Compleja situación vive un grupo de trabajadores portuarios y ex dirigentes sindicales de San Antonio, quienes se encuentran imposibilitados de encontrar empleo en su rubro, pese a postular en distintas ocasiones a diversos puestos de trabajo. 

Lo anterior lo atribuyen a los efectos de la Ley 19.542 de Modernización del Sector Portuario Estatal, promulgada en diciembre de 1997, cuya última modificación se dio en mayo de 2007. Pese a la distancia en el tiempo, los efectos para estos empleados del rubro portuario se comenzó a sentir a contar de septiembre de 2014, cuando empezaron las faenas de Muelle Eje Central, filial de Puerto Central, perteneciente al grupo Matte. 

“Desde esa fecha se eliminó la posibilidad de que ellos ingresaran, ya que si bien con el sistema anterior el trabajador portuario no emitía un contrato propiamente tal, existía una relación constante con los multioperadores. Hoy en día este monooperador -Puerto Central- definió que no iba a contratar a nadie que potencialmente pueda generarle problemas como una actividad sindical para exigir derechos o beneficios. Se seleccionó al personal que ellos querían. Desde esa perspectiva, te das cuenta de que todo el grueso de los trabajadores portuarios es expulsado y los que ingresan son por cedazo”, señaló el abogado Andrés Rojas, defensor de los portuarios. 

"Hay publicaciones en los diarios locales que llaman a participar de Puerto Central, específicamente a quienes no hayan participado de movilizaciones", agrega Rojas.

En efecto, el principal problema que afecta a este grupo de trabajadores y sus familias, es que con la legislación el modelo cambió de un sistema multioperador, a uno monooperador, donde las plazas de trabajo se redujeron dramáticamente, y quienes habían sostenido una fuerte lucha sindical con la empresa -que incorporó inversión privada en la explotación de los frentes de atraque- fueron vetados de cualquier posibilidad de una fuente laboral.

“La política portuaria, que hoy está siendo investigada por una comisión especial, presidida por el diputado Marcelo Díaz, generó un daño tan profundo en mis representados que los mismos han vistos sus vidas destruidas, su dignidad pisoteada, e incluso han querido, en la angustia que se presenta en la posibilidad de obtener los recursos mínimos para satisfacer necesidades básicas, atentar contra su vida. Autoridades locales y nacionales han dado cuenta de lo que indico”, apunta Rojas. 

En esa línea, el abogado dijo que “ellos han sido expulsados del sistema portuario chileno, con el agravante de que es la única realidad laboral que estas personas saben realizar, cuya edad bordea entre los 45 y los 50 años. Son trabajadores portuarios de toda la vida, con una vida establecida en un lugar y parte de una comunidad, por lo que su salud mental y sus relaciones familiares se ha visto seriamente deteriorada al no poder encontrar trabajo dentro del lugar donde pertenecen”. 

En relación a la motivación de la demanda (ver documentación adjunta) y las expectativas sobre lo que se quiere lograr, Rojas dijo que “vemos que el Estado, desde su rol, al implementar esta política pública, no tomó en consideración que aquí hay un grupo sensible, un colectivo de trabajadores que ha desarrollado una vida bajo ciertas modalidades y que son expulsados gracias a esta nueva ley. Hubiésemos esperado que, entendida su situación, estos trabajadores hubiesen sido amparados por el órgano estatal, subvencionados y acompañados desde la perspectiva psicológica y económica, para abrirles más posibilidades”. 

“Esta demanda está cobrando un daño moral y se está viendo una evaluación económica respecto de lo mismo. En forma muy responsable, pedimos que se le pague al trabajador un ingreso mínimo hasta que pudiesen jubilar”, agregó. 

Así, el defensor consignó que este grupo de cinco portuarios es sólo representativo de la primera demanda, pero son cientos los afectados en los distintos puertos del país.