren con los centros educativos para mejorar el comportamiento de sus hijos, y las autoridades deberían crear programas para combatir el estrés que sufren los profesores”, escribió en un artículo para The Conversation.

En un informe publicado en mayo de 2017 por el Parlamento de Australia, se recomendaba evitar las expulsiones o suspensiones como estrategia de control de comportamiento para aquellos alumnos con malas conductas. “Mi propia investigación muestra que reducir las expulsiones en la educación es una oportunidad para cambiar la actitud hacia la discapacidad y la salud mental en las escuelas. Es fundamental cambiar la forma en la que los profesores se dirigen a los niños en riesgo si queremos que los profesores cambien su comportamiento a favor de la integración”, escribió Armstrong.

El proyecto Aula Segura ya está aprobado en el Senado y próximamente se discutirá en la Cámara de Diputados. La antesala de esto se ha visto marcada por un nuevo incidente ocurrido esta vez en el Instituto Nacional Barros Arana, donde estudiantes habrían lanzado bombas molotov a la oficina del rector.

La tramitación de la iniciativa legal viene acompañada de una fuerte ofensiva comunicacional. Un ejemplo de ello es el correo electrónico masivo que envió la ministra Marcela Cubillos a los profesores a lo largo de Chile y que INTERFERENCIA dio a conocer en exclusivo.

A ello se suma el reportaje de baja rigurosidad periodística realizado por Canal 13, respecto del supuesto adoctrinamiento que existiría en el Liceo 1 Javiera Carrera, después de que un grupo de alumnas hiciera una representación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Sobre esto, Verónica López es tajante: “Con los mecanismos que tenemos actualmente no era necesario una ley para estos casos de extrema urgencia. Hay un interés político de parte del gobierno para elevar la seguridad y el control social. El problema está en que en realidad sí necesitamos aulas seguras, necesitamos seguridad escolar, lo que pasa es que las medidas punitivas no son la manera. Además los medios de comunicación tienen que ser responsables y hacerse cargo de lo que están haciendo”.